En 2002 había un puñado de ambientalistas de Argentina y Uruguay preocupados por dos plantas de celulosa proyectadas en un río común. Seis años después, con las fábricas erigiéndose, el movimiento tiene una gran capacidad de movilización y es un actor clave del conflicto entre los dos países. Organizaciones ecologistas se hicieron a un lado, […]
En 2002 había un puñado de ambientalistas de Argentina y Uruguay preocupados por dos plantas de celulosa proyectadas en un río común. Seis años después, con las fábricas erigiéndose, el movimiento tiene una gran capacidad de movilización y es un actor clave del conflicto entre los dos países.
Organizaciones ecologistas se hicieron a un lado, y la escena principal la ocupan una parte de los potenciales afectados directos, los vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú, a 25 kilómetros del lugar donde se construyen las plantas sobre el río Uruguay.
Asociaciones vecinales que protestan por casos de contaminación flagrante los ven con admiración y cierta envidia. En poco tiempo lograron influir en la agenda de los gobiernos y se mantienen desde hace meses en las primeras planas de los medios de comunicación.
No siempre sus tácticas resultan acertadas. Sus demandas, simples pero radicales, complican gestiones diplomáticas entre Argentina y Uruguay, y en lugar de contribuir a una solución, agrandan las diferencias. Pero algunos observadores ya anticipan que este nuevo movimiento cambiará la percepción de los problemas ambientales en Argentina, y la acción gubernamental frente a estos asuntos.
El conflicto nació cuando el gobierno uruguayo autorizó en 2003 y 2004 la instalación de dos plantas de celulosa en la ciudad occidental de Fray Bentos, frente al río Uruguay, sin la debida información a Argentina, con la que comparte la administración de ese curso de agua.
Los vecinos argentinos intentaron desalentar y frenar los proyectos sin éxito, y entonces resolvieron cortar rutas de acceso terrestre al país vecino.
«Los primeros en traer noticias de las plantas en el año 2000 fueron unos ambientalistas de Argentina y de Uruguay que estaban preocupados por el impacto eventual de esos proyectos», relató a IPS Javier Villanueva, uno de los fundadores de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en la provincia oriental argentina de Entre Ríos.
Con sus 85.000 habitantes, la ciudad mira al agua, tanto al río Gualeguaychú que le da nombre como al cercano Uruguay del cual es afluente.
Gustavo Ribollier, otro integrante de la asamblea, explicó a IPS que en los últimos años los habitantes aprendieron a valorar los ríos. Hubo trabajos de saneamiento, se recuperaron aguas para la pesca y hubo importantes inversiones en turismo.
Además, la ciudad es sede de las más famosas fiestas argentinas de Carnaval.
Las firmas en cuestión son la española ENCE y la finlandesa Botnia que, en conjunto, proyectan una inversión de 1.800 millones de dólares en Uruguay. Botnia construye además un puerto en el río desde el que exportará la celulosa de eucalipto, materia prima para la producción de papel.
Los vecinos temen que la industria de celulosa contamine el agua, el aire y el suelo. Pero además se resisten a aceptar una transformación del paisaje. Desde la ribera argentina se ve la chimenea de Botnia, y muchos creen que se verá también el humo cuando la fábrica comience a operar.
En 2003, los vecinos de Gualeguaychú pidieron explicaciones a la Comisión Administradora del Río Uruguay, encargada de cumplir el Estatuto ad hoc, firmado por ambos países en 1975 y también reclamaron a los gobiernos de ambos países.
«Ese fue el germen del movimiento», recordó Villanueva, quien dirigía entonces el plan ambiental Río Vida del gobierno de Gualeguaychú y hoy es secretario de Cultura de la alcaldía. Desde entonces, unas 20 personas se reunían periódicamente para discutir «qué hacer».
Así siguieron hasta que el socialista Tabaré Vázquez ganó los comicios presidenciales en Uruguay en octubre de 2004.
«Ahí nació una esperanza», dijo Villanueva, porque la izquierda llegaba por primera vez en la historia de Uruguay al gobierno y prometía revisar muchas medidas de administraciones anteriores.
La movilización declinó, mientras avanzaba la tarea informativa en escuelas y medios de comunicación.
Todo cambió cuando Vázquez se comprometió con los proyectos. El malestar se extendió entre los vecinos. Entonces se convocó a una marcha que fue un hito para la asamblea. Era el 30 de abril de 2005, y unas 40.000 personas fueron a la cabecera del puente que une el argentino Puerto Unzué con Fray Bentos bajo el lema «No a las papeleras».
Desde ese momento, el núcleo inicial de activistas se amplió a 70 personas y comenzó a reunirse dos veces por semana. Hubo reuniones con el gobierno provincial, y misiones de vecinos que viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.
También se realizaron protestas frente a las embajadas de España y de Finlandia en la capital argentina, y se tendieron lazos con otras organizaciones sociales del país, sobre todo con aquellas que se oponen a inversiones controvertidas desde la perspectiva ambiental.
«A mediados de 2005 comenzamos a reunirnos a un costado de la ruta (que lleva al puente internacional). Los fines de semana repartíamos volantes sobre el conflicto a los turistas argentinos que iban en automóvil a Uruguay. Para octubre, ya comenzamos con cortes de ruta cada dos horas», recordó Villanueva.
La concurrencia era entonces de 700 a 800 personas, y allí comenzaron las asambleas. Luego vinieron los cortes más prolongados y, finalmente, a fines de enero, se realizó un bloqueo que se prolongó por más de 40 días. Residentes de Colón, otra ciudad entrerriana 250 kilómetros al norte de Gualeguaychú, adoptaron igual medida.
Los «piquetes» causaron graves perjuicios al turismo y al comercio de Uruguay, y Vázquez se negó a dialogar con su par Néstor Kirchner hasta tanto no se levantaran los cortes de ruta, una medida ilegal que viola el derecho al libre tránsito de bienes y personas.
El bloqueo se suspendió, pero por poco tiempo. Una asamblea resolvió retomarlo en Gualeguaychú la semana pasada, y el martes siguió la misma resolución en Colón.
Los gobiernos nacional y provincial, lejos de impedir los bloqueos, los alentaron, invitando a los activistas a dialogar y aceptando y hasta facilitando los cortes de ruta, que complican la imagen argentina en la proyección internacional del conflicto.
«Con la asamblea, la gente se fue adueñando del conflicto. Todos tenían derecho a ser escuchados. Entonces advertimos que teníamos un profundo apego al paisaje y que no queríamos perder esas tardes de paseo por el río, donde vamos a tomar mate o a pescar. El paisaje significa mucho en nuestras vidas», relató Villanueva, el activista y funcionario.
En las reuniones, cada vez más multitudinarias, coincidían exponentes de diversos sectores. Trabajadores, profesionales, desocupados, ambientalistas, gente del campo, comerciantes, jubilados, estudiantes, empresarios turísticos, deportistas, pescadores, docentes, amas de casa y niños.
«Hay gente que adoptó la asamblea como un lugar de catarsis por donde canalizar sus frustraciones, pero a pesar de eso, y del protagonismo individual que algunos buscan tener, el plenario sirve como herramienta para expresar un sentimiento generalizado y llevar adelante una causa común», definió Villanueva.
La organización también mostró sus límites.
Las gestiones diplomáticas entre Argentina y Uruguay para alcanzar un acuerdo se frustraron en las últimas semanas por la negativa de Botnia a frenar transitoriamente las obras para dar lugar a un estudio de impacto ambiental realizado por una comisión de expertos independientes de ambos países.
Pero el diálogo se cortó también por la intransigencia de la asamblea, que retomó el corte de ruta en contra de las recomendaciones de sus abogados, del gobierno provincial y del nacional, que operan como aliados en sus reclamos.
«Esos son los riesgos de la asamblea. Los que aparecemos como referentes de la organización en realidad no tenemos preponderancia en las decisiones del plenario. Muchos vemos con preocupación el corte, pero la asamblea nos sobrepasa», admitió Villanueva.
Héctor Poggiese, director del Área de Planificación Participativa y Gestión Asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, opina que el activismo de Gualeguaychú se enlaza con experiencias históricas del movimiento social argentino, y al mismo tiempo representa una novedad.
«Lo novedoso es la magnitud del involucramiento social en un conflicto ambiental, al punto de convertirse en un actor local de enorme relevancia», remarcó. Sus modos de protesta y de organización se parecen a los que ideó el movimiento social argentino en los últimos años. El «piquete» o corte de ruta de desempleados en los años 90 y las asambleas de vecinos frente a la crisis social y económica de 2001 y 2002.
Hay un avance de empresas multinacionales en la región que «no tienen por hábito la consulta a los actores locales» y «con cierto desprecio frente a las reacciones sociales», estimó Poggiese. En este escenario, la asamblea de Gualeguaychú logró transformarse en un «caso paradigmático en la cuestión ambiental», dijo.
Las reacciones sociales suelen llegar «después de la inversión o cuando se produce un desastre ambiental. En cambio aquí hubo una reacción preventiva que no sólo cambiará la percepción de los problemas ambientales en Argentina sino que obligará a los gobiernos a estar atentos y hacer consultas previas», opinó.
Como contrapartida, el papel de este tipo de organizaciones, espontáneas y horizontales, puede resultar contraproducente incluso para los objetivos que se proponen. «En el balance, su influencia es a veces negativa porque plantean objetivos radicales y casi inviables, como el reclamo ‘no a las papeleras'», señaló el experto.
Los Estados y las empresas deberían escuchar las inquietudes de las organizaciones ambientales y vecinales, y éstas, a su vez, contribuir a acuerdos que satisfagan a todas las partes. De lo contrario, la crisis entra en un callejón sin salida como el actual.