El Gobierno justifica la exportación de material militar a distintos países cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad. En el listado figuran los Antidisturbios de Chile y Perú, acusados de violaciones a los derechos humanos por sus actuaciones represivas contra manifestantes. También hubo ventas de cartuchos lacrimógenos a Túnez.
Haykal Rachdi tenía 21 años. El pasado 18 de enero, agentes de la Policía de Túnez le lanzaron un bote de gas lacrimógeno a corta distancia. Haykal participaba en la ola de protestas sociales que durante las últimas semanas atravesó ese país. La muerte llegó siete días después a causa de las heridas. Otro joven, Aymen Mahmoudi, tuvo más suerte: hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrimógeno.
Los nombres de Haykal y Aymen figuran en un reciente comunicado de Amnistía Internacional que denuncia, precisamente, la mala utilización de ese tipo de armamento por los cuerpos policiales. En el caso de Túnez, las miradas se dirigen también a España: según consta en una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, este país vendió cartuchos lacrimógenos a la Policía tunecina en 2019 por un importe de 85.176 euros.
No fue el primer negocio de ese tipo con el Gobierno de Túnez. En 2018, fabricantes españoles habían conseguido que el Ejecutivo de este país les permitiese exportar «artificios de luz y sonido y botes de humo por valor de 183.076 euros», según recordaba Iñarritu en su pregunta.
El diputado de EH Bildu intentó que el Ejecutivo explicase «cómo valoró el riesgo de que pudiera contribuir al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en un marco de impunidad en ese país«. Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a ampararse en su política de secretismo sobre la venta de armas para no dar ninguna explicación concreta sobre dicha valoración.
«No deberían exportarse armas a ningún Estado donde puedan ser utilizadas para conculcar los derechos humanos«, afirma Iñarritu a Público. En ese contexto, el diputado vasco considera que existe una «doble vara de medir» por parte del Estado español. «En este asunto priman los intereses económicos», lamentó.
Tales intereses primaron, además, en un contexto global sumamente relevante: Túnez es tan solo un ejemplo de los países agitados por una gigantesca ola de protesta social que nació antes de que llegara la pandemia y que consiguió mover a millones de personas en lugares tan distantes como Hong-Kong, Colombia, Chile o, incluso, la Francia de los Chalecos Amarillos.
En cuestión de meses la ola se hizo tsunami y contagió a distintos continentes. El hartazgo social era, más allá de cualquier frontera, el común denominador de esas movilizaciones. La respuesta fue, en todos los casos, de carácter esencialmente represivo: ahí están los muertos en Colombia, los ojos arrancados por balas de goma en Chile o las vidas perdidas en las calles de Túnez.
En la respuesta remitida a Iñarritu, el Gobierno señala además que las seis licencias de exportación a Perú concedidas en 2018 y 2019 englobaban concretamente «despieces para la fabricación de artificios lacrimógenos, cartuchos propulsores y postas de goma».
El caso de Perú resulta problemático. El artículo 20 del Código Penal de ese país exime a las Fuerzas Armadas y a la Policía de rendir cuentas «en caso de causar lesiones o muerte», denunciaba el diputado de EH Bildu. Al igual que en otros casos, el Gobierno español no aclara cuáles han sido los parámetros seguidos para permitir igualmente que se vendiese material represivo a ese país latinoamericano.
El pasado 9 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinó que durante las protestas registradas en Perú en el mes de noviembre se produjo «un uso innecesario y excesivo de la fuerza» por parte de la Policía. El informe establece además que la Policía disparó perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno «de manera indiscriminada y a corta distancia». Hubo dos muertos y cientos de heridos.
Según reflejan los informes oficiales sobre venta de armas que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, Colombia es otro de los países latinoamericanos sacudidos por protestas sociales que también compró material militar a España.
En 2019 hubo negocios por 8,8 millones de euros en «munición de artillería y de armas ligeras y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española», mientras que el año anterior se registraron ventas por 11,0 millones de euros en «repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación estadounidense y española, y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española».
Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas y material de seguridad, sostiene que «si España quiere exportar gas lacrimógeno a Túnez, pese a su historial de uso desproporcionado de la fuerza, o a Perú, cuya Policía y Fuerzas Armadas han causado la muerte de más de 150 personas durante protestas en los últimos 20 años, puede hacerlo, pero también podría suspender la entrega del material y condicionarlo a que los policías reciban formación sobre el uso de la fuerza y se adopten medidas para acabar con la impunidad, procesando a los responsables de torturas, malos tratos y homicidios ilegítimos o efectuando reformas legislativas».
«En el caso de Perú, por ejemplo, eso pasaría por derogar la Ley de Protección Policial, que viola el derecho internacional y deja una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas», subrayó Estévez. Precisamente, en noviembre pasado AI pidió al Gobierno español que no concediera nuevas autorizaciones de exportación de material antidisturbios, suspendiera los envíos de las autorizaciones concedidas y revocase la autorización de las licencias no ejecutadas. «La pregunta del millón es qué ha hecho la Junta Interministerial que regula la venta de armas, porque sus actas son secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968″, añadió el portavoz de AI.
El lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de los cuerpos policiales de Perú y Túnez figura en un informe que este lunes ha dado a conocer Amnistía y en el que se analiza la utilización de ese tipo de armamento en diferentes países. «El constante uso indebido de gas lacrimógeno por parte de la Policía en todo el mundo es temerario y peligroso, y a menudo causa lesiones e incluso la muerte de manifestantes pacíficos«, advirtió Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de AI.
Grilletes para Chile
Del mismo modo, el informe enviado por el Ejecutivo permite establecer que se exportaron «grilletes de doble cierre (esposas normales)» con destino a los Carabineros de Chile, severamente cuestionados por la represión desatada contra las protestas surgidas en octubre de 2019.
En un informe publicado a finales de ese año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos denunció «un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile, entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias».
Tras advertir que «el control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva», subrayaba que «algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio».
Con esos datos sobre la mesa, el Gobierno español defendió que la autorización de la venta de grilletes a los Carabineros se produjo «antes del comienzo de los disturbios locales».
Iñarritu también había preguntado sobre las salvaguardas adoptadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), órgano encargado de la concesión de licencias de exportación, en el caso de los sensores y cámaras térmicas vendidas a la Policía y al «sector de la investigación» de la República Popular China. También se refirió a las armas pequeñas y municiones exportadas a Filipinas en 2019 por más de 8 millones de euros.
En el caso de China, el Ejecutivo asegura que «fueron evaluados los productos por los expertos del Ministerio del Interior de España y, debido a las características de los mismos, no se detectó que pudieran darse desvíos a usos no deseados», alegó el Gobierno.
Respecto a las exportaciones de armamento a Filipinas –donde, según denunció Naciones Unidas en junio pasado, se han cometido «graves violaciones a los derechos humanos» por parte de las Fuerzas de Seguridad–, el Gobierno argumenta que «cada operación a este destino es analizada detenidamente» y que se tienen en cuenta el «respeto a los Derechos Humanos», la «situación interna» del país y el «riesgo de desvío» del material exportado, «además de exigir unas estrictas garantías de uso final».
«Criterio de precaución»
Sin embargo, el oscurantismo oficial en torno a esas autorizaciones provoca serias dudas entre los organismos de defensa de los derechos humanos. No en vano, el portavoz de AI reclamó que el Gobierno «prepare ya una nueva ley sobre esta cuestión que recoja las normas internacionales y se adopte un criterio de precaución en la autorización de venta de este material a países en los que, como Irak, Chile, Bolivia o Líbano, se han producido manifestaciones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 2019 y 2020″.