La jornada de huelga del 14 de noviembre en Asturies se vio alterada por unos hechos acontecidos en Xixón, en los que se produjeron varias detenciones tras una actuación policial desproporcionada, que puso en entredicho los derechos de reunión e información sobre la huelga, recogidos en la Constitución y demás normativas vigentes. Estos hechos, fuerza […]
La jornada de huelga del 14 de noviembre en Asturies se vio alterada por unos hechos acontecidos en Xixón, en los que se produjeron varias detenciones tras una actuación policial desproporcionada, que puso en entredicho los derechos de reunión e información sobre la huelga, recogidos en la Constitución y demás normativas vigentes.
Estos hechos, fuerza policial desproporcionada y detenciones, fueron el punto álgido, pero a lo largo de toda la jornada, los funcionarios que forman parte de las Unidades de Intervención Policial, mantuvieron una actitud provocadora y desafiante ante quienes ejercían su derecho a informar a los trabajadores sobre los motivos de la convocatoria de huelga general.
Las cargas policiales adquirieron tal violencia, que varios trabajadores y trabajadoras debieron ser atendidos por los servicios del SAMU, llamados ante la gravedad de las lesiones y contusiones provocadas, llegando, incluso, a tener que hospitalizar a algunas de las personas heridas.
Entre las personas golpeadas y detenidas, se encuentran trabajadores de a pie, miembros de comités de empresas como TSK, SERIDA, Gijón Una Ciudad para Todos o el Presidente del Comité de Empresa de la RTPA, empresarios autónomos, padres y madres de familia, transportistas, miembros de las Ejecutivas sindicales, profesionales de distintos sectores económicos y cualquier persona que se encontrara en las inmediaciones.
La gravedad de lo sucedido el día 14 nos ha llevado a presentar denuncia de manera conjunta en el Juzgado de guardia, y a ella se incorporaron los graves partes de lesiones emitidos por los centros hospitalarios en que fueron atendidas.
Por su parte, las unidades de la UIP, no solo realizaron cargas de forma injustificada e indiscriminada, sino que detuvieron a cuatro personas sin motivos razonables y, posteriormente a todo ello, imputaron, de forma gratuita, a otras cuatro personas por hechos que, sólo desde la más absoluta parcialidad, podrían llegar a calificarse como desórdenes públicos, resistencia a la autoridad, etc., pues por parte de los manifestantes no se produjo un solo desperfecto que afectara a establecimientos comerciales, ni un daño a personas que motivaran la actuación de la Fuerza Pública.
No es nada nuevo. La policía utiliza recurrentemente estas imputaciones como cortina de humo para ocultar sus actuaciones desmesuradas y fuera de todo control racional. Desde una lógica profundamente antidemocrática, primero nos pegan y luego nos denuncian, cuando las agresiones y la violencia son imputables a su actuación arbitraria, provocadora y desproporcionada. Basta ver las imágenes tomadas por periodistas a quienes se trató de impedir su trabajo o por ciudadanos que fueron testigos de las cargas policiales para comprobar cómo las mal llamadas fuerzas del orden golpean con saña a personas que tienen inmovilizadas en el suelo, con evidente riesgo para su integridad física.
Posteriormente a estos hechos, las mismas unidades de la UIP siguieron a los grupos informativos de la huelga general hasta la Casa Sindical, en cuyas inmediaciones intentaron practicar nuevas detenciones arbitrarias y, escudándose en ello, allanaron la sede de las organizaciones sindicales.
Por todo ello, los sindicatos CSI, CGT, CNT y SUATEA, presentarán una querella contra la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo de Policía Nacional, conocida popularmente como «antidisturbios», por un presunto delito de allanamiento de la Casa Sindical de Xixón.
Los empleados públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente, y los cuerpos policiales, en particular, deben acatar las normas integrantes del ordenamiento jurídico de forma más escrupulosa si cabe, habida cuenta de que sólo ellos están legitimados para emplear la fuerza dentro de los límites que el ordenamiento jurídico les impone, ostentando además sus declaraciones presunción de veracidad frente al resto de los comunes. Pues bien, el cumplimiento de la legalidad vigente exige respetar celosamente los Derechos Fundamentales recogidos por la Constitución Española, entre los que se incluyen el derecho de huelga y el de manifestación, y el trato igual a todos los ciudadanos; no siendo posible que se emplee mayor violencia con los manifestantes y huelguistas que, en el legítimo ejercicio de sus derechos, salen a la calle a protestar en defensa de la sanidad, la educación pública y el trabajo, que con los abusos patronales que recortan el derecho de huelga con amenazas y despidos, con los corruptos y estafadores o con los autores de los graves delitos económicos que proliferan a lo largo de este mal llamado «estado de derecho».
Los sindicatos denunciantes planteamos que tanto las unidades de antidisturbios, como sus mandos policiales y responsables políticos, con el Delegado del Gobierno y el Ministro del Interior a su cabeza, deben plantearse la pregunta de por qué la población de Xixón se volcó con las personas detenidas ese día y permaneció delante de la Comisaría de policía hasta su liberación.
La gravedad de los hechos ocurridos y la impunidad de que goza la policía en sus intervenciones, son realidades obvias para cualquiera. Es necesario poner coto al alto nivel de represión de las protestas populares que se está ejerciendo, si no queremos caer en una espiral de violencia que tendrá su origen, sin lugar a dudas, en el intento de reprimir derechos tan básicos como el de huelga, reunión y manifestación; la población debe seguir poder ejerciendo su derecho a la protesta ante el Decreto de turno que recorte absolutamente todos los derechos y garantías conquistadas a lo largo del tiempo.
Para finalizar, los sindicatos denunciantes nos ratificamos en nuestra voluntad de seguir luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para que los verdaderos responsables de esta crisis-estafa que padecemos y quienes los defienden y sustentan, sean encausados y puestos a disposición judicial.