Un breve apunte, no pretendo descubrir ningún nuevo Mediterráneo. ¿Por qué, según algunas encuestas que parecen fiables, más de un 60% de los trabajadores y trabajadoras españoles cree que hay motivos de sobra para realizar una huelga general y tan sólo un 20% (que desde luego no es ninguna nimiedad) manifiesta estar dispuesto a ir […]
Un breve apunte, no pretendo descubrir ningún nuevo Mediterráneo.
¿Por qué, según algunas encuestas que parecen fiables, más de un 60% de los trabajadores y trabajadoras españoles cree que hay motivos de sobra para realizar una huelga general y tan sólo un 20% (que desde luego no es ninguna nimiedad) manifiesta estar dispuesto a ir a la huelga el próximo 29 de septiembre?
La respuesta parece imponerse y está en la mente de todos: porque casi nunca, como ahora, ha sido prácticamente imposible ejercer ese derecho para muchos sectores de la ciudadanía obrera. Las razones se amontonan con estrés en sus mentes, en su razonamiento y entre sus amigos y familiares próximos: precariedad, amenazas empresariales, miedo a ser señalados, razonable horror incomensurable ante el despido, sentimiento de soledad, deudas acumuladas que atan pies, manos y rebeldía. Largo etcétera.
«Estamos acobardados poque hay mucha inestabilidad. Muchos puestos de trabajo son eventuales y se hace difícil conciliar la vida familiar», señalan representantes del sindicato de actores. «Dejar el 29 de septiembre tu puesto vacante va a molestar mucho a las productoras», según un trabajador afiliado al sindicato Unión de Actores «que prefiere preservar su identidad con el anonimato». «Hay productoras, sobre todo pequeñas, que podrán responsabilizar a los actores en huelga de no cumplir sus compromisos», sostiene un portavoz del Sindicato de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos [1].
Si actores y actrices tiene miedo a ejercer un derechos tan esencial como el derecho de huega, si incluso actores con nombre temen las represalias de sus productores, si algunos actores ocultan su nombre en sus declaraciones periodísticas, ¿qué puede pensar y sentir el trabajador o trabajadora de una pequeña empresa textil? ¿Qué puede hacer el empleado del Corte Inglés con una dirección en estado de guerra y agresión? ¿Qué actitud puede tomar un trabajador farmacéutico que trabaja en una farmacia «abierta todo el año» donde pasa sus horas al lado de cinco o seis compañeros vigiladados por un empresario poco afable? ¿Qué margen tienen obreros luchadores y experimentados, con familias a sus espaldas, en tiempos de paro, crisis, pesimismo y reestructuraciones?
Otro motivo para sumar a los argumentos conocidos por todos: esta huelga, y las manifestaciones convocadas, debe abonar un camino, extraviado a lo largo de esta larga travesía en el desierto, que permita a la ciudadanía poder vivir ejerciendo sus derechos más básicos. ¿Se puede hablar realmente de democracia en un régimen político, en una situación política que impide de hecho su ejercicio?
Ni que decir tiene que la situación tiene un corolario básico: cualquier apoyo externo que ayude a que muchos trabajadores puedan ejercer sus derechos esenciales es necesario y netamente democrático: es condición necesaria para que ciudadanos amordazados puedan hacer oir su voz y sus gritos de protesta e indignación ante el más infame ataque a las clases obreras de estos últimos treinta años.
Nota:
[1] Tomo la información de Público, 27 de septiembre, página 5.
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