Han afirmado que la reforma de las pensiones será una nueva agresión del Gobierno español. ¿Plantean la huelga del 27 de enero como la respuesta de Hego Euskal Herria a esa agresión? Efectivamente. No estamos dispuestas a aceptar que el mayor recorte del sistema público de pensiones que se ha hecho en los últimos 35 […]
Han afirmado que la reforma de las pensiones será una nueva agresión del Gobierno español. ¿Plantean la huelga del 27 de enero como la respuesta de Hego Euskal Herria a esa agresión?
Efectivamente. No estamos dispuestas a aceptar que el mayor recorte del sistema público de pensiones que se ha hecho en los últimos 35 años pueda pasar sin ningún tipo de respuesta. Es una agresión directa que va a tener unas consecuencias graves. No responder a este tipo de recortes es renunciar a nuestros derechos. Una cosa es que nos los quiten, pero otra que renunciemos a los mismos. En mayo de 2009 ya dijimos, cuando salimos a la huelga general, que esta crisis se iba a saldar con muchos recortes y no estábamos dispuestos a aceptarlos. Es una huelga para rechazar que se sigan adoptando medidas a espaldas de la clase trabajadora y para impulsar la alternativa que necesitamos en Euskal Herria. Estamos avanzando y consolidando ese nuevo espacio.
¿Qué le tiene que decir a la clase trabajadora vasca?
Le pediría que actúe con la convicción de que se le puede dar la vuelta porque hay alternativa y es posible si existe una mayoría social suficiente para cambiar la agenda política. Todavía está en juego cuál va a ser el coste político de las medidas y actuaciones que se están adoptando en contra de la clase trabajadora y la población en general. Tenemos la convicción de que esta lucha va a dar frutos, si no a corto plazo, sí en la medida que avanzamos en este camino. La clase trabajadora tiene la capacidad suficiente de cambiar las cosas. Hace falta que de verdad seamos capaces de que esas expectativas se hagan realidad, siempre y cuando luchemos. De hecho, el modelo del Estado de Bienestar se consiguió a base de muchas luchas. Ahora es nuestro momento.
Ocho reformas de las pensiones desde el año 1985. ¿Se puede ir a peor?
Siempre se puede ir a peor. Pero sí, creemos que esta reforma es determinante, porque las medidas que se van a adoptar vienen de atrás con el Pacto de Toledo. Es la reforma que determinantemente quiere neutralizar el sistema público para dar un impulso al sistema privado, que no termina de establecerse como el sistema financiero pretende. Por lo tanto, sí, es una reforma más en ese sentido, pero es la reforma que en la práctica va a suponer que de la noche a la mañana se van a quedar sin derecho a pensiones muchos colectivos, porque no se les va a permitir el acceso a las pensiones públicas.
¿Cuál es el papel del sector financiero en la reforma?
Es la reivindicación histórica del sector financiero. No es una medida anticrisis, no tiene nada que ver con esta crisis. Recortar el sistema de pensiones no va a tener ningún efecto positivo. Es aprovecharse de un contexto de crisis, para permitir que el capital avance en sus posiciones. Es un paso más en la privatización, pero viene de atrás. La crisis justifica lo que en otros momentos es injustificable.
¿Se da ese paso porque el modelo privado de pensiones es un fracaso?
El modelo privado no es una alternativa. No garantiza las pensiones a nadie. Es la apuesta del sistema capitalista y financiero para hacer su gran negocio y sólo es posible su impulso si se debilita el sistema público. El Gobierno español ha seguido los dictados del sistema financiero en contra de la sociedad.
¿Los jóvenes y las mujeres serán los que peor parados salgan en esta reforma?
Se puede hablar de una juventud sin derecho a las pensiones en estos momentos. En el caso de las mujeres, creo que nunca hemos tenido derecho a las pensiones, por tanto dependía del acceso al mercado laboral que nos estuvo imposibilitado. Ahora acceden mujeres a las pensiones contributivas, pero la reforma se lo va a dificultar, porque las que están trabajando en precario y con contratos parciales, que son la gran mayoría, no van a tener ninguna posibilidad de tener acceso a pensiones públicas según las condiciones de la reforma que se están conociendo. Por lo tanto, sí que se puede hablar de una juventud a la que se les quita este derecho y que se les imposibilita a las mujeres. Pero tampoco nos debemos olvidar de otros colectivos, como los mayores de 45 años, que esta crisis ha expulsado del mercado laboral y tienen muy difícil el acceso a una prestación en lo que se conoce de la nueva reforma, y en ningún caso va a ser una pensión digna.
¿Cómo se le da la vuelta a esto?
En el caso de la reforma de pensiones, como en el resto de reformas, haciendo una apuesta política decidida por un modelo social que garantice derechos desde las políticas públicas. La alternativa a estos recortes es cambiar la dirección de las políticas que se han venido desarrollando en las últimas décadas. Eso empieza y termina por el reparto de la riqueza.
En Euskal Herria todos sabemos que se genera la suficiente riqueza para que toda la población tenga un proyecto de vida digno, para que puedan ser garantizados todos los servicios públicos necesarios y las prestaciones sociales necesarias. Se necesita una política pública que, a partir del reparto de la riqueza, garantice los derechos laborales y sociales de la población vasca. Hasta hora no se ha seguido este camino.
¿Cómo se hace?
En primer lugar, dando la espalda a la clase política que está impulsando este expolio, y generando la necesidad y la suficien- te acumulación de fuerzas que permita impulsar otro tipo de proyectos políticos. Es decir, que esos responsables políticos estén dispuestos a poner las instituciones al servicio de la sociedad y no al servicio del capital, como ocurre ahora.
¿Con los actuales no se puede?
No. No vemos que se pueda hacer nada, no es algo coyuntural. La clase política que tiene responsabilidades institucionales y que tiene en este momento capacidad de ser poder real comparte intereses de clase con el capital, depende de ese capital. Por tanto, el nivel de subordinación no permite desarrollar esa capacidad alternativa.
¿Por qué el Gobierno del PSOE que provocó la primera huelga en 1985 vuelve a ese camino contra la clase trabajadora después de otras siete reformas?
Se entiende que todo político que aspire a instalarse y perpetuarse en el poder tiene que tener una alianza estratégica con el poder real y quien tiene el poder real no son los políticos ni las instituciones actuales. Hay una sistema de alternancia política que permite desarrollar ese camino, superando los desgastes. Además, impide que acceda a aquellos que quieren cambiar realmente las cosas. Con ese modelo, el capital está tranquilo, porque lo controla.
¿Qué opina de los sindicatos estatales que se adelantaron al reclamar una respuesta contundente como una huelga general pero parece que la han retirado definitivamente de su agenda de presión?
En el Estado español se ha abierto una nueva fase que consiste en que, una vez que el Gobierno, con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV, ha tomado la decisión de llevar adelante los recortes y reformas que ha demandado el capital, toca resituarse. El sindicalismo español se ha resituado y ha encontrado un sitio, un papel, que les permite sobrevivir y subsistir. No hay nada que negociar, porque está todo decidido, no sólo con las reformas de pensiones, sino en general. Quieren hacernos creer que hacen algo, pero es mentira.
También quieren negociar la energía nuclear.
Cuando Felipe González, José María Aznar o Josu Jon Imaz están en órganos de decisión de grandes empresas del sector energético, tenemos que temblar. El capital ha fijado la lista de reclamaciones, y CCOO y UGT han decidido ser la cobertura social de todo. Se está construyendo un pacto social que va a intentar minimizar las consecuencias sociales tan graves que ha tomado el PSOE con la reforma laboral y de las pensiones, y las que vienen por detrás. La estrategia de esos sindicatos consiste en hablar de todo, pero no negociar nada. Estos sindicatos tendrán más participación institucional a partir de que ya se ha decidido qué hay que hacer sobre esos temas. Es significativo que el tema de la energía esté encima de la mesa, pero no está qué va a ser del futuro del sector público, o cuando se está hablando del copago en la Sanidad, o de los recortes en la Educación y en el sector público. Las decisiones que hay que tomar no se toman juntándose con CCOO y UGT, sino que se les tiene en cuenta para que den la vuelta a las consecuencias sociales que se han adoptado.
«El diálogo social no ha servido en la fase de crecimiento, y menos en la actual crisis»
En 2009, con la huelga general que convocó en mayo, la mayoría sindical dijo que si no se modificaban las políticas vendrían los recortes.
Efectivamente. No creo que las crisis sean miméticas, pero desde la experiencia sabemos que hay que fijar posición desde el principio. En 2009 dijimos «van a venir recortes», y el sindicalismo no podía intentar jugar a negociar donde el poder económico tiene la capacidad de imponer unilateralmente. Efectivamente así fue. El tiempo desgraciadamente nos ha dado la razón, y lo que está en juego es si en un futuro va a poderse dar la vuelta a estas decisiones.
¿Será posible?
Intentamos que la clase trabajadora vasca tenga la posibilidad de generar una alternativa a esta situación, tenga la capacidad de lucha para defender los derechos, recuperarlos y construir un modelo para que se nos garanticen. Ésa es la vía. Si el diálogo social no ha servido en fase de crecimiento económico para impulsar políticas de reparto de la riqueza, difícilmente va a poder en una fase de crisis, cuando el poder político avanza en esas posiciones. El sindicalismo de confrontación es una necesidad. Quienes estamos dispuestos, hicimos huelga en 2009. Frivolizaron mucho UGT y CCOO y las instituciones cuando dijeron que fue un fracaso, pero esa huelga ha sido eficaz y ha abierto una nueva fase en el sindicalismo en Euskal Herria.
¿No les hacen caso con el decálogo de acciones para salir de la crisis?
En las instituciones en este momento no hay nadie con capacidad de decidir políticas ni voluntad de situarse con la clase trabajadora, ni con los sindicatos que nos alineamos con la clase trabajadora. Eso no quita virtualidad a nuestra propuesta, nos demuestra que estamos en un momento en el que está en juego la capacidad de generar la suficiente fuerza para obligar que la agenda política cambie. El decálogo es un instrumento de lucha y ahí estamos.
¿Se desmorona el Estado de Bienestar?
Lo están neutralizando. Es lo que siempre ha hecho el poder económico. Llegarán hasta donde puedan y el límite dependerá de dónde seamos capaces de pararlo. Hay mucho en juego porque el capital y sus cómplices son insaciables.