La expresión “un país de propietarios, no de proletarios”, del exministro falangista José Luis Arrese, se ha convertido en el principal leitmotiv de la “sociedad de propietarios” en España. De forma (muy) resumida, hace referencia a cómo la expansión deliberada de la propiedad particular de vivienda ha sido empleada doblemente como palanca de crecimiento macroeconómico y como medio de control social desde la dictadura franquista. En su máximo auge, esto llevó a un crecimiento del PIB entre el 3% y el 4% durante la belle époque española (década de los 2000), y a la expansión de las tasas de propietarios de vivienda española a las más altas de Europa. Esto último ha hecho que numerosos autores hayan teorizado sobre la estructura de clase española con relación a la predominancia de pequeños propietarios de vivienda y sus respectivas consecuencias políticas y sociales. El punto central de este conjunto de tesis consiste en el rol que juega la propiedad de vivienda como constituyente material clasista, generando una serie de intereses en sus propietarios que los desproletariza y los establece como sujetos de la clase media. En términos políticos, esta clase ejercería una función reguladora del statu quo, esencialmente conservadora, que en -el mejor de los casos- actuaría “como peso muerto de la historia”. Sin embargo, estas tesis, aunque parcialmente precisas, adolecen de limitaciones derivadas de un fuerte funcionalismo, que invisibiliza la complejidad de la relación entre clase social-vivienda y su poder como constituyente de la estructura de clases. Por tanto, este artículo pretende explorar la relación clase social y vivienda, en concreto, especificar cómo la propiedad de vivienda constituye la clase social.
La propiedad inmobiliaria como constituyente de clase
La vivienda no es un bien de consumo cualquiera, sino que constituye una importante fuente de acumulación de riqueza presente y futura. El patrimonio inmobiliario es el mayor activo, tanto financiero como no financiero, de los hogares europeos, una tendencia que se acentúa especialmente en el caso español. En estos últimos, el patrimonio inmobiliario de la vivienda principal supone de media casi un 50% del total de los activos poseídos, una proporción que se incrementa significativamente cuando nos acercamos a los percentiles de renta más bajos. Por ejemplo, en el percentil de riqueza neta menor al 25%, la vivienda particular constituye el principal activo del hogar con un valor mediano de 68.700 €1/. De esta forma, el valor de este activo supone una fuente sustancial de riqueza, que desproletariza al poseedor en un sentido estricto. Es lo que intuía Engels cuando declaraba que: “El obrero que posee una casita de un valor de mil táleros no es ya, ciertamente, un proletario”. En términos de formación de clase, esto se traduce en una inclinación conservadora del propietario particular de vivienda hacia la protección de su propio patrimonio. Los propietarios particulares de vivienda se posicionan más a la derecha en el eje ideológico que los inquilinos, tienen más probabilidad de votar a partidos de derecha y de estar en contra del gasto social (B. Ansell, 2014; B. W. Ansell, 2019; Davidsson, 2018; Verberg, 2000). Además, el conservadurismo del propietario particular también se ve acentuado en los territorios donde los precios de la vivienda son más elevados, señalando la potencia del efecto desproletarizador por medio del aumento de los activos patrimoniales.
Aun así, existe otro factor fundamental que guarda relación con la creciente mercantilización de los mercados inmobiliarios. A partir de lo que algunos autores han llamado la financiarización de la vivienda, es decir, la transformación de los activos inmobiliarios en activos (cuasi)financieros, los propietarios particulares de vivienda tienden a convertirse en agentes centrales del proceso de especulación inmobiliaria. Aunque este proceso afecta especialmente a grandes/medianos tenedores, los propietarios particulares ven modificadas sus expectativas materiales por el enriquecimiento que les genera la inflación inmobiliaria en su propio patrimonio. Esto tiende a convertirles en pequeños capitalistas/rentistas aspiracionales que buscan obtener beneficios de la compraventa de vivienda mediante la lógica especulativa del mercado inmobiliario. En este sentido, el valor de uso de la vivienda como residencia se ve reemplazado por el valor de cambio de la mercancía. Por ejemplo, el fenómeno del housing ladder mediante el cual propietarios particulares de vivienda compran y venden sus viviendas con el objetivo de trasladarse a residencias mejores y de obtener beneficios en poco tiempo en base a las ganancias patrimoniales obtenidas es claramente representativo de esta tendencia. Este aburguesamiento, que se suma al efecto desproletarizador de la tenencia, presiona al cambio de intereses de los individuos, que se encuentran mucho más interesados en los beneficios condicionales de la especulación y el mercadeo inmobiliario (André et al., 2018; B. Ansell, 2014; B. W. Ansell, 2019; Hadziabdic& Kohl, 2021).
Las fracturas de la sociedad de propietarios
Sin embargo, este doble efecto desproletarizador y de aburguesamiento que alinea a los propietarios particulares con los intereses dominantes contiene diversas fracturas que deben tenerse en cuenta para no caer en lecturas fatalistas. La primera fractura común de la sociedad de propietarios es la deuda hipotecaria. En el contexto español, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 2021, del 78.8% de los hogares, un 35,3% tiene contraída deuda hipotecaria (un 38,1% según la EFF de 2020). Y se calcula que estos hogares tienen de mediana 65.000 € de deuda por hogar. En el percentil más bajo (menor del 25), esta cifra asciende hasta los 93,500 €. Es decir, si contrastamos esta cifra con el valor de los activos inmobiliarios mencionado anteriormente (68.700 €), podemos llegar a la conclusión de que, en términos generales, este grupo de hogares tiene una riqueza neta negativa inmobiliaria. Y en el tramo siguiente (el percentil entre 25 y 50) el saldo neto es solo de 18.400 €.No se trata claramente de ninguna fortuna. Esto afecta considerablemente al efecto desproletarizador y a su deriva conservadora como muestran algunos estudios(B. Ansell, 2014; B. W. Ansell, 2019; Beckmann et al., 2020).
Por otro lado, el efecto de aburguesamiento, mediante el cual los propietarios particulares, sin consideración de deuda hipotecaria, se transforman en pequeños capitalistas aspiracionales también es un arma de doble filo. Al igual que un aumento de los precios de los activos inmobiliarios reduce el apoyo de los propietarios particulares a favor de medidas redistributivas, una deflación en el mercado inmobiliario produce el efecto contrario. En un estudio realizado en Reino Unido y Estados Unidos después de la crisis inmobiliaria, se pudo apreciar que los propietarios con patrimonio negativo (debido al colapso de los mercados inmobiliarios) se posicionaban hacia actitudes políticas pro redistributivas más pronunciadas que los no propietarios de vivienda (B. Ansell, 2014). La congelación de las dinámicas especulativas inmobiliarias paraliza el impacto de la vivienda en la estructura y formación de clase de los propietarios particulares, imponiendo de nuevo la lógica del valor de uso. Todo sin mencionar, que la subjetivación de los propietarios particulares en capitalistas/rentistas aspiracionales en contextos inflacionarios tampoco se produce de forma determinista, sino que requiere de una socialización activa en la idea del valor de cambio de la vivienda (Watson, 2009).
La propiedad particular como posición de clase contradictoria
El análisis presentado, necesariamente estrecho, no busca ni mucho menos desdecir la mayoría de los estudios que han presentado la expansión de la propiedad inmobiliaria como un obstáculo presente hacia una política normativamente de izquierda. Ni tampoco subestimar la capacidad que tiene la propiedad particular de vivienda de por sí como pegamento ideológico -como constituyente material- (y su aspiración colectiva), ni la importancia de los medios de propaganda para extender el terror blanco patrimonialista (ocupación de viviendas…) sobre amplias capas de la población. Sin embargo, la transformación de algunas de estas teorías en construcciones ahistóricas y adimensionales que no tienen en consideración gran parte de los factores que modulan la propiedad (como la deuda hipotecaria, o la preponderancia del valor de uso sobre el de cambio) y sus efectos sobre la clase social y la ideología, resulta insatisfactoria. En primer lugar, porque este tipo de tesis y su falta de capacidad explicativa obstaculizan la lectura de posibles ventanas de oportunidad política donde la propiedad inmobiliaria pueda verse amenazada. Y segundo, porque extiende una visión ceniza de la política de izquierda donde esta se reduce a una serie de grupúsculos en los márgenes de la propiedad de vivienda. Porque, cuando en un país donde la practica mayoría de la población es propietaria de su vivienda (un 75,9% en 2022), estas teorizaciones reniegan implícita (o explícitamente) de disputar la lucha en la mayoría popular y trabajadora. De esta forma, bajo la perspectiva aquí presentada, es mejor entender a los propietarios particulares como una posición de clase ambivalente y contradictoria, dependiente significativamente del contexto económico y social en relación con su ubicación dentro de la estructural (y formación) de clase. En definitiva, condicionada en gran parte en cómo la vivienda sea constituida en un activo de acumulación capitalista, y de las posibilidades que tengan los diferentes actores en realizarla como tal.
Josep María Caroz Armayones es investigador predoctoral en el Grupo de Investigación en Salud, Ecología- Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) de la Universitat Pompeu Fabra
Referencias
André, S., Dewilde, C., Luijkx, R., &Spierings, N. (2018). Housing Wealth and Party Choice in a Multiparty System: The Netherlands 2006–2012. Comparative Politics, 50(4), 565–585. https://doi.org/10.5129/001041518823565678
Ansell, B. (2014). The Political Economy of Ownership: Housing Markets and the Welfare State. American Political Science Review, 108(2), 383–402. https://doi.org/10.1017/S0003055414000045
Ansell, B. W. (2019). The Politics of Housing. Https://Doi.Org/10.1146/Annurev-Polisci-050317-071146, 22, 165–185. https://doi.org/10.1146/ANNUREV-POLISCI-050317-071146
Beckmann, P., Fulda, B., & Kohl, S. (2020). Housing and Voting in Germany Multi-Level Evidence for the Association between House Prices and Housing Tenure and Party Outcomes, 1980-2017. www.mpifg.de
Davidsson, S. (2018). Left-right Orientation, Homeownership and Class Position in Sweden. Scandinavian Political Studies, 41(4), 309–331. https://doi.org/10.1111/1467-9477.12131
Hadziabdic, S., & Kohl, S. (2021). Is the left right? The creeping embourgeoisement of social democracy through homeownership. European Journal of Political Research. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12479
Verberg, N. (2000). Homeownership and politics: Testing the political incorporation thesis. Canadian Journal of Sociology, 25(2), 169–195. https://doi.org/10.2307/3341822
Watson, M. (2009). Boom and Crash: The Politics of Individual Subject Creation in the Most Recent British House Price Bubble. The Politics of Housing Booms and Busts, 52–75. https://doi.org/10.1057/9780230280441_3
Nota:
1/https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/19/T4/descargar/Fich/be1904-art38.pdf
Fuente: https://vientosur.info/fracturas-en-la-sociedad-de-propietarios/