Infinity, la compañía tras el proyecto de Valdeflores, se sigue desmantelando tras el rechazo masivo en las calles y balcones a la mina de litio de Cáceres.
La lucha ciudadana contra el proyecto de mina de litio en la Sierra de la Mosca, a solo un kilómetro de Cáceres, está teniendo consecuencias visibles: la compañía australiana promotora, hasta hace unos meses conocida como Infinity Lithium, se está desmoronando pieza a pieza.
El pasado 16 de agosto, los accionistas de la empresa aprobaron un cambio de nombre: de Infinity Lithium a Infinity Metal Limited, desplazando el foco del litio hacia otros metales (concretamente el oro) y alejándose de la narrativa que situaba como “proyecto clave” en la producción de litio en Europa, para diversificarse ante la enorme bajada de precio del litio y porque la “la demanda de litio es moderada” según palabras de la empresa. Los que seguimos este tema de cerca sabemos que las nuevas alternativas energéticas de almacenamiento de energía que están apareciendo parece que vienen pisando fuerte y se ha acumulado mucho litio cuando el precio era alto. Es lo que tienen los ciclos mineros, altibajos de producción que llevan muchas veces al cierre de explotaciones hasque el el mercado las hace económicamente viables o hasta que se agota el mineral. No deja de ser interesante fijarse en la adición del término “limitado” en el nuevo nombre que han elegido para la empresa, para referirse a la responsabilidad limitada de la empresa frente a los problemas que puedan surgir en sus explotaciones, algo de lo que igualmente disfrutan, pero quizás así lo tengan más claro los potenciales accionistas. Este cambio de nombre, a mi entender, ya mostraba una retirada encubierta frente a la contundente oposición social al proyecto minero en Cáceres.
Se ha dado un paso más: la empresa ha comunicado a la bolsa australiana que David Valls, único geólogo de la minera en España desde los inicios del proyecto en Cáceres (y con vínculos con los directivos australianos desde 2014), deja de trabajar directamente para la empresa, pasando a ser asesor externo. Valls ha estado ligado desde el inicio a toda la red de sociedades involucradas en el proyecto —Castilla Mining sita inicialmente en Salamanca, que es con la que han solicitado el proyecto que está tramitando la Junta de Extremadura; Tecnología Extremeña del Litio, multada por malas prácticas en nuestra Montaña, y la posterior maniobra de lavado de imagen con Extremadura New Energies, presentada como “empresa nueva” para huir seguramente de la mala imagen por sanciones y procesos judiciales perdidos y abiertos con la anterior empresa, y que también aparecía inicialmente registrada en Salamanca (Avda de Mirat, 20) donde residía Valls.
Otro movimiento significativo afecta a Ramón Jiménez Serrano, hasta ahora director ejecutivo (CEO) de la compañía, que pasa a ser director no ejecutivo, un rol externo a la empresa, mucho más periférico, ya que según el comunicado no esperan tener que hacer ningún trabajo en breve. La compañía está recortando gastos desde hace meses, dejando por ejemplo la sede en la avenida de España de Cáceres, despidiendo a directivos en la matriz australiana. Jiménez, con un alto sueldo, tampoco ha obtenido la meta para la que se le contrató, y es otro que pasa a engrosar la lista de directivos de los que van prescindiendo los australianos, y que recordemos que ha incluido cargos políticos que han pasado por el Ayuntamiento de Cáceres, seguramente con la intención de tener un acceso más directo a la clase política para influir sobre su posicionamiento.
Recordemos que pese a que Jiménez apareció en la prensa local cacereña como un “alto ejecutivo”, no habían investigado su pasado, labor que tuvo que hacer la ciudadanía, organizada en torno a la Plataforma Salvemos la Montaña una vez más, descubriendo que no es oro todo lo que reluce y que Jiménez arrastraba un historial judicial complejo, y que todavía cuenta con un frente judicial abierto. La jueza de la Región de Murcia ordenó hace casi un año la apertura de juicio oral a 15 investigados por la trama de la desaladora de Escombreras, en la que Jiménez figuraba a través de distintas sociedades vinculadas al Grupo ACS.
Robar, malversar caudales públicos… es constitutivo de delito, pero siempre nos parecieron especialmente graves las acusaciones del exjefe de la planta y exdirector de la delegación de Tedagua en Murcia sobre la desalinizadora que declaró que la planta de tratamiento estuvo funcionando durante años con el medidor de arsénico manipulado de forma voluntaria, de manera que no se controlaban en el agua para consumo humano los niveles de un elemento químico cuya ingesta puede llegar a provocar graves problemas de salud, tal y como declaró ante agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. En este escándalo en torno al agua hay toda una red de empresas, y Jiménez figuraba en diferentes cargos en muchas de ellas: consejero de Hydro Management y apoderado mancomunado, consejero de Tedagua, director general de proyectos integrados vinculado al Grupo ACS y representante y vocal de DESA en representación de Moncobra.
De corazón, no creo que este tipo de actuaciones estén alineadas con las que un cacereño quiera para la ciudad y las personas que viven en ella a las que ama. Ninguno queremos convivir con una mina y una contaminante planta de tratamiento pegada a la ciudad, a nuestras casas, a nuestros trabajos… Una mina que, acatando nuestro Plan General de Urbanismo, limitaría nuestro crecimiento urbanístico en una zona natural para ello, abrazando la Montaña.
Con la salida de Valls y el retroceso de competencias de Jiménez, la compañía en España queda descabezada. Algunos de los asistentes a la masiva manifestación del pasado noviembre contra la mina —una de las mayores movilizaciones en la ciudad en toda su historia— relataban que sobre la antigua sede de la empresa llegaron a verse buitres planeando, ¡yo mismo los vi! Algunos comentaban que quizás aparecieron como símbolo de un ecosistema vivo en la Sierra de la Mosca con el que la ciudad, por suerte, está conectada. Otros comentaron que quizás era un presagio, que a tenor de los últimos acontecimientos podríamos ver como el de un cadáver empresarial que lleva un tiempo descomponiéndose gracias a la continuada organización de la ciudadanía y acciones masivas en las calles de nuestra ciudad.
Con la dana de Valencia volvió la frase “solo el pueblo salva al pueblo”, que comparto, pero quiero matizar el pueblo somos todos y cada unos de nosotros: sanitarios, administrativos, profesoras, abogados, ecologistas, técnicos, empresarias, políticos… y que todos han ayudado a que se hayan podido dar los pasos que han conseguido frenar, desde 2017 hasta la fecha, un proyecto que muchos daban por hecho desde el primer día, pese a los riesgos severos para la salud y el medio ambiente que supone y que la ciencia avala. Ahora sí somos ejemplo de algo positivo, de que juntos y organizados podemos tumbar gigantes.
Me gustaría haber terminado con la frase anterior este artículo, pero me veo obligado a indicar que la puerta sigue entreabierta: la Junta de Extremadura aún tiene capacidad de aprobar una explotación minera en la Sierra de la Mosca con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, en entredicho por documentos relacionados con el proyecto que no aparecían cuando debían, informes estrambóticos firmados por personal no funcionario y/o sin consultar al servicio de urbanismo, etc. Por ello, la ciudadanía se debe mantener vigilante una vez más hasta que se decida dar carpetazo administrativo por completo a este proyecto. La Plataforma Salvemos la Montaña organiza una charla el día 8, a las 20h, en Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para mantener a la gente informada de las últimas novedades del proyecto.
Marino Linaje Trigueros es profesor universitario y miembro de la Agrupación Universitaria ALMA de Extremadura y la Plataforma Salvemos la Montaña.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/extremadura-/juntos-organizados-podemos-tumbar-gigantes