La Justicia argentina admitió a trámite el 12 de junio, dentro de la querella que investiga los crímenes del franquismo, dos nuevos casos. El de José Salmerón Céspedes, jefe de policía leal a la II República fusilado en Tetuán (capital del Protectorado español de Marruecos) en agosto de 1936, y enterrado en una fosa común; […]
La Justicia argentina admitió a trámite el 12 de junio, dentro de la querella que investiga los crímenes del franquismo, dos nuevos casos. El de José Salmerón Céspedes, jefe de policía leal a la II República fusilado en Tetuán (capital del Protectorado español de Marruecos) en agosto de 1936, y enterrado en una fosa común; y el de Gustau Muñoz, militante comunista e independentista muerto por disparos policiales durante una manifestación -en septiembre de 1978- en Barcelona, cuando tenía 16 años. El pasado 12 de febrero se dio la situación contraria. Un juzgado de Madrid archivó una querella contra el policía de la Brigada Político-Social (BPS) franquista, Antonio González Pacheco («Billy el Niño»), por presuntas torturas cometidas en 1974 contra una militante antifranquista; el motivo, la prescripción del delito.
El libro «Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos» (Pasado&Presente, 2018) es fruto del informe pericial de contexto elaborado por los cuatro autores -José Babiano, Javier Tébar, Gutmaro Gómez y Antonio Míguez- como soporte a las querellas presentadas por las víctimas de los crímenes franquistas. El documento se elaboró a petición de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA). José Babiano es historiador, director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras y autor, entre otros libros, de «Emigrantes, cronómetros y huelgas» (1995), «Paternalismo industrial y disciplina fabril en España» (1998) y coautor de «Del hogar a la huelga» (2007). Javier Tébar es profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona, director del Arxiu Històric de Comisiones Obreras de Catalunya y coautor de «El movimiento obrero en la gran ciudad» (2011) y «‘Resistencia ordinaria’: La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público» (2012). Los autores han presentado el libro «Verdugos Impunes» en el Centre La Nau de la Universitat de València.
-En una entrevista publicada por el periódico Cuarto Poder (enero de 2017), el historiador Francisco Moreno cifró en 150.000 los muertos por el genocidio franquista. «La derecha, por razones obvias, no desea conocer las verdaderas dimensiones de la represión», escribió el historiador Francisco Espinosa Maestre, quien hizo un cálculo de 129.472 víctimas de la represión franquista durante la guerra y la posguerra (datos de 2008). ¿Hay una guerra estadística con la historiografía «revisionista»?
-José Babiano: La violencia fue sin duda «masiva», pero las cifras definitivas no las conoce nadie. Además de historiadores como Gutmaro Gómez, uno de los especialistas en la represión de primera hora es Antonio Míguez, quien puso al día los números. En el libro utilizamos una cifra de referencia: más de 150.000 víctimas mortales por la represión franquista entre 1936 y 1945; y 2.000 fosas comunes en las que se arrojaba a republicanos en sentido amplio, lo que incluye a militantes pero también a funcionarios leales a la II República como los maestros. Más de 600.000 personas fueron procesadas por tribunales militares y en febrero de 1939 salieron de España 500.000 personas rumbo al exilio, de las que 150.000 fueron exiliados permanentes; por otra parte, 5.000 españoles murieron en los campos de concentración nazis.
-Javier Tébar: En muchos casos no creo que se trate de historiadores «revisionistas». A algunos de estos autores los considero propagandistas o «negacionistas». No tiene mérito tomar libros que en su día formaron parte de la historia oficial del Régimen y volver a redactarlos con los mismos argumentos y datos. Hacen un «refrito» de la historia de la dictadura.
-«Hasta mediados de 1940, los consejos de guerra eran colectivos; en Madrid llevaban a los presos a juicio en camiones al Palacio de Las Salesas, lugar de las vistas. En una hora no daba tiempo ni a leer la lista de los acusados. Los abogados ni los conocían. Se limitaban a pedir ‘clemencia’ al tribunal», explica Francisco Moreno («La gran acción represiva de Franco que se quiere ocultar», revista Hispania Nova, 2015).
-JB: Nos encontramos con juicios en cortes marciales totalmente ilegítimas, en las que -en ocasiones- una parte del Tribunal o la Fiscalía no habían terminado la carrera de Derecho; no eran, así pues, juristas propiamente dichos. Además de las ejecuciones tras juicios sumarísimos, está la figura de los «paseos»; por ejemplo a García Lorca lo sacaron de la cárcel de La Colonia de Víznar (Granada) y lo asesinaron sin más. Muchos de estos represaliados terminaban después en las fosas.
-JT: la lógica de la guerra continúa después de 1939; el punto de partida del franquismo es que la sociedad está «infectada», y por tanto se hace necesario «extirpar». Representaban esta idea con una hidra de la que salían las cabezas de los «rojos», los «judeo-masones» y la «anti-España». Hay muchísimos casos bien conocidos. En la exposición sobre el 50 aniversario de la fundación de Comisiones Obreras del País Valencià, actualmente en el Centre La Nau de la Universitat de València, podemos observar el caso del anarcosindicalista Joan Peiró, sentenciado a muerte tras un Consejo de Guerra y fusilado en julio de 1942 en el cementerio de Paterna (Valencia). A Federico García Lorca lo ejecutaron también, y sin juicio alguno en el verano de 1936.
-Familiares de víctimas y asociaciones que presentaron la querella Argentina por los crímenes del franquismo en 2010 pidieron una lista de las empresas privadas que se beneficiaron del trabajo forzado o esclavo (constructoras como Dragados y Construcciones, Entrecanales y Távora, San Román o Construcciones ABC; siderúrgicas y mineras como Duro-Felguera o del sector metalúrgico como Babcock&Wilcox), además de la iglesia católica y organismos oficiales (delegaciones del gobierno y ayuntamientos). ¿Se analiza en el libro la actividad de las empresas que vulneraron los derechos humanos?
-JB: Un primer fenómeno es el de los trabajadores de obra pública -esclavos, semiesclavos o prisioneros-; el paradigma lo constituye el levantamiento del Valle de los Caídos, con la participación en el negocio de constructoras como Banús o Huarte (actualmente integrada en el grupo OHL). En una fase posterior se da la represión contra los trabajadores que participan en huelgas.
-JT: En el libro no lo analizamos en detalle; pero hay muchos ejemplos sobre la transgresión de los derechos laborales, como el de la antigua fábrica de SAFA (Sociedad Anónima de Fibras Artificiales), en el municipio de Blanes, provincia de Girona (sobre esta empresa fundada en 1923, escribió el sindicalista Francisco Martínez en «El naixement del sindicalisme a la SAFA de Blanes», Revista de Girona, 1997: «En los años 50 y 60 del siglo XX la empresa se nutrió de mano de obra procedente de las olas migratorias que llegaban a Cataluña de las zonas rurales, y que huían del paro y la miseria; en la SAFA las condiciones de trabajo eran pésimas; por ejemplo, el ambiente sulfuroso provocaba numerosas bajas; si las intoxicaciones no eran muy graves, el médico de la empresa se negaba a dar la baja a los trabajadores para eludir la inspección de trabajo (…)». Nota del entrevistador).
-El libro «Verdugos Impunes» dedica un apartado a la Dirección General de Seguridad, «reorganizada» mediante una Ley de septiembre de 1939 y con el falangista y aristócrata José María Finat y Escrivá de Romaní como primer director; el texto también aborda la creación de la policía política. ¿Cuál fue la importancia de las dos instituciones?
-JB: La Dirección General de Seguridad (DGS) fue el organismo que centralizaba la represión y el orden público, y tuvo un origen estrictamente militar. Es muy importante recordarlo: el ejército desempeñó un papel central en la construcción -a través de la DGS- de todo este aparato represivo. En 1941 se «reorganiza» la Policía Armada (los «grises»), un cuerpo militarizado. Cuando en 1963 vio la luz el Tribunal de Orden Público (TOP), un tribunal especial pero de carácter civil, la justicia militar continuó operando en los casos que la dictadura consideraba más graves.
-JT: La policía política del franquismo era la llamada Brigada Político-Social (BPS), constituida en el periodo 1939-1941. Además de la matriz militar, hay un añadido importante en los orígenes: grupos de militantes falangistas -no policías profesionales- se incorporaron provisionalmente como agentes. La tarea de policías tristemente famosos como Antonio González Pacheco («Billy el Niño») se incardina en la Brigada Política-Social. Hay víctimas que han presentado querellas por torturas contra este inspector, pero algunos juzgados no las están admitiendo a trámite. Hay bastantes más casos en la Brigada de Información Social. En Valencia, Manuel Ballesteros; en Barcelona Antonio Juan Creix, que después se trasladó al País Vasco y terminó en Sevilla; junto a él, su hermano Vicente Juan Creix; o en Madrid Roberto Conesa.
-La primera querella en España fue interpuesta en junio de 2017 por el exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Luis Suárez-Carreño. Acusó a los inspectores González Pacheco, Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal por la detención en 1973 y presunta tortura durante los interrogatorios.
-JB: Otros presuntos inspectores-torturadores fueron Pascual Honrado de la Fuente, en Oviedo, y Jesús Martínez Torres en Zaragoza, quien durante los gobiernos de Felipe González fue Comisario General de Información y jefe de la lucha contra el terrorismo. Aunque se trate del caso más mediático, entre otras razones porque Podemos ha pedido recientemente que se le retire la condecoración, González Pacheco no es una excepción; hubo muchos «Billy el Niño» en cada Jefatura Superior de la Policía y cuarteles de la Guardia Civil; de hecho, la policía política constituyó una red organizada de torturadores.
-JT: Sí, además de las personas, lo importante fue la estructura en la que se insertaban. Hay «piezas» en la maquinaria, como «Billy el Niño» u otros, pero no podemos pensar en términos individuales. Sea Melitón Manzanas -jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa- o Antonio Juan Creix en Barcelona, todos actúan con idénticos métodos, lógicas y propósitos. Esto nunca puede ser una casualidad, sino que responde a una organización centralizada de la policía.
-Autor del libro publicado en 2001, «El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)», el exmagistrado e investigador Juan José del Águila señala que el Tribunal de Orden Público abrió en 14 años 22.660 procedimientos, con 9.154 procesados y 3.891 sentencias. En cuanto al tipo de delitos según las sentencias, la mayor parte corresponde a asociación ilícita, seguido de propaganda ilegal y reuniones/manifestaciones no pacíficas. ¿Por qué os referís a un «modelo dual» respecto a la represión en el Tardofranquismo?
-JT: Porque a partir de 1963, con la creación del TOP, los tribunales militares se ven descargados de algunas funciones específicas: la persecución de determinados delitos políticos y sindicales cuando no medie violencia o enfrentamiento con las fuerzas de orden público; en este caso, sí actuarán los tribunales castrenses y, por tanto, los consejos de guerra (por ejemplo el de Burgos -diciembre de 1970- contra 16 miembros de ETA; o el Consejo de Guerra contra el activista del MIL, Salvador Puig Antich, ejecutado en marzo de 1974. Nota del entrevistador). «Dual» significa que actúan las dos instancias judiciales, que no hay una sucesión, que los tribunales militares no se verán desplazados por los tribunales de orden público.
-JB: Uno de los ejemplos más claros es el de los últimos fusilamientos del franquismo el 27 de septiembre de 1975, ordenados tras la sentencia de un tribunal militar; la dictadura ejecutó ese día a tres miembros del FRAP y dos de ETA.
-¿Y en cuanto a la represión antisindical y contra el movimiento obrero?
-JB: Uno de los rasgos centrales del franquismo es que fue una dictadura anti-obrera, desde el Decreto 108 de septiembre de 1936, que declaraba fuera de la Ley a partidos políticos y sindicatos de la oposición, hasta 1977. De hecho, al menos el 70% de las personas juzgadas por el TOP eran trabajadores de producción u oficinas, aunque antes ya habían sido desmantelados los comités nacionales de la UGT y la CNT. En el Proceso 1001 del TOP (1973), diez dirigentes de Comisiones Obreras fueron detenidos y condenados a penas que sumaban 162 años de cárcel. Por otra parte, en los primeros años 70 hubo obreros tiroteados y asesinados por la policía en la calle, mientras participaban en huelgas y manifestaciones; además de los cinco trabajadores muertos en Vitoria en marzo de 1976, hay que contabilizar, entre otros, tres en Granada, en 1970, durante una manifestación del sector de la construcción; otro en Madrid, en septiembre de 1971, con motivo de una huelga en el sector de la construcción; dos en el sector naval de Ferrol (1972), un trabajador de SEAT (octubre de 1971), muerto en la Zona Franca de Barcelona o un obrero de la construcción durante una huelga en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en 1973.
-JT: A partir de los años 60 y 70, el principal desafío del Régimen proviene del movimiento obrero. Además con su idea de «anticomunismo», la dictadura extiende la publicidad del comunismo como oposición fuerte; la misma represión, que se ceba en los que actúan y sobre todo en los dirigentes, hace que mucha gente se incorpore a la lucha antifranquista; por ejemplo, en marzo de 1967 el Tribunal Supremo declaró ilegales las Comisiones Obreras. Uno de los fundadores del sindicato, Marcelino Camacho, ingresó en la prisión en 1967, después de ser juzgado por el TOP. En 1975, destacan los historiadores Pere Ysàs y Carme Molinero, autores de «Productores disciplinados y minorías subversivas» (1998), se produjeron 3.156 conflictos laborales, con 647.100 trabajadores afectados y 14,5 millones de horas «perdidas»; y se trata de cálculos prudentes, cuya fuente es el Ministerio de Trabajo. Hay una relación entre el incremento de las huelgas y el enconamiento de la represión.
-«El apresamiento masivo franquista alcanzó cifras hiperbólicas en abril de 1939; unos 507.000 o más en los campos de concentración», recuerda Francisco Moreno Gómez, a lo que se agregaban los presos de los Batallones de Trabajadores y de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Según la Dirección General de Prisiones, la población reclusa en enero de 1940 sumaba 270.719 presos, cifra que pasó a 114.958 personas en abril de 1943 y a 51.300 en junio de 1945 entre «políticos» y «comunes». ¿A qué se debe esta evolución? ¿Cuál fue la realidad de las prisiones y centros de detención?
-JB: En la guerra y la primera posguerra hubo centros de detención que en principio no eran cárceles. Se utilizaron conventos, colegios, hospitales, provisionalmente plazas de toros, locales de todo tipo y campos de concentración; los centros de internamiento no estaban pensados inicialmente como tales, sin embargo la cantidad de detenidos fue abrumadora, con una población reclusa realmente «ingobernable», un hacinamiento brutal y donde la gente se moría. Esta es una de las razones -la reducción del número de presos- por la que en los años 40 llegaron los primeros indultos. Un ejemplo de esta situación es la cárcel de mujeres de Saturrarán, un antiguo balneario entre las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa; era un centro muy húmedo cerca de la playa, donde las presas contraían todo tipo de enfermedades por el frío y la mala alimentación. En una etapa posterior, en los años 50 y sobre todo los 60, al haber menos presos las cárceles hasta cierto punto se «humanizan». En este periodo hay testimonios de detenidos que afirman querer que se les lleve a la prisión, porque así se les deja de torturar para extraerles información.
-JT: Pueden citarse como ejemplo la cárcel Modelo y la prisión de mujeres de Les Corts, las dos en Barcelona; o las de Carabanchel y Yeserías en Madrid. En cuanto a las comisarías, la de Vía Layetana nº43, en Barcelona. Con Jordi Mir y César Lorenzo comisariamos en 2016 una exposición en El Born Centre de Cultura y Memòria titulada «Això em va passar. De tortures i d’impunitats (1960-1978)», que mostraba las experiencias y relatos del paso por las prisiones franquistas. Además, recomendaría el libro «Era la hora tercia. Memoria de la resistencia antifranquista» (2000), de Vicente Cazcarra Cremallé, un aragonés dirigente del PSUC detenido en 1961 y condenado en Consejo de Guerra a 17 años de prisión. Cazcarra, que fue torturado en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en Vía Layetana, explicó su experiencia y supo después que estos métodos -algunos procedentes del nazismo- estaban muy generalizados en las BPS, jefaturas de la policía y cuarteles de la Guardia Civil. Aunque con diferencias, porque había especializaciones. Métodos como la «bañera»: hundirle la cabeza al detenido hasta producirle una sensación de ahogo; la «cigüeña»: en cuclillas y con las manos juntas por detrás de las rodillas; el «tambor»: colocar un objeto sobre la cabeza del detenido y golpearle hasta reventarle los tímpanos; o la típica «rueda» de policías, a la que seguían los golpes permanentes.
-Os referís asimismo en el libro al «carácter de género» de la represión franquista…
JB: El franquismo nunca reconoció a las mujeres el estatuto de «presas políticas». Al finalizar la guerra había cerca de 20.000 prisioneras. El sistema penitenciario, que era gestionado por las monjas, hacía que los niños pequeños al cumplir los tres años tuvieran que salir de la cárcel, pese a que la madre estuviera presa y el padre en ocasiones, encarcelado o muerto. Entonces los menores ingresaban en instituciones estatales o directamente las monjas traficaban con ellos; primero se trataba de retirarles los hijos por cuestiones ideológicas a las familias de los «rojos», pero después se convirtió en un negocio que llegó hasta los años 80 y 90. Además, en términos simbólicos a las mujeres se las rapaba ya que, de ese modo, el franquismo entendía que las privaba de los rasgos femeninos; también se las forzaba a que ingirieran aceite de ricino como laxante; así, rapadas y tras tomar el purgante, las «paseaban» para que se hicieran sus necesidades encima. Esto ocurría en la posguerra, pero hubo mujeres «peladas» tras su detención y tortura durante las huelgas en la minería asturiana de 1963. Asimismo hay testimonios de violaciones en centros de detención «informales», o de gritos como «ahora ya no parirás más, puta» en las celdas. Y se les golpeaba. En noviembre de 2017 Felisa Echegoyen presentó una querella contra «Billy el Niño» por torturas durante los interrogatorios y detenciones.
-JT: En febrero de 1939 el Estado franquista aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, que afectaba a personas y organizaciones que, entre octubre de 1934 y julio de 1936, «contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» y, a partir de esa fecha, «se opongan al Movimiento Nacional». Los delitos cometidos antes del uno de abril de 1939 no prescribieron hasta 30 años después, con la aprobación del Decreto-Ley 10/1969. Además, el Bando de julio de 1936 que declaraba el Estado de Guerra no se derogó hasta 1948, lo que significa que en el año 1945 España estaba todavía en guerra. En ese contexto, hubo un rasgo de género en la represión franquista. La mujer que protestaba era considerada una «puta», «loca», «histérica» y de comportamientos masculinos. Las autoridades policiales explotaban, incluso, la menstruación de las mujeres, al no facilitarles los servicios de higiene mínimos.
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