El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Fundación Finanzas Éticas, Alternativa Antimilitarista MOC, participantes de la WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), denunciaron ayer las implicaciones de Indra en la producción de armamento y la militarización de fronteras, en su Junta de Accionistas, con el apoyo de una decena de colectivos pacifistas, por el desarme y la desmilitarización, y la defensa de los derechos de las personas migrantes y desplazadas por la fuerza de todo el Estado español.
Aprovechando la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 de Indra, los diversos colectivos nos hemos organizado para asistir a la Asamblea en la sede de Indra en Madrid y poder trasladar nuestras demandas. Koldobike Velasco Vázquez ha sido la portavoz que ha formulado las preguntas en el turno final de palabra, y ha cerrado pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de las guerras y las violencias en las fronteras que alimentan las armas y vallas fabricadas y construidas con suministros y componentes de Indra.
Además, después de la intervención, por la tarde, activistas de los diversos colectivos y organizaciones que hemos suscrito en el comunicado trasladado a los accionistas de Indra hemos llevado a cabo una acción de denuncia ante la sede de la empresa en Barcelona. «Desarmando Indra» es el lema usado en esta campaña.
Indra y la vulneración del derecho a migrar y al libre movimiento
Tal y como ha trasladado Koldobike Velasco en la junta de accionistas, INDRA destaca por estar implicada en la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla y por haber desarrollado el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un sistema de radares que puede ser utilizado para interceptar a personas migradas. Instalación que ha costad más de 230 millones de euros entre los años 2002 y 2018. La misma compañía asegura que sus sistemas de vigilancia marítima «salvan vidas», mientras que solo en el 2020, según la organización Caminando Fronteras, hubo 45 naufragios con más de 1800 personas muertas en la ruta canaria.
Pero INDRA no sólo tiene un papel relevante en militarizar y reforzar los muros de las fronteras españolas, también fabrica sistemas de control y vigilancia para Hong Kong, Letonia, Marruecos, Polonia y el Reino Unido. Tanto Letonia, como Reino Unido han levantado muros en sus fronteras, contribuyendo así a la construcción de la Europa Fortaleza. Y Marruecos ha construido tres muros con Melilla, con Argelia y con los territorios saharauis. También ha desarrollado e implementado un sistema de vigilancia infrarroja y de cámaras con sensor de movimiento para las vallas construidas por Bulgaria en la frontera con Turquía en la ruta de los Balcanes, la principal ruta empleada por las personas migradas y refugiadas hasta 2015.
Indra: productos para la guerra
Además, Indra provee de los componentes necesarios para fabricar las armas que acaban en guerras y conflictos armados. Lo demuestran numerosos contratos con el Ministerio de Defensa español en los que ha desarrollado proyectos militares y de armamento relacionados con conflictos internacionales. La compañía vende tecnología para material de defensa y seguridad a Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Omán y Yemen. Y controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (INMIZE), que diseña y desarrolla diversos tipos de misiles y es la filial española del principal fabricante de misiles europeo, MBDA, participado por el grupo europeo EADS.
Por ejemplo, fabrica y mantiene los sistemas de combate Leopard de Santa Bárbara Sistemas – General Dynamics, y los radares de los Eurofighters de BAE Systems, que han sido adquiridos por Arabia Saudí, país que lidera la guerra en Yemen. Además en 2018 España firmó un acuerdo para vender cinco corbetas de Navantia con componentes realizados por INDRA. El acuerdo incluye la construcción de una base naval para la flota de Arabia Saudí, la capacitación de tripulación, la implantación de simuladores, así como todo el material requerido para la puesta en marcha de una escuela de adiestramiento.
Todas estas armas y medios podrían emplearse en la guerra de Yemen o en el bloqueo que lleva a cabo la coalición contra el país, empeorando la situación humanitaria que, según datos de ACNUR, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir, hay cerca de 4 millones de desplazados internos y más de 7 millones de personas necesitan asistencia nutricional. Así, el Estado español vulnera el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la Unión Europea al vender armas (algunas con componentes producidos por Indra) a Arabia Saudí, ya que podría estar cometiendo crímenes de guerra.
Otro ejemplo es la actuación de Indra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, a través de la implantación de tres estaciones adicionales en las zonas de Laayoune, Es-Semara y Dakla, para la cobertura de vigilancia del espacio aéreo y colaborando con el transporte de los recursos naturales saqueados al Sáhara. Esto contraviene el Derecho Internacional que afirma que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y por tanto Marruecos no tiene soberanía legítima sobre este territorio, ni de sus recursos naturales, ni sus gentes.
Indra y el dinero público para la guerra
No hay que olvidar que Indra, es en parte pública, ya que el 20% de sus acciones es propiedad del SEPI, una empresa gubernamental pública. Es la quinta empresa que más dinero público recibe con contratos del Gobierno en materia de control migratorio, para obras y servicios en materia migratoria (64,8% de todo el dinero analizado) según una investigación de la Fundación por Causa.
También destaca por sus acciones de lobby en la Unión Europea, incentivando la militarización fronteriza con el fin de vender sus productos, para lo cual también ha tomado el liderazgo en la plataforma del lobby Europeo EOS (European Organisation for Security). Indra cuenta con más de 5 lobistas en una oficina en Bruselas, con un coste declarado cercano a los 2 millones de euros anuales. También forma parte del “Grup of Personalities” un espacio donde participan organismos de la UE y empresas militares y de seguridad, con 16 miembros de los cuales 7 son de empresas de armas.
Nuestras demandas
Ante esto, los colectivos que hemos organizado estas acciones, hemos trasladado en la Junta General de Accionistas algunas de las demandas hacia la compañía, con la intención de hacerlas llegar a la direccion y accionistas de la empresa:
- No colaboración de esta empresa en la investigación, la producción, suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras, destructoras de la vida y que violan derechos humanos,
- Exigimos la paralización de los procesos de cabildeo en la política de la UE y España en políticas de defensa y seguridad y, en su lugar, contribuir a la búsqueda del bienestar, los derechos y las libertades de todas las personas.
- Con todo, a renunciar a proyectos con fines militares y vinculados a la violación de los Derechos Humanos.