1-Algunos apuntes, breves, sobre la historia de CCOO La conflictividad social que había crecido en España de forma sostenida desde mediados de los años 60, se desbordó tras la muerte de Franco y las grandes movilizaciones sindicales de la Transición lograron, además de acelerar el cambio político, una notable mejora de las rentas y los […]
1-Algunos apuntes, breves, sobre la historia de CCOO
La conflictividad social que había crecido en España de forma sostenida desde mediados de los años 60, se desbordó tras la muerte de Franco y las grandes movilizaciones sindicales de la Transición lograron, además de acelerar el cambio político, una notable mejora de las rentas y los derechos de los trabajadores. Esas movilizaciones estaban encauzadas mayoritariamente por las CCOO, una organización sindical innovadora, un sindicato de nuevo tipo, asambleario y socio-político que había surgido como instrumento de las propias luchas de los trabajadores. Aunque surgieron de forma espontánea pronto pasaron a ser vertebradas y dirigidas por el PCE, el partido que había llevado el peso fundamental de la oposición antifranquista.
La Transición
Justo después de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, y en un contexto de crisis económica, con altas tasas de paro e inflación, el gobierno de UCD firma con todos los partidos políticos parlamentarios, los Pactos de la Moncloa, que suponían subidas saláriales inferiores al IPC y también la flexibilización del despido. En dichos Pactos se manejaba una fraseología social-demócrata que luego quedaría poco menos que en agua de borrajas. El PCE, que había enfocado la Transición del franquismo de forma posibilista, utilizó el control que ejercía sobre CCOO para que dicho sindicato aceptara unos acuerdos que significaban retrocesos en derechos y condiciones laborales, lo que hizo que los dirigentes del sindicato tuviesen que enfrentarse con los sectores más activos de la clase obrera y de las propias CCOO, que querían seguir movilizándose para romper los topes salariales.
A pesar de que el sindicato quedó marcado por dicho episodio, los Pactos de la Moncloa no supusieron para CCOO la entrada en un ciclo de política de concertación ya que el sindicato volvió pronto a la senda de las movilizaciones al comprobar que se estaba incumpliendo las contrapartidas sociales de dichos Pactos. Poco después el sindicato se opondrá con fuerza a un Estatuto de los Trabajadores que ponía en cuestión el principio de la contratación indefinida. A ese giro a la izquierda de CCOO, ayudará el hundimiento electoral del PCE, incapaz a partir de entonces de seguir controlado el sindicato como antes.
Mientras la UGT optará por los acuerdos en solitario con la CEOE con el objetivo, poco disimulado, de arrebatar a CCOO la hegemonía sindical, apoyándose para ello en los sectores más conservadores de la clase obrera y en la desregulación del mercado de trabajo. Lo logrará en las elecciones sindicales de 1982, coincidiendo con la victoria electoral del PSOE. El Gobierno del Partido Socialista lejos de ensayar experimentos socialdemócratas, se aplicó desde principio en una política de ajuste neoliberal para la que los sindicatos representaban un obstáculo
Cuatro huelgas generales
En junio de 1985, CCOO convoca una Huelga General contra la primera reforma de las pensiones. La UGT es entonces el primer sindicato, pero está poco satisfecha de los resultados de su sumisión al PSOE. A CCOO sin embargo le pasa lo contrario: quienes se han cansado del desgaste, que supone la confrontación, pasan a ser mayoría. En 1987 es elegido Secretario General Antonio Gutiérrez con un programa de unidad sindical con la UGT (con la política que hasta entonces había hecho la UGT). Con lo que no contaba Antonio Gutiérrez es que el intento de la UGT de sacar más réditos al gobierno del PSOE les iba a llevar a la confrontación con su propio partido, lo que le haría converger en una especie de pinza con los que en ese momento se habían convertido en minoría en CCOO (Marcelino Camacho, Agustín Moreno y Salce Elvira) y que en virtud de la coalición con la UGT seguían imponiendo una política de movilizaciones.
El primer cambio estratégico se produce en 1987 cuando los sindicatos cambian el modelo de negociación de Acuerdos Marco por otro de negociación descentralizada de convenios, en la que los sectores más combativos se utilizaban cono punta de lanza para arrastrar conquistas al resto. Pronto llegará la Huelga General del 14D de 1988, tras la que CCOO y UGT logran los pactos de enero de 1990 en que se impone la llamada Propuesta Sindical Prioritaria. La huelga «tuvo un gran impacto en las políticas públicas del gobierno PSOE, aumentando muy significativamente el gasto público. El gobierno permitió también un mayor crecimiento salarial que se había iniciado ya en 1987 y en 1988. El aumento del gasto público social en el período 1988 – 1993 permitió reducir el enorme déficit de gasto público social que España tenía con los países de la Comunidad Europea y reformas sustanciales como la universalización de la sanidad pública en España. [1]
Paradójicamente la subida del gasto público y el crecimiento de los salarios, que había logrado la movilización sindical, se producían cuando en el resto de Europa había iniciado a principios de los 80, el camino inverso.
El evidente éxito sindical estaba basado en una combinación de la movilización laboral con formas de presión socio-política. Como señala Álvaro Espina: «el sector minoritario de CCOO y el núcleo dirigente de UGT venían desplegando, desde antes de las elecciones europeas de 1989, una estrategia de «intercambio político negativo», que se materializó en la reclamación de un voto de castigo al PSOE en caso de que el Gobierno no cediera ante los sindicatos. Esta estrategia alcanzaría su punto culminante antes de las elecciones de 1993, en las que Redondo planteó abiertamente la idea de que «los sindicatos deben ayudar a corregir el actual mapa parlamentario».[2]
El gobierno por su parte, urgido por la crisis económica, contraatacará con fuerza, aplicando las políticas del recién creado Sistema Monetario Europeo: freno a los salarios, flexibilización del mercado de trabajo y de la protección social. Eso implicaba necesariamente la confrontación con los sindicatos, para la cual el Gobierno busca como aliado de la legislatura a CiU. (El PSOE había perdido la mayoría absoluta en las elecciones de 1993 y no podía contar con la IU de Anguita para enfrentarse a los trabajadores). La política de reducción de gastos sociales, a costa de deteriorar los servicios públicos, y la reforma del mercado laboral que flexibilizaba los contratos indefinidos, creaba el contrato de aprendizaje y abría el camino a las ETT, provocan la huelga general de 27 de enero de 1994 . La huelga fue un éxito pero el gobierno no cedió porque había aprendido del 14D que las consecuencias electorales de las huelgas generales eran limitadas, ya que los propios huelguistas seguían votando al PSOE, como mal menor frente a la posible llegada de la derecha.
Además en las elecciones sindicales, a pesar de la victoria de CCOO se produce un claro avance de candidaturas independientes, lo que enciende la luz de alarma no sólo de la UGT, que ha perdido de forma estrepitosa, sino también de CCOO, pues dichos resultados podría ser interpretados como una deslegitimación de los aparatos sindicales frente al Estado y la patronal. El auténtico gran perdedor de las elecciones sindicales es Nicolás Redondo, sustituido en medio del escándalo de la cooperativa de viviendas PSV, en un Congreso en el que el PSOE recobra el poder que había perdido en la UGT.
En CCOO la minoría de izquierda piensa que la larga mano de los poderes fácticos puede estar, no sólo detrás del asunto de la PSV, sino también del acoso interno y externo a Anguita en IU, del que participa Nueva Izquierda en cuya creación ha tenido un papel activo la mayoría de CCOO . En ese contexto, el Congreso de CCOO de 1996 se cierra con la derrota del Sector Crítico y su exclusión de los círculos de poder del sindicato.
Estrategia de repliegue
En 1996 las elecciones generales dan la victoria al PP por mayoría simple y se inicia un ciclo económico expansivo que llega a 2007, en el que los sindicatos ensayan pronto un nuevo tipo de concertación basada en el mal menor. Se firma el acuerdo de Seguridad Social y Pensiones que rompía la resistencia iniciada en la Huelga General de 1985 , también el AIEE, que establece para los 4 años siguientes, el contrato conocido como «fijo barato» (33 días de salario con un límite de indemnización de 24 mensualidades frente a los 45 días con un máximo de 42 mensualidades del contrato fijo ordinario) y destinado a colectivos con dificultades de inserción. Con dicha reforma no se reducirá la tasa de temporalidad, al menos de forma sostenida, ni tampoco mejorará la rotación del empleo. CCOO y UGT firman además la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que tampoco impide que la siniestralidad laboral aumente de forma continuada
En 2000, el PP obtiene mayoría absoluta y los sindicatos firman el AINC, en el que se intercambia moderación salarial por la promesa de no reformar la negociación colectiva en un contexto de desmovilización sindical en la negociación de los convenios. Sin embargo la mayoría absoluta hace creer al Partido Popular que puede gobernar sin negociación y legisla por decreto una nueva reforma laboral que reduce las prestaciones por desempleo y abarata el despido lo que lleva a los sindicatos a convocar la huelga general del 20 de junio de 2002 . La huelga es un éxito y obliga al PP a volver a la senda de la concertación.
Dos años después, en 2004, tras un ciclo de movilizaciones sociales que hacían frente a las políticas del PP, el PSOE volvió de nuevo al gobierno. Este partido, sometido a una brutal presión de la derecha, alternó en la legislatura gestos progresistas en derechos civiles y políticas sociales con el mantenimiento de la más estricta ortodoxia neoliberal de gobiernos anteriores. Esa misma ortodoxia se aplicará también a la concertación social. La última reforma laboral vuelve a abaratar el despido sin conseguir que la temporalidad se reduzca de forma sustancial mientras que la medida más destacable del acuerdo de Seguridad Social es el endurecimiento de los requisitos para alcanzar la pensión de jubilación.
2-Balance, (malas) perspectivas y una llamada a debatir lo esencial
Balance de 13 años de crecimiento
El inicio de una nueva legislatura del PSOE coincide con el comienzo de un ciclo económico descendente, lo que le convierte en un buen momento para hacer balance de los resultados de alrededor de 13 años de bonanza económica, que coinciden con las 3 legislaturas del giro dialogante de CCOO. Para ello puede ser interesante consultar los indicadores que el Colectivo IOE ha publicado en el Barómetro Social de España con la intención de fomentar la reflexión y el debate acerca de la cuestión social en nuestro país.[3]
En dicho barómetro se pueden leer las siguientes conclusiones:
Aunque entre 1994 y 2006 la renta media de los hogares ha experimentado un importante avance ello ha repercutido de manera desigual en la sociedad, en función de las fuentes de ingresos: las rentas de la propiedad inmobiliaria (162%) y empresarial-financiera(116%) han crecido mucho más que las procedentes de los salarios(-2,4%), pensiones(18%) y prestaciones de desempleo(16%), de manera que las condiciones materiales de los hogares que dependen de estos últimos se encuentran hoy en peor situación relativa . (Pág. 45)
Uno de los efectos más graves de la desigual distribución de la renta ha sido el mantenimiento y la ampliación de la pobreza en España . Las personas en situación o riesgo de pobreza, en números absolutos, han pasado de 7,6 millones en 1994 a 8,9 millones en 2006 y 12 millones (27 % de la población) llegan con dificultades a fin de mes. (Pág. 46)
El acceso al empleo ha mejorado intensamente desde 1994, registrando una evolución positiva en todos los indicadores, sin embargo España destaca por ser el país con mayor tasa de empleo temporal (tres veces superior a la media de la UE-15), que se extiende poco a poco como una mancha de aceite desde los tramos de edad juvenil hacia los de edad intermedia (en 2006 afectaba ya al 29 % de los asalariados entre 30 y 50 años), y por su elevada tasa de accidentes laborales . (Pág. 48)
Entre 1975 y 1993 los gastos sociales crecieron 11,4 puntos del PIB, aproximándose a la media de la Europa de los 15 (la distancia inicial de 13,3 puntos se redujo a 5,6 puntos). Sin embargo, entre 1993 y 2005 soplan otros vientos y la inversión en políticas sociales ha bajado 3,5 puntos del PIB (en la UE-15 tres veces menos: 1,2 puntos). Como señala Vicenç Navarro, «a partir de 1993 el Gobierno español desarrolló un cambio muy sustancial de prioridades presupuestarias, en respuesta a un objetivo político: alcanzar la convergencia monetaria según los criterios de Maastricht, que exigían una reducción del déficit público del Estado y su deuda pública. A partir de aquel año, el incremento de los ingresos al Estado, resultado del crecimiento económico, fue destinado no a continuar corrigiendo el déficit social de España en la UE-15 sino a corregir el déficit del Estado de manera tal que cuando a principios del siglo XXI se alcanzó no sólo la reducción, sino incluso la eliminación del déficit público, equilibrándose las cuentas del Estado, ello se consiguió a costa de aumentar de nuevo el déficit social de España con la UE-15″. (Pág. 50)
Esta reducción del gasto público en políticas sociales en relación al PIB, en paralelo con un relanzamiento de la iniciativa privada en los campos de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones . La cuota de mercado de la sanidad privada ha pasado del 24,5 al 29 %; España es uno de los países de la Unión Europea que más ha privatizado su sistema sanitario a partir de 1990. El 32 % de la educación no universitaria es de titularidad privada, un punto más que en 1994, porcentaje que convierte a España, después de Holanda y Bélgica, en el país con mayor proporción de centros privados. Las viviendas de promoción oficial han pasado del 24 % en 1994 al 9 % en 2006. Y el sistema privado de pensiones, de inscripción voluntaria, asegura ya a más de la cuarta parte de la población mientras pierden peso las pensiones no contributivas o «universales» (ya que no exigen cotización previa) cuya cuantía media en 2006 era de 351 €/mes (un 45 % menos que las contributivas). (Pág. 58)
Entre 1994 y 2006 el precio de compra de una vivienda media de 90 m² se duplicó en relación al salario medio… De ahí que el recurso social básico de la vivienda se haya vuelto cada vez menos accesible para los sectores sociales con escasos ingresos. (Pág. 56)
En contraste con los problemas de acceso a la vivienda en los primeros años del siglo XXI, el sector de la construcción ha atravesado una etapa de gran rentabilidad, con plusvalías elevadísimas para las empresas inmobiliarias y una importante ampliación de negocio para las entidades financieras que ofrecen créditos hipotecarios . (Pág. 57)
Por último conclusiones del informe terminan de la siguiente manera:
Según una serie homogénea de encuestas aplicadas por el CIS entre 1996 y 2005, las instituciones con más poder en España son, además del gobierno, las grandes empresas y la banca; y las que menos, el Congreso de los Diputados y los sindicatos.
Estas encuestas muestran que los ciudadanos creen que los intereses de las grandes corporaciones privadas se sobreponen a los intereses de la mayoría social, representada aquí por la institución de representación de la soberanía popular y los sindicatos de trabajadores. Si es verdad -como opina la mayor parte de la ciudadanía- que los poderes económicos influyen en la sociedad española más que el Parlamento o las mayorías sociales, y si los partidos políticos se encuentran más condicionados por esos poderes, y por los grupos mediáticos ligados a ellos, que por sus electores, se estaría produciendo en España una perversión de los principios constitucionales de 1978.
Podemos pues decir que el largo período de bonanza económica no ha servido para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los españoles, ni su capacidad de participar en la toma decisiones. Eso ha sido así porque el poder ha favorecido los intereses de las grandes corporaciones privadas, aunque la desigualdad en el reparto haya podido ser ocultado en un momento en que la riqueza crecía de forma sostenida.
Recesión económica, regresión social y encrucijada sindical
A finales de 2007 el ciclo económico empezó a cambiar de forma vertiginosa y la percepción y el pronóstico de su evolución se fue agravando por momentos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y el repunte de la inflación, convirtieron el «milagro español» en un espejismo efímero.
Las crisis económicas, suelen ser propicias para iniciar grandes ofensivas contra los trabajadores. Así a finales de los 70 se aprovechó una época de «estanflación» para recortar salarios y flexibilizar el despido, mientras que en la primera mitad de los 90 no sólo se repitió la misma receta sino que además se redujo el gasto público y la protección social. Para que la asociación de ideas sea todavía mayor recodar que en aquella época el encargado de aplicar las recetas neoliberales era también Pedro Solbes.
La más que probable repetición de medidas similares a las de crisis anteriores, aunque tal vez corregidas y aumentadas, como ha puesto de manifiesto la amenaza europea de ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales, debe llevarnos a revisar los instrumentos utilizados hasta ahora en la negociación colectiva y el diálogo social, ya que la intermediación de los sindicatos puede resultar inadecuada para frenar la brutalidad de la estrategia del capital, y no responder, por ello, a las expectativas de los trabajadores de defenderse de forma proporcionada. Unos sindicatos acostumbrados a negociar el mal menor en una época de crecimiento, pueden tardar en darse cuenta de la magnitud del mal que puede inflingir, quienes buscan recuperar las altas tasas de beneficio empresarial del ciclo anterior.
Hay que tener en cuenta además de que partimos de una situación desfavorable para la reacción sindical, ya que las políticas desreguladoras de las últimas décadas han inclinado la balanza de las relaciones de poder (dentro y fuera de las empresas) del lado de la patronal: el poder contractual de los sindicatos se ha debilitado, la negociación colectiva ha sido, a menudo, sustituida por la regulación individual de las condiciones de trabajo y la clase trabajadora se ha fragmentado, creándose lo que ha dado en llamarse el «precariado»: jóvenes e inmigrantes que a penas tienen acceso a la estabilidad laboral y vital. Dicha fragmentación debilita el sentimiento de pertenencia a un proyecto común y la distancia con los sindicatos se convierte en distancia con el sentido de clase (trabajadora). Un síntoma de dicho alejamiento lo encontraríamos en la convocatoria en el primero de mayo de manifestaciones de jóvenes precarios separadas de las que convocan los grandes sindicatos de clase.
Si, además, al retroceso objetivo en las condiciones de vida y trabajo de buena parte de la población, añadimos la falta de entrenamiento reivindicativo del sindicato, encontraremos un nuevo motivo de preocupación. De hecho la creciente conflictividad laboral no suele obedecer a una estrategia de las direcciones confederales sino más bien a una presión de las secciones sindicales, en contacto con el conjunto de los trabajadores. Falta de entrenamiento que podemos hacer extensivo a la participación sindical: las asambleas casi han desaparecido de los protocolos que acompañan al binomio presión-negociación y los referéndums han pasado a ser «rara avis» en las consultas previas a la firma de los acuerdos.
Si tenemos en cuenta, además, que décadas de neoliberalismo han logrado imponer la aceptación generalizada de la lógica competitiva y las virtudes del consumo, así como la sustitución de lo público por lo privado en el podio del imaginario colectivo, veremos como las perspectivas son todavía menos halagüeñas.
No es esta, sin embargo, una invitación a ceder al desánimo: Antonio Gramsci enfrentaba el «pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad». Hay que recordar que CCOO es la mayor organización de la izquierda social española, tiene cerca de 1.200.000 afiliados y es, también, la primera fuerza sindical. En su seno permanecen además la mayoría de los sectores combativos de la clase trabajadora. Todo ello le confiere un alto grado de responsabilidad en la necesaria reacción y también suficiente «masa crítica» dentro de sí, para lograrlo.
El próximo Congreso de CCOO parece pues buen momento para repensar colectivamente la propia historia y encontrar en ella elementos con los que afrontar los desafíos de un futuro complejo, ya que si los sindicatos se legitiman por su capacidad de defender a los trabajadores y lograr mejoras concretas en sus condiciones de vida y trabajo, el momento de una ofensiva generalizada que intenta cambiar el modelo social, deconstruyendo el estado del bienestar y el derecho del trabajo, no parece ser propicio a la búsqueda sosegada del consenso.
Seguramente revisando la propia historia se puedan rescatar elementos con los que enfrentarse de forma más adaptada al tsunami neoliberal, oponiéndole el proyecto alternativo de un sindicato que se define como sociopolítico y reivindicativo.
Notas:
[1] http://www.ddooss.org/articulos