Argentina tiene abierta una querella para juzgar los crímenes del Franquismo. Su impulsor fue el abogado Carlos Slepoy, que reclamó a su país devolver al Estado español ‘el favor’ que permitió acabar con la impunidad. Carlos Slepoy, abogado experto en derechos humanos, lleva años luchando para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad. Al […]
Carlos Slepoy, abogado experto en derechos humanos, lleva años luchando para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad. Al inicio de la dictadura argentina, en marzo de 1976, fue secuestrado y torturado, y estuvo preso más de un año. Tras su liberación se exilió a España y ha ejercido como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador argentino Rafael Videla y otros miembros de la dictadura. Consiguió que se juzgara al militar Adolfo Scilingo en el Estado español, condenado por el Tribunal Supremo en 2007 a 1.084 años de prisión. En 2010, Carlos Slepoy fue el promotor de la apertura de una querella para juzgar los crímenes del Franquismo en Argentina. Dos años después, un grupo de abogados españoles y argentinos, coordinan la causa que instruye la jueza María Romilda Servini, que vendrá a España en unos meses para tomar declaración a familiares y víctimas del Franquismo. Represaliados de La Comuna, ya han viajado a Argentina para aportar documentos y testimonios.
DIAGONAL: ¿En qué momento está el movimiento de recuperación de la memoria histórica?
CARLOS SLEPOY: Creo que en España se ha producido algo magnífico. En estos últimos años se empieza a abrir las primeras fosas, se crea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Foros por la Memoria y diversas organizaciones.
A partir de ese momento, la lucha por la memoria histórica adquiere unas dimensiones cada vez mayores. Lo que parecía que estaba olvidado y que no había ninguna posibilidad de ser recuperado tiene una pujanza social muy grande. Se inicia un fenómeno parecido al de Uruguay, Argentina o Chile: homenajes a desaparecidos, apertura de fosas y movilización de la sociedad civil, sin apoyo institucional. Esto es atribuible a las víctimas, a sus familias y a las personas que se solidarizan con ellas. Pero, aunque la independencia es importante, es el Estado quien tiene la obligación de reparar a las víctimas, asegurar la memoria y enjuiciar a los responsables.
D.: ¿Cómo valora que se haya apartado al juez que quiso investigar los crímenes del Franquismo?
C.S.: Es bochornoso, llena de descrédito a lamagistratura española. Está muy claro que todo comienza cuando Garzón intenta investigar los crímenes del Franquismo. Además, es condenado en la trama de corrupción del PP, ahora en el Gobierno, y lo es por unas escuchas, una medida de prueba que ordenan muchos jueces sin que ninguno se haya visto jamás sometido por eso.
Garzón al intentar investigar los crímenes del Franquismo traspasó una línea roja y en ese mismo momento fue condenado. Luego el estrategia de absolverlo en la causa del Franquismo, pero a la vez aprovechar esa sentencia para decir que fue un error y que los hechos de la dictadura no pueden ser investigados… Eso vulnera el derecho internacional y el español, es dictar una resolución contraria a la doctrina del Tribunal Supremo. No olvidemos que el Supremo condenó al militar Adolfo Scilingo a más de 1.000 años de prisión por crímenes de la misma naturaleza cometidos a 12.000 km de distancia y no había españoles implicados. Además, en la sentencia se dice que no se puede investigar los crímenes por la Ley de Amnistía, la prescripción de delitos…
Los recursos que se van a interponer en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminarán diciendo que el Supremo vulnera el Derecho Internacional. También tenemos confianza en la causa argentina.
D.: ¿Cuál ha sido su papel en la querella abierta en Argentina?
C.S.: Soy uno de los redactores e impulsores de la misma. La idea de la querella surgió en un viaje a Argentina; en ese momento se iniciaban las actuaciones contra el juez Garzón, en marzo de 2010. Planteé en una entrevista que sería muy importante que Argentina devolviera el favor que hizo la Justicia española para que se pudiera terminar con la impunidad en Argentina y Chile. Hechos como la detención de Pinochet, el juicio y condena a Scilingo, la detención y extradición de Cavallo… La propuesta tuvo un efecto inmediato y me empezaron a llamar abogados. Ahora somos un equipo y hay muchos denunciantes.
Al principio el fiscal dijo que estimaba que se estaban investigando estos delitos en España y como no impulsaba la causa, la jueza la archivó. Lo recurrimos ante el Tribunal Superior y la Cámara de Buenos Aires y la Cámara Federal ordenó que se iniciaran las investigaciones y se requirió a las autoridades españolas que informaran si se estaban investigando los crímenes.
Después de enviar un exhorto al Gobierno español, el fiscal general del Estado, entonces Cándido Gómez Pumpido, dijo que había muchos procedimientos en marcha. Contestamos diciendo que eso era una falacia y pedimos al Estado nombres de torturadores, empresas que utilizaron a presos políticos como esclavos, etc. Aún no han respondido. Los crímenes del Franquismo se van a juzgar. Igual pasó en Argentina: se pensaba que era imposible, surgió un juez que empezó y el proceso fue irreversible. Hay razones para ser optimistas.
«El número de niños robados en España es infinitamente mayor que los registrados en Argentina»
DIAGONAL: ¿El robo de bebés se va a investigar en la causa abierta de Argentina contra los crímenes del Franquismo?
CARLOS SLEPOY: Sí. Cuando las Abuelas de la Plaza de Mayo denunciaron la existencia de unos 500 niños secuestrados por la dictadura, esto causó un tremendo estupor en España. Lo que no estaba presente en la sociedad española era que el número de niños robados en España era infinitamente mayor qu en Argentina.
Garzón registró en sus autos que había 30.000 niños apropiados hasta finales de 1951. Unos hechos que constituían un plan, una práctica legalizada con decretos que establecían que las mujeres republicanas sólo podían tener a los niños en las prisiones hasta los tres años. Luego, los menores eran retirados para ser entregados a afectos al régimen. Se legalizó la apropiación de niños, con la idea de que había que extirpar el «virus marxista», así se legalizó la práctica del secuestro y apropiación de niños. Se naturalizó esa práctica durante toda la dictadura franquista y aún durante la democracia.
Miles de niños fueron apropiados ya no por la naturaleza política sino porque empezó a ser un negocio. A las madres pobres se les decía, como es conocido ahora, que sus hijos se habían muerto, pero el bebé era entregado a familias que estaban apuntadas para adoptar, entre comillas, saltándose todas las prescripciones legales.
Es muy grave y llama la atención que el Tribunal Supremo, cuando se adoptan las resoluciones contra la investigación de los crímenes del Franquismo no haga la más mínima alusión a estos niños. Si una persona fue privada de su identidad cuando era pequeña, el delito se sigue cometiendo porque esa persona sigue con su identidad sustituida, y los que se apropiaron de él o ella, siguen cometiendo el delito. Por tanto, el crimen se sigue cometiendo, es un delito permanente, lo mismo que la desaparición forzada de personas, no ha prescrito. El robo de bebés en España es un verdadero escándalo.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Hay-razones-para-ser-optimistas.html