«El argumento de que la libertad depende de los impuestos es tan elemental, que uno podría abrigar cierta esperanza de que al menos alguna versión del mismo sea generalmente aceptada. No es que el punto sea sorprendente; lo verdaderamente sorprendente es que existan argumentos en contra.» (Cass Sunstein, 1999) En estas últimas semanas se han […]
«El argumento de que la libertad depende de los impuestos es tan elemental, que uno podría abrigar cierta esperanza de que al menos alguna versión del mismo sea generalmente aceptada. No es que el punto sea sorprendente; lo verdaderamente sorprendente es que existan argumentos en contra.» (Cass Sunstein, 1999)
En estas últimas semanas se han hecho públicos algunos datos o grupos de datos fiscales y económicos realmente importantes. Los dos primeros son conocidos por la población de forma más o menos generalizada; el tercero, bastante menos; y pocas tendrán noticia del cuarto.
Recordemos el contexto fiscal en que se enmarcan estos datos. Pronto habrá elecciones y en esta legislatura a la que le quedan pocas semanas de vida, y desde el punto de vista fiscal, el Gobierno del PSOE ha reformado el IRPF (pasando el tipo máximo del 45% al 43%, se ha implantado el tipo único en el 18% para todas las variedades de ahorro, etc.) y también el impuesto de sociedades (el tipo disminuyó del 35% al 30%). Ambas reformas pueden suponer una disminución recaudatoria entre ambos impuestos de poco menos de 9.000 millones de euros. Esta reforma, votada por las Cortes españolas, hace más de año y medio, hubo quien la llamó gráficamente «la tercera reforma fiscal del Partido Popular». Parcialmente, al menos, simbolizó el «cambio de socios» del PSOE: IU-ICV y ERC eran substituidos por el PNV y CiU. Para la próxima legislatura, si el PSOE repite Gobierno como parece que así será, la idea es continuar por este desgraciado camino con el mismo Ministro de Economía.
El primer dato, proporcionado por el último informe sobre el mercado laboral de la UE: en el reino de España los salarios han pasado de representar el 67,9% del PIB (1976) al 54,5% (2006). 30 años justos y una pérdida espectacular de más de 13 puntos. El reino de España no es ninguna excepción a la ley general. En la Unión Europea (de los 15), el descenso fue de media del 69,9% (1975) al 57,8% (2006). El futuro diáfano que parecía dibujarse para la clase obrera europea, a partir de los «gloriosos treinta años» que se habían vivido después de la Segunda Guerra Mundial, se truncaron al inicio de otros nuevos 30 años (hasta hoy) que, por contraste, bien pudieran ser llamados los «penosos treinta años». A mediados de los 70 empezó lo que se ha conocido como la gran ofensiva neoliberal. En esta ofensiva, la derecha neoliberal ha insistido en varios puntos, con mayor o menor intensidad en alguno de ellos según la coyuntura: 1) El Estado de bienestar saca del mercado incentivos de inversión y de trabajo remunerado; 2) El Estado de bienestar es ineficiente e ineficaz, como lo muestra la «ingente» cantidad de gasto público destinado a acabar con la pobreza, gasto que, además, no ha conseguido el objetivo, puesto que la pobreza sigue presente; 3) El Estado de bienestar conlleva un innecesario gigantismo del Estado, lo que conduce a su vez al deterioro de la iniciativa individual; 4) El Estado de bienestar implica un volumen de impuestos que atenta contra la libertad, y 5) No es cierto que el Estado de bienestar compense los «fallos del mercado». Uno de los productos de esta ofensiva que en realidad es el resumen de muchos otros es esta reducción del peso de los salarios en el PIB. La parte que han perdido los salarios en el PIB la han ganado, claro está, las «rentas del capital».
Segundo dato bien conocido: la Política Agrícola Común (PAC) de la UE supone unos 55.000 millones de euros (2007), una cantidad de las más importantes del presupuesto comunitario. La PAC da subvenciones al sector agrícola de los distintos Estados miembros. Buena parte de estas subvenciones se la llevan no los pequeños agricultores sino los grandes propietarios y terratenientes agrícolas. Así, hay quien recibe más de 200.000 y de ¡300.000! euros. Con lo que, como ya se ha puesto de relieve más de alguna vez, los 126 grandes ricos terratenientes del reino de España (la familia Botín, Samuel Flores, uno de los más grandes terratenientes del reino, los marqueses de Valdez Ozores, Mario Conde, Emilio Ybarra, Alfonso Cortina…) reciben tanto dinero como los aproximadamente 480.000 no tan afortunados.
Tercer dato ya menos conocido: la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha publicado hace unas pocas semanas un interesante documento cuyo título es «Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España». Es un documento de 31 páginas que ya ha sido reproducido por multitud de páginas electrónicas. Y lo vale, porque los datos y recomendaciones que esta organización propone merecen mucha atención. Aquí quiero destacar solamente una porción muy pequeña de todos ellos. El apartado dedicado al blanqueo de capitales es especialmente recomendable («Todos los indicadores señalan a España como un verdadero paraíso para el blanqueo de capitales», se lee en la página 6), pero como no es técnicamente fraude fiscal, me limitaré a algunas de las afirmaciones que en este documento se dan. En primer lugar se recuerda (pág. 9) que no ha habido ningún Gobierno, del PP o del PSOE, que haya querido efectuar «un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal existente». A falta de este estudio de cualquier Gobierno del reino, el documento ofrece una relación de todos los estudios que se conocen sobre fraude fiscal y economía sumergida. Entre ellos, se menciona el realizado en el año 2002 por el entonces responsable de política económica del PSOE, Jordi Sevilla, en donde se calculaba en 25.000 millones de euros el importe que dejaba de cobrar Hacienda cada año como consecuencia del fraude fiscal existente (1).
Cuarto dato casi desconocido: Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, presentó una ponencia en el VII Simposio de la Renta Básica que se celebró en Barcelona los pasados 22 y 23 de noviembre titulada Financiación de la Renta Básica a partir de una reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. En este estudio (2), y aunque no era éste su objeto principal de atención, se mencionaron estos datos: «un maestro de primaria, funcionario con 12 años de antigüedad, que tenía en 2004 una retribución bruta anual de 28.088 euros, estaría en el percentil 80, entre el 20% más rico de Catalunya. Por su parte, un profesor de instituto, funcionario con 12 años de antigüedad, con 32.110 euros de retribución bruta anual en 2004, se situaría en el percentil 90, entre el 10% más rico de Catalunya. Por último, un catedrático de universidad, funcionario con 12 años de antigüedad, con una retribución bruta anual de 47.500 euros en 2004, pertenecería al percentil 95, esto es entre el 5% más rico de Catalunya.» Algo completamente absurdo. Dicho más resumidamente: el IRPF muestra de forma indirecta que el enorme fraude fiscal que hacen los ricos es impresionante y lo que se hace para combatirlo no está ni mucho menos a la altura del empeño que los primeros ponen en defraudar. Hace poco más de 15 años, Leona Hemsley, una rica propietaria de una cadena de hoteles, dijo sin el menor pudor: «Sólo la gente corriente paga impuestos». Exactamente lo que estoy tratando de decir.
Es época de campañas electorales. Parece que el camino elegido, tanto por la derecha como por la izquierda, ha sido el de caminar al grito de «menos impuestos». Que lo haga la derecha era predecible y hasta «normal», que lo haga la izquierda, una parte de ella al menos, es un gran error. Atrapar votos no lo justifica todo.
NOTAS: (1) Aunque la mayor parte de habitantes de las fronteras del Estado español nunca han tenido un billete de 500 euros en las manos, el informe menciona un estudio en donde se afirma que «actualmente circulan en España 111 millones de euros en billetes de 500 euros, cuantía que supone un 30% del total emitido en la Unión Europea y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto de los existentes en el año 2002, año de puesta en circulación del euro. Según los primeros datos aportados por la AEAT de las investigaciones que se están realizando, la utilización de estos billetes corresponde en una parte importante a operaciones inmobiliarias» (pág. 10). (2) Referido a una super-muestra de más de 100.000 declaraciones de IRPF catalanas. En cualquier caso, lo que se afirma a continuación para el IRPF que se genera en la nación catalana es perfectamente generalizable al IRPF de todas las comunidades autónomas, con leves matices.
*Daniel Raventós es miembro del