Los días 23 y 24 de mayo ha tenido lugar en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Bilbao) el Encuentro de Plataformas de Pensionistas y Sindicatos, organizado por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), bajo dos grandes epígrafes: “por la Europa social de los pueblos” y “pensiones públicas dignas y suficientes”.
En el encuentro han participado (o se han adherido al mismo) plataformas de pensionistas y organizaciones sindicales de todo el Estado español, se ha contado con la presencia de sindicatos del Estado francés Solidaires, CNT y de Iparralde (País Vasco bajo administración francesa), así como del sindicato alemán Verdi. La participación del movimiento sindical y social de Euskal Herria ha sido muy importante: todas las organizaciones sindicales más representativas, salvo CCOO y UGT.
El MPEH, que en el pasado ha participado activamente en las movilizaciones unitarias de las plataformas de pensionistas del Estado español -a destacar las realizadas en Madrid ante el Parlamento y en Bruselas-, ha favorecido este encuentro para reforzar esa unidad y ampliarla, en lo posible, al espacio europeo. Cobra esto importancia particular en estas fechas en que van a celebrarse elecciones europeas.
Aunque la situación de los sistemas de pensiones en los diferentes pueblos europeos no es homogénea, las ricas intervenciones y su reflejo en el acuerdo unitario de las organizaciones participantes (ver aquí),subrayan muchos elementos comunes de las reformas que se están imponiendo en relación con las pensiones y los sistemas públicos de reparto: la reducción progresiva de las prestaciones de los sistemas públicos de pensiones (SPP), consecuencia tanto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y del aumento de la precarización del empleo como de las reformas legislativas; el establecimiento de pensiones mínimas muy insuficientes y cada vez más desvinculadas de los salarios mínimos en vigor en cada Estado; la perpetuación de la brecha de género en la cuantía de las pensiones, que se sitúa entre el 30% y 40%, así como una diferencia importante en el acceso a las pensiones de jubilación; la reducción de la tasa de reemplazo de las pensiones y aumento de las ventajas fiscales y de cotizaciones sociales para promocionar las pensiones privadas; la imposibilidad de acceso al sistema de pensiones de una parte importante de migrantes desprovistos de los permisos de residencia y de trabajo.
En coherencia con este análisis, el citado acuerdo final propone un cuadro de demandas concretas como la mejora de los sistemas públicos de pensiones, el aumento de las tasas de remplazo entre salario y pensión especialmente de los salarios más bajos, la derogación de los aspectos regresivos de determinadas reformas, la demanda de un programa efectivo para derogar la brecha de género y el acceso a pensiones decentes a las personas que no tienen la nacionalidad de ningún Estado miembro de la Unión Europea.
Se recogen, también: la inclusión como derecho fundamental, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, de las pensiones públicas de reparto; la incorporación en la Carta Social Europea revisada (CSEr) del derecho a una pensión pública mínima con los criterios de suficiencia marcados para el SMI y la obligatoriedad para los Estados del cumplimiento de lo establecido en el art. 12 de la CSEr de 1996 respecto a “mantener el régimen de Seguridad Social a un nivel satisfactorio”. Además, se plantea la derogación del Reglamento europeo 2019/1938 que regula los (PEPP), planes paneuropeos de pensiones individuales privadas, para desarrollar las cuales la Comisión Europea ha propuesto que los Estados les apliquen el mismo trato fiscal que a los productos estatales ya existentes aunque los PEPP no cumplan los criterios estatales de desgravación fiscal.
Estas demandas serán presentadas al Parlamento Europeo, a la Comisión y a los distintos parlamentos de los Estados europeos para su cumplimiento efectivo. Es una acción necesaria, aunque se tengan dudas más que fundadas sobre que las instituciones europeas y de los propios Estados vayan a adoptar medidas para su cumplimiento real.
Valga, como ejemplo, la siguiente consideración sobre la pobreza de las mujeres. Como recoge el propio acuerdo final del encuentro «el riesgo de pobreza y exclusión social en 2020 era del 22,9% entre las mujeres y del 20,9% entre los hombres. Es necesario el efectivo cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de Julio de 2022 sobre la pobreza de las mujeres en Europa que reclama a la Comisión Europea y a los Estados miembros un programa de actuación para 2030 con objetivos concretos para luchar contra la brecha de género.” Pues bien, es inaceptable que las nuevas normas de transparencia salarial como la de marzo de 2023, o la resolución de enero de 2021 sobre la estrategia de la Unión Europea para la igualdad de género, o la exigencia de los diputados para abordar el problema de las pensiones más bajas para las mujeres, estén teniendo un efecto inapreciable para reducir la brecha de género por la inacción de la CE a la que van dirigidas estas demandas.
En consecuencia, el compromiso de todas las organizaciones representantes, con palabras recogidas en su acuerdo final es claro: “hacemos pública nuestra determinación de hacer frente de manera compartida a las reformas de los sistemas de pensiones que se están imponiendo tanto desde las directivas y recomendaciones de la Comisión Europea como desde los Estados.” Directivas y recomendaciones que pretenden volver al pasado previo a la pandemia de la covid en el que la prioridad era la contención del gasto público social y los recortes salariales y de impulso a las pensiones privadas de capitalización.
En todas las intervenciones expuestas en el encuentro de Bilbao, se ha tenido en cuenta, en ese sentido, que se han podido frenar medidas que eran atentados brutales como la pretendida por la ministra de Empleo y Seguridad Social de decretar aquella insultante subida de un 0,25€ a 8´5 millones de pensionistas, o anular medidas como la derogación del llamado “Factor de Sostenibilidad” del Gobierno Rajoy que iba a reducir de forma importante y acumulativa las nuevas pensiones de jubilación en paralelo al aumento de la esperanza de vida, o incluir determinadas mejoras como el aumento de las pensiones mínimas en cuantía superior a la inflación entre 2024 y 2027.
Se ha tenido en cuenta todo eso, sin olvidar que no se ha conseguido aún la pensión mínima de 1.080€ con carácter inmediato y su ligazón con el Salario Mínimo Interprofesional, ni cerrar la brecha de género en el sistema de pensiones. Pero como se manifestó en el comunicado final del encuentro: “Las personas pensionistas con la movilización no sólo hemos conseguido frenar los ataques contra los sistemas públicos de pensiones, también hemos recuperado nuestra identidad colectiva; no han conseguido aislarnos con nuestros achaques sin más interés que observar cómo pasa la vida sentados en la puerta de nuestras casas.”
En ese sentido y para dar mayor fuerza unitaria a la defensa de todas esas demandas, las organizaciones participantes hacen un llamamiento a realizar una movilización compartida en el conjunto de los pueblos de la Unión Europea, cuya fecha y contenido se concretará en los próximos meses.
El acuerdo final del encuentro está abierto a la adhesión de cuantas organizaciones de pensionistas y sindicatos europeos que lo quieran suscribir.
Mikel de la Fuente es profesor jubilado en Derecho del Trabajo de la UPV/EHU. Militante del movimiento pensionista y estudioso de las pensiones. Forma parte de la redacción de la web de viento sur.
Petxo Idoiaga es director de Combate, semanario de LCR desde su legalización hasta 1981; fue catedrático en Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU; es articulista en viento sur y miembro de la redacción de su web.
Fuente: https://vientosur.info/encuentro-de-plataformas-de-pensionistas-y-sindicatos/