En los próximos meses entrará en vigor la Ley de Materias Primas Críticas, una normativa aprobada por la Unión Europea el año pasado en tiempo récord y con la que pretende disputar a Estados Unidos y China la hegemonía en la transición verde y digital.
Una normativa europea ha visto la luz en tiempo récord en 2023: la Ley de Materias Primas Críticas (CRMR, por sus siglas en inglés), aprobada en sólo ocho meses. Una medalla que se cuelga el Estado español, ya que se alcanzó bajo presidencia española de la Unión Europea. La prisa venía dada, oficialmente, para abordar la grave situación de emergencia climática que vivimos. Menos oficialmente, para atrapar a Estados Unidos y China en la carrera por las materias primas, y por la voluntad de aprobarla antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. Ahora, el acuerdo formal ya está alcanzado, y muy probablemente entre en vigor en mayo. Pero, ¿de qué va esta regulación? ¿Por qué es tan importante?
La UE representa solo el 6% de la población mundial pero consume el 25-30% de los metales del mundo. Y es que sus reservas minerales son limitadas, por lo que tiene una elevada dependencia del exterior. En este contexto, la CRMR es la regulación que establece cuáles son los minerales considerados críticos (34) para la economía de la Unión Europea. Son minerales críticos porque tienen una alta importancia para la economía de la Unión. A este listado, que se revisa cada tres años, se le ha añadido otro: 17 minerales estratégicos, aquellos que tienen una importancia estratégica para la transición verde y digital y la defensa. y para los que se ha identificado una brecha entre el suministro global y el incremento proyectado de la demanda. El objetivo pues, está claro: “asegurar el suministro sostenible y seguro de materias primas críticas” en un contexto de feroz competencia con las grandes potencias, China y Estados Unidos.
Y es que para algunas de las materias primas que aparecen en el listado, como el cobalto o las tierras raras, la dependencia del exterior es total. En muchos casos, la extracción y/o el procesamiento tienen lugar en China. Una tendencia que la UE pretende revertir o, por lo menos, rebajar. Bajo la terminología de la autonomía estratégica, se justifica la formación de alianzas con países afines (“like-minded”) y, lo que podría parecer chocante: un cierto retroceso a la globalización neoliberal con el fin de la deslocalización del sector productivo, ya que la UE pretende recuperar parte de la industria de fabricación de bienes estratégicos en territorio europeo.
La CRMR se enmarca en el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, presentado en febrero de 2023 y en el que la UE propone una transición verde y digital que debe garantizar su crecimiento económico y liderazgo mundial. Aunque esta transición gemela –por lo verde y digital– se presenta como necesaria para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y neutralidad climática, está marcada por el auge belicista del contexto actual: la defensa se incluye como factor determinante de la demanda de estos minerales. Así, por ejemplo, en la lista de minerales estratégicos aparece el titanio, que no se usa en tecnologías renovables, pero sí –y en grandes cantidades– para la industria armamentística.
La meta final, el Made in Europe
En este contexto de dependencia del exterior y carrera con China y Estados Unidos para acaparar las materias primas, los objetivos que establece la CRMR para 2030 son ambiciosos: el porcentaje de materias primas críticas extraídas en países de la UE debe llegar al 10% del total consumido anualmente. En el caso del procesamiento, al 40%. Además, se espera que el 25% de las materias primas se obtengan a partir del reciclaje. Algo difícil de alcanzar teniendo en cuenta que actualmente el porcentaje de minerales obtenido por extracción secundaria está muy lejos de esta cifra. Por último, se limita al 65% el porcentaje de importación de un solo país de fuera de la UE por mineral estratégico.
A diferencia de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que prevé una inversión pública de 369.000 millones de dólares en los próximos diez años, no hay fuentes de financiación directamente vinculadas a la CRMR. Ahora bien, la Comisión Europea creará una lista de proyectos estratégicos. Se busca, a la desesperada, atraer al capital privado para ejecutar la transición. Así lo presentaron los representantes de la Comisión Europea durante la Raw Materials Week en Bruselas, que tuvo lugar casualmente la misma semana en que se alcanzó el acuerdo informal sobre la regulación.
A su vez, la política comercial y de inversiones busca asegurar el suministro de dichos minerales. Por un lado, encontramos el Global Gateway, el plan de la UE para movilizar inversiones privadas en infraestructuras que facilitarían la exportación de materias primas en terceros países bajo la estela del “desarrollo”. En realidad, se usa como incentivo para firmar alianzas estratégicas (Strategic Partneships, en inglés), con países que tienen minerales críticos así como para promover acuerdos comerciales. Los strategic partnerships y los acuerdos comerciales también se mencionan en la CRMR. De momento, la UE ya ha firmado nueve partnerships con Canadá, Ucrania, Zambia, Namibia, Kazajistán, Argentina, Chile, República Democrática del Congo y Groenlandia. Y está a punto de firmar dos más con Australia y Noruega. Además, quiere formar un Club de Materias Primas que todavía no está claro cómo va a funcionar, pero en el cual está invitado todo el mundo excepto China y aliados. Todas estas iniciativas se parecen mucho a la Energy Resource Governance Initiative de Biden. Por medio de estos instrumentos se perpetúan las estructuras neocoloniales de extracción y se aseguran los flujos de recursos hacia la UE.
Otra novedad es que se acortan los plazos para conseguir permisos: 27 meses para abrir nuevas minas y 15 para proyectos de reciclaje y procesamiento. Esto es muy preocupante, ya que puede llevar a vulneraciones de derechos locales y falta de participación de las comunidades afectadas. Se prioriza, por tanto, las necesidades de las empresas por encima de las de las personas. Lo que tampoco sorprende, cómo desveló un informe de Amigos de la Tierra Europa, es que los lobbies mineros se han asegurado de plasmar sus deseos en la elaboración de la regulación. Está claro que lejos de una transición justa, lo que se plantea es una transición corporativa.
La CRMR menciona en varios párrafos la “moderación” sobre el consumo de recursos y el incremento de la demanda. De forma optimista, puede leerse como una tímida alusión a la necesidad de poner freno y reducir la demanda de minerales críticos. Sin embargo, es una mención que resulta demasiado ambigua: no se específica en qué sectores ni cómo sería tal moderación. La realidad es que las reservas minerales son limitadas, están repartidas por el globo de forma desigual y su extracción tiene graves impactos.
Desde luego, descarbonizar la economía es un reto urgente sin precedentes. Pero para hacerlo con justicia global, ésta debe ir acompañada de una reducción drástica de la demanda mineral. Un modelo económico basado en el crecimiento económico es incompatible con una descarbonización justa. La CRMR es una declaración de intenciones en la misma dirección de siempre: desde una lógica capitalista neocolonial. Por el contrario, debería plantearse en escenarios de suficiencia, que respeten los límites biofísicos del planeta y que garantice vidas dignas para todo el mundo.
Clàudia Custodio es investigadora del Observatorio del Deute en la Globalització.
Fuente: https://climatica.coop/juego-sucio-materias-primas-criticas-union-europea/