El reparto pactado de diez vocales progresistas y otros diez conservadores cristaliza una asimetría democrática entre lo recogido por las urnas el 23J y el órgano de gobierno de los jueces para los próximos cinco años.
El bipartidismo ha vuelto a imponerse. Esta vez, para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este martes 25 de junio, en Bruselas, el Partido Socialista y el Partido Popular volvieron a darse la mano en público, entre sonrisas y con la mirada de supervisora de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, tenía bastantes más motivos para la alegría que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El PP ha conseguido lo que quería. Lo que aparentemente es un empate por el equilibro de fuerzas entre diez vocales progresistas y otros diez conservadores es, en realidad, una victoria para el bloque bipartidista y, en última instancia, para la derecha española: pese a no tener una mayoría parlamentaria, tendrán una afinidad ideológica con la mitad de los vocales. Una asimetría democrática con lo recogido por las urnas el 23J. Conviene no olvidarse de que el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces.
Rara vez ocurre, pero el relato político de Alberto Núñez Feijóo este miércoles en el Congreso de los Diputados ha sido bastante fiel a la realidad. “Yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo: el Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el PSOE ni por el Partido Popular”, le espetó a Sánchez. Efectivamente, se lo han repartido a medias tras cinco años, seis meses y 21 días de bloqueo por parte del PP. “Para usted la perra gorda”, fue lo único que le respondió el presidente Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en relación al acuerdo, más allá de recalcar lo inédito del bloqueo que llegó hasta ayer.
Hay que reconocer que el relato de la victoria progresista era difícilmente sostenible. De hecho, a las caras visibles de Sumar también les ha costado sostener el acuerdo como una victoria progresista. Tanto es así que su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, se ha centrado en su comparecencia en el logro de que el PP haya cedido en su intento de que los jueces se elijan a sí mismos: “Los poderes en democracia emanan en última instancia del pueblo y así va a seguir siendo”.
Sin embargo, de puertas para adentro, la fricción en la confluencia de partidos que es Sumar parece acrecentarse desde la dimisión en falso de Yolanda Díaz que ha mantenido un perfil bajo entre ayer y hoy. No es poco probable que parte de su electorado y las bases de los partidos que la han llevado a la Vicepresidencia Segunda hayan leído el pacto de Bruselas en clave bipartidista, pese a que haya deslizado entre sus medios más afines la idea de que los futuros vocales Carlos Hugo Preciado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, e Inés Herreros, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, llevan su firma. Aunque no sin cierta incoherencia. “El PSOE no puede llamarse a engaño porque conseguir un acuerdo concreto y puntual con el PP no significa que el PP sea un socio de fiar para la legislatura. Eso no va a pasar”, ha desarrollado Errejón. Pareciera que ha sido el PSOE en solitario quien ha pactado con el Partido Popular el futuro del Poder Judicial y al mismo tiempo, por otro lado, con Sumar.
La izquierda y los soberanismos señalan el ocaso de la mayoría de la investidura
El acuerdo sellado en Bruselas por Pons y Bolaños no ha sentado nada bien entre la parte izquierda del bloque de la investidura. Para Podemos, este pacto con el PP “legitima la guerra sucia judicial y mediática” que ellos y ellas, junto con los movimientos independentistas, han sufrido con toda su virulencia en los últimos años: “Arranca una nueva legislatura de Gran Coalición porque el PSOE ha elegido como socio de gobierno al PP. La peor noticia para nuestro país”, ha explicado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Según Belarra, el mensaje que se le envía a la sociedad del Estado es que “la democracia no puede llegar a los poderes profundos del Estado como la Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a la Radio Televisión Española”.
La tesis es compartida por Esquerra Republicana de Catalunya hasta en los conceptos utilizados: “El PSOE hoy anuncia el nuevo socio, que es el PP. Hoy podemos dar la bienvenida todos y todas a la gran coalición”, ha sentenciado también el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. Por su parte, EH Bildu también ha cargado contra el pacto entre PSOE y PP alegando que es un nuevo reparto de puestos con el PP que “puede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha”. Lo dicen por una razón sencilla. El acuerdo contempla que todas las decisiones que tome el nuevo CGPJ, especialmente el nombramiento de los magistrados de los altos tribunales como el Supremo, deben ser aprobadas a partir de ahora por una mayoría de tres quintos de sus vocales. Esto implica, en la práctica, que los vocales del PP tendrán la capacidad de bloquear todas las decisiones del Poder Judicial que no entren en sus plantes.
En el Bloque Nacionalista Galego, más de lo mismo. Lo consideran “una oportunidad perdida para la democracia”. “Seguimos en lo mismo, de hecho, seguimos retrocediendo y cediendo ante la derecha porque el PSOE acaba de comprarle el marco. En el BNG defendemos que la elección de los jueces dependa única y exclusivamente de la soberanía popular”, ha explicado el diputado del BNG, Néstor Rego en la tarde del martes.
Por el ala derecha del independentismo vasco y catalán, la hostilidad no es tanta, pero no por ello menos importante. “PP y PSOE nos hablaban de separación de poderes y lo que ha habido ha sido una conservación de poder (…) Las negociaciones han terminado siendo un pacto del PSOE con el PP”, ha argumentado Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya. Quizá el más suave en sus declaraciones haya sido Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, que afirmó que su grupo no votará “a nadie” porque “nadie ha hablado con” ellos y que ambos partidos tienen mayoría suficiente para “hacer lo que les dé la gana”.