En tanto portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano, y miembro activo de la Campaña por el Cierre de los CIE, Salva Lacruz conoce bien los Centros de Internamiento para Extranjeros, unos «agujeros negros» del estado de derecho -así los define- en los que se mantiene «presos» a […]
En tanto portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano, y miembro activo de la Campaña por el Cierre de los CIE, Salva Lacruz conoce bien los Centros de Internamiento para Extranjeros, unos «agujeros negros» del estado de derecho -así los define- en los que se mantiene «presos» a inmigrantes considerados «irregulares» (no disponen de permiso de residencia) mientras se tramita su expulsión. «En la práctica se trata de cárceles no reconocidas como tales, en las que reina la opacidad y donde con frecuencia se produce la represión policial y los malos tratos», asegura Lacruz.
Una definición oficial de los CIE podría ser la de establecimientos públicos no penitenciarios, donde la estancia tendría un carácter cautelar, y se salvaguardan los derechos fundamentales. Pero ¿Qué son realmente los CIE?
Son centros pensados para internar a inmigrantes en situación irregular, como medida cautelar previa a su deportación. Se les tiene presos únicamente por no contar con permiso de residencia. Sin que oficialmente estén considerados centros penitenciarios, funcionan como tales, es decir, como cárceles en las que se encierra a seres humanos que no han cometido ningún delito.
Recientemente ha fallecido la ciudadana congoleña Samba Martine, una interna del CIE de Aluche (Madrid), de 41 años, a la que no se atendió de una meningitis. ¿Es éste un hecho aislado?
Lo cierto es que no son frecuentes las muertes en estos centros, aunque sí ha habido algunos casos de suicidio. Ciertamente, estas muertes, aunque no se produzcan habitualmente, nos dan una idea clara de las condiciones de habitabilidad y de convivencia en el interior de los CIE. Son infernales.
¿En qué sentido? ¿Cómo es, por ejemplo, la relación con la Policía Nacional, encargada del control de los centros?
La relación con los «carceleros» (la Policía Nacional) es muy hostil; en ocasiones se han dado casos de torturas, malos tratos o castigos colectivos, y esto es lo más preocupante. Las personas inmigrantes malviven encerradas en celdas muy pequeñas y sin baño. Por la noche, de hecho, tienen que orinar en los lavabos de la celda. Los internos se han quejado muchas veces, también, de la calidad de la alimentación, que resulta muy deficiente y en ocasiones ha producido diarreas colectivas y otro tipo de crisis sanitarias.
¿Y la atención médica dentro de los CIE? ¿En qué condiciones se presta?
Es muy elemental. No existe la medicina preventiva ni la atención de enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo. En el caso de las urgencias, tampoco se atiende en las debidas condiciones. Sólo se produce un traslado a un hospital o centro externo en circunstancias muy graves. Además, la resistencia a sacar a los afectados es particularmente fuerte si las dolencias se deben a maltratos policiales. En cuanto a las garantías jurídicas, los problemas suelen presentarse cuando la detención del inmigrante se produce en una ciudad y se le traslada a un CIE de otra localidad. En estos casos, es frecuente que no dispongan de abogado. Ahora bien, hay casos como el del CIE de Valencia, donde el colegio de abogados está haciendo esfuerzos para que el turno de extranjería haga un buen trabajo.
¿Cómo es el día a día en un Centro de Internamiento para Extranjeros?
Se vive con una sensación permanente de claustrofobia, la propia de una cárcel. Imagínate a 150 personas presas, de nacionalidades diferentes, conviviendo únicamente con policías en una pequeña prisión, sin saber cuándo serás liberado o expulsado, y sin ninguna oportunidad de hacer algo en todo el día. Esto es un CIE. Los puntos de tensión son muy frecuentes. También la represión policial, que acaba en situaciones de malos tratos. Por ejemplo, ha habido casos de huelgas de hambre de determinados colectivos dentro de un CIE para exigir un trato digno.
¿Conocen las personas inmigrantes sus derechos?
A veces cuesta ponerse en situación para comprender sus circunstancias. Se trata de personas que, a menudo, sólo conocen de Europa una comisaría, un juzgado y un CIE; tampoco están jurídicamente bien informados, ni muchas veces saben por qué están presos, ni por cuánto tiempo (el máximo legal es de 60 días), ni cuándo se les deportará, si llegan a hacerlo. De hecho, se les suele informar de la expulsión la madrugada anterior a que se realice.
¿En qué condiciones desarrollan su trabajo las organizaciones sociales dentro de los CIE?
En el caso de Valencia, el juez de control del CIE emitió en abril un auto en el que reconoce a las organizaciones sociales el derecho a visitar a los presos del CIE sin limitaciones; sin duda esto supone una mejora para saber lo que ocurre allí dentro y para dar apoyo humano a los internos. Un auto similar se dio anteriormente para el CIE de Aluche, en Madrid. En el resto de centros no se ha conseguido un reconocimiento judicial para las visitas.
¿Cuántos CIE existen en España y cuántas personas permanecen internas? ¿Hay luz y taquígrafos al respecto?
En España hay 9 Centros de internamiento para Extranjeros reconocidos por el Ministerio del Interior, pero de manera oficiosa funcionan otros, sobre todo en la costa andaluza, en ciudades como Algeciras, Tarifa o Almería, en los que se encierra a personas que llegan en pateras. Algunos estudios apuntan que dos tercios de las personas ingresadas en los CIE acaban siendo expulsadas. En 2010 fueron deportados más de 30.000 inmigrantes, excepto aquellos devueltos directamente en frontera (unos 10.000), los demás pasaron antes por un centro de internamiento . No obstante, la opacidad respecto a las cifras es total.
La problemática de los CIE se inserta, por lo demás, en un contexto de auge de los discursos xenófobos y formaciones políticas de extrema derecha, en España y en Europa
En el caso español, pienso que más que los cuatro partidos de extrema derecha que puedan estar activos, el gran problema lo representan el PP y el PSOE. Los dos grandes partidos comparten un modelo migratorio basado en la instrumentalización de personas extranjeras como mano de obra barata, y al que sobra se le expulsa. El problema es, en fin, el gran número de votos que concentran estos partidos y el modelo de gestión de la inmigración que defienden.
¿Temes que el PP endurezca tras su llegada al poder la Ley de Extranjería?
Me preocupa sobre todo la posibilidad de que, como anunció el PP antes de las elecciones, hagan inoperante el sistema de arraigo social, lo que supondría mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad; esto supondría, por un lado, más explotación laboral y malvivir en la economía sumergida sin ningún derecho; y, además, vivir a expensas de la represión y con el riesgo de ser deportado en cualquier momento.
¿En qué consiste el arraigo social? ¿Cuál es su relevancia?
Se trata de una figura recogida en la Ley de Extranjería que permite acceder al permiso de residencia y regularizar la situación en el estado español. ¿Cómo? Básicamente, demostrando que se lleva tiempo viviendo en el país, la integración en el mismo y la opción de un contrato laboral que se haga efectivo en caso de que se conceda el «arraigo». Me gustaría subrayar la relevancia de esta figura jurídica. Durante décadas ha sido la vía principal de regularización de las personas inmigrantes.
Entretanto, continúa la lucha. ¿Qué balance haces de las campañas y movilizaciones por la clausura de los CIE?
No hemos de caer en la autocomplacencia pero pueden destacarse algunos logros. En los dos últimos años hemos empezado a introducir en la agenda política cuestiones como las redadas policiales contra personas inmigrantes, control policial de las fronteras, internamientos en CIE y deportaciones; En ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona y Málaga, aunque no sólo, se ha desarrollado un trabajo colectivo muy sólido; además, en otoño se dieron los primeros pasos para impulsar una campaña estatal para exigir la clausura de los CIE.
La Reforma de la Ley de Extranjería de 2009 establece la aprobación de un Reglamento sobre los CIE. ¿Qué opinan las organizaciones sociales?
En este punto quiero ser muy claro. Pedimos el desmantelamiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros porque vulneran de modo flagrante los derechos humanos. Ahora bien, mientras existan, que funcionen con un mínimo de reglamentación. Pero, que quede muy claro, no abogamos por unos CIE reglamentados, sino por su desaparición.
¿Contáis con el apoyo de partidos políticos?
En la campaña de Valencia hemos recibido el apoyo de formaciones de izquierda, como Compromís, Izquierda Anticapitalista y, principalmente, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU), que nos ha prestado su apoyo desde las instituciones y además forma parte de la campaña.
Por último, ¿Pensáis en la negociación con las instituciones?
Nuestra campaña se desarrolla fundamentalmente en la calle, pero estamos abiertos a la negociación institucional. Pese a que las políticas del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno resultan inaceptables, hay que dialogar con ellos porque, mientras los CIE permanezcan abiertos, existen unos derechos vulnerados y un sufrimiento humano que debemos paliar. Queremos reunirnos con la nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana para trasladarle nuestra preocupación por el funcionamiento del CIE de Zapadores. Con sus antecesores en el cargo no ha sido posible.
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