En la mañana del 6 de abril, España se rascaba el sarpullido del caso del máster de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. La erupción era cada vez más urticante, no solo para un PP acorralado y para una líder golpeada en plena ascensión, sino también para la moral de la comunidad educativa y la autoestima […]
En la mañana del 6 de abril, España se rascaba el sarpullido del caso del máster de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. La erupción era cada vez más urticante, no solo para un PP acorralado y para una líder golpeada en plena ascensión, sino también para la moral de la comunidad educativa y la autoestima del país. El caso habla de podredumbre política, pero también de la colonización -política e ideológica- del sistema educativo. Con las prácticas perversas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) salta, al tiempo, una duda más general: ¿qué ocurre con las universidades públicas?, ¿por qué se perpetúan unas dinámicas que, año tras año, mantienen unos niveles de endogamia, nepotismo y conexiones con el poder que amenazan a la independencia de uno de los órganos vitales de toda democracia: ese en el que se genera el progreso científico, social y cultural?
Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, recibió a CTXT en la sala Argüelles del Congreso de los Diputados. Corrían las 12 del mediodía. Pocas horas más tarde el rector de la URJC, Javier Ramos, iba a comparecer para confirmar que nada acredita que la alumna Cifuentes presentara su Trabajo Final de Máster, es decir, que mintió de frente y de perfil. Ramos también acusaría de mentir al director del máster de Derecho Autonómico, Enrique Álvarez, quien de buena mañana lo había acusado a él en Onda Cero de ordenar la reconstrucción de un acta falsa: la que exhibió Cifuentes en redes sociales durante los primeros compases del escándalo.
En ese papelucho aparecen tres firmas; al menos dos de ellas, falsificadas. La tercera pertenece a la secretaria Cecilia Rosado, que fue militante de Izquierda Unida y cercana a la órbita de José Antonio Moral Santín (implicado en las tarjetas black). «No la conozco personalmente», explica Garzón, «ella formó parte de IU-CM, que fue la federación que desfederamos en 2015 porque entendíamos que su defensa de Moral Santín y sus posiciones respecto a Bankia eran intolerables. Lo hicimos al poco de llegar a la dirección. Aquella organización, que ya no pertenece a IU, mantenía unas relaciones amables con el PP que tenían muchas aristas, y eso habría que investigarlo».
Investigarlo, ¿en qué sentido?
Esa organización estaba contaminada de prácticas clientelares en todos los aspectos, puede que el ámbito universitario fuera uno más. Nosotros, como consecuencia de nuestra visión política, rompimos con ellos. Rescatamos lo sano y reconstruimos IU de Madrid. Nos criticaron los medios, la derecha; nos llamaron de todo. Muchos de los integrantes de aquella agrupación después se reubicaron en el ámbito del PSOE, ahora parece que quieren hacer un acuerdo municipal con ellos… En otros casos, se les dio voz para que atacaran las posiciones de IU federal. A Libertad Martínez la colocó Ignacio González como tertuliana en TVE.
Justamente, Enrique Álvarez apuntaba hacia Rosado y hacia el rector como responsables últimos de la falsificación del acta… Parece que las versiones iniciales van alterándose.
La universidad se ha puesto nerviosa. Tuvo que pedir ayuda a la CRUE para investigar porque no se fiaba de sus propios mecanismos porque podían estar contaminados. Y, de pronto, cuando se investiga, sale a la luz que no ha habido tribunal ni acta ni posiblemente TFM. Ahora lo que estamos viendo es que, una vez judicializado el caso, personas como el director del máster se intentan bajar del carro como pueden. Sus palabras son, simplemente, un intento de defensa judicial.
Cifuentes dice que era la primera interesada en que se judicializara el caso…
Para decir lo que ha dicho Cristina Cifuentes, hay que tener la cara de hormigón. Ese es el resumen. Ella dice que ha puesto una querella, pero se la ha puesto a los periodistas que destaparon el caso. Cuando la universidad descubre que puede haber delito y lo manda a la Fiscalía es por otra razón, la misma por la que ella no quiere que este caso prospere. Cifuentes está acorralada por sus propias mentiras y no le va a quedar más remedio que dimitir o ser dimitida. Cualquier otra situación es insostenible.
Y al margen de Cifuentes, ¿qué sucede en la Rey Juan Carlos para que salgan escándalos a la luz cada cierto tiempo?
El problema del caso es lo que refleja de fondo: la relación entre el PP de la Comunidad de Madrid y la URJC. Es una relación cuantificable: hay subvenciones muy generosas, además de vínculos más informales con el partido: el profesor que apareció en la rueda de prensa [Pablo Chico de la Cámara] fue contratado por el Ayuntamiento de Pozuelo del PP; o, por ejemplo, quien era rector durante la época del máster [Pedro González-Trevijano] es magistrado del Tribunal Constitucional también a propuesta del PP… Existe una profunda politización.
Garzón se remonta a la fundación de la institución para encontrar el hilo que permite comprender las polémicas acumuladas durante sus poco más de 20 años de existencia. En 1996, Alberto Ruiz Gallardón promovió la creación del centro en una comunidad autónoma en la que ya existían cinco universidades públicas. A día de hoy, cuenta con un presupuesto de 154 millones anuales. «El PP creó la URJC para promocionar a personas otorgándoles un currículum formal y equivalente al de cualquier otra universidad con el fin de que puedan penetrar en todas las administraciones del Estado o en otros espacios: think tanks, en judicatura, en oposiciones… Se tejieron redes clientelares y los que las integran acaban favoreciendo a quien les dio origen. Eso es lo que nos encontramos en la salida rápida, temprana y mentirosa de la primera rueda de prensa. ¿Por qué se exponen tanto, qué tienen que ocultar para salir a defender a Cifuentes jugándose la plaza y el prestigio?», se pregunta.
La nómina de populares entre la docencia y los altos cargos es amplia. Se encuentran nombres como María del Mar Alarcón (cuñada de Francisco Granados), Margarita Cifuentes (hermana de la presidenta), Isabel Ruiz Gallardón (prima del antiguo jefe de Gobierno de la región) o Isabel Mayor Bastida (sobrina de Jaime Mayor Oreja). El escándalo más reciente fue la tonelada de plagios cometidos por Fernando Suárez, anterior rector y también conectado al PP. Poco tiempo antes de aquello, la institución se había resistido hasta el agotamiento ante quienes le pedían retirar la distinción honoris causa a un imputado Rodrigo Rato.
La conexión política se aprecia también en la Carlos III, que se asocia al PSOE; o en el caso de Somosaguas (UCM) que se asocia a Podemos, aunque aquí la universidad no nace por iniciativa del partido, sino que se gesta el partido dentro de la universidad… Mientras tanto, al margen del factor político, los campus están afectados de endogamia, nepotismo… ¿Qué ocurre con las universidades?
Hay una lógica clientelar que opera en todas las universidades. Dentro de los departamentos hay actitudes de clientelismo, de caciquismo; tiranías brutales. Ese tipo de procesos, como que un alumno realice un trabajo y lo firme el catedrático, son propios de lo que llamaríamos casta universitaria. Yo los he visto en las universidades en las que he estado como alumno y profesor, aunque hay notables excepciones.
Sin embargo, se habla poco de estos temas y cuando la izquierda defiende el universo educativo lo hace de una manera un tanto acrítica.
Eso revela la hipocresía de mucha gente. Conozco casos de investigadores que acaban teniendo que abandonar departamentos desplazados por esas lógicas clientelares, y los directores de esos departamentos son los que después dan las charlas más de izquierdas de cara al público. Muchas veces, promocionas solo si favoreces la línea del jefe.
¿Se refiere a la línea de investigación?
Sí, pero también la línea política. La relación entre director y el alumno puede hacer que el alumno no promocione independientemente de la calidad de su investigación. Esto es lo más grave. Una de las perversidades es que se acaba expulsando a quienes no tienen padrinos o a los que son buenos investigadores pero quieren mantener su independencia. Eso nos lleva a unos malos resultados académicos a pesar del enorme potencial que existe en nuestro país… Los manejos de la casta universitaria los conocíamos quienes habíamos estado dentro. Ahora, con el caso del máster, lo sabe toda la población.