Un 20% de las canalizaciones de agua potable contienen esta sustancia. Expertos piden su retirada aunque no hay pruebas sólidas sobre su peligrosidad.
El amianto o asbesto fue uno de los materiales de construcción estrella en el siglo XX, pero encerraba un peligro mortal para los trabajadores que lo manipulaban. Las fibras microscópicas que lo componen pueden quedar suspendidas en el aire y ser respiradas. Si la exposición es prolongada, puede originar cáncer de pulmón y otras enfermedades.
La mayor parte de este mineral se destinó a la industria del fibrocemento, una mezcla de cemento y fibras de amianto que además de ser barata tenía unas excelentes propiedades. En España se conoce más por el nombre de la empresa que lo comercializaba, Uralita, y al igual que en otros países, fue ampliamente utilizado, sobre todo en placas onduladas de cubierta y tuberías, hasta su prohibición en 2001. Sin embargo, hoy en día buena parte del agua de riego y del agua potable siguen pasando por redes de abastecimiento realizadas con este material. ¿Existe algún riesgo para la salud?
En los últimos tiempos, el debate se ha avivado en el ámbito local, con numerosos ayuntamientos que aprueban planes de sustitución de las canalizaciones y autoridades que se mojan a favor de estas acciones. Hace pocos días la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó solicitar al Gobierno que realice una auditoría de las tuberías que quedan y elabore un plan para su renovación. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos, excepto del PP, que alegó el alto coste que supondría.
Los datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), actualizados en 2016, indican que las redes de agua potable en España -sin contar las destinadas al riego- superan los 200.000 kilómetros y que de ellas alrededor de un 20% aún están fabricadas con fibrocemento, unos 40.000 kilómetros. Estas cifras proceden de una encuesta que se realiza cada dos años a entidades locales, pero no existe un inventario exhaustivo.
Al margen de su localización, hay dos preguntas clave: si las fibras de amianto pasan al agua potable y si pueden suponer algún riesgo para salud en el caso de que lleguen a nuestros grifos. La OMS abordó la cuestión en su informe Asbestos in Drinking-water tras recopilar estudios realizados en varios países. La cifra más repetida en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Reino Unido estaba en torno a un millón de fibras por litro.
Aunque pueda parecer mucho, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) considera un nivel seguro hasta 7 millones de fibras por litro. A partir de esa cantidad, no descarta que exista riesgo de desarrollar pólipos intestinales benignos, pero tampoco hay suficientes investigaciones que lo demuestren.
Tanto la degradación de las cañerías artificiales como la erosión de los depósitos naturales de las rocas que contienen asbesto podrían ser responsables de esa presencia de las fibras, así que, efectivamente, el agua que consumimos puede contener amianto, pero no existen datos concluyentes de que una vez ingerido sea cancerígeno.
«La inhalación de fibras de amianto a través de la vía respiratoria es la principal responsable de las patologías causadas por este material y la vía digestiva tiene un peso secundario», afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL Alfredo Menéndez, catedrático de la Universidad de Granada y responsable del proyecto de investigación Los riesgos del amianto en España (1960-2002). En su opinión, «hay menor evidencia científica sobre los efectos de deglutir fibras de amianto», pero aún así «eliminar las tuberías de fibrocemento es una medida de salud pública recomendable».
Fernando Morcillo, presidente de AEAS, destaca que mientras que la red de tuberías de fibrocemento está uso «no genera ningún problema para la salud». Sin embargo, «se considera que la vida útil de las tuberías está en torno a 50 años y gran parte de nuestra red de fibrocemento se construyó en los años 60 y 70, fruto del desarrollismo urbano». Por lo tanto, las canalizaciones están envejecidas, son menos seguras, sufren más roturas y pérdidas de agua y es necesario acometer un esfuerzo de renovación.
Operarios y residuos
En este punto entran en escena dos posibles problemas: la inhalación de amianto por parte de los operarios y la contaminación ambiental que podrían generar las viejas tuberías. Según Morcillo, ambas cuestiones están perfectamente solventadas. Por una parte, existe un estricto protocolo de salud laboral que siguen todos los trabajadores y, por otra, los residuos se convierten en inertes al ser confinados en depósitos específicos o mezclados con hormigón.
No opina lo mismo Francisco Báez Baquet, exempleado de Uralita en Sevilla que desde los años 70 ha investigado al detalle los problemas derivados del amianto, convirtiéndose en una de las voces más reivindicativas. Según explica, las empresas que manipulan el fibrocemento «no precisan de ninguna suerte de acreditación previa de capacitación». Aunque cada comunidad autónoma cuenta con un Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y solo las que están inscritas en él pueden realizar estas tareas, se trata de «un mero trámite administrativo» que no requiere demostrar competencia alguna.
La mejor prueba es que existen «sentencias judiciales en las que se condena a servicios municipales de abastecimiento de agua, comunidades de regantes y ayuntamientos por daños causados por el amianto liberado en la reparación de tuberías de fibrocemento debido a que no han respetado la legislación vigente». El riesgo no sería solo para quienes cambian una tubería, sino también «para vecinos, viandantes y espectadores», comenta.
Obsolescencia
«La degradación del cemento por simple obsolescencia es un proceso progresivo, a ritmo más acelerado cuanto mayor sea su antigüedad», asegura. La normativa española contempla la eliminación y retirada en condiciones controladas «al final de su vida útil», pero en la práctica esta expresión es tan «difusa», afirma, que solo se lleva a cabo «cuando hay averías, cada vez más frecuentes».
Ante los posibles riesgos y las dudas, Báez apuesta por el «principio de precaución», que consiste en tomar medidas ante todo producto o tecnología sospechoso de conllevar riesgos para la salud o el medio ambiente aunque no haya pruebas científicas concluyentes. «Todo producto que contenga amianto es una bomba de relojería mientras no permanezca soterrado en condiciones controladas y, aunque sea más cara, la solución definitiva, y garantista al máximo, sería la inertización del amianto, sometiéndolo a muy altas temperaturas, con o sin ayuda química», agrega.
Incluso duda de que los intereses económicos no hayan corrompido los estudios «pretendidamente científicos» que no encuentran una conexión directa entre problemas de salud y la presencia de fibras de amianto en el agua potable: «Ya ocurrió en el sector automovilístico, porque el amianto se usaba en piezas como embragues y zapatas de freno».
Las secuelas del amianto
El cáncer de pulmón, el mesotelioma (tumor que también afecta a los pulmones y está causado específicamente por la inhalación del polvo de amianto) y la asbestosis (enfermedad que causa fibrosis pulmonar y también es consecuencia directa del contacto con este material) son los problemas más característicos, reconocidos en España como enfermedades profesionales mucho más tarde que en otros países europeos.
A pesar de que ya no se utiliza como material de construcción, el amianto seguirá causando muertes en España hasta la década de 2040, según un estudio de Alfredo Menéndez, ya que «el periodo que transcurre desde la exposición al desarrollo de la enfermedad puede alcanzar los 30, 40 y hasta 50 años».
Los cálculos se centran en los trabajadores que manipularon el material, pero «las exposiciones ambientales también tienen su importancia», asegura el experto, que destaca que España registró «un mayor consumo de productos de fibrocemento» y que se queja de la «invisibilidad social del problema y la falta de reconocimiento de las víctimas».
Fuente: http://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20170314/200730497_0.html