A los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) se les conoce como pequeños Guantánamos. Permanecen internos en estas instalaciones del Ministerio del Interior, inmigrantes considerados «irregulares» (carecen de permiso de residencia), mientras se tramita su expulsión. Existen 9 reconocidos oficialmente en el estado español. Numerosas ONG han puesto en su punto de mira los CIE […]
A los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) se les conoce como pequeños Guantánamos. Permanecen internos en estas instalaciones del Ministerio del Interior, inmigrantes considerados «irregulares» (carecen de permiso de residencia), mientras se tramita su expulsión. Existen 9 reconocidos oficialmente en el estado español.
Numerosas ONG han puesto en su punto de mira los CIE por vulnerar los derechos básicos de los internos (les denominan habitualmente «presos»). Las quejas por la falta de asistencia sanitaria y la deficiente alimentación son las más frecuentes entre los internos del CIE de Valencia. Además, las organizaciones sociales han denunciado que con frecuencia se producen malos tratos y que son habituales los conflictos con los policías encargados de la gestión de los centros.
En septiembre las ONG dieron a conocer un caso representativo de muchas de las quejas -sobre todo, por precariedad en la atención- que afectaban al CIE de Valencia. Una mujer de algo más de 20 años, procedente de Chad, se enfrentaba a complicaciones en su embarazo. No se le prestó asistencia médica ni atención especializada.
Inserto en el complejo policial de la calle Zapadores, el actual Centro de Internamiento para Extranjeros de Valencia se puso en marcha a mediados de 2000. En estas instalaciones permanecen encerradas 150 personas mientras transcurren los 60 días (el plazo máximo legalmente establecido) en los que se tramita su deportación. Las infraestructuras son muy precarias: un patio sin ningún equipamiento; una sala con televisión; dos celdas de aislamiento para faltas disciplinarias y las celdas comunes, para 6 personas y sin baño interior.
Según Salva Lacruz, portavoz de la Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR-PV) y miembro de la campaña por el cierre de los CIE, las condiciones de habitabilidad y convivencia en el interior de estos centros son «Infernales». «La relación con los carceleros es muy hostil; por la mala calidad de la alimentación, en ocasiones se han producido diarreas colectivas; asimismo, no existe la medicina preventiva ni la atención de enfermedades crónicas, como la diabetes; en caso de urgencias, sólo se produce un traslado a un hospital o centro externo en circunstancias muy graves».
«Se vive con una sensación permanente de claustrofobia, la propia de una cárcel. Son 150 personas presas, de nacionalidades diferentes, conviviendo únicamente con policías en una pequeña prisión, sin saber cuándo serás liberado o expulsado, y sin ninguna oportunidad de hacer algo en todo el día; así son los CIE; además, los inmigrantes encerrados sólo conocen de Europa, a menudo, una comisaría, un juzgado y un centro de internamiento», explica el portavoz de CEAR-PV.
En noviembre, un grupo de ciudadanos argelinos denunciaron abusos en el CIE de Valencia. Las organizaciones sociales trasladaron los hechos al Juzgado número 3 de Valencia, encargado del control del centro, para que investigara la posibilidad de un ilícito penal. Detenidos al llegar a Málaga y luego trasladados al centro de internamiento valenciano, los inmigrantes argelinos presentaban marcas en su cuerpo como consecuencia, presuntamente, de los golpes recibidos. «Aunque es técnicamente viable una resolución condenatoria, nos tememos que estos hechos queden una vez más en la impunidad», afirma Salva Lacruz.
Existen precedentes que avalan las críticas a esta impunidad. Una denuncia presentada por las organizaciones sociales a principios de 2011 fue finalmente archivada. Así lo solicitó el fiscal, con el peregrino argumento de que las víctimas ya habían sido expulsadas del estado español. En un comunicado, las ONG resumían de este modo los hechos que se ponían en conocimiento del juzgado: «varios reclusos han sido víctimas de golpes, patadas y palizas, bien con previa provocación por parte de los agentes de policía (que nunca llevaban la debida identificación), bien como castigo antes actitudes de protesta por parte de los reclusos».
El documento más demoledor en este sentido es el hecho público en diciembre de 2009 por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El informe recoge testimonios de inmigrantes, como éste de un interno en el CIE de Valencia: «Pasan muchas cosas…Hay un policía calvo. No es calvo, se rapa el pelo en plan skinhead. Una noche, una persona de aquí que tiene el pie muy hinchado pidió pastillas para calmar el dolor. Entró él: «aquí no hay pastillas ni hostias. A dormir». El chaval insistió en que le dolía y entonces el policía le dio dos puñetazos en la cara y una patada en el pie hinchado».
La situación ha cambiado poco desde entonces, aseguran desde la Campaña por el cierre de los CIE, aunque ha habido algunos avances. Desde el pasado mes de abril, a las ONG se les reconoce el derecho a visitar a los presos del CIE de Valencia sin limitaciones. El auto judicial que lo permite abre la posibilidad, según las organizaciones sociales, a conocer mejor lo que ocurre dentro de los centros y a prestar apoyo humano en mejores condiciones a los internos. Además, en el caso de Valencia, el colegio de abogados está haciendo esfuerzos para que el turno de extranjería realice un buen trabajo.
El informe de CEAR supuso el punto de arranque de la Campaña por el cierre de los CIE en Valencia. Unas 20 organizaciones sociales, entre colectivos de trabajo con inmigrantes y refugiados, asociaciones vecinales, cristianos de base, sindicatos y partidos políticos como Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) participan en la iniciativa. Entre los puntos clave de la agenda figura la labor de acompañamiento a las víctimas y la defensa jurídica cuando se da una presunta vulneración de derechos. A ello cabe agregar una reivindicación política de carácter general: la abolición del sistema de centros de internamientos para extranjeros en el estado español.
Fuentes de la campaña aseguran que 2011 «ha sido un año muy intenso en cuanto a movilizaciones». De hecho, se han consolidado las concentraciones el último martes de cada mes frente a las puertas del CIE de la calle Zapadores de Valencia, para exigir su cierre. Además, en otoño se dieron los primeros pasos para impulsar una campaña estatal que reivindique la clausura de estos centros, «un auténtico agujero negro en el estado de derecho», afirma Salva Lacruz. (Más información en ciesno.wordpress.com).
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