A mediados de noviembre del 2015 el Gobierno de Nicaragua tomó la decisión de cerrar su frontera con Costa Rica a los ciudadanos cubanos que no tuviesen su correspondiente visa, que hasta entonces se les permitía el paso (ilegalmente) hacia la frontera de los EE.UU con México, donde se les concede asilo y residencia permanente […]
A mediados de noviembre del 2015 el Gobierno de Nicaragua tomó la decisión de cerrar su frontera con Costa Rica a los ciudadanos cubanos que no tuviesen su correspondiente visa, que hasta entonces se les permitía el paso (ilegalmente) hacia la frontera de los EE.UU con México, donde se les concede asilo y residencia permanente de manera automática, en aplicación de la denominada Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966. La medida nicaragüense dio lugar a que varios miles de cubanos, según diversas fuentes oficiales unos 8.000, se fuesen agolpando en la parte costarricense de la frontera que este país comparte con Nicaragua.
Ese fue aparentemente el inicio de una «crisis» migratoria (ver Emigración: la herida sangrante) que a su vez ha tenido diversas consecuencias a manera de fichas de dominó, la primera y más evidente ha sido sin duda la precaria situación humanitaria en que han quedado sumidos durante semanas este numeroso grupo de cubanas y cubanos, que en su búsqueda de alcanzar «la tierra prometida» norteamericana se han visto confinados en una especie de tierra de nadie y limbos legales.
Pero esta «crisis» también ha sido causa directa de tensiones regionales que han derivado en medidas individuales tomadas por cada uno de los Gobiernos involucrados, como pueden ser:
1) la exigencia de visado, desde mediados de diciembre del 2015, por parte de Ecuador a los cubanos potenciales sospechosos de emigrar por esta larga vía terrestre hacia los EE.UU;
2) el fin del derecho de «paso libre» del que hasta ahora gozaban, inexplicablemente, estas mismas personas para atravesar Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México, con sus simples pasaportes en dirección a la deseada frontera del Río Grande (por lo cual se calcula que al día de hoy se encuentran varados en Panamá un millar largo de personas en la misma situación);
3) las negativas de los Gobiernos de Guatemala, Belice y El Salvador a ofrecer un paso «alternativo» a este numeroso grupo de emigrantes cubanos (imitando así la inicial decisión nicaragüense).
En definitiva, una cadena de hechos, decisiones y medidas que han derivado en una creciente tensión entre los diversos Gobiernos centroamericanos, incluyendo ásperas acusaciones mutuas.
El 28 de diciembre, en una reunión especial y urgente, los Gobiernos centroamericanos más México, celebrada en Guatemala, estos llegaron a un acuerdo provisional para solucionar esta situación que consiste, según lo anunciado, en el traslado vía aérea, y de manera progresiva, desde Costa Rica hasta El Salvador de grupos de estos cubanos (a manera de pilotaje para posteriormente ampliar los vuelos vía Honduras con el mismo esquema), para desde allí seguir camino, vía terrestre y custodiada, hacia territorio mexicano (atravesando Guatemala) para llegar hasta la frontera terrestre de los EE.UU, siempre por el mismo medio de transporte terrestre controlado.
Al mismo tiempo los que deseen podrán regresar a Cuba, tal y como expresó desde el comienzo de la crisis el Gobierno de La Habana, puesto que sus ciudadanos han salido legalmente y nada les impide regresar (hasta el momento diversos medios de prensa apuntan que la cifra de los dispuestos a regresar a su país sería de apenas unos 40).
Los Gobiernos involucrados han subrayado y enfatizado que esta «solución» es absolutamente excepcional, lo cual indica que el flujo migratorio de cubanos hacia los EE.UU, mediante esta larga y accidentada senda terrestre, sería clausurada en la práctica al negarles el «derecho de paso», en tránsito sin las visas correspondientes, como sucedía hasta el inicio de esta crisis migratoria.
En cualquier caso el acuerdo alcanzado también afronta en su concreción práctica, hasta ahora, problemas de diverso tipo como, por ejemplo, la exigencia de las autoridades de Guatemala de que tanto México como los EE.UU asuman públicamente que permitirán el paso y la recepción final (respectivamente) de estas personas. Otros son de carácter logístico propios de una operación multinacional, sin por supuesto olvidar los costos financieros (pues a pesar de que se afirma que serán cubiertos, en parte, por los propios migrantes -lo cual hablaría por sí mismo de la capacidad económica de estos privilegiados emigrantes- subsiste un déficit que debe ser aparentemente cubierto por la Organización Internacional para las Migraciones), es decir que como es lógico ningún Estado está dispuesto a pagar por problemas que no son suyos.
De cualquier manera no cabe duda de que en un tiempo prudencial se encontrará una solución provisional a esta «crisis migratoria» de Costa Rica, al igual que sucedió con las de Camarioca a fines de los años 1960, la del Mariel en 1980, o la de los Balseros de 1994, solo que en esta ocasión hay que subrayar que las consecuencias directas de la Ley de Ajuste Cubano han sobrepasado con creces el ámbito de relaciones (o no relaciones) bilaterales EE.UU-Cuba para afectar e incomodar de lleno a toda la región centroamericana, más Ecuador, Colombia y México, y eso ha puesto sobre el tapete el sin-sentido político de la citada Ley en la actual coyuntura y el espíritu claramente discriminatorio por razones políticas que establece respecto a otras migraciones hacia los EE.UU, que se producen precisamente en gran medida desde estos mismo países afectados.
La pelota política y de responsabilidad está en estos momentos en el tejado del Gobierno norteamericano, aunque guarde un silencio culposo, por lo que la reclamación del Gobierno de La Habana de que la citada ley, y otras disposiciones similares, deben ser abolidas a favor de una emigración ordenada y legal cuenta ahora con un muy especial consenso regional.
Sin embargo, aun si la Ley de Ajuste fuese abolida, y los acuerdos migratorios bilaterales vigentes (que estipulan un mínimo de 20.000 visas anuales) fuesen actualizados, desde el lado de Cuba en su sentido más amplio (país, sociedad e instituciones políticas) se debe tener en cuenta que las corrientes migratorias no se frenan ni se minimizan por medio de acuerdos y controles (y los ejemplos mundiales a este respecto hoy abundan). Por lo tanto, mientras la situación socio-económica interna no cambie sustancialmente, también Cuba debe asumir que va a tener que convivir durante un tiempo mediano-largo con un nivel de emigración ilegal con sus consiguientes costos humanos y políticos, pues si bien es cierto que la norteamericana Ley de Ajuste cubano estimula situaciones como la «crisis» de Costa Rica, no es la causa principal de que miles de cubanos y cubanas decidan anualmente abandonar su país aprovechando cualquier vía.
Fuente original: http://www.globalrights.info/2016/01/hacia-una-salida-a-la-crisis-migratoria-cubana-en-costa-rica/
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