Justo cuando parecía que estaba llegando a su fin la polémica desatada en torno a las competencias exclusivas en materia de la confederación hidrográfica del Guadalquivir, sale ahora a la palestra una nueva polémica sobre las competencias exclusivas recogidas en el proyecto de nuevo estatuto de autonomía para Andalucía. En este caso, se trata, ni […]
Justo cuando parecía que estaba llegando a su fin la polémica desatada en torno a las competencias exclusivas en materia de la confederación hidrográfica del Guadalquivir, sale ahora a la palestra una nueva polémica sobre las competencias exclusivas recogidas en el proyecto de nuevo estatuto de autonomía para Andalucía. En este caso, se trata, ni más ni menos, que de las competencias exclusivas sobre el flamenco, el arte por excelencia de la cultura andaluza. El artículo en cuestión que ha originado la disputa dice así: «Artículo 67. Corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco, como elemento singular del patrimonio cultural andaluz». Sin duda, todo un alarde de imaginación e ineficacia que bien merece una sonrisa.
Como se pueden imaginar, la pretensión del gobierno andaluz y sus socios de IU de incorporar este artículo al orden legislativo vigente en el estado, ha desatado todo un vendaval de críticas políticas, que, por lo general, han coincidido en señalar lo absurdo de estos planteamientos. Hasta aquí todo parece bastante claro. Sin embargo, lo que uno no logra entender es el motivo por el qué determinados dirigentes políticos han tenido que esperar más de tres semanas para denunciar semejante barbaridad. Deberían haberlo hecho, sin más demora, justo el mismo día en que se aprobó el proyecto en el parlamento andaluz, con ello nos hubiéramos ahorrado buena parte de las risas que se han debido pegar en el mundo entero al leer tal absurdo en el estatuto.
Pretender asignarse unas competencias exclusivas en materia de arte, no solo es algo que escapa a toda lógica, si no que, además, es algo impropio de los sistemas democráticos, más acorde con las pretensiones políticas de regímenes totalitarios como la Alemania nazi o la Rusia de Stalin. El arte, por definición, es libertad universal, y nada, ni nadie, tiene patente para monopolizarlo, mucho menos cuando se trata de un ente tan dinámico y representativo como el flamenco. Sólo oscuros intereses pueden explicar que un determinado gobierno pretenda acaparar para sí toda la exclusividad de la regulación legislativa del flamenco. Por que, no debemos olvidarlo, al hablar de competencias exclusivas, estamos hablando de legalidad y gestión de la legalidad, en definitiva, estamos hablando de «tener poder para decidir y legislar en torno a todo lo que esté relacionado con el flamenco». Evidentemente, esto es pura política, no tiene nada que ver con el «conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco, como elemento singular del patrimonio cultural andaluz». Eso es una cosa, y esto de las competencias exclusivas es otro tema que no puede conducir a nada bueno.
Fue Platón el primer filósofo que habló sobre el arte en sus textos. A diferencia de posteriores autores como Aristóteles, su visión del arte no era en absoluto una postura positiva, ya que el propio método de elaboración, creación y representación del arte entraba en conflicto con la existencia su famoso «mundo de las ideas». Pero fue la vertiente social del arte la que más preocupase a Platón. Él creía que el artista tenía la capacidad de proporcionar placer al espectador mediante la recepción de sus obras, lo que convertía al artista en un enemigo en potencia del estado. El artista podía inducir al espectador a actuar de una determinada manera no conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, ya que la embriaguez a la que sometía a estos con su arte, convertía a los espectadores en gente manipulable y dominable, dispuestos a escuchar al artista y a seguir fieles al mensaje de este, ya fuera simplemente mágico, o bien fuera moral, e incluso político. Por este motivo, para Platón el arte debía estar al servicio del estado, y solo al estado le correspondía la capacidad para decidir que tipo de arte era el conveniente para el pueblo. Este modelo platónico, lejos de caer en desuso, sirvió de base y justificación para el control que las diferentes instituciones han ejercido sobre el arte a lo largo de la historia. La iglesia romana, el reino de Castilla y la inquisición, quemando las obras de arte andalusíes que pudieran, antes o después, serles incomodas para su proyecto político en la península ibérica. La Alemania nazi, la España de Franco, la Rusia de Stalin, la Rumanía de Ceacescu, en definitiva, miles de ejemplos históricos en donde el estado ha ejercido el monopolio exclusivo de las competencias en el «conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del arte». Osease, miles de años de historia para que ahora nos vengan desde la Junta con estas historias para no dormir. Ya imagino a los secuaces de Chaves censurando el flamenco reivindicativo, aquel que sale directamente de alma de Andalucía y que profundiza en las penas y aspiraciones históricas de Andalucía. Ya imagino a Zarrías y compañía sepultando en el olvido el flamenco de El Cabrero, mientras fomentan y promocionan otro tipo de flamenco, digamos, «más políticamente correcto». Ya imagino a la Junta diseñando políticas para acabar con toda vertiente política en el flamenco. Y es que, no debemos olvidar, el flamenco tiene su origen en los desfavorecidos, y durante siglos fue el vehiculo de expresión de las penas, los sueños, las aspiraciones y las reivindicaciones de estos. Ahora, en los principios del siglo XXI, algunos seguimos creyendo en la utilidad que un flamenco así, que se vuelve hacia sí mismo, que se remonta a sus propios origenes, pudiera tener para el despertar de las conciencias andaluzas en su lucha por la libertad y la soberanía nacional.
En definitiva, la propuesta de Chaves es doblemente criticable: no solo es cuestión de entender que el arte, ningún arte, podrá ser jamás monopolizado por institución alguna (aunque quisiera la Junta no podría evitar que se canten bulerías en Madrid o Japón), si no que, además, es cuestión de saber que las competencias jurídicas sobre el arte deben estar reguladas por los tribunales cuando así fuere necesario, pero nunca en manos de ninguna institución política, por muy democrática que, en apariencia, esta pueda ser.
Otra cosa bien distinta es la obligación que los políticos andaluces tienen para con, ahora sí, «el conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco, como elemento singular del patrimonio cultural andaluz». Pero esto es ya otro tema. Esto no debe ser una competencia ni un derecho, esto es, simplemente, una obligación de los políticos andaluces en su compromiso con el pueblo andaluz, y como tal, se hace necesaria su inclusión en la norma jurídica básica de la comunidad; el estatuto de autonomía. Sin embargo, en mi opinión, tanto Chaves como sus colaboradores se han equivocado -no se si inocente o interesadamente- tanto en el lugar de su colocación, como en el modo de exposición. Para empezar se debería haber buscado algún otro lugar más adecuado que el capítulo de competencias, aunque el sitio concreto prefiero dejarlo en mano de los expertos en temas legales, que no es mi caso. Además, deberían haber buscado una formula que recogiera con mayor utilidad el espíritu de la propuesta, algo así como «Corresponde a la comunidad autónoma la obligación política para con las materias de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco, como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. En consecuencia, con la entrada en vigencia de esta ley, y mediante ley orgánica del parlamento autonómico, el gobierno de la comunidad se compromete a crear un instituto andaluz del flamenco, encargado de la realización todas las tareas nombradas con anterioridad, y en colaboración continua con todas aquellas instituciones, asociaciones, organizaciones y peñas públicas y privada que compartan estos mismos fines y pudieran ser coparticipes de ellos».
De esta manera, sin duda, hubiéramos evitado varias cosas:
A) Rozar el absurdo con la intentona de acaparar las competencias exclusivas de un arte con proyección universal, lo que a ojos del cualquier ser inteligente nos puede convertir en el hazmerreír del estado.
B) Toda posibilidad de control político en el estudio, promoción y difusión del flamenco.
C) Dar argumentos a los políticos de Murcia y Extremadura que usan el ataque a Andalucía como fuente para sus intereses a nivel político.
D) Que yo hubiera tenido que escribir este artículo, que es tarde y estoy cansado. No digo más.