Los protagonistas de la muestra Activistes per la vida están amenazados de muerte.
La asociación Entrepobles expone hasta el 27 de marzo, en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, 40 fotografías y textos del fotoperiodista Gervasio Sánchez sobre 40 defensores de los derechos humanos y ambientales en Guatemala y Honduras. Los protagonistas de la muestra Activistes per la vida están amenazados de muerte.
Según Entrepobles, “esta defensa entra en conflicto con los intereses de grandes empresas o grupos transnacionales que operan con impunidad para la extracción de los recursos naturales y las materias primas -sobre todo de minería, hidroeléctricas y monocultivos- en Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo”.
En la organización de Activistes per la vida ha participado el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. Además han colaborado el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana.
Uno de los 40 testimonios e imágenes corresponde a Míriam Miranda (Vallecito, Colón, Honduras), coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) desde 2008. La defensora fue objeto de varios intentos de asesinato, además la OFRANEH ha sido “criminalizada y estigmatizada”; Míriam Miranda está acogida a las medidas cautelares dictadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su seguridad está supervisada por el Mecanismo de Protección del Estado, “pero aquí sirve de poco”.
Los paneles de la exposición de Entrepobles adjuntan a la fotografía el testimonio de la defensora: “La ley del turismo (de Honduras) permite a los inversionistas promover sus proyectos turísticos en áreas de biodiversidad protegidas. El 80% de nuestros territorios ancestrales están afectados por ingenios de palma africana, y 24 de las 28 comunidades garífunas se encuentran en las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, donde se quieren construir las ciudades modelo”.
Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) realizó las fotografías de los 40 hombres y mujeres luchadoras entre 2018 y 2019, durante tres meses y varios viajes a Honduras y Guatemala; La iniciativa Activistes per la vida incluye, asimismo, material audiovisual y el libro de 148 páginas con el mismo título, editado por Blume en lengua castellana y catalana.
Fotógrafo y periodista independiente, Gervasio Sánchez colabora desde marzo de 1987 en El Heraldo de Aragón, entre otros medios. Empezó hace cuatro décadas a cubrir –con la cámara y la pluma– conflictos armados; fue en 1982 en Israel, que ese año invadió Líbano. Su trabajo continuó entre 1984 y 1992 en América del Sur y Central; en los años 90 del siglo pasado estuvo destacado en las guerras de los Balcanes y comenzó la experiencia en el continente africano (desde 1994 en el conflicto de Ruanda).
En entrevista previa a la inauguración de la muestra, el fotoperiodista señala a uno de los retratados, “caso claro de activista condenado y que se hallaba en el punto de mira de los poderes fácticos y grupos paramilitares de Guatemala”; se trata de Bernardo Caal Xol, defensor del territorio y el agua en el municipio de Santa María Cahabón (departamento de Alta Verapaz); el dirigente maya kekchí fue condenado en 2018 a siete años y cuatro meses de prisión; la exposición recuerda que participó en las protestas contra la construcción de infraestructuras hidroeléctricas en los ríos Cahabón y Oxec.
Bernardo Caal Xol cumplió el pasado 22 de enero cuatro años en la cárcel; ha podido salvar la vida; “en cierto modo pudo favorecerle la repercusión internacional que tuvo el asesinato de la líder indígena lenca en Honduras, Berta Cáceres”, ocurrido en marzo de 2016, apunta el autor de la fotografía.
En un viaje anterior a Honduras, el periodista conoció a Juan Samuel Matute Ávila, de 23 años, y a su padre, José Salomón Matute, de 77; ambos fueron asesinados en 2019. Pero su recuerdo puede deducirse en una imagen de la exposición, la del otro vástago, Ramón Santiago Matute Ávila, indígena tolupán y defensor del territorio en San Francisco Campo (departamento de Yoro).
En uno los textos se amplía la información: “Los indígenas tolupanes de la tribu San Francisco Locomapa en Yoro luchan contra una empresa minera de extracción de antimonio, y contra la tala de pinos por parte de la compañía de extracción de madera INMARE, que ya ha conseguido extraer 8.000 metros cúbicos de madera”.
Gervasio Sánchez destaca asimismo la “gran fortaleza” de una de las mujeres retratadas, indígena lenca: Rosalina Domínguez; es tesorera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y madre de 11 hijos.
“El río Gualcarque iba a ser utilizado para construir una represa y una hidroeléctrica por parte de la empresa DESA (Desarrollo Energético, SA). Se paralizó tras el asesinato de Berta Cáceres en 2016. En el juicio se acusó al Estado de concesión ilegal. Desde el principio del proyecto, en 2006, empezaron las amenazas y el hostigamiento contra los indígenas”, explica Rosalina Domínguez, de 51 años (la exposición incluye el retrato de la actual dirigente del COPINH, Bertha Zúñiga Cáceres, quien afirma: “El Banco Holandés de Desarrollo es culpable por negligencia del asesinato de mi madre”).
Los casos de violencia no son excepcionales. Entrepobles se hace eco de un informe de ACI-Participa con datos de 2019; se registraron en Honduras ese año 1.115 ataques y agresiones contra 499 activistas, en 15 de los 18 departamentos del país; la consecuencia fue la muerte de 29 personas defensoras (una veintena murieron asesinadas en 2020), con unos porcentajes de impunidad del 90%.
La ONG añade que Honduras es el tercer país más desigual del mundo. Así, “desde 2009 se han aprobado 384 proyectos mineros, 48 de grandes presas hidroeléctricas y 123 pequeñas; el cultivo extensivo de palma africana ya ocupa más de 300.000 hectáreas. Los pueblos campesinos, indígenas y garífunas, con sus formas de vida ancestrales y sostenibles, viven bajo la amenaza de las empresas extranjeras”.
En Guatemala una parte significativa de la economía se vincula a la inversión privada, el extractivismo y la exportación de materias primas. Entrepobles da cuenta de los datos (primer semestre de 2021) de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA): 551 agresiones y cinco asesinatos. En cuanto a los procesos judiciales, “son largos y plenos de irregularidades, como parte de una estrategia de desgaste a todos los niveles de las luchas comunitarias”.
En noviembre Gervasio Sánchez publicó el libro de fotografías y texto Violencias, mujeres, guerras (Ed. Blume), de 148 páginas y con decenas de historias sobre el sufrimiento de la mujer en los conflictos armados.
Ejerce el periodismo desde 1984. Décadas de presencia en conflictos armados y crisis humanitarias, ¿dejan huella en la salud mental? “Cualquiera que haya estado en una guerra ha sufrido estrés postraumático, pero historias como las de los 40 activistas me fortalecen como persona; además creo que en Occidente nos quejamos demasiado; y cuesta mucho que el ciudadano medio se movilice”, responde.
Sobre los conflictos olvidados o silenciados en los medios convencionales, “no están contándonos lo que ocurre en Yemen, Malí, Myanmar, Burkina Faso y tantos otros países; de Afganistán, que lleva 42 años en guerra, nos informan durante unas semanas y el país desaparece de los informativos; la mayor parte de los conflictos internacionales pasan inadvertidos”, sostiene el fotoperiodista. Respecto a la persecución de activistas en Guatemala y Honduras, considera que se sabe “muy poco” en Europa occidental, y el estado español en particular.
En las imágenes y los artículos, ¿prioriza la belleza formal o la denuncia? Sánchez afirma que le agrada presentar los trabajos con profesionalidad y buena técnica, pero “tiene que haber una historia que contar”; en Activistes per la vida,el autor no tenía particular interés en que las fotografías fueran creativas, pero sí en el contexto de conflicto.
Ejemplo de ello es la instantánea de seis personas tras una barricada, con el médico jubilado y portavoz de la resistencia contra la mina San Rafael (San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, Guatemala), Alfonso Solórzano, en el centro.
O de Aparicio Pérez, cuya imagen es captada en una barca, junto a dos compañeros; defensor del agua, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC) en el municipio de Coatepeque (Quetzaltenango, Guatemala), Aparicio Pérez ha señalado a los responsables de las plantaciones de palma africana y bananeras. En la exposición comparte algún episodio de su experiencia militante: “En junio de 2017, un guardia de seguridad mató a un compañero de 70 años que estaba a mi lado durante una protesta. Lo más probable es que la bala fuera dirigida a mí”.
El fotoperiodista y corresponsal de guerra, Robert Capa, consideraba que si una foto no es de calidad, ello se debe a que el autor no se acercó lo suficiente. Gervasio Sánchez defiende que el término “suficiente” puede entenderse también como “estar cerca de las víctimas, ir a sus comunidades y sentir lo mismo que ellos; acompañarlos, aunque a mí no me van a matar y a ellos puede que sí; cuando luchas por el medio ambiente en Europa y Estados Unidos, puedes llevarte -como mucho- un porrazo; pero allí te pueden asesinar…”.
Ya en el final de la entrevista, el Premio Nacional de Fotografía en 2009, especializado en conflictos armados, comparte ideas sobre su aprendizaje y método de trabajo. Ha aprendido, “sobre la marcha” y en el terreno, de su amigo Sebastiao Salgado y autores de referencia como James Nachtwey, Gilles Peress o Ivo Saglietti. “Nunca he hecho un curso de fotografía”, reconoce; y matiza respecto al paso del tiempo: “Hoy la gente joven está mejor preparada”.
Afirma, asimismo, que la tecnología es importante “pero no lo es todo”. De hecho, el reportero realizó con un teléfono móvil las fotografías sobre la COVID que hizo entrando en residencias. Junto a otros 26 fotógrafos latinoamericanos y españoles, las aportó al libro Pandemia (Ed. Blume), cuyos beneficios se destinan a las familias de fotógrafos fallecidos mientras cubrían la enfermedad en diferentes países.
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