La gran mayoría de los debates de altura, y también de bajura, véase cualquier tertulia de Intereconomía, en torno a la legalización o no de Sortu, se han planteado desde un punto de vista jurídico. Pero lo político pesa y sobrepesa la decisión, la tensiona y determina, la modela y acaba por hacerla subsidiaria de […]
La gran mayoría de los debates de altura, y también de bajura, véase cualquier tertulia de Intereconomía, en torno a la legalización o no de Sortu, se han planteado desde un punto de vista jurídico. Pero lo político pesa y sobrepesa la decisión, la tensiona y determina, la modela y acaba por hacerla subsidiaria de la decisión judicial. Existe una amplísima mayoría social, e incluso me atrevería a decir jurídica, que opina que la ilegalización tiene dudoso fundamento. Medios como El País, tradicionalmente poco empáticos con las miradas nacionalistas e independentistas del reino de España, están apostando, a través de uno de sus colaboradores más lúcidos, el jurista Javier Pérez Royo, por un debate abierto e incluso radical en este sentido. La ilegalización no es de recibo. Porque ni política, ni jurídica, ni socialmente es sostenible.
Sobran razones jurídicas para decir que Sortu debe ser legalizado. Pérez Royo sostiene que el auto del «Tribunal Supremo parte de un prejuicio más bien de naturaleza política que propiamente jurídico». Y más aún, Sortu «no supone un cheque en blanco para sus promotores (…) porque hay instrumentos para controlar jurídicamente la actividad del partido una vez legalizado». E insiste: «en el momento de la inscripción únicamente se puede hacer un juicio de intenciones y solo en los momentos posteriores es posible hacer un juicio de conductas». Es decir, hay una ilegalización preventiva, ilegalización que sin embargo no se contempló con Alianza Popular donde había declarados participantes del franquismo ideológico y político más comprometidos con el fascismo más sanguinario. Por otro lado, los estatutos presentados son jurídicamente impecables y ninguno de sus promotores ha sido condenado, tal y como el mismo Tribunal en su día exigió a Batasuna. Pero hay más contradicciones sospechosas en la ilegalización. Se exige a los nuevos impulsores de Sortu que demuestren un plus de limpieza democrática tras la prueba del algodón antiterrorista. Está demostrado que ninguna de las personas que avalan Sortu ha sido condenada ni inhabilitada políticamente. Luego, si se exige a la izquierda abertzale que demuestre su cambio de registro democrático, habrá de ser a ella, a la antigua, a la señalada y estigmatizada, no a la nueva marca, a Sortu, a la que se requiera higiene democrática ya que ésta está limpia de toda sospecha y sobra la exigencia.
Por otro lado, el hecho de que Sortu cuente con el aval de numerosas personas vinculadas a Batasuna es la mejor certificación para refrendar el convencimiento de que se está en otra disposición. Si no hubieran firmado ese compromiso tal vez hubiera habido motivos para desconfiar. Pero no ha sido así. Porque esa firma deslegitima socialmente a ETA, algo que el Supremo al parecer se empeña en perpetuar.
Asimismo resulta muy difícil de aceptar que Sortu no será legalizado hasta que ETA desaparezca. Mantener esta estrategia significa triangular a Sortu, es decir, se le endosa a un agente político las responsabilidades de un tercero (ETA) con el que jurídicamente se ha roto. (Lagasabaster y Zallo) Es como si se hubiera condicionado la legalización de Alianza Popular hasta que la Falange posfranquista hubiera desaparecido. Cosa que no ocurrió sino que se perpetuó hasta nuestros días.
Por otro lado, la legalización de Sortu no supondría la indefensión de la sociedad española, sino todo lo contrario puesto que pondría a la izquierda abertzale ante la prueba de fuego respecto a la actividad posterior a su legalización (Pérez Royo). Si ello fuera así y si la ilegalización de Sortu no se sustenta en razones jurídicas y políticas, ¿qué otro tipo de razones influyen en el Tribunal para que no se reconozca su legalidad?
Sortu no es solo una opción política más que quiera acceder al juego democrático de la participación política. Al menos no lo es para el conjunto de estrategias, dinámicas, fuerzas y personas de toda índole y condición conjugadas en su ilegalización. Y no estoy hablando de complot. Me gustaría creer que los jueces no han conspirado al dictado de nadie para ilegalizar a Sortu. Creo que hay razones no nombradas mucho más inquietantes y peligrosas. Son las que no se reconocen, las que pesan y son inconfesables, las que no se pueden nombrar porque forman parte de la agenda oculta, de las resistencias, las hipotecas ideológicas (el despótico antinacionalismo de buena parte de la alta judicatura), los miedos personales, los deseos de venganza y de expiación, los prejuicios pasados presentes y futuros, los supuestos, las sospechas, las obsesiones y los recelos propios y ajenos. La ilegalización ha tenido una formulación jurídica, pero en el fondo subyace una enorme resistencia, más allá de las leyes y la oportunidad política, para enfrentar un nuevo periodo de la historia política de Euskalerria. Y creo que esas claves son las que han influido para que los jueces, quienes no se han visto libres de presiones personales, políticas y sociales; hayan dicho no a la legalización. Y es que el Tribunal, más que ilegalizar a Sortu ha ilegalizado su significado, su trascendencia, su alegoría social, su representación simbólica, su oportunidad de ser un nuevo sujeto político capaz de alterar el orden político y social de Euskalerria e incluso del reino de España.
El alto Tribunal ha ilegalizado, amparado en la desconfianza preventiva, un proceso social que se supone novedoso y esperanzador para Euskalerria, un tiempo sin ETA que ya ha renunciado a los mártires de la insensatez. Y es que pareciera que lo que interesa, más que la pacificación, la cohesión y convivencia social; es una larga, implacable y atormentada capitulación de ETA y su periferia. Pero esa estrategia sólo nos lleva a un porvenir convertido en una agonía sin desenlace.
No olvidemos por último, la altísima rentabilidad económica, electoral y simbólica de ETA. No olvidemos lo que supone su existencia y condena como recurso ideológico y electoral movilizador de millones de emociones y votos en juego. Para el alto Tribunal, ETA y todo su mundo ideológico y periférico, significan un activo contramovilizador del imaginario social de gran voltaje, ETA es un pilar básico en los discursos de poder y contrapoder y funciona como un elemento más allá de su propia actividad o inactividad. ETA y su «mundo», llamado a desaparecer, es como el Barça, más que un club; es una representación simbólica de difícil desvinculación. Y al Estado le cuesta desengancharse de esta adicción.
El alto Tribunal no es ajeno a la historia, ni a nada que suene o se conecte con ETA y su misión. Pero debería serlo ante esta propuesta. Porque su función no es prejuzgar las intenciones, sino juzgar las actividades, los hechos y los actos. Y de momento a Sortu no se le ha dado esa oportunidad.
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