La inhabilitación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N tiene todos los visos de preludiar una cadena de resoluciones semejantes contra el portavoz de la antigua Convergència en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros independentistas de la mesa de […]
La inhabilitación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N tiene todos los visos de preludiar una cadena de resoluciones semejantes contra el portavoz de la antigua Convergència en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros independentistas de la mesa de la Cámara catalana.
Se trataría del primer capítulo de la reacción del gobierno del PP en la recta final del proceso soberanista y un aviso a los líderes independentistas sobre su intención de emplear todo el peso de los aparatos del Estado para impedir tanto el referéndum como la ley de desconexión que funcionaría como una especie de declaración de independencia en diferido, a la espera de su convalidación mediante el voto popular.
Las reacciones por la inhabilitación de tres de los cuatro encausados por el 9N, más allá de las declaraciones altisonantes, han estado por debajo de las expectativas. Las organizaciones soberanistas, ANC, Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència no han convocado concentraciones de protesta como en las decisiones políticas y judiciales adversas que han jalonado el proceso. Únicamente por las redes sociales circuló la consigna de realizar una cacerolada que resultó ser un fracaso. Sin duda, la coincidencia de estas inhabilitaciones con el juicio por el saqueo del Palau de la Música y las revelaciones del sumario del tres por ciento -que implican a Mas en la financiación irregular de la antigua Convergència- ha contribuido a que las entidades independentistas citadas se abstuvieran de convocar movilizaciones ante la previsible falta de respuesta ciudadana, pero también para evitar la vinculación entre independencia y corrupción que concurren en la figura de Mas.
Puertas adentro, la nueva dirección del PDeCat ha acogido la inhabilitación de Artur Mas con un suspiro de alivio. El expresident de la Generalitat, tras el autodescarte de Carles Puigdemont a optar a la reelección, había manifestado su determinación de encabezar la candidatura de la formación heredera de CDC que actualmente preside. Su eventual nominación no sólo significaba un hilo de continuidad con la corrupción estructural del pujolismo, sino que cuestionaba la ruptura del PDeCAT con la vieja Convergència, cuando los procesos por la corrupción convergente no han hecho más que empezar.
Quizás el movimiento soberanista se plantee reservar munición movilizadora para el momento en que Carme Forcadell sea inhabilitada. La presidenta del Parlament, que fue concejala de ERC en el Ayuntamiento de Sabadell, no tiene ninguna mancha corrupta en su pasado y en el imaginario del independentismo asume las funciones de heroína, de Juana de Arco del soberanismo. Esto hace de ella una figura propicia para desencadenar una campaña en su favor que activaría todos los registros victimistas característicos del catalanismo.
Desde medios judiciales se apunta a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha emitido una sentencia sorprendentemente rápida y benévola, para adelantarse a la del Tribunal Supremo que ha juzgado a Homs. No sólo porque el órgano judicial catalán fue el primero en realizar la vista oral, sino por el temor a que la condena de inhabilitación de Homs fuese más dura que la de los otros tres encausados. De este modo, se hubiera asistido a la contradicción que el máximo responsable del 9N estuviese condenado a una pena inferior a la de uno de sus subordinados. Aunque este supuesto no puede descartarse y Homs podría ser acreedor de una condena mayor.
Los artículos 155 y 116
Desde el otro lado de la barrera circulan informaciones, disfrazadas bajo el manto de la opinión y vehiculados por algunos medios de comunicación madrileños, respecto a la máxima dureza con que el gobierno del PP pretende enfrentarse al reto independentista.
Hasta ahora se había invocado el artículo 155 de la Constitución española que contempla la recuperación por parte del Estado de las competencias autonómicas en caso de flagrante incumplimiento del ordenamiento constitucional o de actuaciones que «atenten gravemente al interés general del Estado».
Recientemente se ha mencionado el artículo 116 que prevé la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, pendiente de su regulación por un Ley Orgánica, pero que supondrían la restricción de una serie de derechos y libertades fundamentales, «cuando se produzca o amenace producirse un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España». Su aplicación supondría la limitación del derecho a la libre circulación, reunión o manifestación; así como la posibilidad de suspender o secuestrar todo tipo medios de comunicación, incluidas emisiones de radio y televisión o proyecciones cinematográficas.
Estas piezas periodísticas deben considerarse un aviso, mediante persona interpuesta, a los dirigentes del proceso soberanista en el sentido que el gobierno está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. De este modo, parece que, en caso de convocatoria del referéndum, el gobierno del PP estaría dispuesto a aplicar el 155 y si el ejecutivo autonómico se empeñase en realizarlo se podría poner en marcha el 116. Ello, al parecer, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE.
Esta última fase del proceso soberanista está adoptando la forma de una partida de póquer donde ambas partes ocultan sus cartas y parecen jugar de farol. Una partida donde, con la ciudadanía como rehén, se ignora si alguna de las partes dará marcha atrás al borde del precipicio.
Restricciones al pluralismo
También en el bloque soberanista se están tomando medidas en previsión del inevitable choque de trenes final. Al día siguiente de la inhabilitación de Mas, Ortega y Rigau se ha puesto en marcha la tramitación parlamentaria de la reforma del reglamento de la Cámara catalana para permitir la aprobación exprés, sin enmiendas ni debate de la ley de desconexión.
Ese mismo día se difundió la noticia que Vicent Sanchís, periodista de la vieja guardia pujolista, vicepresidente de Òmnium Cultural y que ahora como tertuliano se ha significado como defensor acrítico del procés y descalificando a todos los contrarios a la secesión en los términos más rudos. Así ha protagonizado en Catalunya Ràdio duros ataques a la CUP y broncos enfrentamientos con Gemma Galdón en la órbita de Podemos.
La televisión pública catalana es uno de los más poderosos instrumentos del movimiento soberanista. En efecto, sin sus incesantes campañas a favor de la independencia, difícilmente el movimiento habría adquirido la amplitud de masas que ha llegado a tener entre las clases medias atomizadas y despolitizadas cuyo principal y en ocasiones único medio de comunicación es TV3. El nombramiento de Sanchís revela que el Govern de la Generalitat quiere controlar con mano de hierro esta fase final del proceso y limitar aun más el ya escaso pluralismo de los medios de comunicación públicos de Catalunya. Se buscaría, pues, poner a punto la máquina propagandística cara a la movilización de las bases sociales del movimiento secesionista.
En esta fase del conflicto se comprueba, una vez más, que el nacionalismo es una ideología sumamente peligrosa que, en último extremo, supone un peligro para los sistemas democráticos, al restringir los derechos y libertades de la ciudadanía ante el altar de la patria.
Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/inhabilitaciones-estados-excepcion/