Lo que sin duda es el proceso político más importante que se ha celebrado en las últimas décadas en el territorio de la UE está a punto de comenzar en Madrid. 9 acusados, elegidos como líderes visibles de un movimiento culpable de querer someter a referéndum una propuesta puramente política (la creación de una república […]
Lo que sin duda es el proceso político más importante que se ha celebrado en las últimas décadas en el territorio de la UE está a punto de comenzar en Madrid. 9 acusados, elegidos como líderes visibles de un movimiento culpable de querer someter a referéndum una propuesta puramente política (la creación de una república catalana separada de la monarquía española). Un movimiento que, desde hace diez años, demuestra que cuenta con el apoyo de al menos la mitad de la población catalana, que ha protagonizado manifestaciones imponentes y absolutamente pacíficas, que no ha cedido a cientos de provocaciones físicas, administrativas, políticas, mediáticas y judiciales y que ha mantenido su apuesta por una solución mediante urnas.
De hecho, es la primera vez que los tribunales especiales (el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional) han instituido abiertamente un caso contra representantes de un movimiento político sin la excusa de la violencia, el terrorismo o la lucha armada.
Un caso en el que el tribunal admitió la acusación como parte civil de Vox, hasta ahora un partido extraparlamentario de extrema derecha, xenófobo y ultranacionalista. En el que los acusados, que corren el riesgo de ser condenados a más de 20 años de cárcel, son los presidentes de dos de las principales asociaciones de la sociedad civil y los miembros de un gobierno elegido democráticamente por una mayoría de catalanes (el resto, junto con el presidente Puigdemont, se encuentran en el exilio en Bélgica, Inglaterra y Suiza, junto con representantes de otros partidos y movimientos de extrema izquierda y raperos condenados por delitos de opinión).
En este caso, está en juego la idea de que sin violencia, en una democracia, todas las ideas pueden ser apoyadas e implementadas si respetan los derechos humanos y civiles. Reaccionar como lo está haciendo la opinión pública europea con indiferencia ante este cambio radical en la interpretación de las reglas del juego político puede tener enormes consecuencias para el futuro de nuestros países.
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