La huelga general del 29S ha mostrado la disposición a luchar de millones de trabajadores. Sin embargo, el Gobierno no cede y se apresta a poner en práctica nuevos recortes en los presupuestos y en las pensiones. La pregunta es evidente ¿y ahora qué? La continuidad de la movilización es imprescindible, pero no basta. Es […]
La huelga general del 29S ha mostrado la disposición a luchar de millones de trabajadores. Sin embargo, el Gobierno no cede y se apresta a poner en práctica nuevos recortes en los presupuestos y en las pensiones. La pregunta es evidente ¿y ahora qué? La continuidad de la movilización es imprescindible, pero no basta. Es necesario derrotar al Ejecutivo en el terreno electoral, y hacerlo impidiendo una victoria del PP. Si el Gobierno no está dispuesto a defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, necesitamos una alternativa que sí lo esté. IU debe llamar a los sindicatos de clase -empezando por CCOO y UGT- a formar y encabezar un Frente de Izquierdas, que se comprometa a derogar todas las medidas legislativas regresivas de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Aznar, y a defender los intereses de la clase asalariada contra viento y marea.
La propia huelga se ha convertido en un factor, por sí misma, que espolea la recuperación del movimiento obrero. Pero es importante hacer un balance ajustado, positivo pero sin perder de vista las dificultades, y darle continuidad adecuada a la lucha. Y no sólo en el terreno sindical sino, además, en el político, el único que podría detener los planes de ajuste.
Balance de la huelga
La huelga ha superado las expectativas de las propias direcciones sindicales, como ambas han reconocido. El Gobierno y, aún más la patronal, se han esforzado en presentarla como un fracaso, pero no es cierto. El nivel de paro ha sido similar al de la huelga de 2002, y en unas condiciones mucho más difíciles. En primer lugar, por celebrarse en medio de una profunda crisis económica, que constituye el momento más desfavorable para cualquier lucha huelguística.
Hay que destacar que ha sido la clase obrera industrial el sector decisivo para el éxito del paro. En un comunicado emitido el mismo día de la huelga, «La Federación de Industria de CCOO y Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) comunican que casi la totalidad de los trabajadores de las empresas del metal (…) han decidido secundar la Huelga General». La tan injustamente criticada clase obrera industrial vuelve a reivindicar con hechos su papel central en la lucha de clases.
No obstante, la huelga también ha mostrado sombras. La precariedad ha sido el mejor piquete anti-huelga de la patronal, pues todos los que la sufren no tienen derecho de huelga en la práctica, como ha podido comprobarse en esta huelga general. Los eventuales llevan años padeciendo las medidas que la reforma pretende generalizar y son los que menos representados se sienten por los principales sindicatos.
Hemos visto problemas de corporativismo, como la actitud del Sindicato de Conductores del Metro de Madrid, que no respaldaron la huelga. Tampoco entre los trabajadores de la administración pública hubo una alta participación, a pesar del peso de las federaciones de administraciones públicas en los sindicatos. Además, existe una fuerte división sindical en empresas importantes que, en parte, es producto de una actuación equivocada UGT y CCOO que ha dejado muchas heridas en el movimiento obrero.
No podemos cerrar los ojos al fuerte desprestigio sufrido por los principales sindicatos durante estos años, y que ahora la derecha trata de aprovechar para atacarlos. La política de conciliación entre las clases que las direcciones de UGT y CCOO han practicado durante años -el «sindicalismo de despacho»- ha facilitado esta situación. La aceptación de la descausalización del despido, como hizo UGT en 1984, o el contrato indefinido «barato», como hicieron en su momento UGT y CCOO en 1997, abrió la puerta a una división entre los trabajadores fijos y los precarios que nunca debía haberse aceptado.
La habituación de la mayoría de los cuadros sindicales a esta dinámica basada en la conciliación y el acuerdo se ha notado ahora, cuando las direcciones federales han dado un giro de 180 grados, obligados por la cruda realidad a convocar una huelga, a la que meses antes se oponían -sólo la defendía IU-. El anquilosamiento y la inercia se ha hecho sentir en su preparación, con bastantes casos de empresas en las que ni se ha celebrado una asamblea para debatir y organizar el paro.
La falta de previsión sindical también ha supuesto un lastre para la huelga, pues se ha convocado cuando las leyes ya estaban aprobadas y eso ha pesado en un sector de los trabajadores, como ya sucedió en la huelga del sector público.
Un balance equilibrado de la huelga, y de las circunstancias que la han propiciado, debe servir para corregir la política sindical de estos años y propiciar una recuperación del movimiento obrero.
Por ello, debemos huir de las exageraciones. Difícilmente hemos podido llegar a los 10 millones de huelguistas en esta condiciones, cuando de 15 millones de asalariados con empleo 4 son temporales y ha habido parte de los fijos que no han secundado el paro. Sin embargo, un índice de participación del 40% supone unos 6 millones de huelguistas, una cifra más acorde con la realidad y realmente enorme si tenemos en cuenta las dificultades.
La primera virtud de la huelga ha sido la de despertar al movimiento obrero. Para muchos trabajadores ha sido su primera experiencia de lucha, provocando la reflexión y el debate. Esa es la consecuencia más importante. Ahora, el objetivo debe ser lograr que esta lucha vaya de menos a más.
El Gobierno no retrocede
UGT y CCOO han exigido al Ejecutivo socialista «rectificación», pero éste ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de hacerlo. Al día siguiente de la huelga, Rodríguez Zapatero declaró que no modificaría la reforma laboral «porque es imprescindible y necesaria para el país» (Público 1/10/2010). La ministra Elena Salgado insiste una y otra vez que la prioridad es la reducción del déficit público. Lo único que ofrecen a los sindicatos es participar en el desarrollo de los reglamentos de la ley, algo a lo que ya están obligados.
La recalificación de la deuda pública española a un nivel más bajo por parte de la Agencia Moody’s es un aviso al Gobierno de que les vigilan de cerca. En Irlanda, donde los recortes han sido aún más brutales que aquí, la presión de los mercados financieros no ceja e impone una nueva vuelta de tuerca en el ajuste. También el Fondo Monetario Internacional le pide al Gobierno un plan B por si los recortes aplicados no son suficientes.
Aquí tenemos al presidente del Banco de España que le recuerda al Ejecutivo que debe proceder a la reforma de las pensiones antes de que acabe el año, limitar el gasto de las administraciones municipales y autonómicas -las que gestionan la mayor parte del gasto social- y que debe hacer recortes adicionales del gasto si es necesario. Y todo apunta a que será así, pues las previsiones de crecimiento para 2011 en que se basan los presupuestos son del 1,3%, mientras todos los demás organismos apuntan a un 0,8% como más probables.
Pero las recomendaciones del Banco de España van más allá. Pide el fin de las cláusulas de revisión automática de los salarios en función de la subida de los precios: «Fernández Ordóñez señaló que la negociación salarial para 2011 no prevé tal cláusula de salvaguardia y que esta decisión ayudará a que la subida del IVA no tenga un impacto inflacionista mayor. El gobernador animó a los empresarios a «aprovechar al máximo» las oportunidades de flexibilización de la reforma laboral para negociar con sus trabajadores nuevas condiciones salariales. Y apuntó que el recorte salarial de los empleados públicos «ayudará a los ajustes que necesita el sector privado»» (Público, 6 de octubre de 2010).
Este es el plan y el programa de la burguesía. El Gobierno carece de alternativa y por eso actúa como si pretendiera «suicidarse» políticamente.
La postura de la patronal
La patronal, con una oposición frontal a la huelga, ha demostrado sobradamente lo que quiere: acabar con los sindicatos, con el movimiento obrero, para imponer una explotación más intensa a los trabajadores. No es ninguna casualidad de que la CEOE omitiera dar datos del paro en el Metal, donde la huelga fue aplastante, en su comunicado del día de la huelga, en el que mostraba porcentajes de participación de entre el 3 y el 11%, en diferentes sectores.
En dicho comunicado planteaba: «En un primer balance, la huelga no ha alterado la actividad económica y de servicios, más allá de algunos sectores y empresas que han sufrido la intervención de piquetes coactivos violentos o la existencia de servicios mínimos insuficientes, por lo que debemos decir que realmente no ha habido una huelga general». En vísperas de la huelga, Díaz Ferrán presentaba la puesta en marcha de un proyecto de Regulación del derecho de huelga, por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Nadie mejor que el PP, que se declaró contrario a la huelga, representa las intenciones de la patronal. Su responsable de Economía, Cristóbal Montoro, ha abogado públicamente por la prohibición de las huelgas generales. Esperanza Aguirre quiere emular a Margaret Thacher atacando a los sindicatos y también ha reclamado una ley de huelga, mientras se esfuerza por impedirlas mediante servicios «mínimos» infames. La derecha y la patronal se lamentaron de la «permisividad» gubernamental y la insuficiente actuación policial, cuando ha habido un mayor número de detenidos que en otras huelgas y durísimas cargas policiales.
La agresividad de la intervención policial y la insistencia de la patronal en que ésta debe perseguir a los piquetes para garantizar la «defensa del derecho al trabajo» -del que sólo se acuerdan cuando hay huelga, para olvidarlo el resto del año- sirve para que recordemos el carácter de clase del Estado, que ni mucho menos es neutral sino que defiende, en última instancia, los intereses de la patronal.
Junto con su política de mano dura con el movimiento obrero, el PP ya ha empezado a enseñar sus cartas al pedir la prolongación del contrato de formación para jóvenes hasta los 30 años, permitiendo la acumulación de distintos contratos en la misma persona -ahora está limitado a dos años-, con tal de que sea en una tarea diferente. Eso significaría que un trabajador puede estar trabajando con contratos de formación hasta los 30 años, con salarios de 680 euros mensuales -o menos-, sin derecho a indemnización y con todos las cotizaciones sociales subvencionadas a la empresa por el erario público. Se trata de otra vía para aplicar el contrato para jóvenes que pidió hace unos meses la Patronal, con un salario inferior al resto de los trabajadores y sin costes de despido.
Si el PP vuelve al Gobierno en el Estado, ya sabemos que programa nos aguarda a los trabajadores. Por eso, hay que derrotar al PSOE y, al tiempo, impedir su sustitución por la derecha.
Un Frente de Izquierdas
Ante todo esto, es obligatorio dar continuidad a la lucha, lo que implica organizarnos desde las empresas y los barrios, llamando a los trabajadores a la participación en sus organizaciones sindicales, vecinales, políticas… y coordinándonos en todos los ámbitos. El siguiente paso debería ser convocar una gran manifestación en Madrid contra los planes de recorte de las pensiones, ¡antes de que se aprueben!
Pero la movilización, siendo imprescindible, no es suficiente: hay que derrotar al Gobierno en las urnas e impedir que gane la derecha. Existe una resignación perniciosa. La mayoría piensa, aunque no lo desee, que el PP volverá a La Moncloa en las próximas elecciones. Ante esa perspectiva, muchos acabarán votando PSOE aunque sea con una pinza en la nariz. Pero la realidad es que si gobierna el PSOE -al menos con sus actuales dirigentes- recortan los derechos sociales y laborales, y si lo hace el PP, también. Parecemos condenados a elegir entre el fuego y las brasas. Pero eso no tiene porque ser así. Tiene razón Cayo Lara cuando afirma que los trabajadores han dicho al Gobierno que «no se van a resignar a la política de recortes». La huelga general ha mostrado que son millones de trabajadores los que se oponen a esta política, que si estuvieron dispuestos a parar (y muchos que no pudieron hacerlo), con más motivo se movilizarían políticamente si viesen una alternativa capaz de disputarle la mayoría al PSOE y hacerle frente al PP.
Sin embargo, debemos reconocer honradamente que IU, por si sola, carece de suficiente fuerza para despertar esa movilización del voto. Pero sí tiene autoridad política y reconocimiento social para llamar a los sindicatos de clase -con CCOO y UGT a la cabeza- a liderar un Frente de Izquierdas, que se comprometa a derogar todas las medidas legislativas regresivas de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Aznar, y a defender los intereses de los trabajadores contra viento y marea. Esa opción sí levantaría expectativas e ilusión en que es posible echar atrás la política de agresiones a los asalariados.
Una candidatura de la izquierda sindical y política sí podría contrarrestar la desmovilización que desde hace años sufre la izquierda en beneficio de la derecha, razón por la cual se mantiene en el poder.
La primera ocasión para poner en marcha este Frente serían las elecciones autonómicas y municipales. El primer objetivo de esta coalición sería impedir que la derecha se mantenga en el poder, o acceda a él, en comunidades y ayuntamientos. Y a la vez, forzaría al PSOE a que, si quiere gobernar, tenga que comprometerse a no aplicar en su ámbito ninguna de las medidas de ajuste que plantea el Gobierno central y a defender de forma efectiva la sanidad, la educación y los servicios públicos en general, así como garantizar que ningún parado esté sin unos ingresos dignos. El Frente no permitiría gobiernos de la derecha, ni por acción ni por omisión, pero que no se comprometería con ninguna clase de ejecutivo autonómico o municipal que atacara los derechos de los trabajadores.
Así, levantaríamos un primer dique contra las agresiones sociales y prepararíamos el terreno para las próximas elecciones generales, en las que hay que derrotar el proyecto de la dirección socialista y, también, el del PP.
El Frente debería dirigirse a los millones de votantes y miles de militantes socialistas, con toda seguridad muy críticos con la política de sus dirigentes, para que respalden y participen en el mismo o, al menos, peleen para obligar a su Partido a cambiar de política. Seguro que encontraremos eco entre muchos de ellos.
Una verdadera refundación de la izquierda
La constitución de este Frente no debe ser vista como un menoscabo del papel de IU. Los intereses de la clase obrera son los de IU, por tanto, lo que debemos preguntarnos a la hora de elaborar nuestra táctica es ¿qué favorece a nuestra clase? Sin duda, la derrota de Rodríguez Zapatero, frenando al PP pues un gobierno de la derecha sería una derrota. Eso supondría un enorme logro para el movimiento obrero y estimularía su recuperación, y nada puede interesarle más a IU que un relanzamiento efectivo de la movilización de la izquierda en todos los terrenos. Ahí están los mimbres para la refundación de la izquierda que ambicionamos.
IU debe ser leal con el resto de las fuerzas que se unan al Frente en la lucha por detener esta agresión a los trabajadores. Sin embargo, eso no implica esconder ni nuestras críticas ni nuestras alternativas. Ni tampoco le pediremos a los demás que lo hagan. La izquierda necesita de la unidad en la lucha para progresar, pero también de la plena libertad de opinión y de crítica. Hay que llamar a las direcciones sindicales a encabezar este proyecto porque lideran las principales organizaciones de clase, pero eso no significa que debamos guardar en un cajón nuestras diferencias con ellas.
Su incomprensión de las causas de la crisis del capitalismo, les ha impedido prever sus consecuencias y levantar una alternativa, avisando y preparando a los trabajadores para la tormenta que se avecinaba. La crisis les ha pillado desprevenidos porque habían aceptado que eran cosa del pasado.
Ahora, las direcciones de UGT y CCOO pretenden volver al punto de partida, a la situación previa al 29S, pero eso es imposible. Esta lucha no es para volver a donde estábamos. A los trabajadores en precario no puede entusiasmarles regresar a lo que había antes del 29S, pues ellos ya sufrían la reforma laboral en sus carnes. Tampoco les vale a los parados, pues incluso en pleno auge económico había casi 2 millones sin empleo. Es necesario un cambio de política.
Era previsible que el Gobierno no retrocediera. Está en juego la sacrosanta ley del beneficio. Lo que buscan estas medidas, y la actuación de la patronal, es imponer una explotación más intensa de los trabajadores para que se restituya su tasa de ganancia. No es una obsesión ideológica, sino el producto de su participación en la economía mundial. La burguesía española tiene como referencia el mercado mundial, -las grandes empresas españolas ya tienen más de la mitad de su negocio fuera del Estado español- y lo que busca es que sus inversiones en el Estado sean tan rentables como en China y otros países. La forma de hacerlo es imponiéndonos unas condiciones laborales que vayan acercándose a las de los trabajadores chinos. Por eso, lo que están planteando es igualarnos a todos los trabajadores a la baja, generalizando la precariedad laboral. Por esa razón la patronal no quiere ningún acuerdo que no sea esa política, y la conciliación practicada por las direcciones sindicales en el pasado no sirve para estos tiempos. Sólo si hubiese una movilización extraordinariamente masiva, el Gobierno aceptaría dar algunas migajas aunque eso tampoco resolvería los problemas. Sólo una política socialista puede romper esta dinámica.
Unir la lucha sindical y política
La izquierda sindical y política debe aprender de sus errores. Es hora de recuperar un sindicalismo combativo, que aúne la lucha por lo más inmediato con la reivindicación de la transformación socialista de la sociedad. Se trata sólo de ser consecuentes con lo que plantean los Estatutos de ambos las propias UGT y CCOO, de volver a las raíces de ambos sindicatos.
La lucha sindical no es suficiente para garantizar unas condiciones de vida y de trabajo dignas, la envergadura de la crisis refuerza la necesidad de plantear una alternativa global al sistema. Una postura keynesiana, como la que actualmente defienden las direcciones sindicales, no solucionará los problemas que aquejan a los trabajadores. La solución no está en oponer a la burguesía neoliberal las tesis de la burguesía keynesiana, no se trata de elegir entre empresarios «buenos» y «malos», entre una forma gestionar el capitalismo y otro, sino de superarlo pues es un sistema fundado en la explotación de los trabajadores, como la crisis nos recuerda con toda su crudeza.
Ante la realidad de casi 5 millones de parados, que van para largo, y la generalización de la precariedad, el derecho a un empleo digno para todos es la reivindicación inmediata más importante para el movimiento obrero. Pero hay que explicar cómo es posible lograrlo: mediante la aprobación de leyes que repartan el empleo, con la reducción de la jornada laboral a 35 horas sin disminución salarial; el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años; y el desarrollo de un amplio sector público, en todos los terrenos. Esa es la única forma efectiva de acabar con el desempleo. Mientras, ni una sola persona debe estar en el paro sin recibir un ingreso mínimo digno, que le permita sustentarse -no las limosnas de 400 euros-. Así mismo, hay que dignificar los salarios con una subida del SMI a lo que establece la Carta Social Europea -en torno a los 1000 euros-, que se aplicaría en forma de subida lineal a todos los trabajadores. Eso permitiría eliminar las horas extra y favorecer la creación de empleo.
Todas esas medidas son necesarias por razones de estricta supervivencias de millones de familias trabajadoras pero, para que tengan éxito, deben ir seguidas de la nacionalización de los sectores clave de la economía, empezando por la banca, que permitan una planificación racional y democrática de la economía. La experiencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero ha demostrado que, en una economía de mercado, los capitalistas son los que deciden la política, y eso es a lo que hay que poner fin, a su dominio y propiedad de los grandes medios de producción. Son ellos o nosotros, una minoría o la mayoría de la sociedad.
En resumen, a la par que peleamos codo con codo con el resto de organizaciones de la clase obrera, la función de IU es defender las ideas del socialismo, adaptadas a la realidad de nuestra época, en el seno del movimiento.
Otra forma de actuar
Finalmente, es necesario que IU defienda con todas sus fuerzas la necesidad de democracia interna en las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda. Se trata de una cuestión vital para todo el movimiento. Nuestras organizaciones han reproducido en su seno la dinámica de la democracia burguesa: sólo tenemos derecho a votar quién nos gobierna o nos representa en las instituciones, cada cuatro años (y a veces, ni eso). Unos métodos que debemos rechazar, pues han contribuido a desmoralizar la militancia de la izquierda y a fomentar la idea de que «todos los políticos son iguales».
IU tendrá que cambiar muchas cosas si quiere predicar con el ejemplo, pero es posible e imprescindible dotarnos de una organización viva y democrática.
El control de la política y las decisiones de la organización, el acceso a la información en tiempo real, con cauces efectivos para debatir y decidir. La elección y la supervisión de la política de nuestros representantes institucionales; la revocabilidad de los mismos, la limitación y control de sus ingresos para que no superen los ingresos medios de un trabajador cualificado, evitando cualquier clase de privilegio, son todo cuestiones vitales para la izquierda, como toda la historia reciente y pasada atestigua. Todo trabajador y persona humilde, debe sentir que, cuando habla un representante de IU, habla uno de los suyos, que vive y piensa como él, que comprende sus problemas porque él también los padece.
Recordando las palabras de Marx en la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, «la emancipación de la clase obrera ha de ser obra de la propia clase obrera». Para ello, debe de empezar por ser dueña de sus propias organizaciones y eso sólo es posible con la más estricta democracia interna.
No estamos ante una tarea fácil ni rápida, pero sin duda sí es posible lograrlo. Y la primera condición es la recuperación de la movilización. Ahora que ha empezado, alentémosla con más fuerza que nunca.
Jordi Escuer y Alberto Arregui son miembros de la Presidencia Regional de IU Comunidad de Madrid y de la Presidencia Federal de IU, respectivamente