En jornadas #Auditfest organizadas el 14 y 15 de octubre en Barcelona por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) participó el tercer teniente de alcalde y regidor en el Ayuntamiento de Badalona José Téllez, responsable desde hace año y medio de una concejalía (de «Badalona Democrática») que incluye materias como hacienda, contratación y […]
En jornadas #Auditfest organizadas el 14 y 15 de octubre en Barcelona por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) participó el tercer teniente de alcalde y regidor en el Ayuntamiento de Badalona José Téllez, responsable desde hace año y medio de una concejalía (de «Badalona Democrática») que incluye materias como hacienda, contratación y participación. Téllez forma parte de Guanyem Badalona en Comú y ha participado como activista social en múltiples plataformas y colectivos en esta ciudad de 215.000 habitantes, gobernada desde mayo de 2015 por Guanyem Badalona en Comú, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds. En un taller sobre fiscalidad justa municipal de las jornadas de la PACD, ha intervenido también el concejal de Nueva Economía y Servicios Centrales del Ayuntamiento de Sabadell, Albert Boada. Miembro de «Crida per Sabadell» (coalición formada por la CUP y otras entidades), Boada forma parte del gobierno de una ciudad de 210.000 habitantes, integrado por ERC, Unitat pel Canvi, Crida per Sabadell y Guanyem Sabadell. A pesar de los corsés que impone la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tratan de explotar la legislación en el límite, con medidas que podrían caracterizarse como de una «socialdemocracia fiscal, no rupturista». Por ejemplo aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las grandes superficies, introducir criterios de renta en el precio de las guarderías públicas o exigir a las grandes empresas que paguen lo que les corresponde en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
-Las elecciones municipales de mayo de 2015 terminaron con un ciclo político en numerosos municipios de Cataluña. En Badalona con la hegemonía del PP, que gobernaba con el apoyo de CIU; y en Sabadell con el mandato del PSC, que contaba con el soporte del Partido Popular. ¿Cómo encontrasteis los ayuntamientos al tomar posesión de los cargos?
José Téllez: En Badalona había un ayuntamiento muy dependiente de los bancos, no sólo para las inversiones sino sobre todo para el pago de los gastos ordinarios. Además, los planes de inversión municipal se orientaban a los grandes proyectos, como piscinas olímpicas; se impulsaban muy pocos microproyectos de urbanismo en los barrios. Durante los cuatro últimos años con gobierno del PP, se incrementó notablemente el endeudamiento y hubo un control muy escaso de la fiscalidad; y sobre todo, un desarrollo mínimo de los «límites» socialdemócratas que permiten las leyes. Cuando había que afrontar gastos, se aumentaban los precios públicos y las tasas, además de bajar o congelar los impuestos.
Albert Boada: Se produjo una delgadez extrema, casi pornográfica, de la gestión pública; y al mismo tiempo una gestión populista, en todo aquello que se despliega de cara a la galería. Grandes obras, infraestructuras y construcciones, por ejemplo, en el caso de Sabadell, el proyecto de pista de atletismo cubierta de Cataluña, pero lo mismo ocurre con el Circuito de Montmeló. También grandes escándalos como el «caso Mercurio». Se trata de infraestructuras totalmente deficitarias y hechas al estilo grandilocuente de los jeques y los monarcas. Basados en la especulación y la burbuja inmobiliaria, los ingresos permitían este tipo de inversiones; ni se buscaban las formas más redistributivas de los impuestos, ni qué actores habían de estar sujetos a una fiscalidad más progresiva.
-¿Cuáles son, a partir de vuestra experiencia, las principales ataduras fiscales a las que se ven sometidos los llamados ayuntamientos del cambio?
JT: Los límites que impone la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Los municipios disponen de muy poca autonomía para desarrollar una política, propia, de fiscalidad justa. Los límites de la ley tampoco se habían explotado nunca, ahora sí tratamos de llegar a los extremos. Las bonificaciones de impuestos nos vienen muy marcadas y en algunos casos son retrógradas: a las familias numerosas, a la iglesia… Se tiene poco en cuenta los criterios de renta y a colectivos que son vulnerables en la actualidad, como los parados y las familias monoparentales o monomarentales.
AB: También te «ata» mucho la historia de cada municipio, donde la trayectoria impositiva o fiscal y la estructura económica marca ya unas coordenadas. Por ejemplo, bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para introducir una tasa de residuos es algo que tiene un coste político muy elevado, porque puede ser muy redistributiva con los mismos ingresos, pero existen unas inercias y es muy difícil de poner en práctica; hay una cultura fiscal ya generada…
-¿Qué logros pueden observar los ciudadanos después de un año y medio de gobiernos locales «al servicio de las mayorías»?
JT: Llegar a los límites legales para una socialdemocracia fiscal, no rupturista. Alcanzar los límites de las bonificaciones y establecimiento de «tramos», para que pague más quien más tiene. Aplicar en los impuestos medidas como los tramos de los valores catastrales en las bonificaciones del IBI. Y en los precios y tasas, los criterios de renta. En la legislatura anterior la Generalitat comenzó a recortar las ayudas a los municipios para guarderías, y el PP de Badalona optó por un incremento de precios para tapar el agujero. En cambio, nosotros hemos hecho una tarifación muy ambiciosa por criterios de renta, de manera que las familias pagan entre 20 y 197 euros. Siempre por debajo de la escuela privada, pero con criterios justos y progresivos. Por primera vez en Badalona hemos llenado todas las plazas de la guardería pública.
AB: Cuando se introducen bonificaciones por criterios de renta, lo importante es la progresividad fiscal. Eso puede hacerse en todas las tasas. En Sabadell algunas estaban ya introducidas, por ejemplo en las escuelas municipales de música o de arte y guarderías. El nuevo ayuntamiento ha aprobado bonificaciones que antes no existían a familias monoporentales, o bonificaciones por criterios de renta a tasas como la de residuos. Otras que ya se aplicaban a las empresas, como el 25% en la tasa de residuos a las que pagan el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), se han condicionado a que estas empresas tengan un 80% de empleo estable o a las buenas prácticas ambientales.
-Una de las grandes promesas electorales fue las «remunicipalizaciones» y la reversión de los servicios públicos externalizados y puestos en manos de empresas privadas. ¿Representan un ejemplo de avance por este camino los gobiernos de Badalona y Sabadell?
JT: Uno de los grandes problemas es que los recortes no han sido sólo de soberanía y autonomía municipal, también hemos recibido en herencia unos aparatos administrativos y de gestión muy reducidos. Y esto representa un impedimento a la hora de comenzar a «remunicipalizar» servicios. Lo primero que hemos hecho cinco municipios de Cataluña -Badalona, Sabadell, Ripollet, Cerdanyola y Barberà- es firmar un convenio de colaboración para la realización de estudios económicos y legales, así como empezar a compartir los cuadros técnicos para el estudio de cómo municipalizar servicios públicos.
AB: La «remunicipalización» se enfrenta a unos retos muy importantes. Puede haber una voluntad política muy clara, como es la nuestra, pero después hay un debate más importante que es el siguiente: ¿Qué ocurre con las personas y recursos humanos de estas empresas? Este debate, subyacente, genera una preocupación muy alta incluso entre los sindicatos de las empresas externas. ¿Van a ser subrogados los trabajadores directamente a la Administración? ¿Tendrán que pasar por una selección? Por eso estos procesos se han de gestionar de una manera muy consensuada, más lenta y trabajando con todos los actores. En Sabadell hemos municipalizado algunos pequeños servicios, por ejemplo la grúa municipal, la zona azul de aparcamiento (que comenzará en 2007) y estamos trabajando también con otros servicios de limpieza municipal, de mayor tamaño (en ocasiones con plantillas de 200 trabajadores). En las grúas nos encontramos con que cuando los servicios están en manos de empresas, el control es menor. Vimos el caso de un conductor, delegado sindical de UGT, que no tenía el carné de remolque. A la hora de hacer la subrogación a personal propio, tú no puedes incumplir la ley, como hacía la empresa.
–¿Contáis con la colaboración del cuerpo de funcionarios?
JT: Uno de los grandes problemas es que hay muchos técnicos que llevan años trabajando sólo de una manera, y cuando les «aprietas» para que busquen los límites de una ley, todo es más lento. Te das cuenta de que aunque hayan pasado por gobiernos de un color político diferente, siempre lo han hecho todo de la misma manera. Cuando les fuerzas a buscar otras formas, o les obligas a volver a leer la ley… Y esto no es una crítica a los técnicos, muchos colaboran porque ven que resulta un trabajo más interesante y que les motiva más, al hacer cosas distintas. Pero en otros casos, te encuentras con una incapacidad para llevar adelante políticas innovadoras…
AB: Para los técnicos municipales ha sido un periodo muy cómodo el que comienza a partir de los años 90, con la oleada de privatizaciones de los servicios públicos. Sobre todo, porque se entendía la privatización como olvidarse del servicio. Cuando hemos planteado «remunicipalizar», nos hemos dado cuenta de que no conocían el funcionamiento. En el caso de Sabadell, observamos cómo el 70% de las tuberías de agua todavía son de fibrocemento, y tienen más de 70 años. Esto ocurre porque ningún técnico ha exigido a la empresa constructora que realice procesos de inversión y renovación de tuberías. Y así, son beneficios que la empresa genera en sus balances. Nos encontramos con malas infraestructuras y una deficiente gestión de los recursos humanos.
-¿Han impuesto los nuevos gobiernos de Badalona y Sabadell algún control a las grandes superficies?
JT: Observamos que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite aplicar tramos diferentes en el IBI residencial y el IBI específico para grandes comercios, algo que no se explotaba en Badalona, pero sí en municipios colindantes como Sabadell, Terrassa u Hospitalet; En ese contexto, sencillamente hemos aumentado un 24% el IBI a los grandes comercios. Entendemos que no van a irse de Badalona, ya que nos situamos a la altura de otros municipios; además, esta medida nos permite bajar el IBI al pequeño comercio y así poder ayudarlos. Es otra forma de progresividad fiscal.
AB: Nosotros realizamos un plan de control tributario, en el que analizábamos cómo pagaban el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) las empresas de mayores dimensiones. Nos dimos cuenta de que una parte de ella no tributaban como grandes superficies, sino como si fueran (muchos) pequeños comercios agregados. Así, IKEA pagaba por 16 epígrafes diferentes del IAE en calidad de «pequeños comercios», y no por uno de «gran superficie». Esta maniobra le permitía pagar en torno al 25-30% del impuesto que realmente le correspondía (el pasado 12 de julio Europa Press informaba de la presentación de un recurso contencioso administrativo por parte de Ikea contra el Ayuntamiento de Sabadell por el IAE, después de que el consistorio abriera un expediente por tributar de forma diferente a su actividad real. Nota del entrevistador).
-Badalona acogió el 12 y 13 de febrero de 2016 del XV Simposio anual de la Red Renta Básica. ¿Qué avances se han producido en torno a las rentas mínimas o subsidios de supervivencia? ¿Y en materia de desahucios?
JT: Es muy interesante, pero o cambia la ley de autonomía municipal en materia fiscal o resulta inviable. Tal como se reparten actualmente los presupuestos generales (51% para el estado; el 36%, en manos de las comunidades autónomas y el 13% para los municipios), es muy improbable que los ayuntamientos nos podamos plantear una renta mínima. Si incrementara nuestra capacidad legislativa y recaudatoria, resultaría interesante también por la simplificación de procesos, ya que los ayuntamientos perdemos mucho tiempo y capacidad administrativa en ayudas, subvenciones y servicios sociales. Una renta mínima simplificaría estos procesos… En cuanto a los desahucios empezamos muy bien, aplicando la ley catalana 24/2015 de emergencia en el ámbito de la vivienda. Esto nos permitió plantear exigencias a los bancos, sentarnos a negociar y ponernos muy duros, pero ahora estamos sufriendo el hecho de que la ley esté «empantanada» en el Tribunal Constitucional.
AB: No hay una capacidad económica en el ámbito municipal, además los presupuestos de los ayuntamientos cuentan con una parte «consolidada» muy importante, vinculada a las contrataciones, gastos, cuerpo de funcionarios… El presupuesto municipal «consolidado» puede superar el 90%. En el margen que nos queda, ayuntamientos como el de Badalona o Sabadell han incrementado los recursos directos para las familias que, por razones de renta, necesitan ayudas para el pago de alquileres o los suministros básicos. Sobre los desahucios, ciertamente la ley 24/2015 que impulsaron las PAH nos aportó un marco político muy potente; otorgaba a los municipios una capacidad de presión muy alta sobre los grandes tenedores y entidades financieras. Aunque algunos artículos de la ley estén suspendidos por el Tribunal Constitucional, continuamos aplicando aunque sea formalmente los mismos principios en las negociaciones: ellos son los responsables de la situación y los que han de garantizar el derecho a la vivienda. Ciertamente no estamos en una situación de «desahucios cero», y muchos de ellos se producen sin que tenga conocimiento la Administración. En Sabadell contamos con un censo municipal de personas empadronadas en pisos ocupados. Nos constan más de 1.200 pisos ocupados, pero creemos que la cifra ha de ser muy superior pues hay gente que no se empadrona.
-Otra reivindicación tradicional de los movimientos sociales son los presupuestos participativos. ¿Tienen los ciudadanos capacidad de decisión en las inversiones municipales?
JT: En nuestro primer presupuesto llevamos a término un proyecto «piloto» de 500.000 euros (el 0,5% del presupuesto ordinario), para que la gente pudiera repartirlo, mediante votación popular, en ocho proyectos diferentes. Nos ayudó a generar una «gimnasia» participativa. Actualmente desarrollamos un proyecto muy ambicioso en el presupuesto de inversiones: someter a participación el 50%. En una primera fase la gente podía hacer propuestas, virtualmente o en talleres participativos presenciales; la fase siguiente consiste en validarlos técnicamente y someterlos a votación en noviembre. De aquí saldrá el plan de inversiones de Badalona.
AB: En Sabadell hemos destinado en 2016 (para la aplicación del presupuesto participativo en 2017) un millón de euros a proyectos presentados por la ciudadanía y entidades; 500.000 euros se dirigen a inversión e infraestructuras, y el restante medio millón a proyectos comunitarios en los que las asociaciones podían realizar las propuestas. Se presentaron más de 40, de las que finalmente se seleccionaron 12 por votación popular.
-Por último, ¿con qué discursos se rechazan las políticas de redistribución de la renta y participación a escala municipal?
JT: La principal queja estriba en que la participación ralentiza los procesos; y nos critican mucho por inexpertos, por decidirlo todo en asambleas… Pero te das cuenta de que ellos saben mucho menos, sobre todo cuando hablas de fiscalidad; te das cuenta de que gente «profesional» y que lleva muchos años en la política, no ha desarrollado iniciativas que tú has podido llevar a término en un año. Además a veces en plenos y debates utilizan argumentos que son «ilegales», y te sorprende el poco interés que tienen en desarrollar políticas al límite de la ley. Empiezas con muchos complejos, pero te das cuenta de que ellos tampoco sabían tanto.
AB: En Sabadell tenemos una oposición muy clara de toda la derecha (CIU, PP y Ciudadanos) y también del PSC, que gobernaba anteriormente la ciudad. El PP utiliza mucho el discurso de «que mandan los radicales» y «los que no quieren policía» o «los que están en contra de la ley». Esto nos lo dicen los partidos que han estado robando y saqueando las administraciones públicas. Además creo que en Cataluña nos hallamos hoy en un oasis político, pues existe un consenso político y ciudadano sobre quiénes han sido los responsables de la crisis. Un partido de la derecha más clásica y retrógrada como Convergencia, intenta a escala municipal hacer oposición por la izquierda a los «nuevos» gobiernos. Preguntan por qué no se «remunicipalizan» determinados servicios, o por qué continuamos teniendo créditos con la banca. Y es complicado, porque hemos de gestionar el día a día. Pero me parece que este discurso no es negativo, ya que si la derecha tiene que hacer oposición por la izquierda, es porque percibe en qué punto reside el consenso social y la hegemonía política.
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