Frente al anhelo de paz el Partido Popular continúa con su política belicista

Crispación, dos Españas, recogida de firmas, manifestaciones… El estado español vive un cierto periodo de convulsión política. Todo comenzó en la segunda legislatura del gobierno de José Maria Aznar, cuando obtuvo la mayoría absoluta. En su primer mandato pactó con partidos nacionalistas vascos, catalanes y canarios. En aquellos días, como todos nosotros recordamos, el gobierno conservador negoció con E.T.A. el fin del conflicto vasco. Nadie protestó por ello, su primera legislatura discurrió con una tranquilidad en la vida política como no se recordaba desde hacía años. Cuando Aznar tuvo más margen de acción, al conseguir la mayoría absoluta parlamentaria, demostró su verdadera manera de gobernar, sobre todo en política exterior. El mandatario español se convirtió en un invitado habitual del rancho de G.W. Bush, donde, con los pies encima de la mesa, trabajaron juntos para diseñar la invasión, ilegal, inmoral y criminal de Iraq.

En este momento comenzó la crispación en la vida política española. La gran mayoría del pueblo español rechazaba esta guerra. La izquierda, al menos en los países desarrollados europeos, ha abandonado la lucha por la superación del capitalismo. En el ámbito social y laboral las reivindicaciones son de carácter defensivo, se centran en la oposición al retroceso en los derechos adquiridos con anterioridad. También la izquierda ha acogido reivindicaciones nacionales y medioambientales, pero donde realmente consigue aglutinar a la gran mayoría de ciudadanos es cuando defiende tesis pacifistas. No se recuerdan manifestaciones tan masivas como las que se convocaron contra la guerra de Irak, las que, además, tuvieron carácter mundial. La entrada de España en la guerra de Iraq culminó con el atentado del 11-M y la posterior salida del poder del Partido Popular. El nuevo presidente de gobierno, Zapatero, en su primera decisión de gobierno retiró las tropas del Iraq, desde entonces desapareció por completo la amenaza del llamado «terrorismo islamista». Las detenciones que se han producido con posterioridad no han venido acompañadas de confiscación de ningún tipo de arma ni explosivo, acusando a los detenidos de asociación ilegal y, en los casos más graves, de conspiración para cometer atentados (muchos de los detenidos han quedado en libertad sin cargos y otros permanecen en prisión con unas condenas basadas en pruebas muy débiles).

A su vez, desde el 11-M, E.T.A. no ha atentado contra la vida de ninguna persona, anunció que no consideraría como objetivo los cargos electos en Euskadi y declaraba una tregua en territorio de Cataluña. La posibilidad de una tregua y la apertura de negociaciones entre el gobierno central y E.T.A cada vez se ve más próxima. Los objetivos del gobierno actual se han centrado en la consecución de la paz, ya que en materia de política economía y social existe una continuidad en todos los gobiernos electos desde la muerte de Franco. La posibilidad de que el PSOE reconduzca a vías estrictamente políticas el conflicto vasco, aumentaría de modo considerable las posibilidades de que reedite su victoria electoral.

Frente a esta política de pacificación se ha posicionado el conservador Partido Popular No ha hecho una oposición realmente firme a la retirada de las tropas de Iraq, sabía que hasta sus votantes estaban en contra de dicha presencia, pero la posibilidad de una salida pactada al conflicto vasco le ha brindado la posibilidad de reivindicar su política belicista, apoyados en su base social más reaccionaria y en algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo. El componente interno de este último conflicto impide la unanimidad social que sí se obtuvo en las movilizaciones contra la guerra de Iraq. Las continuas manifestaciones de los simpatizantes del P.P. tratan de presionar al gobierno para que no busque una salida negociada y se continúe con la política estrictamente policial del anterior gobierno. En esa línea también se realizó recientemente un «congreso mundial de víctimas del terrorismo» en la que los participantes fueron seleccionados cuidadosamente, conforme al estándar de «víctima del terrorismo» marcados por los medios de masas, con el objetivo de realizar un acto de oposición a la política del gobierno, en lugar de servir de mesa para el dialogo en pos de la paz¹.

Aún admitiendo que existe una parte importante de la sociedad que no quiere una negociación y solo admite el final de la violencia mediante medidas policiales (algo en la práctica imposible como demuestra nuestra historia más y menos cercana), la mayoría social del estado español desea la paz², y respetando el dolor de todas las víctimas, tiene el anhelo de que no haya más sufrimientos. Si ambas partes (Gobierno y E.T.A) tienen el coraje de iniciar un proceso de paz, la gran mayoría de la ciudadanía les sabrá reconocer su labor.