Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
A pesar de los ataques, Rafa Díez considera que debe enfocarse la situación desde una perspectiva amplia. Con «los contenidos de Loyola»1 en la cabeza, afirma claramente que la oportunidad de lograr un marco democrático reside en el derecho a decidir del País Vasco.
Al secretario general de LAB, Rafa Díez (Lasarte-Oria, Guipúzcoa, 1956), le gustan las reflexiones que trascienden la vorágine del día. Por encima de la «tormenta represiva», considera que para desenmarañar el embrollo político debe volverse a los contenidos de las conversaciones de Loyola.
El Gobierno de España, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, todos actúan de consuno con la intención de ilegalizar a otros dos partidos (EAE-ANV y EHAK). ¿Esta actividad unificada es síntoma de estado de excepción?
Todo lo que está ocurriendo debe situarse en la tormenta represiva que se está acrecentando durante estos últimos meses. Tras eso debe colocarse la situación política. Hay que decir claramente que estamos en una encrucijada entre dos ciclos y en esa transición entre ambos ciclos, con negociación o sin ella, el Estado quiere condicionar al sector político y social motor del cambio político. Contra el País Vasco se pone siempre al principio a la Justicia, cuyo papel se adecua posteriormente. También en este momento está sucediendo eso. Se está evidenciando que el Estado está enfermo, muy débil democráticamente. Saben que se ha acabado un ciclo. Cuando nos encontramos a las puertas de otro, se utiliza todo esto para condicionar la hipotética nueva situación. En el fondo eso es lo que está en juego. Por eso golpean a la izquierda abertzale, que ha sido clave para traer todo el proceso de liberación, con la intención de debilitarla.
Además de las ilegalizaciones, pueden mencionarse las enormes condenas del caso 18/98, los casos de tortura, la gran cantidad de encarcelamientos y detenciones, etc. ¿Quieren lograr mediante esta escalada represiva que la izquierda abertzale se rinda?
Está claro que todas esas medidas contra la izquierda abertzale quieren limitar su actividad política. Pero está claro también que el Estado no tiene un problema con la izquierda abertzale o con ETA; el problema lo tiene con un pueblo, con un pueblo que reclama derechos democráticos. Ellos quieren crear resignación. Quieren tener encadenada a la sociedad. Rígida, atada. Deben denunciarse todas estas animaladas, todos los esperpentos jurídicos, todas estas ilegalizaciones, que no tienen pies ni cabeza. Pero, además de situar la respuesta en esos parámetros, la clave en este momento es mantener como referencia lo que está en juego. Mediante la represión, además de infligir daño y de que sus consecuencias sean graves, quieren que cedamos políticamente, colocar el futuro del País Vasco dentro de la jaula constitucional impuesta por ellos. En esta transición entre los dos ciclos, cuando el marco jurídico está agotado y un amplio sector de la sociedad tiene claramente asumido que aquí hay un pueblo y que cualquier marco jurídico-político debe construirse conforme a la voluntad popular, en eso debe basarse la línea política.
¿Cómo ves la respuesta de la sociedad? ¿Hasta dónde hay preocupación?
Con un ataque tras otro, quieren asfixiar a la sociedad y que haya problemas para hacer frente a tamaña situación. Debe irse reforzando la respuesta a estos ataques, debemos ir construyendo un muro social, pero todo esto no podemos medirlo desde una perspectiva corta, a pesar de que los ataques sean grandes. Estoy convencido de que al final todo esto provocará un bumerán. Las consecuencias para la izquierda abertzale son terribles, pero nosotros tenemos confianza en nuestra sociedad, en la capacidad de poner nuevos pilares. Hace 30 años, algunos hicieron la elección de ir por un camino tramposo. Ahora tienen mayores dificultades para llevar a nuestro pueblo por falsos caminos. El Estado y todos los partidos que están detrás suyo saben que aquí hay algunas claves para resolver el conflicto y que tendrán dificultades para ir por otro camino, aunque en este momento tengan la ayuda del PNV.
En algunos casos, el caso Atutxa y el caso Ibarretxe, entre otros, además de la izquierda abertzale, hay otros agentes dañados: el Parlamento vasco, el lehendakari, miembros del PNV, EA, IU-EB. ¿Cómo ves la respuesta que han dado estos partidos a la situación?
No responden a las características de la situación. Están encauzando lo que plantean como respuesta desde una perspectiva tramposa o hipócrita. El último juicio ha sido contra la soberanía que debería tener el parlamento de Vitoria y debería haberse denunciado como tal. Pero, siendo terribles los ataques acaecidos últimamente en nuestro país, y sobre todo en este momento, siéndolo la política de prohibir a un sector de este pueblo, me pregunto qué es eso. ¿Que en nuestro país algunos digan quiénes somos legales e ilegales no es violar la voluntad de nuestro pueblo? Y, por tanto, no exige eso un plante democrático por parte de de nuestras instituciones y de esos partidos para decir «hasta aquí hemos llegado con ese tipo de intromisiones políticas y judiciales»? Parece que se mueven en algún caso, con la intención de sacar algún tipo de provecho político, pero luego dejan que los ataques tengan sus consecuencias. A veces, con todo lo que pasa, parece que el PSOE hace el trabajo sucio de quitar del escenario a la izquierda abertzale y que algunos, a pesar de que lo denuncien, tengan interés en que ésta esté fuera. La dirección del PNV, tanto en el proceso de negociación como en este momento, ha sido y está siendo aliada del PSOE. De cara al futuro debe intentar articularse un espacio social, sindical y político y encauzar los sectores y fuerzas que están a favor del derecho a decidir.
¿Cómo se estructura ese espacio que has mencionado? ¿En cualquier situación?
Un proceso necesario de negociación con el Estado debe hacerse siempre con el protagonismo de la sociedad. No hay proceso sin la sociedad. Debemos tener claro que en un diálogo así, si en el País Vasco no hay una dinámica social verdaderamente trabajada, en la negociación y los acuerdos, y también después, el Estado andará siempre jugando con el abertzalismo. En la fase de negociación y después ha habido dificultades para estructurar un espacio independentista y progresista. Estoy convencido de que la izquierda abertzale es y será la referencia de ese ámbito. Viendo ese alineamiento progresivo del PNV con el PSOE, a pesar de que pueda haber maneras de pensamiento distintas debe ser muy importante que en esa transición entre los dos ciclos haya una articulación progresiva, en que hunda estratégicamente sus raíces un espacio independentista y progresista y que sea verdaderamente una alternativa al modelo económico, social y político del PNV. El PNV tiene miedo al cambio político, a otra situación política, porque tiene claro que el único que de ahí puede salir reforzado es el proyecto independentista y progresista. En este momento, en lugar de impulsar el cambio, el PNV necesita al Estado, para proteger sus intereses económicos, para garantizar su gestión político-institucional. Necesita al Estado para hacer nuevos pactos. Imaz lo dijo bien claro cuando se declaró el alto el fuego: «Seremos leales con el Estado, sin recompensas». Han sido leales con el Estado. No han sido leales con el País Vasco.
Después de que hayan pasado tantos meses, después de ver el proceso de negociación, ¿qué conclusión puede sacarse de la postura del Gobierno de España?
En este momento, con la perspectiva que tenemos, está claro que el PSOE se metió en este proceso sin el amparo del Estado y sin diseño político para la resolución del conflicto. Cuando debían darse pasos siempre había imposibilidades.
¿Ves opciones de mirar hacia delante?
En este momento de enfrentamiento abierto, cuando están sucediendo muchas cosas y violentas, hay dos opciones de mirar hacia delante: volver a Loyola, para desarrollar la posibilidad jurídico-política que se dejó allí, o que el Estado siga trabajando una mera reforma de los marcos, con la misma columna vertebral. Por eso es muy importante para nosotros valorar dónde estábamos en Loyola, qué tipo de opciones había allí, cuáles eran los problemas y, viendo los contenidos de Loyola, seguir adelante y percatarse de que ahí tenemos la oportunidad de establecer un marco y una salida democráticos. En los próximos meses una de las claves será ver si hay opción de volver a Loyola ─para forzar un proceso de negociación para resolver el conflicto─ o si el PNV y el PSOE siguen trillando ese tipo de falsos caminos.
¿Ha actuado bien la izquierda abertzale en el proceso de negociación buscando garantías, exigiendo precisiones, dando por imposible el acuerdo o rompiendo el alto el fuego?
Sobre la línea de la izquierda abertzale, seguramente, habrá muchas opiniones, pero yo veo que lo ha puesto todo encima de la mesa. También en este momento hay una propuesta de resolución del conflicto factible, pragmática y democrática. Entonces, a pesar de que ahora esté roto el esfuerzo de estos meses y años y de que la situación sea dura, mirar hacia delante traerá consecuencias positivas. En cualquier caso, la izquierda abertzale deberá extraer enseñanzas de las características del proceso, de la activación de la sociedad, etc. Todo eso será importante para otro imprescindible proceso de negociación. Todos sabemos que el conflicto no tiene salida con la represión, la negación, la violencia, etc. El conflicto sólo tiene salida con el diálogo, la negociación y el acuerdo.
«El PNV y UPN tienen las mismas políticas en el ámbito social»
Rafa Díez destaca la importancia del trabajo conjunto entre sindicatos. Considera que se ejerce mayor influencia social en los ámbitos en que se consigue.
Desde el punto de vista de la economía, parece que el 2008 puede ser un año de crisis y turbulencia. En opinión de LAB, como ocurre en estas situaciones, ¿pagarán al final los trabajadores las consecuencias de la crisis?
Sí, en este momento los medios de comunicación están difundiendo que puede venir una recesión económica y parece que todos los mensajes son para asustar a los trabajadores, para adecuar y neutralizar sus reivindicaciones. En nuestra opinión, en los últimos años los empresarios han tenido beneficios tremendos. Han hecho una acumulación tremenda, y en este momento está anunciado crecimiento económico, a pesar de que sea más lento. Para la negociación colectiva, para nuestra acción sindical, reforzaremos las peticiones de aumentos salariales por encima del IPC, porque en este momento, a la hora de repartir la riqueza, los trabajadores estamos totalmente descompensados, porque la riqueza económica que se crea en la sociedad va sólo a las manos de unos pocos.
¿Ves que habrá que unir fuerzas para hacer frente a la pérdida de empleo?
En general, la patronal está cómoda. Los empresarios tienen una perspectiva ofensiva en las relaciones laborales. Siendo eso así, es imprescindible que los trabajadores también nos unamos, que la unidad sindical sea lo más fuerte posible, pero para unir a los sindicatos es imprescindible definir contenidos, pactar estrategias sindicales. Consideramos imprescindible profundizar la acción conjunta entre sindicatos para articular las reivindicaciones de los trabajadores, para ir recuperando el espacio que nos ha achicado la patronal.
¿Hay diálogo serio para esa acción sindical conjunta?
En este momento hay algunos ámbitos de acción conjunta y se ve, además, que, allí donde se da, la lucha y la influencia sociales son grandes. Por ejemplo, en Osakidetza [servicio de salud de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), cuyo personal se encuentra actualmente en conflicto con la administración autonómica (n. del t.)], en la administración pública y en un puñado de empresas. Pero no hay dinámica de relaciones para una acción conjunta sólida y general.
¿Influye el cambio de personas?
No lo sé. Ése no es el problema. En este momento ese trabajo conjunto está por materializar, en función de otro tipo de argumentos y cálculos políticos. Es hora de sacar al campo político y social al sindicalismo abertzale que quiera ser agente de un verdadero cambio político y social. Eso se lo estamos diciendo continuamente a ELA. A pesar de que las posiciones políticas estén ahí, respetando las características y trayectoria de cada cual, echamos en falta, valorando todo lo que está pasando en el País Vasco, que cada cual ponga todo lo que tiene para una praxis común.
¿Qué sucede en la administración del Gobierno vasco? ¿Es imposible la negociación? ¿Por qué se ha impuesto la política del decreto?
La situación que soporta el sindicalismo abertzale en el País Vasco meridional es verdaderamente vergonzosa. UPN tiene blindada una dinámica de ese tipo con UGT, CCOO y la patronal, y los abertzales ahí estamos de sobra. En Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, a pesar de ser mayoritario, el sindicalismo abertzale está arrinconado. Al fin y al cabo, tanto UPN como el PNV realizan las mismas políticas en el ámbito económico y en el social, están situados en los mismos esquemas. Es notorio qué tipo de compañeros de viaje tiene el gobierno de Vitoria en su estrategia de relaciones. En el ámbito económico y social tiene relaciones y acuerdos tanto con CCOO como con UGT como con Confebask [patronal de las empresas de la CAV (n. del t.)], marginando completamente al sindicalismo abertzale. Nuestra pregunta es clara: ¿éstos son los soberanistas? ¿Con estos compañeros de viaje quieren hacer su camino político para garantizar la soberanía y los derechos de nuestro pueblo? Las pomposas palabras de Ibarretxe y su gobierno no tienen relación alguna con lo que después hacen. En este momento, creemos poco en algunos de los referentes que tiene puestos el gobierno de Vitoria como propuesta. Al fin y al cabo, para hacer eso se necesita una estrategia, una red social, se debe tener en cuenta a otros interlocutores, y eso no se está haciendo.
Berria, 3 de febrero de 2008
Nota
1 Alusión al borrador de acuerdo suscrito en el marco de las conversaciones sostenidas durante el otoño de 2006 entre representantes del PSE, PNV y Batasuna en el monasterio de Loyola (Guipúzcoa), según el cual el País Vasco es un «pueblo», formado por los territorios de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, así como por las provincias bajo administración francesa de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, «las decisiones que sobre el futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca» deben ser «respetadas por las instituciones del Estado» y debe garantizarse que los procedimientos legales «no sean una limitación a la voluntad popular, sino garantía de su ejercicio». (n. del t.)