Como toda singularidad, «España» es una realidad plural que permite diversas aproximaciones. Dos intentos, provisionales si se quiere, de definición. Primer intento: España es un territorio heterogéneo africano-europeo, (des)ordenado políticamente por una monarquía borbónica, en el que en octubre 2010 un ciudadano -un concejal de Ezker Batua en este caso- represaliado por la dictadura franquista, […]
Como toda singularidad, «España» es una realidad plural que permite diversas aproximaciones. Dos intentos, provisionales si se quiere, de definición.
Primer intento: España es un territorio heterogéneo africano-europeo, (des)ordenado políticamente por una monarquía borbónica, en el que en octubre 2010 un ciudadano -un concejal de Ezker Batua en este caso- represaliado por la dictadura franquista, aquel régimen asesino apoyado por Hitler y Mussolini, puede ser detenido durante horas por la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas debido a sus «antecedentes penales» en contra de lo establecido en la «Ley» de Amnistía de 1977, 33 años después de su promulgación.
El artículo séptimo de la citada «ley» [1] afirma que los efectos y beneficios de la amnistía deben generar «la eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales aun cuando el sancionado hubiese fallecido». Todo parece indicar que los poderes fácticos de ese Estado borbónico siguen guardando antecedentes «penales» de luchadores antifascistas con claro incumplimiento de sus propias «leyes», promulgadas, como es sabido, en momentos de persecución y terror ciudadanos.
El ministro del Interior de un gobierno que dice llamarse socialista, raudo como una flecha en otras ocasiones, no ha emitido hasta el momento opinión alguna por lo sucedido.
En este reino borbónico se habla de «antecedentes penales» y de «notas desfavorables» para referirse a las actuaciones democrático-socialistas de admirables y arriesgados luchadores antifranquistas que pasaron años de su vida en las cárceles fascistas.
Segundo intento: España es un país «de todos los demonios» que sigue considerando a uno de sus grandes poetas un delincuente reo del delito de «rebelión militar», con condena a muerte posteriormente conmutada («No quiero otro García Lorca», general golpista africanista dixit), manteniendo en pie de infamia jurídica una «sentencia» que no fue tal, en un «juicio» que de ninguna de las maneras merece esa consideración. Fueron, como ha señalado Miguel Ángel Rodríguez Arias [2], auténticos asesinatos a sangre fría cubiertos de una abyecta teatralización judicial, verdaderos crímenes de guerra si queremos ser precisos.
El poeta condenado se llamaba, se llama, Miguel Hernández, el autor de «El niño yuntero». De todas las historias de la historia, escribió Jaime Gil de Biedma, sin duda la más triste es la de España.
Fuente:
[1] Véase Guillermo Malaina, «La ley de Amnistía o rige en Barajas», Público, 7 de octubre de 2010, p. 19.
[2] Véanse Miguel Ángel Rodríguez Arias: «No son sentencias, son crímenes de guerra», http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=34235; «Aunque la injusticia se vista de seda…o de ilegitimidad», http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=37175 y «No tan sólo anular las «sentencias» de Franco (I)». http://www.rebelion.org/noticia.php?id=114243
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