¿Es la Cañada Real Galiana un problema social que requiere soluciones inmediatas o se trata de una oportunidad de negocio? Por definición es un camino que no se puede vender ni ocupar, en el que hoy viven cerca de 40.000 personas. Hay bolsas de pobreza, pero también negocios, restaurantes, naves industriales y chalés. El proyecto […]
¿Es la Cañada Real Galiana un problema social que requiere soluciones inmediatas o se trata de una oportunidad de negocio? Por definición es un camino que no se puede vender ni ocupar, en el que hoy viven cerca de 40.000 personas. Hay bolsas de pobreza, pero también negocios, restaurantes, naves industriales y chalés. El proyecto de la Comunidad de Madrid, que no ha especificado el coste de la operación de desafectación, que permitirá la venta de este suelo público, es respaldado por vecinos de la Cañada y los ayuntamientos, aunque desde Ecologistas en Acción denuncian que esta recalificación no solucionará los problemas sociales.
Casi no quedan campesinos de aquellos que llegaron en los ’60 a la Cañada Real Galiana. Ahora en el tramo que transcurre en torno a los municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada viven entre 30.000 y 40.000 personas, lo que lo convierte en el asentamiento ilegal más grande de la Unión Europea. Todo este flujo de gente, que aparentemente ha pasado desapercibida por las autoridades a lo largo de las últimas cuatro décadas, es ahora el objeto de la gran pregunta: ¿Y ahora, qué hacemos con ellos? En julio, la Comunidad de Madrid presentó un anteproyecto de ley, que es ahora proyecto de ley después de su aprobación el 24 de septiembre, en el que se establece la desafectación del suelo de un tramo de 14,2 km de la Cañada Real Galiana con el argumento de que no es «adecuado al tránsito ganadero». Hasta el momento, el proyecto ha encontrado el beneplácito de PSOE, IU y del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, formado por sindicatos y patronal. El proyecto de ley ha sido aprobado en su planteamiento general, y sólo se han levantado 22 enmiendas parciales. Previsiblemente, a finales de noviembre, la ley será aprobada y entonces comenzará una carrera a contrarreloj de 24 meses para la actuación de los Ayuntamientos sobre los tramos de su competencia. El proyecto de ley plantea que los terrenos se pongan en manos de los tres Ayuntamientos interesados, para que busquen una solución. De esta manera, según diversas fuentes, la Comunidad de Madrid está intentando «lavarse las manos» en los problemas que supondrá recalificar estos tramos de Cañada.
Distintas posturas
Los vecinos de la Cañada, que desde hace más de diez años se han organizado en cuatro asociaciones, y que han mandado estudios autofinanciados a arquitectos y biólogos para conseguir bases documentales de apoyo a su legalización, consideran el proyecto un acuerdo histórico y agradecen «la valentía demostrada por Esperanza Aguirre y su consejera de Medio Ambiente [Ana Isabel Mariño]». En una nota de prensa del 4 de octubre exigen que una representación vecinal de las cuatro asociaciones «tenga también voz y voto en la propuesta y decisión final»; califican la desafectación como el inicio de una solución y señalan que los habitantes de la Cañada quieren ser ciudadanos de Madrid con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano: «No queremos que se nos regale nada, y de la misma forma que hemos invertido ilusiones y mucho dinero en levantar nuestras casas, estamos dispuestos a adquirir estos terrenos». Uno de los aspectos claves de todo este tema es la disparidad de los afectados. Históricamente los asentamientos han crecido de norte a sur. En Coslada, las viviendas no se distinguen del resto del entramado de calles del municipio: tienen asfalto, iluminación pública y los vecinos llevan años pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se han establecido comercios, restaurantes y naves industriales, y el Ayuntamiento ha declarado que es un despropósito que todo se derribe para dejar espacio a un parque, algo que ha sido aplaudido por las asociaciones de vecinos de la Cañada Real. A medida que se llega al sur, las condiciones empeoran, sobre todo por lo que se refiere al estado de urbanización de la calle. Rivas no ha proporcionado iluminación, ni asfalto, ni servicio de correos; pero las viviendas, en su mayoría, son dignas y la población es trabajadora, con una mayoría de sin papeles y migrantes del Magreb, Rumanía o Bulgaria. Es en el sector 6 donde el paisaje cambia radicalmente. Hay chabolas, basura junto a un camino de barro, fuegos encendidos en barriles de hierro y evidentes problemas sociales; allí se ha establecido el tráfico de droga y se vive en condiciones sanitarias e higiénicas al borde de la supervivencia. El sector 6 de la vía pecuaria está junto al vertedero y la incineradora de Valdemingómez, una zona que el Ayuntamiento no duda que recalificará como «no apta para uso residencial». Los Ayuntamientos de Rivas y Madrid han anunciado su intención de derribar los tramos que les corresponden para construir un ‘corredor verde’, que prevé la creación de un parque urbano y que comportará el derribo de toda vivienda a lo largo de tres cuartos del tramo afectado por la ley. Esta postura es rechazada por distintos motivos tanto por las asociaciones de vecinos, que consideran responsables a ambos Ayuntamientos de la situación generada a lo largo de cuatro décadas en este espacio, como por Ecologistas en Acción, que alega que para devolver a esta vía pecuaria a su uso original no es necesario desafectar el dominio público, sino desalojar a los ocupantes con los medios legales a disposición de la Comunidad y recurrir al Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) para el realojo e integración de la población que lo precise. Para esta organización la reclasificación de este tramo de la Cañada «podría esconder una importante operación urbanística, favorecida por el oscurantismo que la Ley introduce al eliminar todo tipo de control público y social sobre el proceso».
¿Quién puede comprar su casa?
Económicamente tampoco hay certezas, lo que ha causado enfrentamientos entre los Ayuntamientos y la Comunidad a cuenta de quién costeará los gastos de eventuales realojos de la población. Pero no se trata sólo de los realojos, Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto de ley no especifica cuánto costará la adecuación y el mantenimiento de la «ciudad lineal» de la Cañada Real ni quién cubrirá servicios como el abastecimiento de agua, el desagüe de aguas residuales, la adecuación de las carreteras, la recogida de basuras o el servicio de correos. Para esta organización, la desafectación de este tramo ha creado nuevas expectativas inmobiliarias que crearán tensiones entre los habitantes con más medios y el resto, «muy posiblemente la población más marginal acabe expulsada del tramo afectado por la ley y se asiente en otras zonas de la Cañada Real Galiana, actualmente no ocupadas, esperando tal vez, que en un futuro próximo ellos corran la misma suerte que sus vecinos». Las asociaciones de vecinos recuerdan que muchos de los que viven en este tramo pagaron en su día por la compra de sus parcelas a los antiguos ocupantes. Estas transacciones, ilegales, se han llevado a cabo mediante contratos de cesión que nada tienen que ver con una compra efectiva. Según las investigaciones de este periódico, el precio para tales cesiones ha llegado este año a cien euros por metro cuadrado. José Fariña, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid, descarta que los Ayuntamientos de Madrid y Rivas dejen las parcelas en manos de quien las ocupa actualmente y añade que, «en caso de que se decidan a urbanizar las parcelas ocupadas, tan sólo un 10% de los vecinos podrá permitirse rescatar la tierra, ya que ahora tiene un precio de mercado muy alto». El motivo es que los Ayuntamientos se encuentran «presionados por evidentes intereses económicos», explica Fariña a DIAGONAL. «Hasta hace unos años era una zona rural de escaso interés, pero con el crecimiento de la ciudad, del PAU de Vallecas y de las urbanizaciones de Rivas Vaciamadrid, ha cobrado una importancia estratégica de cara a futuras expansiones».
107 HECTÁREAS MUY GOLOSAS
Con la ley, 107 hectáreas pasarán a depender de la Comunidad. La intención de su presidenta es dar potestad a los Ayuntamientos. «Que quieren hacer zonas verdes y echar a todo el mundo, pues lo harán, no vamos a decir que no», ha explicado Esperanza Aguirre. Los consistorios por su parte critican que pasados dos años se podrá vender el suelo ocupado aunque no se haya solucionado el tema de los realojos.
MARCO LEGAL
Los bienes de dominio público son «inalienables, imprescriptibles e inembargables», explica José Fariña. Esto quiere decir que no se pueden ocupar, ni vender, ni regalar, ni están sujetos a las normas de usucapión (prescripción de los derechos de propiedad de los bienes pasados 30 años de uso ajeno). Son bienes del Estado, que están en manos de las Comunidades Autónomas para su mantenimiento y gestión. Por este motivo, el procedimiento de desafectación de la Cañada Real Galiana transformará los bienes de dominio público en bienes patrimoniales de forma que la Comunidad Autónoma podrá disponer de ellos para venderlos si así lo desea.
RESIDUOS TÓXICOS
La Guardia Civil ha informado de la presencia de 4.500 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en la Cañada, que los ocupantes de algunas parcelas habrían aceptado a cambio de compensaciones económicas por parte de empresas y fábricas.
UNA HISTORIA DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE SUELO
Nunca se ha deslindado el trazado de la Cañada en esta zona del sureste de Madrid. Algunas fuentes señalan que urbanizaciones legales como Covibar, en Rivas Vaciamadrid, han ocupado hasta 17.000 m2 de suelo de la Cañada. Durante el Franquismo varias órdenes ministeriales permitieron reducir en varios tramos los 75,2 metros de anchura hasta 14, sin embargo nunca se usó el término ‘desafectación’.
POSTURAS DISTINTAS RESPECTO AL USO
La ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid eludió tratar el tema de los asentamientos e instaba a proteger la biodiversidad, la flora y la fauna. La desafectación, en palabras de Esperanza Aguirre, pretende «acabar con la hipocresía del uso ganadero y reconocer que allí no lo hay desde hace más de 50 años».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Intereses-cruzados-en-la-Canada.html
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