Alfons López Tena es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Propuesto por CiU, este independentista declarado y militante comparte mesa con algunos representantes del españolismo más rancio. DIAGONAL: ¿Cómo son los altos funcionarios de Justicia españoles? ALFONS LÓPEZ TENA: Son peculiares. Son muy provincianos, muy […]
Alfons López Tena es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Propuesto por CiU, este independentista declarado y militante comparte mesa con algunos representantes del españolismo más rancio.
DIAGONAL: ¿Cómo son los altos funcionarios de Justicia españoles?
ALFONS LÓPEZ TENA: Son peculiares. Son muy provincianos, muy cerrados, se creen su propia propaganda, esas cosas de que «España está de moda» o que «con el español se va a todas partes». De los miembros del CGPJ ninguno habla inglés. Saben mandar -entre otras cosas porque llevan más de cinco años haciéndolo-, en el sentido de que la cultura del Estado la tienen muy dentro, pero en cambio no saben gobernar. No saben llegar a acuerdos porque va en contra de su propia cultura. Llegar a un acuerdo es el equivalente a lo que llaman ellos «bajarse los pantalones». Les tengo cierto cariño, más que nada porque es una especie aislada de elite latinoamericana pero con unos ciertos delirios de grandeza, lo que les hace un poco entrañables. Como el acceso no es meritocrático, por decirlo así, sino muy de estar integrado en redes clientelares, familiares, de sectores religiosos -en la derecha específicamente-, hablamos de gente técnicamente poco competente.
D.: ¿Es dura la vida de un independentista en el CGPJ?
A.L.T.: Llevo ya más de cinco años, entre otras cosas por la prórroga que hay del actual CGPJ. Todas las tensiones, problemas, enfrentamientos y ataques fuertes fueron entre los años 2002 y 2003. Después de aquello ya ha quedado clara la posición de cada uno y te acostumbras. Es una situación de confrontación pero que también genera un punto que allí se remarca mucho. Como la cultura política española es muy agresiva, muy de bloques, concretamente de conservadores y progresistas, el planteamiento muy típicamente catalán de las explicaciones, la pedagogía, no se aprecia. Es aquello, que dicen ellos, de «poca hombría». Unos planteamientos claros generan una situación de respeto, aunque muy agresiva por su cultura.
D.: Usted fue víctima de una campaña mediática de acoso y derribo…
A.L.T.: Se hizo una campaña sobre el tema que lanzaron ABC, la COPE, Onda Cero, etc [por los planteamientos catalanistas]. Por un lado, aproximadamente el 10% de los votantes, globalmente, votan por partidos no españoles y pagan los impuestos al Estado español. Desde el momento en que su posición en el Estado español es forzada e incluye pagar impuestos, también tienen que estar representados. En este caso en un CGPJ donde hay 21 miembros debería haber dos más [representando a las otras nacionalidades], no uno. Por otro lado, [las ideas políticas de los miembros del CGPJ] no son un problema cuando se trata de uno de los vocales que fue fundador de la Fundación en Defensa de la Nación Española, que es la que presentó la querella contra Rubianes. Ni cuando otros están en el Foro de Ermua, o en el Opus Dei o en la Fundación Olof Palme, por hablar de sectores diferentes. A nadie le ha llamado especialmente la atención y es perfectamente legítimo. Cada uno defiende sus ideas de la manera que considera oportuna.
D.: ¿Cuál es la situación del CGPJ?
A.L.T.: Es de total paralización. Este CGPJ ha sido el primero en el que el PP ha tenido y sigue teniendo mayoría absoluta. Es la primera vez que un partido pasa de tener mayoría absoluta al hecho de que la renovación le haría perder esta mayoría porque no se corresponde con la composición parlamentaria actual. El PP ha podido bloquear la renovación porque es necesario su voto. Al igual que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Yo lo tenía previsto desde hace tiempo aunque ha habido una cierta ingenuidad por la parte socialista, no del Consejo, porque allí nos tenemos muy vistos, pero sí por parte de López Aguilar o Bermejo. Pensaron que se podría llegar a un entendimiento en el que el PP perdiese su actual mayoría absoluta, cosa que no ha pasado ni pasará. Después de las elecciones ya veremos si hay, o no, renovación, pero la situación será la misma dado que siempre hace falta, tal como está montado el sistema, el voto del PSOE y del PP y no de cualquier otro. Con lo cual la capacidad de bloqueo puede ser indefinida. ¿Qué se puede hacer? Las fuerzas parlamentarias se están planteando que, si después de las elecciones el PP no está de acuerdo con renovar, se haga una reforma para limitar las funciones de los vocales y quitarles la retribución, lo que sería una buena medida. Al fin y al cabo todas estas propuestas son parches porque la elección de los vocales está fijada en la Constitución. Que sea necesario el voto del PSOE y el PP sale de la propia Constitución. No hay una solución factible. Sin cambio de Constitución se debería plantear muy a fondo la propia existencia del propio CGPJ, no sólo la cuestión de las mayorías para elegir.
En el caso de un gobierno del PSOE no creo que el PP esté dispuesto a renovar el Consejo sin que, como mínimo, se dicten las sentencias sobre el Estatuto de Cataluña o los matrimonio homosexuales, las leyes de violencia de género con la composición actual del Tribunal Constitucional. Es la condición sine qua non para renovar el CGPJ y el Constitucional. Ya veremos. Puede durar mucho. En cambio, si hay un Gobierno del PP se renovará con rapidez porque el PSOE no estará en disposición de bloquear. El PP tendrá un Consejo otra vez con mayoría propia de una manera directa o indirecta.
D.: ¿Cómo valora la situación del Tribunal Constitucional?
A.L.T.: En el sistema institucional español el Tribunal Constitucional es nombrado íntegramente por el PSOE o el PP, ya sea por la vía del Congreso, del Senado o del CGPJ, y no hay ninguna representación o intervención, a diferencia de Alemania o de Canadá, por parte de las Comunidades Autónomas. A partir de este momento el Tribunal Constitucional se convierte en un ariete más, como se ha visto en el último año cuando se han comenzado a ver interioridades y enfrentamientos internos en el proyecto nacionalista español. Proyecto que también tienen aquellos que han nombrado a los magistrados. No es un problema de independencia, es que ya saben a quién nombran. Cuando nombras a García Calvo, que fue jefe provincial del Movimiento [la Falange], sabes a quién estás nombrando. El Constitucional es una tercera cámara más en la que, en este caso, están representados exclusivamente el PSOE y el PP.
D.: ¿Es independiente el poder judicial español?
A.L.T.: El Instituto Fraser, una fundación canadiense, realiza un informe internacional y cada año barema a los países del mundo según una serie de parámetros, casi todos ellos relacionados con la política económica. Dos de esos parámetros son la independencia y la imparcialidad judiciales. En el último informe, publicado en septiembre de 2007, la posición española en materia de independencia era la 64 y en materia de imparcialidad, la 46. Están por encima, no ya los habituales, sino también Botswana, Togo, Uganda, Nepal, Malasia. Algo llamativo. Además, se ha producido una bajada fuerte en los últimos años. En las encuestas que hace el CGPJ, los datos sobre la falta de confianza por parte de la gente en la independencia y la imparcialidad son también bastante llamativos. Mi percepción es que sí hay independencia, aunque esto no quita que de vez en cuando haya alguna maniobra por razones políticas. Creo que no hay imparcialidad. Hace unos años un responsable judicial dijo una frase redonda sobre la situación: «Entre los que hacen lo que se espera para ser nombrados y los que han sido nombrados para hacer lo que se espera, casi no hace falta dar instrucciones». Yo no veo realmente un problema de independencia sino de imparcialidad. Es aquello que dijo Conde Pumpido refiriéndose a los que «se envuelven en una toga para hacer política de trinchera». Esto ocurre sobre todo en la alta judicatura: la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Sala Civil Penal del País Vasco. Todo esto provoca que la judicatura española no genere confianza ni dentro ni fuera de España.
D.: ¿Y en lo que respecta a las cuestiones nacionales?
A.L.T.: La división entre los jueces es ideológica, conservadores y progresistas, pero muy españolistas los unos y los otros. Son más agresivos en el sector conservador pero también hay elementos militantes en el sector progresista. Te encuentras con unos jueces que son directamente militantes y contrarios a cualquier planteamiento que no sea el del españolismo más excluyente. Votaré sí en el referéndum por la independencia, y además trabajo para llevarlo a la práctica. Desde el momento en que no hay en la Unión Europea y en el contexto de la globalización dependencia del mercado y de la moneda españoles, entonces la independencia es factible y posible. Una minoría en un Estado al servicio de una mayoría contraria no puede tirar adelante, tiene que crear un Estado propio. Nuestra propuesta es decir a la gente que tiene la capacidad de decisión y que elija.
Muchos de los defectos que tiene la democracia española, el sectarismo en las instituciones por ejemplo, sirven para mantener una situación de dominio de una mayoría contra minorías nacionales. En el caso de que esto no existiera podríamos tener una democracia mucho más normal y avanzada. Todo el ejercicio peligroso que se ha hecho de forzar los conceptos jurídicos, de cara a las cuestiones relacionadas con el terrorismo y la violencia en el País Vasco no sería necesario en el caso de que no hubiese una situación de tensión nacional.
«CON LA AUDIENCIA NACIONAL SE HA HECHO UNA ESPECIE DE MONSTRUO»
DIAGONAL: ¿Qué opina de la Audiencia Nacional?
ALFONS LÓPEZ TENA: El problema de la Audiencia Nacional es que en su día era el Tribunal de Orden Público. Se le ha cambiado el nombre. Como tener un tribunal especializado en terrorismo queda, internacionalmente, algo extraño, se le han añadido una serie de funciones respecto a los delitos monetarios y algunos otros delitos en concreto (por eso juzga el delito de injurias al rey). Se ha hecho una especie de monstruo en el sentido de que se han ido añadiendo parches aquí y allá. Es un órgano muy extraño que genera muchos problemas de funcionamiento. Además la patología de los jueces estrella lleva a unas psicologías y actuaciones determinadas. La razón [de la creación de la Audiencia Nacional] era que, de cara a juzgar determinados delitos violentos por parte de ETA, es mejor que sea en un organismo que está a 600 km que a un juzgado ordinario en el que pueden darse presiones. Bien, esto se ha visto que no pasa. Hay infinidad de temas, en el propio País Vasco o Navarra, relacionados con eso y no existe una situación de falta de capacidad de los jueces que están allí para desarrollar este tipo de juicios. Tiene a favor otro punto: cuando una determinada materia, como por ejemplo los delitos monetarios o el terrorismo internacional, es muy compleja el hecho de que haya un órgano especializado es muy positivo. Pero creo que en este momento el tener un órgano como la Audiencia Nacional genera más inconvenientes que ventajas. Lo que procedería es, bien suprimirla completamente o descargarla de determinadas materias. No tiene sentido que la quema de las banderas del rey tenga que juzgarse en la Audiencia Nacional en Madrid. En los países de larga tradición democrática no existen órganos de este tipo.
LA SENTENCIA DEL MACROJUICIO 18/98
ALFONS LÓPEZ TENA: «No me atrevería a hacer una valoración del juicio porque no lo he seguido. Sí que constato que ha habido en muchos momentos denuncias, acusaciones o declaraciones, tanto del entorno de los encausados como de representantes cívicos y políticos vascos en el sentido de falta de garantías, problemas de pruebas, irregularidades en la tramitación y el enorme tiempo que todo esto ha durado. Cuando hay un tribunal que en vez de recurrir a terminología jurídica usa metáforas, es algo muy peligroso. Es como cuando el Tribunal Constitucional, para poder decir que es constitucional la prohibición de la mitad de las candidaturas de un partido que es legal, lo que hace es decir que esas candidaturas están fagocitadas por otro partido. Al igual que en la sentencia del 18/98 que recurre a aquello del «corazón y las entrañas». Yo eso no sé qué es. Está muy bien para el formato periodístico y literario, pero no para una sentencia. No existe el delito de ser entraña ni de ser corazón. Recurrir a estas metáforas es preocupante porque significa que faltan los conceptos base que permitirían justificar unas condenas tan largas a gente, todos ellos o muchos de ellos, que en ningún momento, que yo sepa, han estado relacionados en ningún acto violento, ni de suministro, ni de apología, ni de cobertura. Entonces llama la atención cuál puede ser el fundamento de estas condenas».