El juez suplente de Baltasar Garzón al frente del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional española emitió ayer un auto por el que prohíbe la manifestación en favor de la constitución de una mesa de diálogo, convocada por cerca de cuarenta agentes políticos y sociales. Pese a la amenaza del magistrado, estas […]
El juez suplente de Baltasar Garzón al frente del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional española emitió ayer un auto por el que prohíbe la manifestación en favor de la constitución de una mesa de diálogo, convocada por cerca de cuarenta agentes políticos y sociales. Pese a la amenaza del magistrado, estas personas y colectivos anunciaban su propósito de intentar llevar hoy sus demandas a las calles.
La decisión de Grande-Marlaska, a la que ha puesto peros la Fiscalía, es grave porque viene a coartar la libertad de expresión política de un amplio espectro de la ciudadanía de este país. La convocatoria, que se inspira en la celebrada sin obstáculos judiciales el pasado 1 de abril en las calles de Bilbo, se prohibía tras decidir el juez que el apoyo a la marcha de organizaciones de la izquierda abertzale que también secundaron el acto de Bilbo la convierte en ilegal, a la luz del auto emitido por él mismo el pasado 17 de enero. Un auto que prolongaba por otros dos años la suspensión de actividades de una formación política cuya actividad ha hecho posible que nos encontremos en un escenario que todos, excepto el PP y, a tenor de la reincidencia del juez, la Audiencia Nacional española, consideran como favorable para el logro de la paz.
Sólo desde una vocación claramente obstruccionista se puede entender que desde el espacio judicial se arremeta contra la constitución de un mesa política de cuya labor depende que esta oportunidad histórica salga adelante. El juez Grande-Marlaska la emprende contra un instrumento de diálogo esencial para el proceso y recurre para ello al viejo argumento de criminalizar las ideas que defienden sectores mayoritarios de la sociedad vasca por el mero hecho de que la vía del diálogo político entre partidos sea apoyada por la organización armada ETA en la entrevista publicada por GARA el pasado 14 de mayo.
Un argumento caduco, que permitió al titular de la plaza que ocupa Grande-Marlaska tejer una entelequia como el 18/98, cuya nula base queda una y otra vez al descubierto en el juicio. Un argumento que sólo puede explicarse desde el interés de estrangular el proceso democrático y que ayuda a la ultraderecha de UPN, que, en su afán de hacer de Nafarroa un territorio vedado para la libertad de expresión, no duda en emplear la violencia con tal de amordazar a interlocutores indispensables, en los procesos de Irlanda y de Euskal Herria.