Para ningún cubano es secreto –por lo que ha sufrido y por todo lo que en privaciones significa– el bloqueo económico impuesto por EE.UU. durante ya cuatro décadas a nuestro país. Además, esto compete no solo a los cubanos de «dentro» de la Isla, sino que tiene una doble valencia, un efecto bumerán que se […]
Para ningún cubano es secreto –por lo que ha sufrido y por todo lo que en privaciones significa– el bloqueo económico impuesto por EE.UU. durante ya cuatro décadas a nuestro país. Además, esto compete no solo a los cubanos de «dentro» de la Isla, sino que tiene una doble valencia, un efecto bumerán que se refleja en la comunidad cubanoamericana residente mayoritariamente en el estado de la Florida, sin excluir de la lista, claro está, a los ciudadanos norteamericanos.
El asedio del gobierno de los EE.UU. hacia Cuba traspasa lo puramente racional. No basta con hacer el ridículo en la ONU, donde se botan resoluciones sin sentido en las que se aprueban las crueles e improbadas mentiras que un grupo de la ultraderecha miamense elabora.
El 10 de octubre de 2003, el presidente de EE.UU. George Bush anunció nuevas medidas contra Cuba que recrudecían aún más el ya legendario bloqueo económico.
Luego vino el escarmiento. El escándalo publicitario donde se refería una multa de 55 000 dólares a dos jubilados que cometieron el «error» de venir a Cuba sin el consentimiento de las autoridades estadounidenses. Es evidente que la acción no tuvo otro fin que escarmentar y coaccionar a un grupo de personas que viajaban a la Isla a través de un tercer país burlando las absurdas medidas.
Las actuales imposiciones de Bush referidas a los viajes de familiares a la Isla fueron fuertemente criticadas por la comunidad cubana en Miami, que incluyó protestas en el aeropuerto de la Florida y la mayor parte de los analistas apuntó la posibilidad de un efecto contrario al deseado por el mandatario. Esto traería como resultado su fracaso en las próximas elecciones a celebrarse en octubre del presente año. Lo cierto es que esas medidas, por una parte contentaron a los mafiosos de Miami y por la otra lograron el descontento de la mayoría de los comunitarios interesados por sus familiares.
Todos pasaron por alto el carácter inconstitucional de esas medidas, y además su componente discriminatorio para un sector de la población que reside legalmente en ese país.
La única opción que deja el gobierno norteamericano a los cubanos residentes en su país es la de viajar a la Isla una vez cada tres años por un máximo de catorce días. Pues todo parece indicar que las llamadas «licencias específicas» son una barrera infranqueable, incluso para casos de extrema atención. Es el caso de una madre que ha perdido la posibilidad de ver a su hija antes de que esta falleciera.
Enma, así se nombra esta madre, presentó a la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) su solicitud para viajar a Cuba bajo una «licencia específica» con carácter urgente dado el grave estado de salud de su hija. Hasta el día de hoy, no ha recibido ninguna respuesta a su solicitud. Por su parte, todos los cuabanoamericanos que realizan estos trámites coinciden en la incapacidad de esta oficina para tramitar la cantidad de solicitudes que se generan luego de la entrada en vigor el 30 de junio de las nuevas restricciones de la administración Bush.
Como señala Armando García, vicepresidente de Marazul, «la OFAC está actuando deshonestamente y no cumple siquiera con sus propias regulaciones. El problema es que OFAC no dio instrucciones para llenar el formulario y es criminal que devuelvan el formulario seis semanas después porque la gente no da las explicaciones en una casilla donde solo se les ha pedido una fecha».
Todo indica que –como argumenta María Teresa Aral, vicepresidenta de ABC Charters en Miami– «… es como si estuvieran jugando con las personas».