Exploramos diversas ideas: el papel del sindicalismo judicial en la politización de los jueces; el fenómeno del enfrentamiento ejecutivo vs judicial a nivel internacional y las peculiaridades del caso español; y la determinación más general, el papel del poder judicial en la relación de capital.
Protesta laboral y politización judicial
Los últimos tiempos fueron testigos del ascenso de la politización del poder judicial que adquirió niveles de visibilización desconocidos. Una vanguardia judicial, que no tiene que ser toda de derechas (pero, lo es predominantemente), ha estado acompañada por todo el entramado judicial, e incluso social (medios, partidos y empresas, por ejemplo). Nuestra hipótesis es que la protesta judicial de los últimos tiempos, sobre todo laboral, ha servido para empoderar al colectivo y estimular a los individuos protagonistas de este creciente protagonismo político.
Con esta de 2025 ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009 (PSOE), el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. La siguiente, en 2013 (PP), apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 (PSOE) se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La penúltima, en 2023 (PSOE+UP), se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.
Este ciclo de movilizaciones judiciales ha creado las condiciones para que jueces con determinados perfiles ideológicos acompañaran a otros poderes (mediático, partidario, empresarial) en la presión política, sin apenas costes (huelgas gratuitas, irresponsabilidad ante errores, ausencia de criticas mediáticas, etc.). Nada que ver con el coste que pagan otros colectivos cuando protestan (Las seis de La Suiza, la huelga del metal en Cádiz, Los seis de Zaragoza, el rapero Pablo Hásel, Óscar Reina del SAT, el caso Nahuel, entre otros).
Poder judicial versus poder ejecutivo
La mencionada politización judicial y la judicialización de la política han tenido que presentarse como un enfrentamiento abierto entre dos poderes del estado (judicial y ejecutivo), fenómeno que se ha repetido a escala internacional. Ambos poderes, expresión de la división de poderes del estado capitalista, lejos de garantizar su pacífico desarrollo (principio de control y equilibrio) se ha convertido en fuente de inestabilidad. Esta guerra entre los diversos aparatos estatales tiene que expresarnos cambios en el estado y necesidades respecto de su función en el sistema capitalista.
La Gran Recesión de 2008, el tambaleo del sistema financiero a nivel internacional, la crisis de legitimación derivada, quizás brindó la oportunidad para que, ante el debilitamiento de los poderes tradicionales (empresarial, legislativo, ejecutivo), el poder judicial asumiera el papel protagónico (encaramados a sus estrados, armados de sus togas y con sus mazos en ristre) que la estabilidad del sistema requería cuando la lucha de clases podía ponerlo en peligro.
Efectivamente, diversos países conocieron este fenómeno, previamente los jueces se habían presentado como saneadores de un sistema político y económico podrido adquiriendo ese falso halo de independencia y neutralidad otorgado por la condena a empresarios y políticos corruptos. Así Fernando Lugo (Paraguay) destituido en 2012, Dilma Rousseff (Brasil) a la que se aplicó un impeachment (acusación) en 2016, Rafael Correa (Ecuador) exiliado desde 2017 y condenado finalmente en 2020, Lula da Silva (Brasil) condenado y encarcelado en 2017, Evo Morales (Bolivia) condenado en 2019, Cristina Fernández (Argentina) condenada en 2022 y recientemente encarcelada domiciliariamente, Pedro Castillo (Perú) destituido y encarcelado en 2022, en cuanto ejemplo de dirigentes izquierdistas en el poder laminados en procesos (golpes blandos) con activismo judicial destacado. Los casos en que los líderes izquierdistas no están el poder y a los cuales se les monta una campaña judicial-mediatico-partidaria para evitar que ganen elecciones o reducir sus resultados son también frecuentes.
Sin embargo, y sin negar lo anterior, algunos casos de líderes de derecha (Trump, Bolsonaro, Sarkozy, Netanyahu, varios de los ministros de Aznar, Rajoy y su ministro Fernandez) también han sido objeto de denuncias y condenas judiciales. Ciertamente, nada que ver con la saña y la agresividad judicial y mediatica cuando los políticos son de izquierdas.
En cualquier caso, nuestra hipótesis es que aunque el ensañamiento se produzca cuando los líderes y las políticas que emprenden remueven estructuras y cuestionan el poder de las elites, el fenómeno iría más allá de la confrontación izquierda versus derecha, enlazando con el desarrollo de la lucha de clases. Incluyendo la lucha dentro de la propia clase obrera, entre sus fracciones, una de las cuales son los jueces.
Esta guerra dentro del estado tiene que decirnos algo, sobre el papel del estado en la sociedad capitalista, por un lado, y sobre su propia reconfiguración, es decir cómo ha de cambiar para llevar a cabo su función de la manera más adecuada. Pero, cual es el papel del estado, qué papel ocupan los jueces y los gobiernos, qué relación puede tener esto con los cambios en las sociedades y en su principal vinculo organizador, el capital; qué le ocurre a la acumulación de capital a nivel internacional que se está expresando, ya en el ámbito de la lucha de clases, con este enfrentamiento entre los poderes del estado y en el que los jueces han adoptado un papel protagónico. Es posible que la automatización, la digitalización y la IA, como formas de la plusvalía relativa, tengan esta expresión política. O estos cambios técnicos amenacen la propia función judicial, y la politización de la justicia responda a esta necesidad. Preguntas cuyas respuestas pueden tener interés en la organización de la acción política de la clase obrera, pero que por ahora no estamos en condiciones de responder.
Justicia y conflicto en el capitalismo
La relación social específica del modo de producción capitalista, la compraventa de la fuerza de trabajo (relación económica), enfrenta a dos mercancías: el dinero y la fuerza de trabajo. Pero, las mercancías, como dice Marx, no van solas al mercado. Por ello, esta relación económica aparece como un acuerdo consciente y voluntario entre individuos propietarios, iguales, que buscan su propio interés y libres, o sea un contrato. En nuestro caso el contrato laboral, la forma jurídica que adopta la relación económica asalariada (cambio de fuerza de trabajo por salario).
Y allí, en el mercado, los portadores de las mercancías han de personificarlas, han de pensar y actuar como si ellos fueran sus respectivas mercancías. Esta es la primera determinación de la conciencia de los individuos propietarios de mercancías, su conciencia libremente enajenada (el contenido, la enajenación, adopta la forma de la libertad).
Esta relación es estructuralmente antagónica y conflictiva, el interés de uno se opone al del otro (más salario y menos jornada, demanda el obrero, frente a menos salario y más jornada que exige el capitalista) y el acuerdo presupone la tensión y la lucha.
Esta conflictividad se irá trasladando en los diversos niveles en que se va transmutando la relación económica desde el contrato individual hasta la ley pasando por el convenio o contrato colectivo y, finalmente, el propio estado. Todos son formas jurídicas y políticas de la lucha de clases, a su vez la forma necesaria de realizarse la relación social (económica) fundamental, el capital y su movimiento (la acumulación de capital).
El papel del juez, del sistema judicial, del aparato judicial de estado, del poder judicial, es garantizar el cumplimiento de las formas jurídicas de la relación económica, o sea garantizar que la compraventa por el valor está formalizada. Canalizan el conflicto de clases hacia el mundo de las formas jurídicas, con ello trasladan (pero no resuelven) la contradicción. El fin es evitar que la lucha de clases desborde la acumulación de capital, o sea garantizar formalmente el orden social (de la garantía material se encargan la policía, el ejército y el sistema presidiario). El sistema judicial pertenece al estado, por tanto representan al capital en su totalidad social; no representan a este o aquel capital, sino al conjunto. Por eso, tras su independencia de los capitales privados, lo cual no exime que estén influidos por ellos, es el servidor de la relación capital. Los jueces personifican su mercancía, la fuerza de trabajo cuyo valor de uso es el cumplimiento formal de los contratos, por tanto de la propiedad, la libertad, el interés privado y la igualdad. Ni que decir tiene que son los valores ideológicos que pueden ser realizados en la sociedad capitalista, no las ideas que cada cual quiera tener sobre ellas (idealismo).
La solución definitiva de las contradicciones de clase no tiene otra manera de llevarse a cabo que con la eliminación de las clases, el socialismo. En el proceso que nos lleve a tal fin, qué papel jugará esta particular fracción de la clase obrera (si logra sobrevivir al avance de la IA) cuya función inmediata es la coacción jurídica del resto de la clase. No puedo menos que recordar la anécdota de Lenin al comentar las dificultades de la transformación de los aparatos de Estado, especificó, sin embargo, que uno de los más fáciles de sustituir era el judicial, primero porque las leyes anteriores eran poco válidas en el nuevo orden social y, segundo, porque para la aplicación de las nuevas leyes contaba más el sentido común al alcance de cualquier obrero que la enrevesada jerga leguleya de la justicia burguesa.
Pedro Andrés González Ruiz, autor del blog Criticonomia
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