El jueves 10 de junio se celebró la Vista Oral en el Juzgado nº 1 de lo Penal de Avilés, Asturias, contra dos monitores de natación de la Fundación Deportiva Municipal, Manuel Horta Prendes y Javier González Junquera, y contra la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, como sindicato responsable civil subsidiario. Manuel Horta es Delegado […]
El jueves 10 de junio se celebró la Vista Oral en el Juzgado nº 1 de lo Penal de Avilés, Asturias, contra dos monitores de natación de la Fundación Deportiva Municipal, Manuel Horta Prendes y Javier González Junquera, y contra la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, como sindicato responsable civil subsidiario. Manuel Horta es Delegado Sindical de la CSI. El Fiscal se retiró del caso por entender que se trataba de un conflicto privado.
La demanda fue presentada por David Díaz Delgado, coordinador de la Fundación Deportiva Municipal, FDM, y pide 85.000 euros en concepto de indemnización y multa a los dos trabajadores a los que acusa de los delitos de injurias y de calumnias. El abogado de la acusación añadió, durante la Vista Oral, el cargo de «acoso laboral ascendente», es decir, acoso del trabajador hacia su Jefe.
El origen del conflicto y el fondo de la cuestión es la privatización de la FDM en la que trabajan cerca de 200 personas de las que sólo 37 pertenecen a la Fundación, siento el resto trabajadores subcontratados a dos empresas: Ferroset y Serviocio, S.L. Estas dos empresas se encargan también de las sustituciones, vacaciones, bajas, etc. del personal de la FDM. La situación laboral del personal subcontratado dista mucho del perteneciente a la FDM.
La denuncia pública y la oposición a esta privatización paulatina ha sido el denominador común de todos los incidentes anteriores, como también lo ha sido durante el propio juicio.
Aunque la historia de la privatización viene de atrás, el conflicto se desata cuando en octubre de 2003, hace ya casi cinco años, un monitor de natación, Manuel Horta Prendes, describe en la prensa regional el proceso de privatización en la que se encuentra la Fundación Deportiva Municipal. De forma inmediata el coordinador de estas Instalaciones municipales, David Díaz Delgado, presenta una denuncia en la comisaría contra Manuel Horta, acusándolo de haber realizado un robo en las instalaciones. De modo inmediato, la policía, se presenta en los vestuarios en horario laboral y en mitad de los cursos de natación y fuerzan el registro de su taquilla, que resultó infructuoso y, al día siguiente, el denunciante, David Díaz, modifica la versión de los hechos en la comisaría.
Paradógicamente, durante el juicio, se plantea si el trato vejatorio y el acoso del coordinador David Díaz contra los dos trabajadores se producía a diario, casi a diario o sólo era semanal. El propio coordinador declara en el juicio que el número incidencias y de partes escritos que ha enviado son innumerables. No se exhiben los motivos.
El primero de los trabajadores citados lleva 26 años como monitor y el segundo 21, sin que en ninguna ocasión hayan sido amonestados o sancionados y sin que nunca haya habido queja alguna por parte de los miles de alumnos o de las decenas de centros escolares a los que ambos han impartido cursos de natación. En cambio, en tres ocasiones el coordinador, David Díaz, fue denunciado por insultos y vejaciones a estos dos trabajadores siendo condenado en firme en dos ocasiones. Pero, sin embargo, esto no ha sido tenido en cuenta por el concejal de deportes ni por la FDM y tampoco por el Ayuntamiento de Avilés.
La acusación utilizó como un asunto importante contra los dos trabajadores el que participaran en una concentración ante la Gala del Deporte celebrada en diciembre 2003 en la que se denunciaba precisamente la privatización de la FDM. Llamados a declarar un Policía Municipal y un Policía Nacional, que formaban parte de las respectivas dotaciones policiales presentes en el acto de la citada Gala, testificaron que no se produjo ningún incidente y que ni siquiera se levantó acta alguna por no haber nada que reseñar. También fueron protagonista de la acusación una o varias octavillas que al parecer también denunciaban la privatización, sin que se pudiera concretar ni quién la editó ni repartió, dando por cierto que su contenido era injurioso cuando en ningún momento se mencionó el texto, ni su veracidad o falsedad.
En cambio el Concejal de deportes Román Antonio González Álvarez, responsable municipal de la Fundación, declaró en el juicio contra los dos trabajadores y puso de manifiesto la «actitud agresiva» y el modo de «portarse agresivamente» de los dos trabajadores, sin más matizaciones y sin que se supiera bien qué relación guardaban estas dos afirmaciones con la causa enjuiciada.
Tanto el Concejal de Deportes como el denunciante -coordinador de las piscinas- coinciden en que existe un ambiente de crispación en las instalaciones de la FDM, y así lo afirmaron en el juicio, pero sin que ninguno de ellos se considere responsable directo y eludiendo ser actores principales de la situación.
El Ayuntamiento de Avilés gobernado por el PSOE e IU es, en todo caso, el responsable directo e indirecto del enrarecido ambiente creado en la Fundación Deportiva Municipal y, cuando menos, por no haber sabido restablecer la normalidad en la FDM. La política seguida por la corporación municipal de propiciar la privatización de los servicios de la FDM, vacía de contenidos a la propia Fundación para dejar de ser un servicio público y convertirse en un negocio privado en beneficio de las dos empresas citadas que, como sociedades mercantiles, tienen como fin -legal- el beneficio y el reparto de dividendos. Todo parece indicar que la oposición a esta política municipal es el motivo, y ningún otro, del acoso y de la persecución a estos dos trabajadores.
En las conclusiones definitivas, el abogado de la acusación, a falta de pruebas concretas y después de mantener las acusaciones sin más, llegó a calificar peyorativamente a la CSI y añadió además que dos de sus líderes -refiriéndose a Cándido y Morala- habían sido condenados, nada menos que, a tres años de cárcel y concluyó manifestándose, para mayor ironía, contrario a la privatización de las instalaciones siendo él, precisamente, el representante de la acusación.
Los abogados de la defensa, en las conclusiones definitivas, manifestaron que la acusación, en cualquier caso, chocaba frontalmente con el artículo 21.a de la Constitución Española, relativo al derecho a expresar y difundir ideas y opiniones libremente y, por otro lado, con el derecho a la libertad sindical y el derecho a la información. También manifestaron que ninguna prueba había sido aportada al juicio y que por ello ni siquiera sabían de qué tenían que defender a sus representados; señalando, además, el abuso al que se estaba sometiendo a los tribunales llevando al estrado a todo el que se opusiera o discrepara con cualquiera de las decisiones de la FDM, del Ayuntamiento o de cualquier otra institución y, considerando, que ello mermaba la libertad de expresión de los ciudadanos. Por estas razones y dada la inconsistencia manifestada por la acusación, la defensa solicitó que la acusación, el coordinador David Díaz, fuera condenado al pago de las costas.
Sería razonable esperar que la Sala, y en ausencia del Fiscal, ante esta tergiversación de los hechos y ante el acoso a los dos trabajadores y a un Sindicato por la vía de lo penal, más allá del terreno de lo laboral, por parte de la FCM y del propio Ayuntamiento de Avilés -ejercido por los representantes inmediatos de ambas instituciones- iniciara las investigaciones necesarias en defensa de los derechos, no sólo de estos dos trabajadores y del Sindicato, sino del derecho y libertad de expresión y opinión de cualquier ciudadano y de cualquier organización que, como en este caso, se han visto intimidados gratuitamente tal como se desprende -y ha sido probado- de las declaraciones prestadas durante el juicio. Sin olvidar que la mayor alarma social puede ser la provocada precisamente por las instituciones cuando los ciudadanos sospechan que éstas son impunes, sin importar lo que hagan, como si estuvieran al margen o por encima de la ley.
El juicio quedó visto para sentencia.