IU apoya el rechazo de la comunidad educativa y la insumisión de ocho comunidades autónomas a la LOMCE y sus reválidas profundamente segregadoras, excluyentes y competitivas. [Vídeo explicativo: https://youtu.be/b2E7FKjmxcw ] Está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de […]
IU apoya el rechazo de la comunidad educativa y la insumisión de ocho comunidades autónomas a la LOMCE y sus reválidas profundamente segregadoras, excluyentes y competitivas.
[Vídeo explicativo: https://youtu.be/b2E7FKjmxcw ]
Está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente. Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los resultados escolares. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas, pues sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas sometiéndoles a un estrés innecesario. Estas pruebas buscan en última instancia identificar, etiquetar y pre-seleccionar desde primaria a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la secundaria y el bachillerato.
El problema añadido, como denuncian múltiples profesionales de la educación, son los efectos negativos colaterales de estas evaluaciones estandarizadas: a) la presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas; b) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento; c) la selección de aquellos «clientes» que son buenos para no descender en el ranking, y la exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitarían; d) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales; e) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad; f) el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado en «preparadores de pruebas», sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar; g) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida. Además, para el alumnado jugarse en una prueba externa los años de escolarización es injusto y contradice la función de la evaluación como mejora de la educación respetando la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje; h) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida; i) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares.
Muchas veces, además, están acompañadas por la filosofía de «exhibir» públicamente los resultados de las pruebas, en formato de rankings, como si una competición se tratara. Esto realmente responde a una concepción neoliberal cuya finalidad fundamental es crear un mercado educativo (financiado públicamente) donde se examine a los centros escolares (proveedores de educación) para que se «esfuercen» en ofrecer un producto atractivo, a la medida de las demandas de los clientes, para que todas las familias, convertidas en consumidores y consumidoras, puedan elegir aquel que más ventajas competitivas les pueda reportar a su prole. Ya no se trata de mejorar todos los centros, ni de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sino de elegir la «mejor» opción para los míos. Es la consagración de la competitividad darwinista en educación. El triunfo del individualismo y la competencia de todos contra todos.
Desde el Área de Educación de Izquierda Unida seguimos apostando por otra Educación posible y trabajando con el resto de la comunidad educativa en el proyecto común de una Ley Educativa de tod@s y para tod@s en el que el protagonista real de todo el proceso sea el alumnado y la comunidad educativa y no la ideología neoliberal dominante al servicio de un mercado precarizado y un modelo de sociedad injusta y desigual.