Los campos de fresa de Huelva no dejan de sorprender. No solo se producen abusos en el ámbito laboral, sino también abusos sexuales denunciados por las trabajadoras marroquíes, que pasan la temporada en España recolectando el fruto rojo. Parece que el término «abuso» no se quiere ni mencionar, incluso por la Guardia Civil, que en […]
Los campos de fresa de Huelva no dejan de sorprender. No solo se producen abusos en el ámbito laboral, sino también abusos sexuales denunciados por las trabajadoras marroquíes, que pasan la temporada en España recolectando el fruto rojo. Parece que el término «abuso» no se quiere ni mencionar, incluso por la Guardia Civil, que en sus atestados, prefiere utilizar «insinuaciones sexuales».
El «caso Doñana 1998», ha llegado a la Audiencia Nacional. Y está pendiente a que el juez Pedraz investigue un presunto delito de trata de personas, amparado por el Acuerdo para la Contratación en origen suscrito entre los reinos de España y Marruecos. Según las revistas La Mar de Onuba y Confidencial Andaluz, agentes del cuerpo benemérito, colaboraron activamente con la empresa almonteña, en la repentina e improvisada devolución de más de cien trabajadoras en la mañana del 3 de junio. Más de un centenar de mujeres tenía decidido presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo al día siguiente, y, de hecho, habían dejado constancia con nombres, apellidos y número de pasaporte, en una denuncia presentada en el cuartelillo de Almonte por los abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ). Al final, sólo 10 de las temporeras lograron quedarse en España. Permanecen en una casa de acogida facilitada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en una localidad de Málaga.
La actuación de la Guardia Civil el 3 de junio, en los aledaños de la finca Doñana 1998, responde a los acuerdos entre España y Marruecos en 2001. Los trabajadores contratados en origen obtienen un permiso de residencia en España condicionado a sus contratos de trabajo. Cuando las empresas deciden dar por finalizados los contratos, los permisos quedan anulados y las trabajadoras están obligadas a regresar a su país. Evitar permanencias ilegales sería la función de la Guardia Civil. En cualquier caso, lo que los letrados de AUSAJ no logran entender, es cómo los propietarios de la finca accedieron al listado de las trabajadoras que iban a denunciar el lunes 4 ante la Inspección de Trabajo, que solo tenía la Guardia Civil. No es la única actuación de los agentes de la Benemérita que queda en entredicho en la denuncia ante la Audiencia Nacional.
Según consta en la demanda que tramita Santiago Pedraz, dos días antes de los hechos, los abogados de AUSAJ comparecieron para denunciar a la empresa Doñana 1998 ante la Guardia Civil de Almonte. Desde un primer momento, los abogados notaron «suma desconfianza ante nuestro intento de denunciar». Mientras, la letrada Luján comparecía para documentar la denuncia, se produjo una manifestación espontánea de las trabajadoras, quejándose de su situación: «Doñana no», entregando un listado con más de cien nombres de personas a las que querían denunciar.
El agente policial actuante en Almonte, TIP num. S78937W, mantuvo desde el principio una postura de resistencia, de oposición frontal hacia las denunciantes y especialmente frente a la abogada Belén Luján. Nunca antes la letrada había visto un comportamiento tal. Hubo que romper las declaraciones, pues lo reflejado por el agente era totalmente distinto a lo manifestado por las denunciantes. Se estaban desvelando verdaderas agresiones sexuales, mientras el agente se empeñó en calificar de «insinuaciones». Se ponían en su conocimiento hechos de suma gravedad, como el intento de expulsión por la fuerza de trabajadoras o la explotación de toda índole sufrida, pero el guardia se negó a recogerlo en las declaraciones.
La Mar de Onuba y Confidencial Andaluz han solicitado a la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, una valoración sobre lo sucedido en el cuartelillo de Almonte, cuando se denunciaron los hechos. El Gobierno rechaza investigar las graves acusaciones contra la Guardia Civil de Almonte, la Subdelegada utiliza el capotillo de que «los hechos están judicializados y el gobierno nada tiene que decir», aunque no hay una demanda expresa contra los agentes de la Benemérita.
El «caso Doñana 1998» estalló cuando un grupo de mujeres marroquíes contratadas en origen por la empresa almonteña, iniciaron una revuelta para exigir el cumplimiento de lo acordado en sus contratos. La manifestación y posteriores denuncias tuvieron lugar dos semanas después de que las revistas digitales mencionadas, a través de los artículos de Echevarría, dieron cobertura de la investigación Rape in the fields, publicado por Pascale Mueller y Stefania Prandi en Corrective y BuzzFeed News, en cuyo reportaje, realizado durante los años 2016 y 2017, se contaba la situación laboral y personal de las mujeres jornaleras en campos de España, Italia y Marruecos. Yo mismo me hice eco de la situación en el artículo «O te dejas o te quedas sin fresas«.
En los artículos de Echevarría, se recoge el relato de la abogada de AISAJ Belén Luján, que representa a las 10 temporeras marroquíes, que denuncian ante la Audiencia Nacional las graves violaciones de sus Derechos Fundamentales por parte de la empresa Doñana 1998. En el texto de la denuncia, se exponen las dificultades que miembros del cuerpo armado pusieron, tanto a la letrada como a las propias trabajadoras, para dejar constancia de lo que realmente había sucedido. La demanda asegura que el agente se negó a hacer constar, en la denuncia por acoso sexual, otra denominación que no fueran «insinuaciones sexuales», como se puede comprobar en la denuncia, cuya copia se encuentra en poder de la Subdelegación del Gobierno (otra obra en mi poder).
El agente TIP S78937W, no recoge las declaraciones de la mujer trabajadora que había sido acosada en «numerosas ocasiones». El agente escribe en el atestado que: «PREGUNTADA para que diga en qué han consistido las insinuaciones sexuales», la trabajadora contesta que desde el día que llegó a trabajar fue víctima de tocamientos en los pechos y los genitales por parte de su agresor. Según el relato de la trabajadora, «el Antonio le propuso que se prostituyera, y le decía gesticulando que 50 euros son mejores ganarlos de esa forma». A pesar de ello, y en contra de lo que la propia abogada Belén Luján le reclamaba, el agente se negó a hacer constar que la trabajadora quería denunciar a D. Antonio por acoso sexual, y desoyendo a la letrada, reflejó en el atestado que la denuncia se presentaba por meras «insinuaciones sexuales».
Del «O te dejas o te quedas sin fresas» a las «insinuaciones sexuales». Las trabajadoras marroquíes de la fresa están sometidas a los abusos constantes de las empresas, con la connivencia de determinados miembros de la Guardia Civil, mientras que el Gobierno se escuda en que el tema está judicializado sin estarlo y mira para otro lado.
El oro rojo conlleva el sudor, la explotación, los abusos, las duras condiciones de trabajo y de vida de decenas de miles de trabajadoras marroquíes. Algo huele a podrido al amparo del fresón, y parece que el Poder o lo promueve o lo oculta.
@caval100
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