Entre la espada del Estado y la pared de ETA

ETA lleva unos cuarenta años de existencia, y ha agotado ya (hace tiempo) un ciclo histórico que intenta prorrogar inútilmente1. Lo peor en estos casos es no saber desaparecer a tiempo, y en las mejores condiciones posibles, sobre todo de acuerdo con los objetivos por los que surgió y ha perdurado hasta ahora. Y eso suponiendo que alguna vez debiera haber iniciado su andadura, que es mucho suponer, para enfrentar un conflicto político-territorial con el Estado español, enquistado gravemente desde hace más de un siglo. Pero su existencia es hoy un enorme lastre para las justas demandas de sectores importantes de la población vasca, y en especial de la izquierda abertzale, para los movimientos emancipadores del conjunto del Estado, para su entorno más inmediato, en especial sus más de 600 presos, así como sus familiares y amigos, y en definitiva para ella misma. Hoy en día un número bastante menor de militantes que los miembros de ETA en las cárceles. Es más su existencia sólo está beneficiando a los sectores más reaccionarios, y está favoreciendo y legitimando el reforzamiento y endurecimiento del Estado español a todos los niveles. Todo ello ha ido haciéndose cada día más patente a lo largo de las dos últimas décadas, se ha acelerado con el cambio de siglo, en especial tras el 11-S, y ha explotado ya a partir del 30 de diciembre junto con la bomba de Barajas, cuando ETA ha cometido un inmenso error político, además (y principalmente) de matar a dos ciudadanos ecuatorianos. ETA ha certificado ya en la T-4 su muerte en vida. Y eso sin hablar de las valoraciones éticas y morales que nos debe merecer una actividad armada que en todo este periodo ha cosechado más de 800 muertos, así como miles de heridos, algunos gravemente lesionados de por vida, muchos de ellos víctimas «colaterales». ETA ya sólo puede desaparecer, no tiene otra opción, y es bueno que lo haga cuanto antes, y a iniciativa propia, por el bien de todos, incluso de ella misma. Esta afirmación para nada intenta eximir de responsabilidades al gobierno en relación con la crisis del así llamado «proceso de paz», cuando éste ha sido uno de los causantes de su parálisis y su crisis. Y ahora es preciso también que entre todos y todas ayudemos a desbloquear esta sinrazón, que nos afecta al conjunto de la sociedad, para poder caminar hacia otros mundos posibles. Nos va nuestro futuro en ello. Intentemos sustentar estas valoraciones.

La época de «esplendor» de ETA

En los 70, cuando el que suscribe este texto iniciaba su implicación político-social, ETA era una referencia importante en la lucha antifranquista, y los objetivos de su lucha concitaban amplios apoyos en la izquierda de todo el Estado español. Además, la represión franquista se cebó especialmente en Euskadi. El espectacular atentado contra Carrero Blanco quizás marcó el cenit de esa aureola. Eran unos años en los que existían diversas expresiones de lucha armada en otros países de Europa occidental (IRA, Rote Armee Fraktion -RAF- y Brigadas Rojas -BR-, principalmente) cuya actividad se refuerza con el reflujo del ciclo de luchas del 68. Ciclo de luchas que tuvo una dimensión mundial. El IRA y ETA surgen como organizaciones armadas de carácter independentista, definiéndose como nacionalistas de izquierda, no así la RAF y las BR, que se proclaman como internacionalistas y vanguardia de choque del proletariado, respectivamente. Todas ellas buscaban provocar la lucha y la insurgencia popular con su actividad. La izquierda radical de Europa occidental, a pesar de las diferencias que pudieran tener con las organizaciones armadas, miraba con simpatía, y hasta admiración en muchos casos, a las organizaciones implicadas en dicha lucha. Existía un mito considerable de la lucha armada, tal vez por la existencia también de abundantes luchas guerrilleras de liberación nacional en el «Tercer Mundo» en dicha época. En particular en América Latina, donde hasta los 80 se desarrollan múltiples experiencias guerrilleras de lucha antiimperialista (el fin exitoso de ese ciclo sería la revolución sandinista, 1979). Y su icono fue el Ché Guevara. Muchas de estas expresiones armadas contaban con el apoyo directo o indirecto de la URSS, y de otros países del llamado «socialismo real» (entre ellos, Cuba).

Los 70, y primeros 80, serían los «años de plomo» de la represión estatal en Europa occidental contra la lucha armada, pero también contra todo el importante movimiento antagonista que se movía contra el Estado y el capitalismo de la época, en fuerte crisis por aquel entonces. El caso de Italia es paradigmático, pues con el pretexto de la lucha contra las Brigadas Rojas, se arrasa y se criminaliza a toda una generación de activistas, y se descabeza a un enorme movimiento social antagonista. Las garantías del Estado de Derecho y las libertades sufren un serio quebranto, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo. El «Estado Social» que había surgido tras la Segunda Guerra Mundial, se endurece bruscamente, pues era demasiado «democrático»2, sobre todo allí donde operaban las principales organizaciones de lucha armada (Alemania Occidental, Italia, Gran Bretaña). La lucha «antiterrorista» ayuda a legitimar de cara a la opinión pública este endurecimiento que iba mucho más allá de la represión contra las organizaciones armadas. Sin embargo, esta reflexión parecía un anatema formularla, pues se decía, que en cualquier caso ese endurecimiento hubiera tenido lugar. Sí, por supuesto, pero hubiese sido mucho más difícil implementarlo. Y este endurecimiento se va extendiendo poco a poco por toda Europa occidental, aunque con diferentes ritmos.

En el Estado español íbamos un poco más desfasados en ese ciclo, pues el Franquismo fenecía de muerte natural, y una inmensa energía social de nuevo poder constituyente emergía con una fuerte ansia y voluntad de cambio. Y los poderes establecidos, que se ven obligados a «refundarse» (en continuidad), se dedican a encauzarla poco a poco hacia las instituciones de la democracia representativa. Esta tarea no fue fácil para ellos y llevaría años domesticar y desarticular el antagonismo social, pero se vio ayudada también por la irrupción del modelo consumista desde mediados de los 80, y la individualización de la dinámica social promovida por la Aldea Global y la postmodernidad. Sin embargo, en la transición política la lucha por las libertades consigue una amnistía para los presos políticos, incluidos los de ETA, y los postulados de la lucha nacionalista emancipadora logran alcanzar un eco notable en la izquierda de todo el Estado español. Al mismo tiempo, se establecen fuertes lazos entre el Movimiento de Liberación Nacional Vasco -MLNV- y la izquierda radical de la época en todo el territorio estatal. En esos años ETA, y el MLNV, cosechaban además múltiples simpatías y apoyos en la izquierda más consecuente de toda Europa occidental, y en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina. ETA decide continuar con la lucha armada después de que la Constitución Española -1978-, aprobada sin legitimidad en Euskadi, pues tan sólo un 30% del censo electoral votó «SÍ», dejara sin resolver el conflicto político vasco; aunque posteriormente el Estatuto de Gernika (apoyado por el PNV, y en el que se abría la posibilidad a una futura incorporación de Navarra, si así se refrendaba conjuntamente) cosechó una mayoría raspada, con el 53% de votos afirmativos de las personas con derecho a voto. Y tras una fuerte escalada de atentados contra las instituciones garantes del orden público y político del Estado, y en especial contra el Ejército español, se llega al intento del golpe de Estado de 1981, de donde sale una democracia endurecida («Pacto del Capó»), al tiempo que se ingresa por la puerta de atrás en la OTAN, previo a la llegada de Felipe González al gobierno.

La crisis de la lucha armada (emancipadora) en «Europa», y en el mundo

La RAF y las Brigadas Rojas, sin apoyo social tras ellas, son desarboladas por la represión estatal en los 80, aunque no desaparecerán formalmente hasta los noventa. El comunicado de disolución de la RAF es un interesante y valiente documento de autocrítica sobre los límites de la lucha armada en Europa occidental, y del camino sin salida al que habían llegado. Algo así ocurrió en sectores de las Brigadas Rojas, además del fenómeno de los arrepentidos que incitó, explotó y manipuló el Estado. Eran los noventa, cuando predominaba en el mundo la «globalización feliz», tras la caída del Muro, las «revoluciones de terciopelo» en el Este, y el colapso de la URSS. La quiebra del llamado «socialismo real» se llevaría también por delante una gran parte de las luchas guerrilleras en América Latina, especialmente en Centroamérica, donde se entra en los llamados «procesos de paz», en el nuevo capitalismo unipolar comandado por la hiperpotencia estadounidense. EEUU también promueve estos cambios, y la vuelta a las «democracias» en América Latina, después del ciclo de dictaduras militares que había fomentado previamente, y que habían logrado sentar las nuevas bases para la globalización neoliberal en la región, arrasando con gran parte de las organizaciones armadas existentes (aunque bajo cuerda continua en muchos casos impulsando la «guerra sucia»). Las luchas guerrilleras en este nuevo contexto entran en general en una profunda crisis de identidad y legitimidad3, y además muchas de ellas pierden su apoyo externo. De ahí su aceptación también de los «procesos de paz».

Mientras tanto, en España, el idilio entre la izquierda radical y el mundo de ETA se rompe tras el tremendo atentado de Hipercor en Barcelona -19874– (mucho antes se había producido un distanciamiento muy claro, tajante, de la izquierda institucional), y a partir de ahí dicha relación entra en una creciente barrena debido a la actividad armada cada día más indiscriminada de la organización. Asimismo, el brutal atentado en el barrio obrero de Vallecas -19955-, y los asesinatos de Yoyes -1986- y sobre todo de Miguel Ángel Blanco -1997-, serían hitos claves también de este enorme deterioro de la imagen de ETA en una izquierda radical de viejo cuño que entraba también en una profunda crisis, al tiempo que surgían nuevos movimientos sociales alternativos (okupación, insumisión, etc.) que se distancian cada vez más del mito de la lucha armada, y van ampliando su crítica a la nueva deriva de ETA. Eso incide decisivamente en la voladura de los puentes del MLNV con la izquierda más consecuente del Estado, al tiempo que se acentúa aún más la dependencia de la izquierda abertzale de todas las locuras que acomete la organización armada, incapaz de distanciarse mínimamente de la tutela de ETA, lo que facilita su demonización mediática y erosiona muy gravemente la legitimidad de sus demandas fuera de Euskadi. El asesinato de Miguel Ángel Blanco va a marcar también un antes y un después en la criminalización mediática de la izquierda abertzale, y no sólo de ETA. Toda la potencia del manejo de los poderosos medios de comunicación se pone al servicio de generar y visualizar una vinculación y asimilación creciente entre Herri Batasuna y ETA, lo que a su vez redunda en una aún mayor pérdida de apoyos en el resto del Estado.

Pero esta pérdida de apoyos a escala estatal parece que no le importa a la izquierda abertzale, debido al chovinismo nacionalista de muchos de sus dirigentes, y al menosprecio que tales cuadros manifiestan hacia lo que acontece del Ebro para abajo. La lucha contra el Estado español parece que se plantea como una lucha contra la (pluralidad de la) sociedad española, fuera de las nacionalidades históricas, y aún dentro de éstas. Todo ello va a permitir que el peso de la represión estatal caiga con enorme fuerza sobre ella sin suscitar prácticamente solidaridad a escala estatal (sobre todo cuando se encarcela a la cúpula de Herri Batasuna, en 1998), al tiempo que se van reforzando las posturas y los discursos más «españolistas». Pero como suscitar la simpatía en el resto del Estado español hacia las demandas vascas parecía que no valía la pena, que no tenía importancia estratégica, pues «palante» con los faroles, caiga quien caiga. Y además, el endurecimiento estatal que todo ello conlleva, y que se legitima en nombre de la lucha contra el terrorismo, va a ayudar a los poderes fácticos a utilizar la legislación de excepción también contra los movimientos sociales antagonistas, dentro y fuera de Euskadi. A este respecto, dentro de Euskadi se da una considerable movilización social fuera del mundo de la izquierda abertzale (sectores autónomos, libertarios, gaztetxes, movimientos de mujeres, rock radikal vasco)6, que sufre también muy especialmente la represión estatal en dicho territorio.

Mientras tanto, en los noventa, el estallido de la ex-Yugoslavia en múltiples y muy graves conflictos nacionalistas interétnicos, así como la irrupción o reaparición de los nacionalismos de derecha y ultraderecha en Europa occidental, hacen que las reivindicaciones nacionalistas pierdan halo emancipador y legitimidad en Europa occidental, al tiempo que se avanza hacia sociedades cada vez más cosmopolitas y multiculturales. En este contexto, el IRA apuesta por el abandono de la lucha armada, desde mediados de los noventa, y entra en un proceso de negociación que duraría años. Una negociación muy compleja pero que goza del apoyo de importantes actores externos, incluido el EEUU de Clinton y el gobierno irlandés, que se desarrolla sin utilización partidista por parte de los principales partidos británicos, y que además pilotaba con mano firme el Sinn Fein. Era éste el que tenía una importante iniciativa en el proceso, no tanto el IRA, a pesar de los episodios turbulentos que tuvo que sortear la rama política (atentado en la City de Londres), y sobre todo los ocasionados por algunas de sus escisiones (la masacre del atentado de Omagh, por parte del «IRA-auténtico»). Aun así, los objetivos pragmáticos que se pretendían alcanzar quedan bastantes de ellos por el camino, y eso que el Sinn Fein es un movimiento político de gran implantación social (mucho mayor que Batasuna), y que contaba con esa situación favorable y los apoyos externos mencionados. La decisión del IRA agudiza la crisis de la lucha armada en Europa occidental, convirtiéndose ya en una crisis terminal. No en vano el IRA era el principal grupo, con mucho, que se había embarcado en ella. Igualmente, la expansión del desorden de la conflictividad armada no antagonista a escala mundial (crimen organizado y mafias de todo tipo, narcotráfico, señores de la guerra en «Estados fallidos», etc.) erosiona también la imagen y la épica de la lucha armada.

Pero el mito de la lucha armada se evapora definitivamente en los sectores sociales emancipadores más activos, con la irrupción en escena del llamado movimiento antiglobalización, que enlaza con los nuevos contenidos y formas de la lucha zapatista. Una organización armada que intenta «mandar obedeciendo», y de autodefensa, que no pega tiros, que se retira rápidamente de la primera línea tras su irrupción en enero de 1994, dejando el protagonismo a las estructuras civiles, y con un discurso de extracción indígena pero muy universal y rupturista al mismo tiempo; y que por ello consigue una enorme repercusión mundial, aparte de ocasionar un verdadero terremoto político en México, en donde cultiva y mantiene una relación intensa con la gran diversidad de expresiones antagonistas que allí se manifiestan, y es más, que sale de Chiapas a conocerlas y a intercambiar experiencias de luchas con ellas («La Otra Campaña» es un muy buen ejemplo de ello). El nuevo movimiento global, enormemente plural, se basa sobre todo en la desobediencia civil y la no violencia activa, como mejor forma de desenmascarar la violencia estructural (en ascenso) de los Estados, y de ganarse para su causa a amplios sectores de la sociedad. Más tarde, la irrupción de los Foros Sociales Mundiales, y los Foros Sociales Regionales planetarios, acentuaría esa dinámica, y en ellos los representantes del MLNV se ven cada vez más incapaces de suscitar atención hacia sus discursos, aparte de cosechar crecientes críticas por su seguidismo con la lucha armada de ETA.

ETA cada día más sola y cuestionada, y cada vez más funcional a los intereses del poder

Esta situación de desprestigio internacional de la actividad de ETA se acentúa después del 11-S, por el creciente rechazo desde los sectores emancipadores al militarismo y «policialización» en ascenso al que nos conduce el «Choque de Civilizaciones», al que nos quieren llevar las fuerzas del «Bien» y del «Mal». Además, las fuerzas del «Mal», con el megaatentado de las Torres Gemelas, y las acciones tremendas y espectaculares posteriores, dejan empequeñecido hasta límites que rozan lo ridículo la política y la capacidad de «socializar el sufrimiento» de ETA, que había vuelto a la lucha armada con ese lema tras romper la tregua anterior (1999), tras el Pacto de Lizarra, iniciándose una aguda escisión entre nacionalistas y no nacionalistas. Pero el poder letal nihilista que le da al llamado «terrorismo islámico» su capacidad de autoinmolarse, hace que los gudaris de ETA parezcan a su lado «hermanitas de la caridad» metidas a matones, al tiempo que se encumbra como máximo icono mediático de la lucha armada no el Ché, sino Bin Laden.

La tregua de finales de los noventa había despertado importantes expectativas en todo el Estado, y por supuesto en Euskadi, permitiendo a la izquierda abertzale ampliar sensiblemente su esfera de influencia (creación de Euskal Herritarrok -EH-, y gran éxito electoral subsiguiente). Pero la vuelta a la actividad armada de ETA, nunca explicada, matando ahora a cargos electos del PP y del PSOE, sume en una crisis importante a la izquierda abertzale (fin de EH, -re-creación de Batasuna), provoca una fuerte caída de votos, y se producen las primeras deserciones de ese mundo (Aralar), que son ampliamente criticadas desde su interior. Es más, parece como si estos abandonos se convirtieran en muchos casos en el enemigo principal a batir. Mientras tanto, la capacidad del nuevo PP, con mayoría absoluta (¿hasta qué punto la vuelta a la actividad armada de ETA contribuyó a este resultado?), para endurecer aún mucho más el aparato del Estado, y para magnificar mediáticamente, hasta extremos inconcebibles, el mensaje «antiterrorista», le permite la aplicación con renombrada legitimidad social de una de las legislaciones de excepción más restrictivas de Europa, al tiempo que le posibilita acentuar un mensaje «españolista» cada vez más rancio, que va calando cada día más en el cuerpo social. Y una gran parte de la opinión pública cada vez está más de acuerdo con el «a por ellos» del PP, y con el endurecimiento de las penas (cumplimiento íntegro de las mismas), que acaba afectando a toda la población carcelaria (más de 60.000 presos «comunes»). En este nuevo marco, la actuación del Estado sobre la izquierda abertzale se recrudece, al tiempo que el poder judicial aplica la doctrina Garzón, que permite criminalizarla bajo el lema «todo es ETA». Y, adicionalmente, la creación y manipulación de organizaciones de víctimas del terrorismo, echa aún más leña al fuego en todo este aquelarre de linchamiento social del mundo abertzale.

La España de Aznar se va a convertir en el país líder de la legislación represiva a escala europea, y además ésta va a contar con el apoyo del PSOE (Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, Ley de Partidos)(2000), que teme quedarse atrás en esta carrera, y que se le pueda escapar gran parte del voto de las clases medias del mismo Ebro para abajo, donde se pierden o se ganan las elecciones a escala estatal. A partir de ahí, se ilegaliza Batasuna (2002) sin excesivos problemas de «orden público» en los territorios vascos, y con muy escasas muestras de solidaridad en el resto del Estado, salvo la denuncias puntuales que pueden (podemos) hacer «cuatro locos». Lo que ocurre en Euskadi cada vez trae más al pairo al resto de lo que se mueve emancipadoramente a escala estatal, que además sufre en sus propias carnes un marco legislativo y policial cada vez más represivo. Es más, se vincula a sectores del movimiento de okupación en Cataluña con la organización ETA, a través de la figura «colaboración con banda armada», y lo mismo acontece en otros casos. Más tarde, tras el 11-S, el gobierno español va a cumplir un papel decisivo a escala comunitaria para impulsar el endurecimiento de la legislación antiterrorista de toda la Unión, que bajo el pretexto de la lucha contra el «terror» va a dotar a los Estados de un nuevo elenco de instrumentos represivos contra los movimientos sociales emancipadores, y contra la inmigración7. Este nuevo marco va a permitir declarar a Batasuna organización «terrorista» a escala de la Unión, lo que va a secar un importante caledero de apoyos institucionales para los pretendidos objetivos de la izquierda abertzale. Se acabó su presencia en Bruselas. Y ya tiene a toda la Eurocámara en contra. Además, Aznar logra introducir dentro del proyecto de Constitución Europea no solamente todo el nuevo marco represivo, que se comunitariza por primera vez en la historia de la Unión en dicho texto, sino la futura intangibilidad de las fronteras de los Estados, poniendo aún más difícil la resolución del conflicto político vasco.

El «alto el fuego permanente», la parálisis institucional y el gran fiasco del 30-D

En marzo de 2006, ETA anunciaba un «alto el fuego permanente», que despertó unas enormes expectativas de paz, y que fue posible por el cambio de coyuntura política creada a nivel estatal tras la llegada de Zapatero al gobierno el 14-M. El macroatentado del 11-M, que causó casi 200 víctimas y miles de heridos (¡eso sí que es capacidad de «socializar el sufrimiento»!), tuvo al menos el efecto colateral positivo de la reacción ciudadana, y la pérdida del gobierno del PP por intentar atribuir el atentado a ETA, manipulando a la opinión pública. Pero el tiro le salió por la culata, provocando una verdadera rebelión ciudadana en todo el Estado (incluido del Ebro para abajo, ese espacio tan poco valorado para los procesos de cambio en Euskal Herria). El 13-M miles de personas salieron a la calle en muchas ciudades españolas, en especial en Madrid, exigiendo «¡Queremos saber la verdad!» y «¡Mañana votamos, mañana les echamos!» Y el 14-M una participación electoral excepcional echó al PP de la Moncloa. El PP no le ha perdonado al PSOE esta victoria, a su juicio desleal y no democrática (pues cuanto menos se vote, más democrática parece que es una elección, según Génova). Y desde entonces no ha hecho sino difundir mediáticamente teorías conspirativas acerca de una fantasiosa vinculación ETA-AL QAEDA, que han ido arraigando cada vez más entre su electorado más fiel (al que se le moviliza ahora también para «saber la verdad»), y que más allá de él está contribuyendo también a desprestigiar adicionalmente la lucha armada de ETA y por extensión al mundo de la izquierda abertzale. Seguramente el próximo juicio sobre el 11-M profundizará en esta ceremonia de la confusión, e industrialización de la mentira.

El nuevo ejecutivo del PSOE posibilitó en 2005 el acuerdo parlamentario sobre un fin negociado con ETA, en ausencia de violencia, que abriría la puerta al comunicado de la organización de marzo pasado. Pero la actitud del PP, tras un momento de parálisis inicial, por la muy positiva reacción ciudadana al comunicado, ha sido de un acoso increíble e in crescendo al gobierno (jaleado también por una muy importante movilización de toda la derecha sociológica, bajo el lema «En mi nombre NO», impulsada por la AVT, El Mundo y la COPE). Lo cual provocó una creciente parálisis en el ejecutivo. El resultado fue que éste no adoptó ninguna medida significativa para la resolución del conflicto, si bien parece que se habían iniciado ciertos contactos entre las partes implicadas, que sufrieron entorpecimientos internos por el orden de los factores. Es decir, mesa de partidos (y en concreto, debate sobre «territorialidad» y «derecho a decidir») versus diálogo gobierno-ETA. Pero ello redundó en que ni se tomó ninguna mínima medida para el acercamiento de los presos por parte del gobierno (es más, éste se jactó públicamente de haberse movido menos que el gobierno Aznar), ni se inició la mesa de partidos en Euskadi, y además han seguido durante todo este tiempo los juicios contra el entorno abertzale (macrosumario 18/98 -y más-; una verdadera aberración jurídica, que vulnera además derechos civiles y políticos), así como la criminalización y persecución de Batasuna, aparte de detenciones ocasionales de miembros de ETA. El poder judicial, en gran medida tomado por la derecha, ha contribuido decisivamente a ello, aplicando sin contemplaciones el entramado jurídico de excepción de la última etapa de Aznar, la doctrina Garzón, y el endurecimiento de las penas aprobado (doctrina «Parot» y caso De Juana Chaos8). Por otro lado, el apoyo al «proceso de paz» de los sectores de la llamada sociedad civil fue en general muy débil en todo el Estado, y hasta difícil de expresar en el propio Euskadi, en donde cabe destacar el papel jugado por la iniciativa de Voces de Mujeres por la Paz (Ahotsak) en este periodo. Una iniciativa muy plural e interesante de mujeres destacadas de todo el abanico político-sindical, al que se habían sumado recientemente mujeres del movimiento feminista en Euskadi, y de la que tan solo están ausentes las mujeres del PP.

En estas circunstancias, ETA y el propio entorno abertzale, o los sectores más «duros» dentro de ellos, fueron tensando la cuerda (tiros al aire en actos públicos por parte de encapuchados, robo de pistolas, desplantes de Txapote, kale borroka), con métodos que no provocan precisamente apoyo social, y que proporcionan más munición a la estrategia rupturista de la derecha. La ausencia de visión política de estos actos fue tan total, que el robo de pistolas tuvo lugar justo antes de que el Parlamento Europeo votara la proposición socialista a favor del «proceso de paz», y estuvo a punto de perderse a causa de ello. El resultado final de este crescendo fue el atentado de ETA del 30-D, totalmente imprevisto por todas las partes implicadas, incluidos el gobierno y la propia izquierda abertzale. Una vez más, como desde la primera ruptura de la tregua de Argel (1989), y en la ruptura de Lizarra (1999), la rama militar se imponía sin contemplaciones al movimiento político de la izquierda abertzale. ETA ha demostrado con esta acción no solo una tremenda miopía política, sino que Batasuna le trae sin cuidado. Es más, en este periodo ETA ha estado haciendo recriminaciones y ataques públicamente a la izquierda abertzale por la conducción del proceso, cuando ésta sufre la situación en carne propia; así como ha criticado a los que en izquierda abertzale critican el tutelaje de ETA. Y lo peor es que Batasuna ha sido incapaz hasta muy recientemente de tener una posición mínimamente autónoma, y atreverse a levantar algún pero a la rama militar. Era verdaderamente patético, los primeros días después del atentado, constatar cómo los representantes de la izquierda abertzale manifestaban públicamente que esperaban como agua de mayo el comunicado de ETA (¡para ver qué hacer!). Además, en una especie de círculo vicioso, la ilegalidad de Batasuna refuerza a ETA, dificultando aún mucho más todo el proceso de diálogo y de salida negociada al conflicto. Lo contrario que en Irlanda del Norte.

En definitiva, «cuatro jóvenes iluminados», muy probablemente varones e inflamados de testotesrona, parece que arrinconaron a las posiciones más «políticas» y con experiencia dentro de ETA, e hicieron posible la comisión del atentado. Una auténtica sinrazón. ETA cada vez más se está convirtiendo en un grupo totalmente aislado de la realidad que la circunda, en el que la permanencia del grupo parece que se convierte en un fin en sí mismo. Sus integrantes se consideran héroes o mártires, de una causa por encima del bien y del mal, por el sagrado bien de Euskal Herria, que les da patente de corso para cualquier cosa. Pero lo que es más grave, sus decisiones están condicionando el funcionamiento de toda la izquierda abertzale (con un núcleo principal de unos 150.000 votantes), y de todo lo que acontece a escala estatal. El ataque a ETA se está convirtiendo en el elemento central de toda la estrategia del PP, una estrategia cuasigolpista, que va buscando un cambio profundo en la gobernabilidad del Estado español, basado la creación de un «Estado fuerte» (más «fuerte» y centralista aún) que se sustente y legitime en la gestión de la «guerra civil molar y molecular» (que el mismo impulsa). Es decir, de la guerra de todos contra todos entre los de abajo (agudización de los conflictos interterritoriales, criminalización y persecución del «otro», guerra contra la pobreza, etc.), y en el objetivo de represión y descabezamiento de los sectores más concienciados y activos, con el fin de que no se cuestionen las relaciones de poder, sino es más, para que se refuercen hasta límites difícilmente de imaginar, impidiendo cualquier tipo de cambio.

De hecho, ante el brutal atentado del 30-D el terrorismo ha pasado a ocupar otra vez el frontispicio de la preocupación ciudadana, como consecuencia de la borrachera mediática al respecto a la que estamos sometidos. Y la «opinión pública(da)» demanda más seguridad, exigiendo todavía más policías. A la gente se la induce a buscar más protección recurriendo al Estado. Y los grandes partidos desprestigiados por los escándalos urbanísticos y la especulación inmobiliaria (sobre todo el PP), recuperan de esta forma gran parte de su credibilidad perdida respecto a sus respectivas clientelas electorales. Toda esta situación acalla y oculta los graves problemas sociales, territoriales y medioambientales que se dan a lo largo y a lo ancho del Estado español, y ya sólo se habla de ETA. ETA pueda estar contenta. Es más, estará encantada. O los sectores mencionados dentro de ella. Sin embargo, la imagen de ETA ha quedado hecha añicos en América Latina, tras la muerte de dos inmigrantes ecuatorianos, y de cara a los más de cuatro millones de inmigrantes en el Estado español, al tiempo que se instala el «todos contra ETA», que la organización armada se ha ganado a pulso.

Pero ETA no sólo está ya demonizada en el conjunto de la sociedad española, sino que empieza a estar cada vez más cuestionada en sus propios mundos. Tanto dentro de la izquierda abertzale, como en el colectivo de presos, y sus familiares, y parece que se manifiestan importantes tensiones también dentro de la propia organización. Es sólo cuestión de tiempo, y poco, para que esa ahora falsa unidad estalle. Lo cual tendría una repercusión muy grave para sus propios objetivos. De hecho, la está teniendo ya. Si se divide la izquierda abertzale, lo más probable si ETA continúa en sus trece, dejará de haber un interlocutor político válido, y será aún mucho más difícil negociar y arañar reivindicaciones al Estado. Y el estallido de la unidad del colectivo de presos puede propiciar salidas del tipo «sálvese quien pueda», algo totalmente humano, máxime en estas circunstancias, que serán a buen seguro explotadas por el Estado.

El fin de ETA es ineluctable, y ella misma debería ser consciente de ello y reaccionar

ETA cada vez lo tiene peor, a pesar de que amenace al Estado con volver a atentar si no se cumplen sus exigencias; aunque eso sí, manifieste al mismo tiempo que sigue el vigente el «alto el fuego permanente» decretado en marzo de 2006. Todo un sarcasmo, que ha forzado a Otegui a decir que el mundo de la izquierda abertzale estaba confundido y necesitaba un periodo de «reflexión». El único «distanciamiento» de ETA formulado hasta ahora por la izquierda abertzale, y no sin divisiones internas. Pero ETA está derrotada políticamente ya, a pesar de que haya sido capaz de realizar el mayor atentado de su historia, en términos de destrozo y coste económico infligido al Estado. Una verdadera paradoja. Por eso decimos que ETA es un verdadero muerto viviente, aunque quizás tarde todavía un tiempo en desaparecer, el único camino que le queda. Pero parece que por el momento se resiste a ello, y que no da signos de lucidez para no arrastrar consigo (hacia el abismo) a los demás.

ETA nació para potenciar las demandas independentistas de sectores importantes de la sociedad vasca en los sesenta, en un momento de fuerte represión franquista, al tiempo que se articulaba un muy potente movimiento social de izquierda abertzale, fuertemente interrelacionado con ella. Pero hoy en día la organización armada se ha convertido en la rémora más importante para dicho movimiento, aparte de que la sociedad vasca se ha transformado profundamente. No sólo se ha incrementado en este tiempo de forma importante la población del resto del Estado viviendo en Euskadi, mientras que ciertos sectores de tercera edad euskaldunes se han retirado a pasar sus últimos años al Mediterráneo (en concreto a Benidorm, entre otros enclaves), sino que en los últimos años una considerable comunidad inmigrante ha pasado a afincarse en las tierras vascas, cambiando aún más los equilibrios entre comunidades. Al mismo tiempo, se han transformado en estos años los valores y actitudes de la sociedad vasca en general, al igual que en España y en el mundo entero, en paralelo con los procesos de «globalización-europeización» del capital, que han modificado sustancialmente también el papel del Estado-nación. Se dan dos dinámicas distintas y paralelas al mismo tiempo. Por un lado, un proceso de «cosmopolitanización» de las clases medias, así como un reforzamiento y enrocamiento de las señas de identidad de los sectores más afectados por las dinámicas de «globalización-europeización». Por otro lado, el Estado-nación, por así decir, se transnacionaliza en parte en el marco de la Unión Europea, si bien en el mundo post-11-S, de la «globalización armada», ve reforzado su papel de garante del orden interno, lo que también se reconoce en la futura Constitución Europea. Es decir, vemos cómo se refuerza su «cara dura», al tiempo que se va desprendiendo de su «cara blanda» (el «Estado social»), como resultado de las políticas neoliberales.

En este nuevo contexto, ETA debería saber desaparecer con dignidad, jugando las poquísimas bazas políticas que todavía le quedan, y reconociendo su enorme debilidad real actual. Además, ETA está fuertemente acosada policial y judicialmente, y se han acabado ya hace tiempo los santuarios desde donde operaba, sobre todo en el Estado francés, pero también en otros países del mundo, en concreto en América Latina. Es mejor que sea ETA la que tome la iniciativa de su autodisolución, no que se vea obligada a hacerlo por la represión estatal, es decir, por eso que eufemísticamente se llama «la actuación del Estado de derecho», y/o por la conjunción de las circunstancias crecientemente adversas para ella que se dan. Es más, de no hacerlo así, cada vez va a poder conseguir menos por colgar las armas. Y de persistir en su trayectoria actual lo más seguro es que entre en un proceso de «grapización», sin apoyo social, ni siquiera de sus círculos hasta ahora más cercanos, que le impida hasta negociar la salida para sus presos. ETA se ha convertido ya, sin quererlo, en el «tonto útil», en la excusa perfecta, que utilizan las estructuras de poder español para justificar su creciente endurecimiento, en esta especie de Estado de excepción que se va instalando a escala planetaria en el marco de la guerra global permanente contra el «terrorismo». Y Euskadi, en concreto, se convierte en un laboratorio represivo de primer orden, a escala de la Unión, para probar la nueva legislación de excepción. Una UE implicada en la violación de derechos humanos, como ha demostrado el «escándalo» de los vuelos de la CIA. La actuación de la propia Ertzaintza así lo atestigua, y no sólo la de los cuerpos represivos del Estado (policía nacional, guardia civil), o de sus aparatos judiciales. Finalmente, ETA debería ser capaz, en un movimiento valiente por su parte, de reconocer el dolor causado a sus víctimas, sobre todo a las «colaterales», pero también a todas ellas. Sería un acto de grandeza humana. Así como debería saber reconocer sus propios errores, haciendo un balance político crítico de sus cuarenta años de existencia. Esa sería una muestra de audacia y una manera de saber afrontar la cruda realidad, para iniciar de la mejor forma posible otro camino.

Por otro lado, el mundo de la izquierda abertzale debería distanciarse claramente de ETA, atreverse a volar solo sin la dependencia continua y el tutelaje de la organización armada, y sus sectores juveniles valorar la idoneidad o validez de tácticas como la Kale Borroka, basada en quemar autobuses públicos, estaciones ferroviarias, cabinas telefónicas, o cajeros automáticos que ponen en peligro edificios completos, como forma (quizás muy «masculina») de dar salida a la rabia acumulada. Esta forma de lucha no hace sino desprestigiar su imagen, pues se utiliza por las estructuras de poder como un boomerang (mediático) contra ella, sin aportar nada a los objetivos que pretende. Existe una enorme variedad de formas de lucha de desobediencia civil que pueden conseguir trasladar de una manera más incisiva, eficaz y positiva sus demandas a la sociedad vasca y estatal. En su día lo vimos claramente con el movimiento de insumisión9, o con el movimiento okupa, y ahora más recientemente lo hemos presenciado con ocasión de la iniciativa en Francia de los Hijos de Don Quijote. Al Estado se le tiene que poner en la tesitura de desprestigiarse por la represión que ejercita, no al contrario. Es tal vez la forma más efectiva de desenmascararlo. En los últimos años Euskadi ha pasado de situarse en la punta de lanza de la movilización ciudadana a escala estatal, a entrar en un ciclo de lucha en gran medida estéril, y pobre en contenidos, que se mueve en la noria sin fin de la acción-represión-acción, con cada vez menor capacidad de arrastre, incidencia y sobre todo aceptación social.

Indudablemente, el nuevo escenario creado por la bomba en la T 4 ha influido en las últimas medidas estatales, tales como la sentencia del Supremo declarando organización «terrorista» a la rama juvenil de la izquierda abertzale (una decisión tomada por tres votos contra dos), lo que puede reforzar temporalmente a los sectores más «duros» e «intransigentes»; si bien la entrega de los 19 de Segi, ha sido una muestra dura y dolorosa, pero valiente, de otras formas de hacer política (en las actuales circunstancias), y ha tenido una gran repercusión mediática. Igualmente, las duras peticiones del fiscal en el caso del macrosumario 18/98, han sido también muy probablemente consecuencia del nuevo clima sociopolítico tras el atentado de Barajas, lo que pone aún más difícil el llamado «proceso de paz». Y el atentado del 30-D está haciendo asimismo todavía más complicada la legalización de la izquierda abertzale de cara a las próximas elecciones municipales. Por otro lado, si se da un posible fin abrupto de De Juana Chaos, el tensionamiento político sería enorme (es por eso que el Estado hace todo lo posible por mantenerlo forzosamente con vida contra su voluntad), pero es preciso mantener la cabeza fría ante dichos escenarios, para no complicar adicionalmente las salidas al conflicto vasco, sobre todo porque la estrategia de acoso de la derecha se ha disparado sin límite en este último periodo.

La manifestación del día 3 de febrero en Madrid ha marcado un verdadero hito en dicha estrategia, habiendo ganado la calle mediante la utilización de las víctimas, la política «antiterrorista» y la bandera nacional. La movilización fue mayor que la del día 13 de enero (la convocada por los sindicatos y fuerzas de izquierda), si bien no de forma significativa. Los lemas esgrimidos son bien ilustrativos del nuevo clima: «Por la libertad, derrotemos a ETA, no a la negociación», así como el desmarque tajante de la «paz» en el comunicado de cierre de la manifestación. Se trata pues de derrotar a ETA, y todo lo que ello conlleva. Además, ya se entrelaza el «A por ellos», con el «oé, oé, oé» de las grandes choques futbolísticos, lo que inflama aún más a una hinchada plagada de símbolos patrios, y hasta se utiliza el himno nacional para clausurar el acto. Pero el objetivo es llegar de esta manera a centenares de miles de personas, pues esta mezcla de política espectáculo rastrera, mezclada con el deporte de masas por excelencia, es un cóctel explosivo de enorme impacto en una sociedad acomodada y anestesiada, que se es capaz de movilizarse masivamente, p.e., para asistir a la presentación en sociedad del nuevo coche de Fernando Alonso (más de 100.000 personas recientemente en Valencia). Está visto que el PP va a utilizar a ETA, y a la política antiterrorista, entendida por supuesto en sentido amplio (¡todos los que cuestionemos el orden vigente podemos llegar a ser terroristas!), para recuperar el poder, y tratar de imponer el nuevo orden que pretende. Como le gritan sus huestes a Zapatero: «entraste por Atocha, y saldrás por Barajas». Y en ese nuevo orden que se avizora en sus planteamientos, para nada se vislumbra una salida al conflicto vasco, es más se utilizará éste también, y fundamentalmente, para auparse al poder, e imponer nuevas y aún más duras formas dominio. Es preciso pues parar esta deriva.

¿Y ahora qué podemos hacer nosotros?¿Cómo hacemos para caminar hacia otros mundos posibles?

Estamos en un mundo que se está cayendo ya literalmente a cachos, y en el cual las estructuras de poder a escala mundial parece que nos quieren conducir a una guerra civil global, al tiempo que van asentando formas de gobernabilidad cada vez más autoritarias, como forma de garantizar (vanamente) su dominio. Lo estamos viendo claramente en estos últimos tiempos en Oriente Próximo y Medio, así como en otras partes del mundo, mientras nos llevan imparablemente hacia el «Choque de Civilizaciones», pues no en vano más de dos terceras partes del petróleo mundial está bajo suelo islámico. Y aquí en el Estado español la derecha del PP está apostando claramente por esa opción. Está jugando de esa forma tal vez previendo que pueda producirse un cambio brusco de escenario económico y mundial (pinchazo de la burbuja inmobiliaria, subida acusada de los precios del petróleo, caída fuerte del crecimiento, crisis del dólar, posible ataque a Irán, guerra total en Oriente Próximo y Medio, etc.), en este capitalismo global energívoro, mafioso, especulativo y de expropiación en el que estamos instalados, uno de cuyos «paraísos» es el Estado español. Y la excusa perfecta es la «gran amenaza terrorista de ETA», así como el tensionamiento social e interterritorial que impulsa a todos los niveles (una vez más lo estamos viendo estos días con el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña), y que puede ir a más en el futuro si no reaccionamos. Da verdadero miedo observar a dónde nos puede conducir esta dinámica en la que se está instalando la vida política española. Es por eso por lo que acontezca en Euskadi para nada nos es ajeno al conjunto del Estado español, y menos a los sectores emancipadores que buscamos un cambio en las relaciones de poder existentes, y un cambio de modelo de productivo y de sociedad, hacia formas más justas y sostenibles.

Es preciso pues que nos impliquemos en impulsar el llamado «proceso de paz» en Euskadi, y que no dejemos el mismo al albur de los partidos políticos y las instituciones del Estado. Es más, es perentorio que presionemos sobre ellos, para lograr no solo la «paz», sino que no se acabe convirtiendo ésta en una segunda Transición, que afiance las estructuras de poder existentes, y coarten las dinámicas de cambio social que laten en Euskadi. Es fundamental que volvamos a reconstruir los puentes rotos entre los movimientos sociales de Euskadi y del resto del Estado. Es urgente activar a la llamada sociedad civil en todo el Estado para impulsar un proceso en ese sentido. Es perentorio introducir estos temas en las distintas agendas de lucha, desde las movilizaciones por una vivienda digna y el contra el desmadre territorial, a las de denuncia de la deuda externa y por la solidaridad internacional, pasando por los conflictos laborales, el rechazo a la guerra global permanente, o las demandas feministas, por mencionar solo unos cuantos frentes de lucha. Y algo así parece que está ocurriendo poco a poco, en especial en Euskadi. Ese es quizás el aspecto más positivo que está aconteciendo en estas últimas semanas, cuando parece que los sectores emancipadores más activos de la sociedad están reaccionando ante toda esta sinrazón. El atentado del 30-D curiosamente está contribuyendo a ello. Mucha gente de bien está verdaderamente harta, y tiene ganas de hacer algo para buscar una salida a toda esta demencia.

En Euskadi ha surgido una iniciativa ciudadana muy plural, Milakabilaka (algo así como «miles de personas buscando una salida»), que se ha empezado ya a movilizar para presionar a favor de un proceso de diálogo y paz. La iniciativa Ahotsak, que hasta ahora tenía un carácter más bien elitista, se está retomando a escala local por mujeres de todo tipo para presionar en el mismo sentido, manifestando que el 30-D no es el camino. Pero también profesores universitarios del país vasco (Elkarbide) se han lanzado en la misma línea. Y otros ciudadanos euskaldunes se han propuesto reunirse en círculo, alrededor de un árbol, una tradición muy de la tierra, para ver cómo pueden abordar el futuro de su territorio. Hasta parte del mundo del derecho se ha puesto en funcionamiento con una iniciativa jurídica por el Proceso de Paz (también en Cataluña). ETA está consiguiendo, sin pretenderlo, que se active la sociedad civil, y en todas estas iniciativas palpita un profundo rechazo a las dinámicas militaristas y vanguardistas de la lucha armada. La gente, y muy en concreto las mujeres, quieren recobrar el protagonismo que le quitan los partidos, las instituciones, las estructuras de poder patriarcal y los «salvapatrias», y quieren participar directamente en la conformación de su futuro.

Pero en el resto del Estado, muy poco a poco, todavía, también está ocurriendo algo así. Eso se pudo observar en la manifestación del 13 de enero en Madrid, cuando mucha gente se sentía identificada con la pegatina que repartían colectivos de la Red por las Libertades y el Diálogo de Madrid, con el lema «Por la Paz y el Diálogo. En mi nombre SÍ», pues no se sentían identificados con la mera denuncia del «terrorismo». En Cataluña se ha activado a raíz también del 30-D la campaña «Sí al procès de pau», en la que participan más de cien organizaciones ciudadanas. Y en otras zonas del Estado empieza a surgir un cierto interés de empezar a caminar por las mismas vías. Pero es preciso hacer más, mucho, mucho, más, para promover la participación ciudadana en el apoyo al «proceso de paz», aparte de en la defensa colectiva de los derechos y libertades, cada día más vulnerados. Por el bien de todos y todas. Y así, podremos impulsar, continuar y reforzar los procesos de cambio del mundo, y del Estado español en concreto, sin tomar el poder, sino forzando a éste a transformarse de manera emancipadora. En definitiva, deconstruyendo el Estado, avanzando en la resolución dialogada y no violenta de los conflictos, y alcanzando nuevas estructuras institucionales, más horizontales, democráticas y participativas, al tiempo (y en paralelo) que vamos transformando la sociedad hacia modelos más equitativos, antipatriarcales y en paz con el planeta. Es una tarea urgente y cada vez necesaria ante la previsible crisis y colapso generalizado del capitalismo global actual (crisis energética mundial por el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles, estrategias crecientes de guerra centros-periferias e intercapitalistas, y agudización del cambio climático en marcha).

Madrid, febrero, 2007

PD: Han quedado a buen seguro muchas cosas por tratar en torno a este complejísimo tema: las raíces históricas del conflicto político-territorial, su desarrollo en el tiempo, su enconamiento durante el Franquismo, tras la Guerra Civil, el recurso a la tortura en muchas ocasiones por parte del Estado, incluso durante la democracia, la vulneración continua de derechos básicos, incluido el uso de la propia lengua, el cómo y por qué fracasaron las negociaciones ETA-Estado en las anteriores treguas, lo novedoso de la propuesta de Anoeta formulada por Batasuna, las nuevas propuestas que en la actualidad (en estos días) hace la izquierda abertzale para superar el conflicto, que enlazan con las vías abiertas en el propio Estatuto de Gernika, etc., etc., etc. Y en definitiva el inmenso dolor acumulado en torno a la evolución de este conflicto a todos los niveles, y en todos los ámbitos, fundamentalmente «nacionalistas», y en concreto de la izquierda abertzale, pero también «no nacionalistas». Sé que quizás es simplificador lo que he expuesto, y puede que muy osadas las formulaciones que he planteado. Si es así, me excuso a posteriori por ello, y por algunas expresiones utilizadas que pudieran llegar a ser ofensivas para ciertas sensibilidades, si bien me reafirmo en el contenido básico de lo expresado. Quiero decir que es un texto que me ha costado mucho ultimar, por la misma complejidad y conflictividad del tema expuesto, pero es una cuestión que nos afecta a tod@s, cuya solución depende de tod@s y que tod@s tenemos que posicionarnos en torno al mismo. Es por eso por lo que me he animado a sacar estas reflexiones atrevidas a la luz pública. Finalmente quería decir que este texto me ha salido muy de dentro, pues es un tema que he vivido con especial intensidad y emotividad a lo largo de estos ya cuarenta años de conflicto armado, que han transcurrido (y todavía perduran) durante mi existencia vital, aunque siempre lo haya experimentado desde la distancia al residir fuera de Euskadi, pero también desde el conocimiento más o menos directo que me ha proporcionado el tener múltiples contactos con personas de allí a las que quiero, admiro y respeto profundamente. Espero pues que estas líneas puedan ayudar a fomentar un debate absolutamente necesario para la resolución del llamado conflicto vasco.

* Ramón Fernández Durán es miembro de Ecologistas en Acción

Notas: