Indignación, realidades y retos

Introducción

La actitud ciudadana de indignación social se conforma en varias etapas, con la combinación de dos tipos de motivos y demandas populares -socioeconómicas y democráticas- y la expresión de una masiva protesta social progresista con nuevos y renovados sujetos sociopolíticos.

La formación de esa conciencia cívica de indignación no surge en un momento, es un proceso acumulativo; cobra un fuerte impulso con los dos acontecimientos y etapas de mayor impacto en la gente: primero, con el comienzo de la crisis económica y sus graves e injustas consecuencias, con un fuerte y masivo descontento popular; segundo, a partir del año 2010 se produce un paso cualitativo y se añade el desacuerdo popular y la oposición sociopolítica y sindical a las políticas de austeridad y sus gestores gubernamentales y europeos. Y es en el año 2011 cuando emerge el nuevo movimiento de los ‘indignados’ o 15-M.

Al malestar socioeconómico y la exigencia de responsabilidad hacia los mercados financieros y el poder económico, se añade la indignación por la gestión regresiva de las principales instituciones políticas, la clase gobernante y su déficit de democracia. Esa doble indignación de una amplia corriente social, al juzgarla desde valores democráticos e igualitarios, refuerza una actitud progresista de oposición ciudadana y exigencia de cambios. Se favorece y legitima la acción colectiva de una ciudadanía más activa. Es un factor de fondo que permanece.

Estamos ante un nuevo ciclo sociopolítico, en una pugna social prolongada derivada, por una parte, de una ofensiva antipopular del poder económico e institucional y, por otra parte, de una resistencia cívica con una nueva y heterogénea dinámica de movilización social. Este proceso se ha configurado con la interacción de tres dinámicas paralelas: una amplia indignación popular; una nueva dimensión de la protesta colectiva, y la expresión de distintos grupos de activistas o representantes sociales como cauce para expresar públicamente ese descontento.

Se ha conformado una ciudadanía activa, un movimiento social diverso pero con unos perfiles comunes. Se confronta con el agravamiento de los problemas socioeconómicos y políticos (consecuencias de la crisis, políticas de recortes y austeridad, clase gobernante con déficit democrático) y la gestión regresiva de unos adversarios poderosos (élites dominantes). De ahí que sus movilizaciones y propuestas tengan un doble objetivo, progresista en lo socioeconómico y democratizador en lo político. Todo ello se articula en un proceso pacífico, de participación democrática y con gran legitimidad ciudadana. Se conforma un nuevo campo social crítico frente a los poderosos y tiene implicaciones en el ámbito político electoral. Su impacto y su horizonte apuntan a un cambio social, cultural y político más justo y democrático y, al mismo tiempo, canaliza acciones reivindicativas más concretas.

Dejamos al margen otro tipo de movilizaciones o acciones de protesta, como las dinámicas nacionalistas o soberanistas (aunque algunas de ellas como en Catalunya tienen relación con esta problemática) o las de carácter conservador (incluidas las promovidas por la jerarquía católica).

Por tanto, estamos abordando interrogantes sobre esta contienda sociopolítica y el nuevo movimiento popular de carácter social, pacífico y democratizador: quiénes, frente a quién, por qué, cuándo, cómo y para qué. Aquí se analizan estas cuestiones básicas, explicando el origen, la formación y las características de la indignación, la protesta social y su representación, en este nuevo ciclo sociopolítico, y los desafíos de este movimiento social progresista.

1. Origen y formación de la indignación

A título introductorio, avanzamos algunos rasgos de la conformación del proceso de indignación. Se inicia con las primeras y graves consecuencias sociales de la crisis económica (años 2008-2009): el paro masivo, la desigualdad social y la incertidumbre socioeconómica (Antón, 2014; Piketty, 2014). Se produce un profundo y amplio descontento popular por esa problemática social y sus efectos, la mayoría de la sociedad los considera injustos y desiguales y señala ya a sus causantes y responsables directos: los mercados financieros y el poder económico. La palabra indignación se populariza más tarde, pero ya podemos hablar de una amplia indignación ciudadana, como enfado popular por una situación socioeconómica considerada injusta. La pugna cultural se establece por la legitimidad en la mayoría de la sociedad de una u otra interpretación, actitud y posición normativa: la valoración de la gravedad y la persistencia de esas consecuencias sociales (o su minusvaloración y transitoriedad con el discurso de la recuperación); la exigencia de responsabilidades a los poderosos (o su aval), y las garantías de los derechos sociales y democráticos (o sus recortes). Fracasan esos intentos legitimadores del poder y sus aparatos mediáticos, y en la mayoría de la población se refuerza la indignación desde la cultura democrática y de justicia social.

En el año 2010 se incorpora una nueva característica: la indignación frente a los recortes sociales y laborales y la gestión regresiva de la clase política gobernante (y las instituciones europeas y la troika); es decir, la indignación se amplía y se añaden motivos ‘políticos’, con la desconfianza popular en las élites políticas gestoras de la austeridad y la crítica al incumplimiento de los compromisos sociales y democráticos del Gobierno (socialista), con un distanciamiento (doloroso) con parte de su propia base social. Se conforma ya una corriente social ‘indignada’ con ese doble sentido, se abre una brecha con los ‘poderosos’ económicos e institucionales y comienza la protesta social masiva, en ese año, protagonizada inicialmente por el movimiento sindical. La pugna sociopolítica y cultural se establece en torno a la legitimidad social, bien de la política de austeridad y recortes sociales y sus gestores, o bien de la contestación social contra ellos. Frente a la justificación liberal conservadora de ‘hacer lo que hay que hacer’, o el matiz de la socialdemocracia gobernante de ‘no se puede hacer otra cosa’, se levanta el rechazo popular a una política injusta y una élite con rasgos autoritarios, que es necesario y posible cambiar. Se trataba de la pugna entre dos opciones: 1) favorecer la resignación social, la neutralización del descontento ciudadano y la relegitimación de las élites dominantes para consolidar una gestión regresiva y autoritaria de la crisis; 2) fortalecer la indignación, evitar la pasividad y el fatalismo en la ciudadanía e impulsar la protesta social a favor de la democracia, con mayor justicia social y un giro de la política económica y laboral. Entre amplios sectores populares se mantiene el apoyo a la segunda opción, sigue la deslegitimación ciudadana hacia esa involución social y democrática de las políticas y la élite gobernante; no obstante, la presión cívica no consigue impedir los ajustes regresivos y se generan tendencias frustrantes al percibir el gran apoyo institucional, económico y mediático del bloque de poder y la dificultad para obtener avances en el terreno reivindicativo.

En el año 2011, a partir del 15 de mayo y en los meses siguientes, se desarrolla el llamado movimiento de los ‘indignados’ y se populariza esa expresión. Ante la persistencia de la gravedad de la situación y los recortes, emergen nuevos sujetos sociopolíticos, se incorporan nuevos sectores a la protesta social y se consolida con su doble carácter: democratizador (frente a la gestión política regresiva, opuesta a la opinión mayoritaria de la ciudadanía, y por la participación democrática y ciudadana) y con una perspectiva más social y progresista (contra los recortes socioeconómicos y laborales, la desigualdad social y las élites dominantes, y en defensa de los derechos sociales y democráticos).

Posteriormente, tal como se detalla más adelante, se mantiene esa amplia indignación popular, continúa el proceso de movilización global, aunque con altibajos y combinado con iniciativas locales o sectoriales, y se va modificando el protagonismo de distintos actores sociopolíticos.

Los movimientos sociales los podemos definir como:

Desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades (Tarrow, 2012: 21).

La protesta social progresista ha adquirido en España un nuevo carácter y una nueva dimensión (Adell, 2013; Antón, 2013; Brito, 2013; Del Río, 2012). Se han conformado nuevos sujetos colectivos, con renovación de agentes sociales anteriores y participación de nuevos sectores, grupos y activistas, particularmente juveniles. La intensificación de la movilización sindical y ciudadana se inicia en el año 2010. Las primeras grandes manifestaciones populares de este periodo se producen ya en febrero y marzo de ese año, convocadas por los grandes sindicatos contra el primer gran plan regresivo del Gobierno de Zapatero (tras la primera crisis de la deuda griega y las presiones recibidas en Davos por el poder económico y los gobernantes europeos): el recorte de los derechos de las pensiones públicas. La mayoría de la sociedad, según encuestas de opinión, muestra su desacuerdo a ese recorte social y, tras la movilización social, se consigue su aplazamiento. Luego vino la huelga general del 29-S contra la reforma laboral y los recortes de mayo y junio.

Tras el parón movilizador producido a primeros del año 2011 por el acuerdo entre las direcciones de los grandes sindicatos y el Gobierno socialista en torno a la reforma de las pensiones y la orfandad representativa de la ciudadanía indignada y la izquierda social, en mayo del año 2011 se produce una amplia movilización ciudadana y se expresa un nuevo sujeto sociopolítico, el movimiento 15-M. Los motivos u objetivos de este amplio y diverso movimiento social expresan el rechazo a las políticas de austeridad y a una gestión política gubernamental regresiva y con gran déficit democrático. La indignación social frente a las graves consecuencias sociales de la crisis, la oposición a los recortes sociales y laborales y la crítica a los poderosos, los mercados financieros y la clase política gobernante, junto con la exigencia de democratización del sistema político y las decisiones institucionales, conforman una nueva dinámica sociopolítica.

Cristaliza una corriente social indignada frente a esos factores sistémicos, socioeconómicos y políticos, y se expresa un nuevo y heterogéneo sujeto sociopolítico, la ciudadanía activa progresista. Se refleja, por una parte, por el nuevo impulso de un movimiento sindical más crítico y movilizador, con masivos procesos huelguísticos de carácter general (tres huelgas generales en dos años) y sectorial (principalmente frente a recortes del sector público -enseñanza y sanidad- o reestructuraciones de plantillas); por otra parte, con la emergencia y la consolidación de un nuevo movimiento social (15-M y su expresiones derivadas o similares y, más tarde, con nuevos actores y agrupamientos asociativos), democratizador y crítico contra las lacras socioeconómicas y los recortes de derechos sociales, con una intensa participación de jóvenes y una gran legitimación popular. Esta movilización social progresista se reafirma y confronta frente al bloqueo a las demandas populares y el incumplimiento del contrato social y electoral de los grandes partidos políticos, así como contra la gestión antisocial de los gobiernos (primero del PSOE y luego del PP) y la orientación liberal-conservadora de las élites dominantes en la UE y la llamada Troika (FMI-BCE-CE). La opción que se refuerza es la incidencia ciudadana desde la propia esfera de lo social, de la presión en la calle, frente a las grandes instituciones (políticas y financieras), exigiendo su reorientación y democratización.

Por tanto, se trata de valorar los nuevos elementos de la realidad, los cambios en un doble plano, sociopolítico y cultural, del periodo actual. Se intensifica la movilización ciudadana progresista como respuesta a la política de austeridad de la clase política dominante. Se producen cambios en la conciencia social sobre el carácter poco democrático de un poder oligárquico, los responsables de la crisis y su gestión regresiva, así como de la legitimidad de la acción colectiva y la protesta social para cambiar esa dinámica. Existen elementos sociopolíticos y culturales distintos a los del periodo anterior, desde principios de los años noventa: 1) mayor activación de unos sujetos colectivos progresistas, con gran capacidad movilizadora y expresiva y, sobre todo, con gran legitimidad social; 2) afirmación de una cultura de justicia social, igualdad y democracia; 3) deslegitimación merecida de las grandes instituciones (económicas y políticas, incluidas las internacionales) y los políticos gestores de la austeridad, que privilegian sus intereses corporativos.

Lo específico de la etapa actual es que, junto con la continuidad de agentes y movimientos sociales anteriores, ha emergido un amplio y heterogéneo movimiento de indignación y protesta colectiva de orientación progresista. Se ha constituido frente al déficit democrático de las instituciones políticas que han aplicado una política de austeridad, agudizando las graves consecuencias sociales de la crisis socioeconómica. Es de carácter más sistémico o global, por su contenido y articulación, con nuevas interacciones con lo local, formas de comunicación y mentalidades. Ha ampliado las oportunidades de cambio social y de incidencia política, con el ‘empoderamiento’ de la propia ciudadanía. La reafirmación del ‘sí podemos’ es fundamental frente al fatalismo del ‘no hay alternativas’ y la resignación ante los recortes sociales y la gestión regresiva del poder político y la clase corporativa. Todo ello con una perspectiva histórica de su evolución y su impacto.

Por tanto, existen nuevas resistencias colectivas o movilizaciones sociales de carácter progresista, con unos contenidos u objetivos sociales y democráticos, frente a una grave situación material (lacras socioeconómicas ampliadas por la crisis económica y gestión regresiva de las principales instituciones políticas) y unos adversarios representativos del poder económico e institucional (financieros, clase política o corporate clase). Todo ello le confiere a este nuevo ciclo de la protesta social de unos elementos identificadores, con elementos comunes y de continuidad, y otros diferenciadores y específicos, sobre los que hay que profundizar.

Por último, un buen análisis es imprescindible para definir una posición normativa y poder participar mejor en la transformación de la propia sociedad. A la complejidad de la primera tarea analítica e interpretativa, se suman las dificultades derivadas de las implicaciones, intereses y procesos de legitimación de los distintos actores sociales y su papel sociopolítico. En particular, se pone a prueba la capacidad articuladora, coordinativa y de orientación de los grupos de activistas, núcleos asociativos o élites y personas más influyentes para consolidar el movimiento. Ello en distintos planos: iniciativas generales y procesos de conjunto, arraigo local y movilizaciones específicas, legitimación popular y elaboración y unidad en torno a un cuerpo de ideas y objetivos comunes. Se trata de analizar la relevancia, el origen y las características de los últimos movimientos de protesta social, sus problemas y desafíos, para aportar al debate una perspectiva de futuro. Y para dar consistencia al análisis concreto se trata de combinarlo con la valoración crítica de las distintas interpretaciones teóricas para entresacar lo adecuado y lo no adecuado de sus enfoques.

2. Un nuevo ciclo sociopolítico

El ciclo de la protesta actual, como se ha avanzado, comienza en el año 2010, no en 2011, que es cuando sí se expresa el movimiento 15-M, como nuevo sujeto emergente, iniciando la segunda fase del ciclo actual. El nuevo proceso sociopolítico de movilización social contra la involución social y democrática que significa el giro hacia la austeridad de las principales instituciones europeas y españolas, tiene su origen más masivo con la huelga general del 29 de septiembre de 2010 (con grandes manifestaciones a principios de ese año contra el plan gubernamental inicial de recorte de las pensiones y los primeros indicios del giro europeo hacia la política de austeridad). Por tanto, al definir el ciclo de la protesta actual o de la indignación de hoy no se pueden desconsiderar la resistencia social y los elementos expresivos desencadenados ese primer año, que conforman la novedad de la activación de un amplio movimiento de protesta, encauzado inicialmente por el movimiento sindical. Los grandes sindicatos son una organización clásica, pero en esa coyuntura rompen con la inercia de la década anterior, de relativa pasividad, y constituyen un factor relevante de cambio sociopolítico progresista. Adoptan, con discontinuidades, una nueva actuación crítica y movilizadora, con la activación democrática de millones de personas contra los recortes sociolaborales y la configuración de un nuevo campo social emergente diferenciado de la clase política gobernante y su giro antisocial.

El masivo descontento e indignación social (aunque ese nombre se popularizó después) se va conformando desde comienzos de la crisis socioeconómica, por la percepción de amplias capas de la sociedad de la gravedad de las consecuencias sociales de la crisis socioeconómica (paro, jóvenes sin futuro, empobrecimiento, primeros desahucios…) y su carácter injusto. A ello se le añade el rechazo a las medidas regresivas y de austeridad (recortes sociales y laborales) del Gobierno Zapatero (mayo y junio) y la frustración entre sectores populares y de izquierda social por su giro antisocial y el incumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía (las primeras encuestas del CIS donde ya se refleja la importante desconfianza ciudadana en la ´clase política’, datan de julio y octubre de 2010). La respuesta colectiva la encauza, primero, el movimiento sindical: El 29-S (al menos, cuatro millones de huelguistas, cientos de miles de manifestantes, antes y después, y más del 60% de la opinión pública contra la reforma laboral del gobierno) ya expresa una amplia brecha social con ‘esa’ clase política, gestora de los recortes. Se abre un nuevo escenario sociopolítico con la emergencia de un campo social progresista y democratizador diferenciado del Gobierno socialista (y de la derecha).

En consecuencia, en el año 2010 se inicia un nuevo ciclo sociopolítico, con una masiva protesta colectiva o resistencia social frente a la política de austeridad gubernamental y la desconsideración de las demandas populares. Se genera una amplia movilización ciudadana, con un doble contenido: socioeconómico (contra el paro, los recortes sociales y el retroceso de condiciones laborales y derechos sociales) y sociopolítico (frente a la gestión antisocial de la clase política gobernante y por un mayor respeto democrático a la opinión ciudadana y de los agentes sociales, con una amplia participación popular) (Antón, 2011).

Por tanto, en otoño de 2010 se empiezan a constituir los rasgos principales de este nuevo ciclo de la protesta colectiva: 1) amplia conciencia social de una situación injusta y una gestión económica y política regresiva y antisocial, es decir, la configuración de una amplia corriente social descontenta e indignada; 2) percepción de un bloque de poder, con los responsables o causantes contra los que se dirigen el descontento y las exigencias (Gobierno o clase política gobernante, poder económico y financiero, instituciones de U. E. -Bruselas, Berlín y Frankfort-, élites ricas o poderosas…); 3) amplia movilización colectiva de una ciudadanía activa progresista, con unos agentes sociales definidos (primero el sindicalismo, luego el movimiento 15-M y después ambos y distintas plataformas asociativas) y un ‘empoderamiento’ de la ciudadanía crítica, como sujeto activo (sí podemos), frente al fatalismo y la resignación (no hay alternativas ni margen de maniobra), y con capacidad de influencia; 4) motivos socioeconómicos (contra la austeridad y los recortes sociolaborales…) y políticos (otra gestión política, respeto gubernamental a los compromisos sociales, democratización…), donde se combinan objetivos más concretos (reforma de la ley electoral, transparencia frente a la corrupción, No a la reforma laboral, No a los desahucios, empleo decente,…) y más generales (rectificación de la política de austeridad, cambio global, derechos sociales, más democracia,…).

El encadenamiento de los cuatro tipos de factores, distintivos del periodo actual, marca la orientación y la identificación social, democrática y progresista de estas protestas sociales. Se producen desde la esfera social hacia (o frente) las medidas y estrategias liberal-conservadoras y el déficit democrático de las grandes instituciones políticas; generan un brecha social con la clase política gobernante, conformándose un nuevo y más amplio campo sociopolítico progresista distanciado del Gobierno socialista, gestor inicial de una política regresiva, y luego del Gobierno conservador.

Lo que cambia en la primavera de 2011 es el carácter y el protagonismo de los principales actores que encauzan la expresión colectiva de esa indignación que de las estructuras de los grandes sindicatos pasa al movimiento 15-M. No obstante, el año 2012, se produce un entrecruzamiento más complejo entre ambos actores y dinámicas, incluyendo formas mixtas como las mareas ciudadanas (enseñanza y sanidad). Y finalmente, en este curso 2013-14, junto con el menor protagonismo global de esos dos movimientos, se desarrollan conflictos sociales diversos y se generan grandes movilizaciones a través de coordinaciones diversas de numerosas asociaciones, incluyendo sindicalistas y activistas de ambos (Cumbre Social, con los grandes sindicatos y más de mil organizaciones en el 23-N-2013, y la Marcha de la Dignidad con el apoyo de cientos de grupos sociales y sectores de izquierda en el 22-M-2014). El movimiento popular, con altibajos, permanece, y va cambiando la composición y las características de los núcleos y coordinaciones asociativas capaces de encauzar las grandes expresiones colectivas de la indignación ciudadana. Se hace evidente la complejidad, a veces no exenta de tensiones, para estimular y conjuntar procesos amplios y configurar una élite asociativa democrática que favorezca la coordinación y representación (o portavocía) unitarias y con respeto al pluralismo interno, aspecto tratado posteriormente.

3. Cambios culturales y de mentalidad

En el campo cultural e ideológico, se generan nuevas ideas fuerza en la izquierda social y, particularmente, entre gente joven. La cultura democrática y de justicia social de la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los sectores juveniles más inquietos, se confrontan con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas. Ante la gestión institucional y económica antisocial e impositiva, se desarrolla una nueva conciencia social sobre componentes sistémicos: desconfianza en el poder económico e institucional y las élites dominantes (responsables de la crisis y la gestión regresiva); pertenencia al segmento de los de ‘abajo’, los perjudicados y desfavorecidos; reafirmación de la indignación ciudadana desde la cultura igualitaria de la justicia social, y legitimación de la acción colectiva, progresista y democrática, frente a la involución social y política. Esas percepciones se van consolidando y conforman una nueva visión, a diferencia de la mentalidad dominante en el periodo anterior, sobre la estructura social, el poder económico e institucional y los mecanismos y agentes con influencia sociopolítica y democrática.

Es decir, se produce un choque entre el deterioro de las realidades socioeconómicas y políticas dominantes y los intereses y la conciencia democrática y de justicia social de la mayoría de la ciudadanía. Así se generan elementos culturales emergentes que afectan a la percepción de la nueva cuestión social y la necesaria regeneración democrática y, dado el bloqueo institucional junto con la responsabilidad del PSOE por su giro antisocial, se abre paso la iniciativa popular y la protesta colectiva, con una relativa orfandad en la representación política pero con una reafirmación de esa cultura democrática e igualitaria. La existencia de unas estructuras de movilización y la construcción de otras nuevas, permitirán articular esas protestas colectivas, enmarcadas, por una parte, por las agresiones de los poderosos, con sus potentes recursos institucionales, económicos y mediáticos, y el intento de subordinación de la ciudadanía, y por otra parte, por el descontento social derivado del sufrimiento, el empobrecimiento y la incertidumbre vital de la mayoría de la sociedad. El acierto en la elección del momento, los lemas, los repertorios de acción y los cauces expresivos, será un complemento fundamental para lograr la masividad, la persistencia y la orientación social y democrática de este amplio movimiento de protesta colectiva.

Los sentimientos humanitarios y solidarios, típicos de los jóvenes inconformistas de los años noventa y primeros dos mil, se enfrentan a una nueva realidad, y se modifican y profundizan. No se trata solo, o principalmente, de respuestas a problemas ‘externos’ a su realidad inmediata sobre los que se movilizan y solidarizan para paliarlos o mejorarlos. La anterior experiencia solidaria se situaba en un contexto determinado: crecimiento económico y de empleo, desarrollo social, cultural y de derechos y expectativas laborales, individuales y colectivas, de ascenso social y profesional, aunque fuese lento y desde la precariedad laboral. Con la crisis del empleo y los recortes sociales, esas trayectorias de mejora progresiva del estatus socioeconómico y político de los jóvenes se bloquean y, mayoritariamente, perciben las dificultades y los retrocesos para ellos mismos y su entorno. La injusticia social (el paro, los recortes sociolaborales, los desahucios, la gestión institucional regresiva…) les afecta directamente y de forma profunda y duradera.

Por tanto, con la crisis socioeconómica y la gestión política antisocial, su experiencia, sus ideas, sus intereses inmediatos y su horizonte vital e ideológico cambian. El motivo de su protesta es directo, sobre todo, evitar para ellos mismos y su entorno inmediato un retroceso de su posición social y garantizar su futuro. En ese sentido, su conciencia y su comportamiento tienen que ver más con la igualdad social y la democracia, que son los dos elementos sistémicos cuestionados por el poder económico y político. La solidaridad se fortalece por la pertenencia común a los perdedores, a la reciprocidad de los propios sujetos afectados y la comprensión y apoyo colectivo entre ellos. La conciencia sobre los obstáculos o los adversarios se van reconfigurando, se debilita la visión normalizada de la capacidad de gestión positiva (u ordinaria) de las grandes instituciones y los líderes gobernantes. Esa deslegitimación política del poder o las élites se contrapone con una participación y un apoyo a la protesta social, con la legitimidad de agentes sociales significativos.

En consecuencia, las ideas sobre estos elementos sistémicos, de los jóvenes avanzados socialmente, al igual que la misma generación de la década anterior, se siguen basando en la cultura democrática, igualitaria y solidaria, pero se confrontan con otra realidad, se renuevan y reafirman. Ello da lugar a otras ideas fuerza, a la transformación del sentido y la implicación práctica de esos valores. Y los jóvenes indignados de ahora expresan nuevas actitudes sociopolíticas y formas masivas de comunicación y protesta.

Este proceso y su contexto son diferentes a la etapa de los años ochenta con los movimientos sociales viejos -sindicalismo- y nuevos -pacifista, feminista, ecologista…-. Sobre todo, tiene componentes nuevos y distintos a la fase prolongada de desmovilización social desde mitad de los años noventa hasta el año 2010, junto con el debilitamiento de la capacidad movilizadora de los anteriores movimientos sociales. En general, en ese largo periodo, los llamados movimientos sociales languidecen, aunque persisten en un trabajo asociativo de base, y entre los jóvenes solidarios predomina la participación a través de asociaciones y ONG, con temáticas más concretas y gestión asistencial y sociocultural. La excepción en la protesta social progresista se produce, especialmente, en el breve periodo de reactivación de la movilización ciudadana entre 2002/2004: solidaridad internacional, asunto Prestige, huelga general, instrumentalización antidemocrática del gobierno del PP y, sobre todo, movilizaciones contra (la presencia española en) la guerra de Irak. Esa coyuntura tiene muy diferente situación económica, pero presenta elementos sociopolíticos parecidos a los actuales: prepotencia del Gobierno de Aznar, con actuaciones regresivas graves, y respuesta ciudadana masiva, sobre todo desde la esfera social (plataformas y foros sociales), junto con la participación de izquierdas políticas y sindicatos, así como el resto de tejido asociativo y personalidades del mundo cultural.

4. Elementos novedosos del actual ciclo de la protesta social

Este nuevo ciclo presenta novedades. Se inicia por el incremento de la importancia de la indignación y el descontento derivados de la gravedad de la desigualdad social, los factores socioeconómicos de la crisis y las políticas regresivas de austeridad, así como de la gestión antisocial y distanciada de la ciudadanía (y su electorado) del aparato del PSOE, que tiene inicialmente la responsabilidad institucional. La crisis social se combina con la deslegitimación de la élite gobernante y financiera (el poder o la clase dirigente) y una amplia resistencia popular. De ahí que la desafección hacia el Gobierno socialista (y después de la derecha) sea positiva y esté justificada por su giro regresivo, su orientación liberal-conservadora y su déficit democrático (incumplimiento de su contrato social y electoral). Aparece una corriente social indignada y una ciudadanía activa con una significativa conciencia de la justicia social y la democracia. Se produce un nuevo impulso y papel de los movimientos sociales y de la protesta social (y sus representantes o activistas). La particularidad es que se articula, primero -2010-, en torno al sindicalismo, después -2011-, a través del movimiento 15-M, luego -2012/13- con una combinación de ambos, por separado aunque menos distantes y con algunas fórmulas mixtas como las mareas ciudadanas (enseñanzas, sanidad…) y la activación de iniciativas locales y sectoriales (desahucios…); por último, el cauce expresivo principal lo aportan diversos conglomerados asociativos en distintas plataformas o coordinaciones (23-N-2013 y 22-M-2014).

El movimiento sindical modifica su prolongada trayectoria de quince años de diálogo social y débil conflictividad laboral, por una actuación más crítica y movilizadora. Tiene un nuevo papel sociopolítico, al activar a sus bases sociales y a la izquierda social, precisamente frente a un gobierno socialista. El movimiento 15-M irrumpe y cristaliza rápidamente, en torno a varios miles de activistas jóvenes y la participación, la comprensión y el apoyo a sus objetivos democráticos e iniciativas de denuncia, de un sector amplio de jóvenes, así como de la izquierda social y la ciudadanía indignada.

Por tanto, este nuevo ciclo de la movilización colectiva (progresista), en cada uno de los tres primeros años desde su inicio, ha tenido una combinación diferente; en el cuarto año 2013 (y lo que llevamos de 2014) presenta algunas particularidades. En su conjunto es una realidad más compleja, heterogénea y doble, que se puede englobar en un concepto más genérico como ciudadanía activa. En todo caso, como se detalla en otra parte (Antón, 2011), ya aquel otoño de 2010 y confirmado en la primavera de 2011, se produce un cambio cualitativo de escenarios o dinámicas sociopolíticas. O, como señalan otros autores (del Río, 2012), es un «episodio mayor de la historia de la resistencia social» (o un «logro de particular importancia»). Quedan atrás todas las interpretaciones promovidas desde la derecha y, específicamente, desde el aparato gubernamental socialista y los medios afines de comunicación, de infravalorar la dimensión y el significado sociopolítico, primero de la huelga general del 29-S-2010 y luego de las movilizaciones del 15-M en la primavera de 2011. La evidencia de la continuidad y la legitimidad de la protesta social, el paso del PSOE a la oposición parlamentaria y que el gestor institucional principal sea el PP, hacen que en el año 2012 una parte de los medios y sectores socialistas, que antes confrontaban contra esta movilización social, ahora sea más tolerante y objetiva con la valoración de este doble movimiento, sindical y ciudadano. Éste desarrolla un nuevo impulso participativo y de legitimación a pesar de la reacción airada de la derecha.

Actualmente -curso 2013/2014-, las grandes manifestaciones del 23-N-2013 y el 22-M-2014 y el gran apoyo popular a la plataforma contra los desahucios y distintos conflictos sociales, han demostrado la persistencia de este ‘movimiento’ (con un papel más secundario de los grupos de activistas del movimiento 15-M y de las direcciones de los grandes sindicatos) y su gran legitimidad social. No obstante, permanecen algunas incógnitas: la continuidad y la duración de las protestas masivas por objetivos o motivos más generales; la promoción y la combinación con iniciativas locales o sectoriales enraizadas con asociaciones de base y reivindicaciones más concretas; el desarrollo de formas y relaciones organizativas más consistentes de redes y grupos sociales que avancen en representaciones unitarias; así como mantener su carácter plural y pacífico y evitar iniciativas minoritarias, violentas y contraproducentes, que pueden facilitar la disminución de su legitimidad, su aislamiento y la represión gubernamental.

A medio plazo parece que la situación general, socioeconómica e institucional, no tiene visos de mejora sustancial y que es previsible una prolongada etapa de crecimiento económico escaso y, sobre todo, de persistencia de un masivo desempleo (con cada vez menor cobertura de protección). Por mucho que la propaganda oficial insista en la recuperación económica, la realidad en la mayoría de la sociedad es la consolidación de los recortes sociales y laborales, la desigualdad y el paro masivo, la menor capacidad adquisitiva y la incertidumbre vital. Todo ello con la colaboración o responsabilidad de las élites gobernantes y la profunda desconfianza popular en su gestión. Las consecuencias sociales de la crisis y la política de austeridad se pueden agravar, y tener efectos más profundos y ambivalentes sobre la cohesión social, la integración social y cultural y la convivencia interétnica.

En definitiva, a pesar de todas las campañas de contención, minusvaloración y desprestigio, promovidas desde los poderes económicos e institucionales y sus correspondientes aparatos mediáticos, en los ámbitos progresistas y de izquierda se ha conseguido un consenso amplio sobre la valoración positiva de esta nueva realidad de la protesta social o las resistencias colectivas, de su carácter democrático y social. Se asienta en su amplia legitimación social y el cuestionamiento a los políticos gobernantes. No obstante, existen otros aspectos complementarios, novedosos y más controvertidos a los que he aludido antes y que resumo:

1) Las movilizaciones ciudadanas de protesta o resistencia colectiva tienen un cauce y una representación social inicialmente doble (sindical y 15-M) y luego más diversos y complejos: dinámicas mixtas, similares o aliadas como Cumbres sociales, mareas ciudadanas, plataforma contra los desahucios, etc. y nuevas articulaciones de grupos sociales y distintas plataformas ciudadanas. Todo ello conforma un entramado asociativo que, con ocasión de las grandes movilizaciones, ha conseguido superar su fragmentación y ofrecer un cauce unitario. La composición de esa ciudadanía activa, de esas bases sociales más participativas, es doble: una parte proviene de la izquierda social (bases adultas y jóvenes de los sindicatos, la izquierda política y otros grupos y movimientos sociales, incluido desafectos y votantes del PSOE) y otra parte proviene de nuevas capas sociales y jóvenes (progresistas), con menores referencias ideológicas y políticas, y de elementos del movimiento asociativo anterior. Aunque también existe una base social común o mixta y una amplia ciudadanía indignada que comparte objetivos e iniciativas comunes.

2) Las movilizaciones se promueven y producen desde la esfera ‘social’, precisamente frente a un gobierno socialista y después de la derecha, es decir, frente a la clase política gobernante y el bipartidismo, responsables de la gestión institucional regresiva. La dimensión y la persistencia de la movilización social desmienten a todos los agoreros de su declive inmediato, su minusvaloración o su carácter ‘pasional’ y evanescente. No constituyen una fuerza social suficiente para imprimir un giro económico e institucional sustancial, pero articula una significativa presión social que condiciona la agenda política, erosiona la legitimidad de los poderosos y sus políticas regresivas y fortalece unas mentalidades democráticas e igualitarias; todo ello es imprescindible para el cambio social y político y positivo para la renovación de las izquierdas.

3) Su contenido, sus objetivos o sus motivos se fundamentan en dos planos, socioeconómico y sociopolítico e institucional: la oposición al carácter regresivo de la política socioeconómica (el reparto injusto de los costes de la crisis) y una gestión política con poco respeto democrático a la ciudadanía y su electorado. Denotan una amplia conciencia (o cultura) cívica, democrática y de justicia social y apuntan a la crítica y la transformación de componentes socioeconómicos y políticos, inmediatos y sistémicos.

Las movilizaciones sindicales y ciudadanas de este ciclo nacen con un perfil progresista, en lo social y lo económico, y democratizador, en lo político. Cuentan con una gran legitimidad ciudadana, cuestionando consensos institucionales fundamentales sobre este régimen político y el aparato económico de las últimas décadas. Las dos ideas fuerza están presentes en las distintas expresiones de este proceso participativo, aunque de forma algo diferente en cada campaña e iniciativa con mayor o menor protagonismo de unos u otros activistas y representantes.

La formulación de algunos lemas más o menos simbólicos o generales, tanto de los sindicatos cuanto del movimiento 15-M, están unidos a estos contenidos e ideas fuerza, conectadas al nuevo contexto. Los dos ejes fundamentales del descontento social son: 1) políticas de austeridad (gestión política regresiva que empeora las consecuencias sociales de la crisis provocada por los mercados financieros); 2) déficit democrático de las grandes instituciones políticas y las élites gestoras. Los objetivos e ideas básicos están claros en el movimiento sindical desde el principio (¡Así, no; Rectificación ya!, y la ILP en defensa de los derechos sociolaborales, en otoño de 2010). Y también en el movimiento 15-M, cuyas alternativas concretas, desde su comienzo, se sitúan en los dos planos: 1) intervención pública o regulación de la economía y derechos sociales y laborales (objetivos 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12); 2) democratización del sistema político y participación cívica (objetivos 1, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16) [1].

Esas ideas, razones o motivos están presentes en la mayoría de la gente y responden a problemas sustanciales de la sociedad. No son solo ‘emociones’ vaporosas o líquidas. Se asientan en unos valores de justicia social y permiten identificar las protestas sociales con un sentido progresista, pacífico, democrático y de izquierdas… y enfrentadas a los poderosos. Es una respuesta a realidades profundas y duraderas (sólidas), como la crisis social y la pérdida de derechos, la apropiación de riqueza y poder de los poderosos con fuerte desigualdad social y la deslegitimación del sistema político y la élite gobernante. Al mismo tiempo, expresan la aspiración a una dinámica más justa y democrática.

5. Desafíos para un movimiento popular progresista

Podemos resumir cuatro retos existentes para las sociedades europeas, particularmente del Sur, como España: 1) derrotar la austeridad y sus gestores gubernamentales, terminar con la hegemonía institucional del bloque de poder conservador representado por Merkel y la Troika, para promover una vía clara de crecimiento económico y de empleo decente, sin subordinación a los mercados financieros y con la defensa de los derechos sociolaborales y las prestaciones y servicios públicos; 2) profundizar en la democratización de los Estados y, especialmente, de las instituciones europeas, con el refuerzo de las garantías democráticas, la participación ciudadana y la propia sociedad civil, así como la renovación de la política y su representación institucional; 3) revertir la profunda brecha entre el Norte (acreedor) y el Sur (deudor) y construir una Europa más social y solidaria; 4) disminuir la desigualdad (socioeconómica y de estatus) y favorecer la integración social y la convivencia pacífica desde la interculturalidad y frente a la xenofobia, la segregación y la segmentación de la sociedad.

Es ineludible abordar los procesos de conformación y ampliación de una alternativa política unitaria, progresista y de izquierdas. Pero su plasmación es más específica y exige más finura en la articulación de intereses y propuestas. Supone un ejercicio también de renovación y aprendizaje para superar sus límites actuales. No es fácil; se arrastran dificultades de diverso tipo, para cuya superación habrá que desarrollar las mejores cualidades democráticas y éticas de esos aspirantes a la nueva representación política (Antón, 2013).

Pero el factor decisivo para garantizar un proceso de cambio social y, también, político institucional será la continuidad y el fortalecimiento de un poderoso movimiento popular, con un carácter social y democratizador y gran legitimidad ciudadana, con una fuerte ‘dignidad’ cívica, frente a la indignidad de los poderosos. La protesta social progresista ha tenido como blancos, sobre todo, las dos primeras problemáticas, la desigualdad socioeconómica con los recortes sociales y la política de austeridad, y el déficit democrático de las instituciones públicas y las élites gobernantes. Ha abordado parcialmente la construcción europea. Y apenas se ha debatido en España (a diferencia de otros países europeos) la necesidad de políticas y dinámicas interculturales e integradoras para afrontar esa realidad de desigualdad y marginación. El principal reto de este movimiento social es su consolidación como agente sociopolítico progresista, con la vertebración de la ciudadanía activa, cierta estabilidad organizativa y una capacidad de representación y liderazgo de la sociedad más crítica. Es la apuesta más difícil, pero más segura para caminar hacia una Europa más justa, solidaria y democrática. La protesta social progresista tiene motivos y condiciones para continuar. La participación activa de la ciudadanía también es un factor democratizador imprescindible. La consolidación de este campo social crítico es un factor fundamental para avanzar en los otros dos desafíos globales: la renovación y el refuerzo de las izquierdas y fuerzas progresistas, y el impulso del cambio social, político e institucional en España y la Unión Europea.

Notas:

El presente artículo corresponde a la primera parte de la ponencia presentada en las Jornadas de investigación crítica, TRES AÑOS DE INDIGNACIÓN: LA EMERGENCIA DE NUEVOS SUJETOS SOCIOPOLÍTICOS. Organizadas por: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED; Red CONTESTED_CITIES (Nodo UAM-Madrid); Federación Española de Sociología (FES); Universidad de Salamanca; Universitat de Vic; Fundación Betiko, y Comunaria. Madrid, 8 y 9 de mayo de 2014.

[1] Los objetivos aprobados en la asamblea de la Puerta del Sol, el 20 de mayo de 2011, son los siguientes: 1) Cambio de la Ley Electoral. 2) Atención a los derechos básicos y fundamentales. 3) Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas (Plan Bolonia, Ley de Extranjería…). 4) Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas. 5) Reforma de las condiciones laborales de la clase política… y que los programas y propuestas políticas tengan carácter vinculante. 6) Rechazo y condena de la corrupción. 7) Medidas plurales con respecto a la banca y los mercados financieros. 8) Desvinculación verdadera entre Iglesia y Estado. 9) Democracia participativa y directa. 10) Verdadera regularización de las condiciones laborales. 11) Cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y gratuitas. 12) Recuperación de las empresas públicas privatizadas. 13) Efectiva separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 14) Reducción del gasto militar… y mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 15) Recuperación de la Memoria Histórica. 16) Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos.

Bibliografía

Adell, R. (2013): «Re-movilización social en contexto de crisis», ponencia presentada en el XI Congreso Español de Sociología-FES. Grupo de trabajo nº 20 (Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social), Madrid, julio.

Antón, A. (2014): Sujetos y clases sociales, Madrid, Fundación 1º de Mayo.

Antón, A. (2013): Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica, Madrid, Sequitur.

Antón, A. (2011): Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M, Valencia, Germanía.

Cruells, M. e Ibarra, P. (eds.) (2013): La democracia del futuro. Del 15-M a la emergencia de una sociedad civil viva, Barcelona, Icaria.

Brito, J. M. (2013): El ciclo de la protesta social: la acción colectiva después de la indignación, en Página Abierta, nº 224, enero-febrero de 2013.

Del Río, E. (2012): De la indignación de ayer a la de hoy. Transformaciones ideológicas en la izquierda alternativa en el último medio siglo en Europa occidental, Madrid, Talasa.

Piketty, T. (2014): Le capital au XXIe siécle, París, Seuil.

Tarrow, S. (2012) [1994]: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza.

Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

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