Como mucha gente ya sabe, las Plataformas de Afectadxs por las Hipotecas han estado nueve meses recogiendo firmas para la #ILPHipotecaria. Finalmente hemos conseguido presentar en el Congreso de los Diputados la ILP con el apoyo de más de 1.400.000 firmas. Incluso, se ha conseguido salvar la primera barrera que el actual sistema político le […]
Como mucha gente ya sabe, las Plataformas de Afectadxs por las Hipotecas han estado nueve meses recogiendo firmas para la #ILPHipotecaria. Finalmente hemos conseguido presentar en el Congreso de los Diputados la ILP con el apoyo de más de 1.400.000 firmas. Incluso, se ha conseguido salvar la primera barrera que el actual sistema político le había puesto: su admisión a trámite. Eran muchos los que pensaban que este casi millón y medio de firmas se iba a quedar en la puerta del Congreso, ya que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, había anunciado que no la admitiría. Sin embargo, la presión social ha conseguido que este partido tuviera que recular y admitirla a trámite; un grandísimo éxito para el movimiento.
Ahora la ILP será discutida en el Congreso y, muy probablemente, los dos grandes partidos tratarán de modificarla distorsionando su contenido. En este momento, y una vez que la admisión a trámite ha salido en todos los medios, mucha gente se hace dos preguntas: ¿Por qué defender esta ILP? ¿Son sus puntos negociables?
Para contestar a la primera pregunta, hay que plantearse para qué sirven, y para qué no, las tres medidas que incluye la ILP: Dación en Pago con carácter retroactivo, paralización de desahucios y alquiler social. Para ello hay que explicar brevemente lo que ha ocurrido con la vivienda en este país.
El crecimiento económico español de los años previos a la crisis estuvo ligado a la construcción desmedida de viviendas. Como se sabe, las entidades bancarias incentivaron la expansión desorbitada del sector mediante la concesión masiva e irresponsable de créditos hipotecarios. Política que no habría sido posible sin el apoyo de la (des)regulación pública. La construcción de vivienda fue tal, que hubo años en que se construyeron más que en Italia, Alemania y Francia juntas.
En este contexto, la necesidad humana de vivir bajo un techo, en conjunción con la ausencia de una política pública de vivienda adecuada, lanzó a muchas personas a la compra de viviendas. El precio de los inmuebles fue aumentando, o dicho de otra manera, la burbuja inmobiliaria se fue inflando, obligando a la gente a alcanzar niveles de endeudamiento peligrosos como única vía para poder pagar su vivienda. Este endeudamiento fue tal, que en el año 2008 la proporción entre endeudamiento y renta creció hasta el 140%.
Cuando esta burbuja estalló, la crisis financiera y económica que trajo consigo disparó las tasas de desempleo (actualmente son las mayores que hemos tenido). Y ahora mucha de la gente que se ha quedado en el paro está siendo desahuciada por no poder pagar su hipoteca.
Según la regulación actual, cuando una persona es desahuciada el banco se puede quedar con el 60% de su valor de tasación (si la subasta queda desierta, cosa que suele ser la regla), pudiendo exigir al o a la afectada el monto restante, más los intereses generados y los gastos de procedimiento judicial. El resultado es que la persona se queda en la calle y con una deuda que no le permitirá salir adelante.
Este breve resumen pretende mostrar cómo durante las últimas décadas en este país no se han tomado medidas que garanticen el acceso a la vivienda; el derecho a la vivienda ha sido supeditado al beneficio privado del mercado hipotecario y de las constructoras. Además, la regulación del mercado inmobiliario hace que la gente que ayer se hipotecó como única opción para acceder a una vivienda, hoy se puede encontrar en una situación de vulnerabilidad total. Hecho aún más sangrante si tenemos en cuenta las más de 3 millones de viviendas vacías que hay en este país, el rescate con dinero público a la banca, así como la inminente creación del banco malo.
Frente a esta situación estructural cabe preguntarse, ¿las medidas que propone esta ILP pretenden solucionar el histórico problema de acceso a la vivienda que hay en este país? No, la ILP «solo» pretende aportar una solución urgente que dé una segunda oportunidad a las familias que están sufriendo la vulnerabilidad que la actual legislación crea frente a una ejecución hipotecaria. Hay que defender esta ILP, porque es la única opción que pretende dar una solución real al conjunto de personas afectadas por las hipotecas.
¿Son sus puntos negociables? De ninguna manera. Analicemos las posibles modificaciones de los tres puntos que esta ILP propone, para demostrar el efecto que tendría su modificación.
Dación en Pago con carácter retroactivo. Imaginemos que se aprueba la dación en pago, pero se anula su retroactividad, ¿qué ocurriría? Toda la gente que ya ha sido desahuciada no se podría acoger a ella. No se puede ignorar la realidad de los más de 420.000 desahucios ya ejecutados.
Démosle una vuelta de tuerca más: ¿Y si en vez de dación en pago, se aprueba una moratoria? Ya existe una moratoria que se aprobó de acuerdo al RD 27/2012 y que por cómo está redactada, afecta a muy poca gente. Pero imaginémonos que todas las familias afectadas se pueden acoger a ella: ¿sería una solución? No, sería sólo un balón de oxígeno, pero al terminar la moratoria las familias se seguirían enfrentando al mismo problema; no sería una solución definitiva.
Paralización de desahucios de los deudores de buena fe. En una situación como la actual, es una aberración que los bancos que rescatamos con dinero público o los que se han enriquecido en el mercado inmobiliario, puedan desahuciar a personas que por causas ajenas a su voluntad (como el paro) no pueden pagar sus hipotecas. La anulación o modificación de esta medida generaría una vulnerabilidad atroz para la gente que se está quedando en el paro y que tiene que escoger entre pagar la hipoteca o comer.
Alquiler Social. La ILP pide que además de las dos anteriores medidas, el o la afectada pueda tener derecho a quedarse en la vivienda que da en dación, con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario, durante cinco años. Poner un alquiler superior al 30% significaría someter al afectado, en mayor o menor medida, a las mismas condiciones bajo las que se encontraba cuando no podía pagar su hipoteca. Si se eliminara este punto de la ILP, supondría anular la solución habitacional que aporta, haciendo que incluso si la persona afectada obtuviese la dación en pago y cancelase su deuda, se quedara en la calle y sin poder tener acceso a la vivienda por la que ha estado pagando al banco durante años.
Lo que se pretende demostrar analizando lo que podría ocurrir si se tocaran los puntos de esta iniciativa, es que esta ILP define líneas rojas. Propone una solución de emergencia para dar una segunda oportunidad a rehacer su vida económica a gente que se ha visto afectada por condiciones del mercado inmobiliario y del mercado laboral ajenas a su voluntad. Es una ILP que aporta una alternativa dirigida a deudores de buena fe y a primeras residencias, no pretende ayudar a la gente que ha especulado con la vivienda. Toda rebaja de estos tres puntos supondría mantener una losa sobre las personas que han perdido su empleo por una crisis de la que no son responsables, y que han tenido que hipotecarse, bajo unas condiciones abusivas, ante la permisividad de la regulación establecida y en ausencia de alternativas habitacionales adecuadas, porque era la única forma de acceder a lo que en el artículo 47 de la Constitución se considera un derecho.
Rebajar estos tres puntos supondría desestimar la solución que más de 1.400.000 personas han avalado con sus firmas, dentro de una campaña que se ha desarrollado con muy pocos medios. Rebajar estos puntos demostraría las limitaciones del actual sistema político.
Carlos Huerga (@Chuerga) es Miembro de la PAH Madrid
http://colectivonovecento.org/2013/03/18/es-negociable-la-ilp/