Está claro que el Movimiento por la Memoria Histórica, además de haberse extendido de forma extraordinaria por toda la geografía española, es tremendamente plural, no sólo a nivel ideológico, sino también respecto a sus objetivos. Esto nos lleva a una situación de dispersión y falta de coordinación. La pluralidad ideológica es un factor tremendamente positivo […]
Está claro que el Movimiento por la Memoria Histórica, además de haberse extendido de forma extraordinaria por toda la geografía española, es tremendamente plural, no sólo a nivel ideológico, sino también respecto a sus objetivos. Esto nos lleva a una situación de dispersión y falta de coordinación.
La pluralidad ideológica es un factor tremendamente positivo que lo enriquece sobradamente. El problema comienza cuando hablamos de objetivos. Desde asociaciones cuyo objetivo principal es dar respuestas a las familias, hasta organizaciones como la nuestra, intentando dar una respuesta más integral y política, pasando por numerosas organizaciones de ámbitos locales o sectoriales, los objetivos se dispersan y se hacen múltiples. En esta situación las disputas y rivalidades entre asociaciones y personas vinculadas a título individual en el movimiento se profundizan transformándolo en una especie de «Torre de Babel» en la que todo se hace confuso y disperso para el espectador externo y transforma a las asociaciones en «presa fácil» para intereses a corto plazo de partidos políticos y escenario adecuado para que todo tipo de oportunismo individual se dé cita en él.
Dotar de unidad al movimiento se hace imposible desde estas premisas si, de una forma u otra, no se buscan puntos de encuentro que nos lleven a enumerar una serie de objetivos mínimos alcanzables que sirvan para coordinar todo el movimiento y conseguir que se encamine hacía un mismo fin. Un movimiento unificado serviría para que la sociedad civil dictase sus condiciones a los que ejercen el poder institucional y no, como sucede en estos momentos, que es el poder institucional el que dicta sus condiciones vulnerando la legislación internacional de Derechos Humanos en nombre de lo que llaman el «Espíritu de la Transición»; un procesos histórico que dejó en el olvido a centenares de miles de antifascistas.
La democracia no tiene porque ser algo inmóvil. Siempre es perfeccionable y debemos profundizar en ella. Una sociedad democrática debe avanzar hacía mayores cuotas de participación, libertad y justicia social. El inmovilismo, quedarnos en el «Espíritu de la Transición», en la Ley de Amnistía de 1977 y en la Constitución de 1978, supone la involución progresiva en el afianzamiento de la Democracia. Debemos entender que la evolución debe encaminarse hacía un mayor poder (cracia) para el pueblo (demos), pero no en un poder legitimado exclusivamente mediante el ejercicio del voto cada cuatro años, sino que debe sustanciarse en un ejercicio real y constante del poder mediante la participación y control por parte del Pueblo. Una sociedad civil fuertemente organizada puede ejercer ese poder constituyéndose en contrapoder frente a los poderes del estado y generar grandes transformaciones sociales que nos lleven a profundizar en los avances democráticos. Algunos, pensamos que ese debe ser uno de los objetivos políticos primordiales del Movimiento por la Memoria Histórica -por supuesto, no el único-.
Desde que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley, de título indescifrable -aunque sólo leyendo ese título cualquiera se imagina el contenido-, todas las organizaciones, en mayor o menor medida se han puesto de acuerdo en algo: casi ninguno estamos de acuerdo con él. Desde quienes pretende intentar dignificar el proyecto negociando la introducción de mejoras mediante la negociación y el diálogo con el Gobierno en base a diversas baterías de reivindicaciones (los 13 puntos planteados por unos, los 15 por otros, los 4 por otros grupos, etc.), hasta la exigencia del cumplimiento, sin más dilación, ni condiciones, ni negociación -ya que la Justicia es un derecho innegociable-, de la legislación internacional y española en materia de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad que planteamos desde diversas organizaciones firmantes del Documento Nizkor, todos criticamos, en mayor o menor medida, la posición tomada por el Gobierno.
En esta encrucijada surge una cuestión: ¿Qué hacer?
Aunque todo el proceso estaba larvado desde hacía tiempo al no haberse hecho Justicia durante la Transición, la construcción del movimiento por la Memoria Histórica actual nació de la unión de varias líneas de actuación: por un lado, la de los veteranos de la época, agrupados en diversas asociaciones, que nunca dejaron de luchar porque se reconocieran sus derechos, por otro, la de los familiares de desaparecidos deseando recuperar los restos de sus seres queridos y, por último, la de las nuevas generaciones de militantes de izquierda buscando referentes tras la caída de los regímenes socialistas del centro y este de Europa y la expansión imperialista sin límites que denominamos «Globalización».
La exhumación realizada para rescatar los restos cadavéricos de 13 militantes de izquierdas en el Bierzo, tuvo una gran trascendencia mediática que ayudó a impulsar el conocimiento de esta historia olvidada por la opinión pública. A partir de ese momento el impacto social fue creciendo y empezaron a nacer multitud de asociaciones de todo tipo. La situación política durante los primeros años de inicio del proceso ayudó también en gran medida. El Gobierno del PP, caracterizado por tratarse de la derecha más reaccionaria y autoritaria de toda Europa y cuya ideología hunde sus raíces en el Franquismo, propició que la izquierda política viese con buenos ojos y apoyase este movimiento. Ahora vemos que no con el espíritu de recuperar sus propias señas de identidad, sino como un elemento más de presión contra la derecha. El ejemplo más claro fue cuando el PSOE pasó de proponer en las Cortes la anulación de los juicios sumarísimos del Franquismo, a la transformación de la Memoria Histórica en algo privado que nada tiene que ver con la Justicia, una vez ganadas las elecciones.
El triunfo del PSOE en las elecciones de marzo de 2004 supuso un cambio de escenario. El movimiento empieza a ver la posibilidad de ver cumplidas sus reivindicaciones, pero también el oportunismo político y el individual ven la posibilidad de abrirse camino. Todo el movimiento se ve sacudido por la intromisión de los aparatos políticos de los partidos que comienzan a utilizar sus «peones» para llevar al movimiento hacía sus intereses, para ello utilizan las ambiciones individuales de diversas personas iniciando una depuración de todos los elementos y organizaciones proclives a mantenerse firmes en los planteamientos que les llevaron a impulsar la construcción del movimiento.
Ninguno de los partidos políticos con representación parlamentaria – salvo alguna honrosa excepción- tiene interés en cuestionar la democracia actual -de muy bajo perfil para cualquiera que analice la cuestión, incluso desde el punto de vista de una democracia burguesa-, ni mucho menos la Transición y no digamos la Corona. Durante estos últimos treinta años hemos acudido al triste espectáculo de ver como se ha ido constituyendo una casta de políticos profesionales que viven demasiado bien como para permitir que nada cuestione las relaciones de dominio existentes, ni económicas, ni políticas, ni sociales, ya que la estructura de poder les ayuda a mantener sus privilegios Por eso, quieren transformar la Memoria Histórica que algunos planteamos (colectiva, republicana, revolucionaria, participativa, popular, rigurosa y asentada sobre la legislación internacional, con intervención de la Justicia, investigación, persecución de los culpables, con pensiones dignas, con indemnizaciones, con devolución de patrimonios incautados a particulares y organizaciones, etc) en una memoria individualizada, igualando golpistas con demócratas, eliminando cualquier relación con las leyes penales internacionales y estatales, pensiones simbólicas, sin indemnizaciones acordes al perjuicio recibido, etc…
Decía en un artículo publicado en septiembre de 2005 (¡A por ellos! http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/documentos/2005/pedrenyo_27092005.htm) que «…han decidido poner fin a todo con promesas dedinero, promesas de falsa justicia, con amagos como el de la estatua ecuestre del genocida Franco quitada con miedo nocturno en Madrid, con proposiciones de ley sin fecha de caducidad para que no desaparezcan los monumentos y calles que hacen apología al fascismo, con comisiones que se demoran en el tiempo para dejar que desaparezcan los últimos supervivientes, para cooptarnos, para llevar la guerra dentro de nuestras propias organizaciones, para sembrar la cizaña, el desconcierto y la división, para impedir que sigamos consolidando la creación de un pensamiento crítico, para que dejemos de recordar que la mayor parte de nuestros compañeros y camaradas, caídos en defensa de la II República y contra el fascismo, no sólo eran demócratas, sino revolucionarios; para que dejemos de hablar de las relaciones de la monarquía borbónica con el dictador fascista que transformó España en una cárcel con un inmenso paredón; para que olvidemos que muchos miembros de las fuerzas armadas y de orden público, aún en activo, torturaron y mataron opositores políticos en los últimos años del franquismo; para impedir que se conozca como se incrementaron muchas fortunas y se hicieron otras asentadas sobre la represión y, sobre todo, para que la memoria histórica sea una cuestión más de estética que ideológica. Impulsan una «memoria de mercado» frente a una «memoria de lucha».»
Creo que el tiempo nos ha dado la razón. Primero, el reparto de subvenciones, después, la Ley con la que pretenden asentar todo lo demás. Respecto a la cuestión de las subvenciones, no nos parece mal si en este País no reinase una mentalidad sumisa que vincula la obtención de la subvención a la subordinación hacia quien la otorga. La mentalidad del que gobierna es la de dar la subvención a aquellos que no le cuestionen – o dispuestos a criticar de forma constructiva y exclusivamente cuestiones de forma – y marginar a los que critiquen cuestiones de fondo. La mentalidad de quien solicita la subvención es la de sentirse obligado con quien se la ha concedido. Nadie se plantea que las subvenciones se otorgan en función de unas normas y por lo tanto no son graciables. Conozco casos en que se negaron subvenciones a organizaciones por criticar a un ayuntamiento y al final, tuvieron que ser otorgadas -años más tarde- en virtud de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Con esa mentalidad existente, el Gobierno se ha garantizado el apoyo de numerosas organizaciones y la crítica constructiva en las formas -critica disfrazada de radicalismo en algunos casos- por otro. El posible reconocimiento de patrimonio histórico aún no devuelto a algunas organizaciones políticas y sindicales, les garantiza el apoyo de las mismas. Se pretenden discutir puntos concretos de la Ley e incluir otros haciendo mención al Documento Nizkor (http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/documentos/2004/nizkor_abril2004.pdf, pero nadie está poniendo sobre la mesa lo que este documento viene a decir y es que de lo que se trata, no es de hacer una Ley de Memoria Histórica, sino de declarar la nulidad de todos los actos jurídicos del Franquismo por tratarse de un régimen ilegítimo en aplicación de las resoluciones de la onU y, una vez declarada esta nulidad aplicar las leyes penales internacionales (no es necesario ratificarlas al ser nuestro País miembro de la Unión Europea, que sí las ha ratificado y las aplica en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y las propias leyes penales españolas. Otra cosa bien distinta sería negociar con el Gobierno normas para dinamizar la Memoria Histórica Democrática Colectiva.
Es el momento de clarificar la situación y de posicionarse claramente en una opción u otra. La aceptación por parte del Gobierno de enmiendas parciales a su Proyecto de Ley, llevaría a las organizaciones negociadoras a legitimar la Impunidad, apartándose de las recomendaciones de las organizaciones de Derechos Humanos y transformándose en cómplices de una nueva «Ley de Punto Final».
El camino es claro: tenemos que intentar conseguir que se retire el Proyecto de Ley y seguir exigiendo Justicia hasta conseguirla, ya que la Justicia es un derecho innegociable. Pero no sólo eso. El Movimiento por la Memoria Histórica, posiblemente sea uno de los movimientos populares más importantes que han surgido en las últimas décadas, forma parte de la construcción de lo que será la izquierda en el siglo XXI y como todo movimiento popular, debe servir para dotar de conciencia crítica cada vez a más ciudadanos y las asociaciones que lo componen deben luchar por organizar cada vez a un mayor número se personas. Algunos estamos convencidos de que los que se acerquen a este movimiento y participen en él, algún día participarán en la lucha por otras causas justas. Cada vez se hace más necesaria la unidad alrededor de estos planteamientos.
En una democracia como la que tenemos, los gobernantes siempre estarán al servicio de las clases dirigentes y, siempre, intentarán destruir o controlar cualquier movimiento popular que amenace sus intereses. Por eso, la unidad en la firmeza y la claridad en los objetivos son la única garantía de victoria. Pero que nadie piense que este es un camino fácil y corto; la lucha no ha hecho más que empezar, posiblemente los que la iniciamos no veamos su fin, pero estamos seguros de que la Justicia se abrirá camino y que recuperando la Memoria de lo que significaron la II República, el Frente Popular, la Revolución Española y la lucha antifascista, recuperaremos también el espíritu de lucha que las clases populares españolas habían perdido.