Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito hasta pasar a la reserva, es el testaferro del dinero que el millonario mexicano Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para gastos personales.
Un amigo millonario y un colaborador leal. Estas dos figuras han emergido en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los gastos de Juan Carlos I y otros miembros de la familia con fondos no declarados a Hacienda y que gastaron con tarjetas opacas al fisco. El millonario es el mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, origen de una parte del dinero con el que el rey emérito sufragó su alto tren de vida al menos en los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Sanginés-Krause tiene también la nacionalidad británica y nació en 1959. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Goldman Sachs, donde fue el máximo responsable de este banco de inversión tanto en México como en Rusia. Fue presidente de la compañía de telecomunicaciones Millicom. Es el principal accionista de varios fondos inmobiliarios y, en 2018, uno de ellos compró por 210 millones de euros el hotel Villa Magna, uno de los más lujosos de Madrid. Es dueño del castillo de Killua, en Irlanda, donde el rey Juan Carlos se ha refugiado en algunas ocasiones.
Mucho más cerca, casi como su sombra durante al menos una década, se encuentra el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Fue ayudante de campo de Juan Carlos I hasta que este militar pasó a la reserva, hace algo más de un año. Murga Mendoza es, según la investigación, el testaferro del dinero que Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para cubrir una parte de sus gastos personales. A nombre de Murga Mendoza, en el registro mercantil, no aparece ninguna empresa. Ha sido durante años una de las personas más próximas al rey, dentro del equipo a su servicio. Su asistente personal, tanto en actos públicos como privados.
Los datos obtenidos por Anticorrupción en 2019 motivaron la apertura de unas diligencias de investigación que serán remitidas de inmediato a la Fiscalía del Supremo al encontrarse indicios de delito fiscal en el aforado Juan Carlos I y después de que elDiario.es desvelara su existencia este martes. Durante más de un año, el fiscal Luis Pastor había puesto en marcha una investigación que ha incluido varios interrogatorios y el envío de comisiones rogatorias al extranjero para determinar el origen y la posible ilicitud de los fondos disfrutados por varios de los familiares del rey emérito.
Según ha podido saber elDiario.es, esas comisiones rogatorias han sido enviadas a terceros países distintos a México por donde se sigue el rastro del dinero de Sanginés-Krause y el origen de los fondos de los que presuntamente disfrutó el rey emérito y sus familiares. Esas comisiones rogatorias aún no han sido respondidas, confirman esas mismas fuentes. La Fiscalía trata de determinar si el dinero era un regalo o donación de Sanginés-Krause o si se trata de fondos ocultos en el extranjero del rey emérito.
La investigación de Pastor, que el fiscal llevaba en exclusiva con el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, incluyó el rastreo de numerosos gastos de la familia real, incluida la reina Sofía. El pago de varios viajes a Londres, donde la esposa de Juan Carlos I mantiene su residencia habitual, está también bajo el foco de las pesquisas del Ministerio Público. Nietos de Sofía de Grecia y Juan Carlos de Borbón también se habrían beneficiado de este dinero hurtado al fisco, añaden las mismas fuentes.
El descubrimiento de este sistema de ingresos no declarados a través de tarjetas de crédito opacas supone extender por primera vez las sospechas sobre el rey emérito a otros miembros de la familia real, que presuntamente se beneficiaron de esos fondos. Fuentes próximas al caso aseguran que se investiga un posible delito fiscal, lo que requiere un fraude superior a los 120.000 euros anuales, que es el límite a partir del cual se comete este delito. Los gastos bajo investigación corresponden a los años 2016, 2017 y 2018: después de que Juan Carlos I perdiera su inviolabilidad constitucional como jefe del Estado.
La investigación pasa a la Fiscalía del Supremo
Horas después de la exclusiva de elDiario.es, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto según el cual Anticorrupción deberá remitir “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Tribunal Supremo esas diligencias “para que continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos”, ha informado en un comunicado.
En la Fiscalía del Supremo será el fiscal jefe de delitos económicos, Juan Ignacio Campos, quien se haga cargo de las pesquisas. Campos también ultima el escrito sobre la donación de 65 millones de euros que recibió Juan Carlos I de Arabia Saudí en 2008 y que en 2012 transfirió a Corinna Larsen. El veterano fiscal prevé solicitar el archivo de la causa porque los hechos se produjeron en los años en que Juan Carlos I era jefe del Estado y gozaba de inviolabilidad, pero en su escrito hará un preciso detalle de los actos del ahora rey emérito que podrían haber constituido delito de no haber estado protegido constitucionalmente.
A diferencia del caso de la donación de Arabia Saudí, Juan Carlos I se enfrenta con los gastos y las tarjetas opacas a una imputación por, al menos, delito fiscal, ya que son hechos posteriores a su abdicación, cuando ya no era inviolable. A ese delito fiscal se puede unir otro de blanqueo, si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que para que uno y otro se den de forma conexa hay que acreditar con precisión de qué modo se gastó la cantidad previamente defraudada al fisco.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha informado de que el pasado 29 de octubre abrió unas diligencias de naturaleza gubernativa para investigar una posible filtración en el marco de estas pesquisas. Para ello ha pedido a la Inspección Fiscal que indague en “las condiciones de custodia y acceso de los expedientes” y ha puesto los hechos en conocimiento del Delegado de Protección de Datos por si se hubiera producido “una posible fuga de información” dentro de la Fiscalía Anticorrupción.