Si con la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, se estableció un escudo social, las consecuencias de la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, deben hacer saltar los resortes institucionales necesarios, para que el Gobierno despliegue una batería de medidas que protejan a la ciudadanía; porque España se enfrenta a una nueva crisis justo cuando las familias comenzaban a superar las peores consecuencias económicas y sociales derivadas de la emergencia sanitaria.
Durante la COVID-19 se demostró que se pueden aplicar políticas públicas valientes para proteger a la ciudadanía en tiempos de crisis y, ante la incertidumbre que provoca el actual escenario, es necesario aprobar un nuevo escudo social y verde que proporcione certezas a la gente, proteja su bienestar reforzando los servicios públicos y avanzando en nuevos derechos, y acelere las transformaciones profundas que nuestro país lleva años postergando, en opinión de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Ha advertido de que los efectos económicos del conflicto pueden golpear de manera muy dura a las familias, sobre todo a las más vulnerables, y ha desgranado cuáles son las medidas propuestas por su partido para evitar que las consecuencias sean catastróficas.
El escudo social y verde que propone Podemos, se basa en cinco grandes ejes que contienen diferentes acciones: Plan de Emergencia Energético. Pacto de derechos feministas y sociales. Proteger el tejido productivo, especialmente a las PYMES y al sector primario. Apostar por la Paz y construir una Política de asilo y refugio alineada con los Derechos Humanos. Frente a la involución de la guerra, avances democráticos
El nuevo escudo social y verde representa una oportunidad para responder a la involución democrática que propugna la derecha con nuevos avances que mejoren la vida de la gente. Además de un pacto energético, es necesario un nuevo acuerdo que amplíe los derechos feministas y sociales y apueste decididamente por un sistema estatal de cuidados, aprobar ayudas a las pymes y al sector primario para que afronten con certidumbre las dificultades económicas, avanzar en políticas públicas que reflejen que España es un país de acogida y profundizar en nuestra calidad democrática.
El primero de los ejes, consiste en desplegar un plan de emergencia energético que se base en varias acciones, como un duro recorte adicional de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas, así como la desconexión del precio del gas de la fijación de precios en el mercado mayorista eléctrico.
No es momento de parches, ni de volver a pedirle a la gente que posponga sus urgencias; es tiempo de abordar los problemas desde su raíz. No sirve, como ha hecho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pedir a las familias de la Unión Europea que bajen la calefacción en sus casas para consumir menos gas ruso.
Podemos considera que el coste de esta crisis no puede recaer una vez más sobre sobre la gente: es hora de que las grandes empresas y las grandes fortunas aporten lo que les corresponde. El nuevo escudo social y verde debe servir para aprobar una reforma fiscal progresiva que sostenga nuestro Estado del Bienestar y debe actuar con urgencia sobre los injustificables beneficios de las eléctricas, que en tiempos de guerra multiplican sus ganancias gracias a un mercado eléctrico diseñado a su medida.
Asistimos a un shock económico, social y político causado por la guerra y las sanciones económicas contra Rusia, que conllevarán a una reducción de las cantidades de gas y petróleo exportadas, un incremento de precios de los combustibles fósiles y una reducción de la oferta de otras materias primas (aluminio, cereales, fertilizantes, aceite de girasol, algunos semiconductores…), así como avance de los planteamientos políticos más reaccionarios, que siempre se hacen más fuertes en situaciones de conflicto bélico.
Todo esto, sumado al impacto del aumento de los precios de la energía que ya se venía produciendo, va a tener un impacto directo en nuestro sector primario, especialmente en las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas. La política económica española ante el reto que supone la crisis de la guerra en Ucrania debe ser económica, pero también es social y política. Hay que tomar medidas para proteger la economía, hay que actuar para evitar que las personas más vulnerables paguen el coste de la guerra.
Es necesario prorrogar las medidas del escudo social que se puso en marcha para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, como por ejemplo la prohibición de cortar los suministros básicos o la suspensión de los desahucios, y también recuperar algunas que han decaído recientemente, como las prórrogas a los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos y evitar subidas abusivas. El incremento de los precios puede situar la inflación por encima del 6-7% en España durante el 2022, e impactaría a través de dos vías sobre los hogares y empresas.
El incremento de costes asociado a los mayores precios de la energía y otras materias primas, junto con la mayor incertidumbre, podría reducir el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Si esta reducción es profunda y duradera, se podría llegar a cortocircuitar la recuperación económica y la creación de empleo. La posibilidad de que los bancos centrales aumenten los tipos de interés con el objetivo de frenar la inflación también puede conducir a alimentar esta espiral. Las familias que tengan hipotecas pueden ver sensiblemente incrementada la mayor factura que pagan cada mes y las empresas tendrían muchas más dificultades para financiar sus operaciones. Por no hablar de que una subida en los tipos de interés podría tener efectos en el servicio de la deuda pública, dejando menos espacio a la inversión social, afectando a la capacidad de consumo de las mayorías sociales y contribuyendo al mismo círculo vicioso.
A los efectos macroeconómicos generales que tienen la capacidad de impactar en todos los sectores sociales y productivos, tenemos que tener en cuenta como afectan a sectores específicos de la economía. Ucrania es uno de los principales productores de cereales, oleaginosas y proteaginosas de Europa, y buena parte de los piensos animales que España importa para mantener funcionando su sector ganadero provienen de este país. Asimismo, Rusia es uno de los mayores productores de las materias primas necesarias para fabricar fertilizantes, los cuales dependen fuertemente del precio del gas.
La líder de Podemos Ione Belarra, defendió ante el Consejo Ciudadano Estatal de su formación, el NO a la guerra y el rechazo al envío de armas,, insistiendo en la necesidad de que la UE y los organismos internacionales se involucren en el diálogo entre Rusia y Ucrania. «Hemos vuelto a elegir el camino más difícil en un momento clave, pero creo firmemente que es el camino correcto. Hemos defendido las vías diplomáticas y pacíficas como medida más eficaz para acabar cuanto antes con la guerra en Ucrania».
Frente a la apuesta por el individualismo y el fervor belicista, la mejor política es aquella que nos cuida y nos permite seguir avanzando solidariamente. La solución a esta crisis no pasa ni por poner parches ni por aplazar una vez más los problemas de las mayorías sociales, sino afrontarlos de forma decida y desde su raíz. El Estado tiene que dar de nuevo un paso al frente, como lo hizo durante la pandemia, para construir un nuevo escudo social y verde que proteja a hogares y empresas.
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