La desinformación mediática y la propaganda política alertan sobre un problema inexistente. Hay 180 veces más posibilidades de ser desahuciado que de encontrarte con alguien dentro de tu casa
Ocho proposiciones de ley, ocho proposiciones no de ley y dos mociones. Esas son las cifras de la presencia del fenómeno de la okupación en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura. En todos los casos, excepto en uno (una proposición no de ley presentada por el PSOE), con las derechas y la ultraderecha como protagonistas. De sus filas han salido también decenas de preguntas relativas a este fenómeno, como esta que hizo Teodoro García Egea el 29 de enero de 2021: “¿Le preocupa al vicepresidente segundo el bienestar de algún español que no sea un okupa?”.
Esta abultada presencia de la okupación en la actividad parlamentaria ha quedado perfectamente reflejada en las grandes cabeceras, televisiones y emisoras nacionales, intensificada además con el goteo constante de declaraciones de figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado o Santiago Abascal. Así, como demuestra este artículo de La Marea, en Antena 3 se ha llegado a dedicar espacio informativo a la okupación todos los días de una semana, exceptuando el domingo.
El resultado de todo ello se puede observar en el barómetro del CIS del pasado mes de octubre, en el que la okupación de viviendas aparece como uno de los principales problemas del país según la propia ciudadanía. Al tratarse de una pregunta abierta, su mera mención ya sugiere una relevancia notoria, pero la realidad es que se encuentra a la altura de la “violencia de género” o “la falta de confianza en los/las políticos/as y las instituciones”, ambas situadas, como la okupación, entre las 40 primeras respuestas, repetidas por un 1% de los encuestados y las encuestadas.
Parece difícil huir de la idea de que el movimiento okupa está poniendo en peligro el acceso a la vivienda, pero un simple vistazo a la realidad demuestra que los datos no justifican la omnipresencia política y mediática de esta alarma social, que tantos beneficios genera al sector de la seguridad, sobre todo si se compara con su antítesis: los desahucios.
Según datos del CGPJ, en 2021, 41.359 familias fueron desahuciadas en España. Durante ese mismo año, el INE recogió un total de 230 delitos de allanamiento, que es el tipo legal en el que encajan la gran mayoría de los bulos enarbolados desde las televisiones más vistas y las emisoras de radio más escuchadas del país. 230 allanamientos de morada frente a 41.359 expulsiones por impagos. O lo que es lo mismo, hay 180 veces más posibilidades de ser desahuciado que de salir a comprar el pan y encontrarte con alguien dentro de tu casa. Además, y pese a la insistencia mediática en confundir allanamiento y okupación, se trata de dos actividades muy diferentes.
Desde sus inicios, el movimiento okupa ha tenido como objetivo “propiedades vacías de bancos”, en las que se entraba para provocar “una situación de reclamo de alquiler social” que recuperase el derecho fundamental a una vivienda digna para aquellas familias vulnerables a las que se había negado el acceso a un techo. Lo cuenta Paco Morote, portavoz de la PAH, en conversación con CTXT: “Lo llamábamos nuestra ‘obra social’”. Por lo tanto, el delito al que mejor se ajustan las acciones de los y las okupas es el de usurpación. Según el Código Penal, la usurpación se comete cuando alguien ocupa sin autorización “un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada”. Es decir, casas vacías de forma permanente. Ni el hogar de una señora que ha ido a comprar el pan ni la segunda residencia vacacional de una familia de clase media. Eso, sencillamente, no es okupación.
Además, si ocurriese algo parecido, el desalojo sería inmediato. De hecho, al tratarse de un delito penal de tipo flagrante “ni siquiera hará falta un desalojo, porque la detención del allanador provocará que recuperes el inmueble. De forma inmediata”, aclara el magistrado Diego Álvarez.
En cuanto a la supuesta desprotección de los propietarios y las propietarias ante un caso de okupación real –recordemos: siempre que se emplee ese término será en referencia a una usurpación de un inmueble deshabitado–, tanto Paco Morote como Carlos Castillo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, afirman a CTXT que existen herramientas legales suficientes para asegurar que ningún particular vea, indefenso, cómo su propiedad le es arrebatada. La opinión de ambos se suma a la de muchos profesionales de la judicatura, como Joaquim Bosch o el ya mencionado Diego Álvarez.
Es el propio Castillo quien abre el sendero para entender por qué en algunos casos la okupación se alarga en el tiempo e incluso termina por permitir que los okupas consigan quedarse a vivir ahí. “Sigue habiendo viviendas okupadas porque los tribunales deben ponderar, por mandato europeo y de nuestra propia Constitución, los intereses que entran en juego en un caso de usurpación: el interés de un banco en volver a dejar una vivienda vacía durante años contra el interés de una familia con menores de tener un hogar en el que desarrollar sus vidas”, explica el abogado. Y, de nuevo, insiste en la existencia de instrumentos legales para evitar que la okupación se alargue en el tiempo cuando, en lugar de un gran propietario, la casa es de una familia que vive allí: “En un caso como el que suele salir en las noticias, de una familia vulnerable a la que le okupan la vivienda, no hay que ponderar nada y esa gente se va a la calle en el momento”.
Otras corrientes desinformadoras apuntan a una supuesta permisividad del Gobierno de coalición, que estaría conspirando para convertir España en un país en el que cualquier persona puede entrar en tu casa y dejarte en la calle. No obstante, la línea de acción del Ejecutivo es bien diferente, y quedó patente en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, una moratoria de los desahucios que entró en vigor para reducir el impacto de la pandemia de la covid-19. En él, se insta a la judicatura a tener en cuenta, incluso en una coyuntura de emergencia sanitaria y económica, las circunstancias de quien okupa solo en los casos de viviendas de grandes tenedores; por el contrario, si es una casa de un particular, aunque esté en desuso, se puede decretar el desalojo de forma directa.
En definitiva, tanto los datos oficiales como la tendencia legisladora ponen en evidencia que, en una mayoría aplastante de los casos, los delitos de usurpación no perjudican a ningún pequeño propietario.
Ni delincuentes ni vividores: familias vulnerables expulsadas del derecho a una vivienda digna
“Lo que hay que dejar bien claro es que la okupación no es el problema, sino el síntoma. El problema son las condiciones de acceso a la vivienda”. La frase se repite en varias ocasiones durante la conversación telefónica con Paco Morote, que parece cansado de tener que luchar constantemente contra las mentiras de los medios de comunicación.
España cuenta con uno de los parques de vivienda pública más pobres de toda la Unión Europea. Mientras que la media continental de pisos sociales está en el 9,3%, en nuestro país ese porcentaje cae hasta un raquítico 2,5% sobre el total de casas habitadas.
Para entender el impacto de estas cifras en la vida real de la ciudadanía, este informe de la Fundación ‘la Caixa’: solo el 68% de los jóvenes entre 30 y 34 años pueden emanciparse en el Estado español; en Francia, con casi un 17% de vivienda social, este número asciende hasta el 96%.
Además, existe un sesgo de clase que reviste de odio al pobre (aporofobia) la campaña de criminalización de la okupación: casi el 80% de las familias pertenecientes al quintil de menos ingresos debe realizar un sobreesfuerzo económico para pagar el alquiler. El dato es demoledor. Ocho de cada diez hogares en situación de vulnerabilidad económica no pueden hacer frente a los gastos residenciales con la holgura que deberían.
Una vez expuesta la precaria situación del sector inmobiliario en España, un estudio llevado a cabo por Obra Social Barcelona sirve como colofón para desmontar el estigma sobre el movimiento okupa. Con 626 hogares encuestados y 39 entrevistas realizadas a lo largo y ancho de Catalunya, la investigación ofrece una imagen nítida de las características promedio de las personas que okupan.
Una amplia mayoría de ellas (75%) aseguran que su okupación se debe a no poder acceder a una vivienda o haber sufrido un desahucio, y de hecho el 80% de los encuestados buscó otra opción habitacional antes de okupar. De ellos, seis de cada diez solicitaron, sin éxito, el acceso a una vivienda social. Si España contase con un parque de vivienda pública ya no abundante, sino mínimamente equiparable a la media europea, una proporción muy elevada de estas usurpaciones no habrían tenido lugar.
Con respecto al perfil personal, en más de la mitad de los casos se trata de familias con menores. Y, del segmento de edad con mayor representación (36-45 años), un 72% se encuentra a cargo de personas en situación de dependencia.
La instrumentalización del miedo a la okupación como herramienta xenófoba cae por su propio peso al comprobar que el 73% de los encuestados cuenta con pasaporte español. Y por si el mantra de la inmigración irregular quisiera hacer acto de presencia aquí, otro dato: seis de cada diez migrantes sin papeles (solo conforman un 3% de las respuestas) afirman vivir también con personas dependientes. Es decir, en la mayoría de los casos, tener un hogar supone una cuestión de vida o muerte.
Por último, y solo para confirmar lo que ya adelantaron tanto Paco Morote como Carlos Castillo, más de cuatro de cada cinco viviendas okupadas en Catalunya (82%) pertenecen a grandes propietarios –entidades financieras, filiales inmobiliarias de entidades financieras, fondos de inversión, entidades como la Sareb y personas jurídicas titulares de una superficie habitable de más de 1.250m2–. Entre estas okupaciones destacan las de pisos propiedad de bancos, que representan 7 de cada 10.
Demostrada la falsedad de la alarma social, y de la monstruización de lo que, en realidad, son familias desesperadas por encontrar un techo, cuesta entender tanta insistencia mediática y política. Al menos, hasta que se observa desde la perspectiva que sugiere el abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid: se trata de un “artefacto ideológico” perfectamente útil para las ultraderechas y las derechas, porque en él encajan muy bien sus principales enemigos, “el colectivo LGTBI, las personas racializadas, las clases bajas y el activismo de todo tipo”.
La burbuja de las alarmas
La batalla ideológica se mezcla, además, con los intereses económicos del sector de la seguridad en el hogar, que disfruta de una burbuja inmensa que ha colocado a España como primer Estado de la Unión Europea y cuarto del mundo en número de alarmas. Este negocio mueve alrededor de 2.000 millones de euros en nuestro país, y su crecimiento anual alcanzó el 12,3% en 2021. Han surgido incluso grupos con evidentes tendencias neonazis que utilizan la violencia para sacar rédito del pánico social sembrado.
A pesar de que muchos de los ataques se dirijan directamente contra la actividad gubernamental del PSOE, el partido predominante de la coalición no solo se muestra impasible, sino que lleva meses boicoteando la Ley por el Derecho a la Vivienda, una medida firmada en el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos al inicio de la legislatura y cuya aprobación ha sido exigida por Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en la enésima amonestación a España por el estado del derecho a la vivienda.
En su lugar, lo que se ha hecho desde el grupo parlamentario socialista es registrar, sin consulta previa a su socio de gobierno, una reforma de la LECrim para permitir los desalojos exprés también en usurpaciones, ciñéndose con una precisión sorprendente al discurso de las ultraderechas. Además, según Carlos Castillo, “la propuesta del PSOE es una barbaridad a nivel jurídico, no tiene pies ni cabeza”.
En este artículo, Roger Tudas Vilardell buscó una explicación a todo esto, y se preguntó si el motivo es que reducir los beneficios de los arrendadores afectaría directamente a las personas encargadas de aprobar esta legislación. Los resultados hablan por sí solos. Mientras que solo el 5,4% de la población posee viviendas en alquiler, esta cifra asciende hasta el 33,3% entre los diputados de Ciudadanos, al 30,8% en Vox, al 22,7% en el PP y al 17,5% en el PSOE, lo que triplica la proporción de la ciudadanía general. Unidas Podemos también supera la media, aunque más ligeramente, con un 9,1%.
Fondos buitre y exministros socialistas. La presión que no cesa
Detrás de toda esta deriva neoliberal hay una presión incesante del lobby de la vivienda, encabezado por ASVAL, que representa los intereses de fondos buitre como Blackstone y cuenta con fuertes conexiones con el partido de Pedro Sánchez. Esta asociación está presidida por Joan Clos, exministro socialista y exalcalde de Barcelona. Teniendo a esta figura en cuenta, se entienden mejor las denuncias de Ada Colau que apuntaban a “presiones del sector inmobiliario” (por cercanía geográfica y por su condición de activista de la vivienda, es una voz a tener en cuenta).
De hecho, El Confidencial afirmó que la elección de Raquel Sánchez como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acercaba al PSC la toma de decisiones en el sector de la vivienda, lo que hace que Clos tenga “mejor entrada que nunca” a la hora de conseguir reformas más favorables al lobby de especuladores que dirige.
Lo que tenemos por delante
En un contexto tan favorable, y con la colaboración manifiesta del centroizquierda, la guerra cultural solo puede seguir hacia adelante. Además, la crisis económica y energética amenazan con empujar a la pobreza a sectores enormes de la población. Así las cosas, el objetivo es ensanchar aún más los márgenes de la criminalización y seguir alineando la opinión pública con los intereses de los grandes propietarios.
Carlos Castillo advierte sobre el caballo de batalla utilizado para este propósito. “La última deriva que está habiendo, y que tiene mucho que ver con ASVAL y este tipo de lobbies, es hablar de ‘inquiokupación’. Esto es, equiparar a un okupa con un inquilino que te deja de pagar la renta. El objetivo de este discurso es confundir a las personas precarizadas que no pueden asumir subidas del alquiler o que no pueden pagar el alquiler durante x meses con la figura ya completamente denostada y criminalizada del okupa. O dar un paso más e intentar generar todo lo contrario a lo que pide la ONU, es decir, establecer una legislación que permita a los propietarios desalojar de forma rápida y sin garantías a los inquilinos”, cuenta antes de rematar: “Si empezamos a generar la idea de que un ‘inquiokupa’ es aquella persona que te deja de pagar el alquiler y que merece el desalojo inmediato, yo mañana le puedo subir a mi inquilino 500€ de alquiler y, si no los acepta, la jurisdicción me va a permitir mandarle a la calle y poner la vivienda en alquiler de nuevo o dejarla vacía a la espera de un mejor ciclo económico”.
Fuente: https://ctxt.es/es/20230101/Politica/41681/okupacion-allanamiento-usurpacion-viviendas-vacias.htm