España «a la cola»

Recibo un e-mail sorprendente y, en cierto modo, cómico sino fuera porque tras toda la avalancha de titulares y datos (pues eso constituye el mensaje) nos encontramos todos los que sufrimos las políticas neoliberales en esta esquina de Europa.

Un listado de 35 enlaces -a otras tantas noticias- que concentran un buen número de fracasos políticos en cuestiones tan sensibles como la vivienda, el medio ambiente, los derechos sociales o el desarrollo tecnológico, en el Estado español. Todas ellas agrupadas por el común denominador de situar los índices españoles de lo que podríamos definir desarrollo humano, como los más bajos de entre los países de su entorno.

La verdad es que, uno tras de otro, los titulares apabullan por su contundencia. Y aunque los datos son recientes no se puede caer en la tentación de achacar en exclusiva al actual gobierno toda la miseria que presentan, pues tanto en materia económica como laboral pocas diferencias han existido entre PP y PSOE a la hora de imponer una agenda de políticas neoliberales cuyo desastroso resultado para la clase obrera es más que evidente. Y del mismo modo, ambos partidos se han cuidado muy mucho de no interrumpir los continuados beneficios de las grandes empresas, ni de limitar sus áreas de inversión aunque ello fuera en detrimento de materias tan sensibles como la educación o la sanidad. De este modo, la repercusión -inevitable- ha sido el empeoramiento de la calidad de estos servicios públicos, pese a la propaganda difundida según la cual el desvío de fondos estatales hacia manos privadas no hace sino mejorar la atención prestada a los ciudadanos.

Agrupadas por epígrafes las noticias quedarían, más o menos, del siguiente modo:

Gasto social, a la cola de Europa

Según el informe «Protección Social en la Unión Europea», difundido el pasado mes de agosto por la Oficina comunitaria de Estadísticas (Eurostat), el Estado español destina un 20% del PIB al gasto social mientras que la media comunitaria se sitúa en el 27,3%. De entre los estados de la UE-15 sólo Irlanda emplea menos recursos, pues incluso los que cuentan son un nivel de renta per cápita nítidamente inferior al español, Portugal y Grecia, utilizan un 24,9% y un 26% de su PIB, respectivamente.

La tendencia viene de lejos, y no fue corregida por el PSOE tras su victoria electoral en 2004 pese a su compromiso de situar el gasto público social por habitante en el promedio de la UE. Entre las causas de este déficit, la principal es el descenso de la carga impositiva (una de las más bajas de la UE-15). Pues como denunció Vicenç Navarro en su artículo «España a la cola de la Europa social» (Temas para el Debate nº 140, Julio 2006)[1], el famoso eslogan de «bajar impuestos» es especialmente atrayente para el sector de mayor renta del Estado. Un sector influyente de la población que, para colmo, es con respecto a sus homólogos europeos el que menos contribuye a las arcas públicas. Lo sorprendente -explica Navarro- es que tal merma en el gasto social «no tuvo apenas visibilidad mediática ni política en el país, hecho que se debe en parte a que el 30-35% de la población de renta superior del país queda poco afectada por la deficiencia de los servicios y transferencias públicas del estado de bienestar, utilizando en su gran mayoría la sanidad privada o las escuelas privadas concertadas, sin percatarse de las grandes insuficiencias en las transferencias y servicios públicos utilizados en su gran mayoría por las clases populares que sí sufren tales déficits».

Por ello no es de extrañar que el español se sitúe a «la cola de Europa» en ayudas a la familia, con un mísero 0,8% del PIB, por detrás de Malta (0,9%) y muy lejos de Dinamarca (3,9%); en atención al paciente, según el estudio realizado por la Red Activa para la Ciudadanía; en escasez de equipamientos en la sanidad pública para el tratamiento del cáncer; o en ayudas a las familias para la compra de libros de texto.

Educación

Las mismas razones sirven para explicar porqué es tan escaso el presupuesto público para educación, y del cual además se sustraen fondos para centros privados, que lo sitúan claramente por debajo de la media de la treintena de países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Con tan pocos medios, es tristemente normal que la LOGSE no haya podido ser desarrollada en su totalidad y que, entre otras cuestiones, ello produzca un alto abandono escolar tras la ESO [2] (Educación Secundaria Obligatoria).

Derechos laborales

Tampoco la situación para los trabajadores es muy halagüeña, pues en materias como la precariedad o la siniestralidad laboral los españoles son, de entre todos los europeos, quienes más sufren la temporalidad en el empleo y los accidentes en el trabajo. Por si esto fuera poco, según el último informe de la OCDE (Employment Outlook, 2007) sobre la situación de los trabajadores, que incluye a los países económicamente más desarrollados del mundo, indica que España es, de los 27 países, el único que ha tenido durante el periodo 1995-2005 un descenso del salario promedio. Es decir, durante diez años el sueldo medio de los trabajadores españoles no solo no aumentó sino que descendió un 0,5% entre 1995 y 2000, y un 0,3% en los siguientes cinco años.[3]

Son además los que menos capacidad de decisión tienen, frente a sus patronos, a la hora de adaptar la jornada laboral a sus necesidades. Y los menos favorecidos por la opción del «teletrabajo» (o trabajar desde casa), que en Europa alcanza a uno de cada tres asalariados.

Para las mujeres la cosa se complica, pues los principales indicadores (acceso al empleo, remuneración o estabilidad) muestran una situación bastante lamentable y son de los peores entre los países de la UE. Y si hablamos de los permisos por maternidad, de nuevo hay que situarse «a la cola».

Lo mismo sirve para las personas con discapacidad. Los empresarios españoles son los menos dispuestos a contratar a trabajadores con algún tipo de minusvalía, llegando a incumplir la Ley de Integración Social de Minusválidos, algo que también ocurre en las administraciones públicas.

Iniciativa empresarial: ¡Qué invente ellos!

Pero el empresariado español no sólo es rácano a la hora de pagar salarios (¡y eso a pesar de tener los costes laborales más bajos de toda la UE-15!), también destaca por ser el que menos invierte en investigación (un 55% menos de la media europea) y en implementación y uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (por detrás incluso de países como Hungría o Eslovenia). Como resultado existe una bajísima tasa de patentes y una de las productividades más bajas de Europa.[4]

Por contra, entre 1999 y 2006 las empresas españolas aumentaron sus beneficios netos en un 73%, más del doble que la media de la UE-15 (33,2%) o de la zona euro (36,6%). Como explica Vicenç Navarro (ver nota 3), el empresario ibérico puesto ante la disyuntiva de invertir y mejorar la productividad o aumentar sus ganancias y congelar los salarios, prefiere esta última opción aun a costa de una menor eficiencia en la producción, un aumento de la precariedad laboral y una menor cualificación en sus empleados.

Y no sólo eso. Si hablamos de contaminación las empresas españolas son de las peores del mundo a la hora de cumplir con el Protocolo de Kioto. En lugar de reducir sus emisiones, según lo acordado, ya triplican el límite que se debía alcanzar en 2012. Entre otras causas porque en el Estado español el grado de sustitución de combustibles fósiles por alternativos es inferior al 5%, lo que nos sitúa a la cola de Europa en materia de valorización energética. Y esta tarea (la de utilizar los materiales que contienen los residuos de coches y electrodomésticos, entre otros, para obtener combustible alternativo) no parece ser del agrado de los empresarios españoles, que no quieren emplear tiempo ni dinero en ella.

Medio ambiente

Según el índice de gestión ambiental (2006), referencia internacional en la materia, el Estado español se halla «a la cola» de los países desarrollados en la protección del medio ambiente. El informe señala como principales problemas ambientales el consumo excesivo de agua y la contaminación del aire. La explicación se hallaría en la política aplicada para fomentar el crecimiento económico a costa del deterioro de la naturaleza y el agotamiento de sus recursos.

Una insuficiente, ineficaz o nula legislación medioambiental que repercute en que seamos, por ejemplo, el segundo país del mundo con mayor población expuesta al ruido (estando, como no, «a la cola» de Europa en la regulación de la contaminación acústica), y uno de los que peores índices tienen si hablamos de la explotación de la pesca, la concentración de ozono en el aire o el consumo y gestión del agua [5].

El Estado español también se halla «a la cola» europea en arquitectura sostenible y edificios medioambientalmente adecuados, según los datos del pasado año del Observatorio de la Sostenibilidad. En opinión de la consultora de diseño industrial DEGW, en los últimos 10 años se han construido más de 4 millones de viviendas en España y ninguna tiene las características de ser sostenible. Una de las razones es la nula importancia que promotores inmobiliarios y constructores dan a esta variable. Otras son la inexistencia de legislación a tal efecto y la escasez de materiales existentes para la construcción que sean reciclados o reciclables.

A la cabeza

Pero no podemos dejarnos llevar por el pesimismo, pues si bien es cierto que los españoles nos situamos «a la cola» de los países desarrollados en el uso de internet, no lo es menos que contamos con el acceso más caro a la red de toda Europa, la inflación más alta y la vivienda más inaccesible.

Si el Estado español ha sido el lugar donde más aumentó el precio de las casas y, además, figura como líder de la corrupción urbanística, no es de extrañar que se encuentre («a la cabeza») entre los diez países del mundo con mayor número de ricos.

Notas: