Hoy tendrá lugar ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid la vista oral por la demanda presentada por las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos contra Delegación de Gobierno por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Los actos denunciados se refieren al acoso y sanciones […]
Hoy tendrá lugar ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid la vista oral por la demanda presentada por las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos contra Delegación de Gobierno por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
Los actos denunciados se refieren al acoso y sanciones que los miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos vienen sufriendo por parte de la policía y la Delegación de Gobierno de Madrid por observar y denunciar, como muchos otros vecinos y vecinas de nuestros barrios, las prácticas racistas de identificación que lleva a cabo la policía en Madrid. Estas «redadas» establecen controles de identificación de extranjeros en lugares públicos en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han documentado alrededor de 2000 «redadas» desde diciembre de 2009 por lo que han sufrido sanciones económicas por un total de 3.500 euros, y fueron denunciadas penalmente resultando absueltas
La demanda interpuesta contra Delegación de Gobierno denuncia la vulneración de estos tres derechos; el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho a una tutela judicial efectiva basada en el uso de medios de prueba pertinentes y la defensa de la presunción de inocencia.
En base al trabajo de visibilización, documentación y denuncia que las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos vienen realizando de este tipo de «redadas» policiales, consideran que los hechos por los que han sido sancionadas son un castigo cuyo único objetivo está dirigido tanto a silenciar la denuncia de los controles de identidad por perfil étnico como a criminalizar la respuesta social.