Más de un centenar de personas se manifiestan en Melilla exigiendo que se esclarezcan las muertes de dos jóvenes locales que cumplían penas en dos cárceles españolas, Alhaurín de la Torre (Málaga) Y El Puerto III (Cádiz). Dos nuevas muertes de presos en las prisiones de nuestro país, han teñido una vez más de sangre […]
Más de un centenar de personas se manifiestan en Melilla exigiendo que se esclarezcan las muertes de dos jóvenes locales que cumplían penas en dos cárceles españolas, Alhaurín de la Torre (Málaga) Y El Puerto III (Cádiz).
Dos nuevas muertes de presos en las prisiones de nuestro país, han teñido una vez más de sangre la realidad carcelaria. Sus familiares se manifestaron el pasado miércoles, 24 de febrero, en Melilla, donde residían estos jóvenes antes de ser encarcelados, para exigir que se respete la vida y los Derechos Humanos de los presos en las cárceles, y para reclamar que la Dirección General de Institiuciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior) abra una investigación para esclarecer lo ocurrido en las muertes de estos dos jóvenes melillenses.
Las dos prisiones peninsulares donde han fallecidos los presos son la de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde murió Mohame El Founti el pasado 15 de marzo, y en la de El Puerto III (Cádiz), donde el 25 de febrero fallecía Abdelkader El Founti. Ambas cárceles han sido denunciadas en otras ocasiones por no respetar los derechos humanos.
Los familiares de los fallecidos han pedido permiso para convocar otra manifestación en el centro de la ciudad que terminará frente a la Delegación del Gobierno. Además, en declaraciones a los medios, el padre de uno de los fallecidos, Abdelkader El Founti, exigía que se respetara la ley, en concreto, el artículo 2 del Reglamento Penitenciario que establece la «reeducación y resinserción de los presos junto a su familia y sociedad de procedencia» y la Ley Orgánica General Penitenciaria que refleja en su artículo 12.1 que se evite «el desarraigo familiar y social de los presos», ya que los traslados que sufren los presos, y que se hacen sin un criterio claro, público y transparente (y que depende una vez más de la Dirección de Instituciones Penitenciarias), son demasiados habituales.
La Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 3.4 explica que la Administración Penitenciaria «velará por la vida, integridad y salud de los internos», mientras que el artículo 25.2 de la Constitución Española sobre la tutela judicial efectiva de los tribunales.
A estas dos muertes hay que sumar el fallecimiento de un camerunés en Melilla poco después de su traslado a la prisión local.