Dos incendios forestales, similares en virulencia y poder destructivo, están siendo noticia de primera plana estos días. Uno se ha originado en la isla canaria de Gran Canaria, y el otro en la provincia andaluza de Córdoba. Pero la semejanza entre ambos desaparece cuando se exigen responsabilidades. El fuego iniciado en Gran Canaria, lleva arrasadas […]
Dos incendios forestales, similares en virulencia y poder destructivo, están siendo noticia de primera plana estos días. Uno se ha originado en la isla canaria de Gran Canaria, y el otro en la provincia andaluza de Córdoba. Pero la semejanza entre ambos desaparece cuando se exigen responsabilidades.
El fuego iniciado en Gran Canaria, lleva arrasadas más de 3.500 hectáreas y fue provocado por un peón forestal (no un agente forestal como se ha informado desde algunos medios). Este detalle es importante, porque los agentes forestales son funcionarios públicos, perciben un salario digno y disfrutan de un empleo fijo, mientras que los peones son contratados temporalmente, sufren la precariedad laboral, perciben salarios basura, trabajan infinitas horas en pésimas condiciones y, muchas veces, sin los medios necesarios para desempeñar, eficazmente y con garantías para su propia seguridad, una actividad tan peligrosa.
El peón canario, Juan Antonio Navarro Armas, de 37 años, se ha declarado culpable de la autoría del incendio de Gran Canaria y ha pasado a disposición judicial. Nada justifica la quema del monte, pero a veces la necesidad nubla la razón. Según parece, el detenido se dirigió al punto de vigilancia donde trabaja, y en el trayecto ejerció de pirómano prendiendo fuego al bosque para notificarlo de inmediato. Es muy posible que alertar rápidamente sobre un incendio que está en sus comienzos, sume puntos ante los ojos del jefe. Juan Antonio sabía que su contrato finalizaba en septiembre, coincidiendo con el final de la temporada de alerta; por tanto quizás pensara que actuando de esa manera lo volverían a contratar el próximo año.
Por su parte, el fuego iniciado en la base militar cordobesa de Cerro Muriano también lleva calcinadas 3.500 hectáreas. Mientras las llamas devoraban hectáreas, unos cincuenta trabajadores del sector exigían a la Junta de Andalucía, mejoras en sus condiciones laborales y denunciaban que los compañeros que trabajan en la extinción del incendio «están todos pasados de horas». Es digno destacar que para los medios de información, en Cerro Muriano no existe un protagonista culposo como en el caso de Canarias. La responsabilidad la tiene un artefacto explosivo, de esos que los militares abandonan tras una entretenida sesión de entrenamiento, algo que suele ocurrir con frecuencia.
Según Ecologistas en Acción, el campo de tiro de la base militar es «uno de los principales riesgos potenciales y reales de incendio forestal en Sierra Morena», porque algunos proyectiles quedan enterrados u ocultos en la maleza. Pero a pesar de contar con esos antecedentes, ni expertos en localización de explosivos, ni la Unidad Militar de Emergencia (UME) que tanto está saliendo por la televisión (para que los españolitos vean lo útiles que son sus integrantes), se molestan en despejar el campo cuando finalizan los juegos de guerra, algo que constituye una grave irresponsabilidad si se tiene en cuenta que, en la época estival, dicha zona registra las temperaturas más altas del país.
La ley vigente, establece prisión de uno a cinco años por incendio provocado, y entre diez y veinte años si existe riesgo para la vida humana. Seguramente, Juan Antonio Navarro pagará por su culpa, el estamento militar se irá de rositas y el verano que viene tendremos más de lo mismo. Parece obvio que la clase social se valora, y mucho, a la hora de exigir responsabilidades.