En un taller trascendió que existen potencialidades pero el ordenamiento jurídico cubano no reconoce todos los derechos vinculados a la orientación sexual e identidad género
Aunque el Estado cubano garantiza derechos humanos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y la cultura, su ejercicio debe ser más inclusivo para permitir la realización personal y participación social plena de grupos vulnerables.
Es idea fue defendida por el abogado Yuri Pérez y otros ponentes en el curso «Derechos sexuales y reproductivos. Debates teóricos y cuestiones prácticas», que sesionó del 11 al 14 de diciembre auspiciado por el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Aunque la normativa legal vigente debe ser modificada, ampliada, e incluso crear nuevas disposiciones atemperadas a las realidades emergentes en materia de salud y educación sexual, la Constitución (1976) es todavía un mecanismo idóneo para la defensa de derechos, propuso Pérez.
Leyes sujetas a otro uso
El jurista recordó que la triada de artículos constitucionales del 41 al 43 establece la igualdad, no discriminación y acceso pleno a servicios y cargos, esto último según méritos y capacidades, lo cual ofrece infinitas posibilidades de avanzar en materia de equidad e igualdad.
Acotó que el artículo 63 ampara el derecho a la queja ante las autoridades, mientras el 120 ordena a los tribunales ejercer justicia, «que es más que Derecho», y pronunciarse ante cualquier hecho discriminatorio o que atente contra los derechos humanos.
«Estoy a favor de que el artículo 42 contenga de manera explícita la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero hasta tanto se incluya en una futura reforma constitucional, no se puede permitir una interpretación que se ampare en tal tecnicismo para no defender a alguien discriminado», argumentó el jurista.
Recordó como un avance notable la inclusión en el Código de Trabajo (2013) de la orientación sexual como un motivo de no discriminación, así como los pronunciamientos al respecto en la I Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba (2012) y el VII Congreso de esa organización (2016).
Al mismo tiempo se mostró preocupado por la ausencia de regulaciones respecto al sector privado para evitar que los criterios de selección del personal no sean segregacionistas, como ocurre con muchos negocios que solo contratan a mujeres rubias, blancas, altas y bonitas, y no a personas negras, homosexuales o trans.
Además de coincidir en la necesaria actualización y perfeccionamiento de normas como el Código de Familia, Código Penal y las Leyes de Procedimiento, la abogada Yamila González abogó por priorizar la superación profesional de los juristas y estimular la sensibilización en género, igualdad, diversidad, masculinidades y prevención de la violencia.
«Con las leyes actuales podríamos lograr mucho, pero no tenemos a las personas debidamente sensibilizadas con asuntos que pasan por una interpretación y cercanía emocional con los hechos», reflexionó.
Algunos de los participantes aludieron, por ejemplo, a que el sistema de salud limita el acceso a los servicios de reproducción asistida de baja tecnología a mujeres que desean fundar familias monomaternales o a las parejas de lesbianas, un derecho reproductivo que ven limitado a pesar de las políticas vigentes en el país.
Igual ocurre con la posibilidad de la unión legal o la adopción de hijos para parejas de hombres gays o personas trans, quienes ven impedidas sus necesidades reproductivas y de formar un hogar, señalaron.
Educación inclusiva
«Hay mucha resistencia a la construcción de derechos de este tipo», reconoció Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Cenesex, para quien «las leyes son importantes, pero no suficientes si no existe sensibilización y educación».
Defendió que los derechos humanos también están conectados con la sexualidad «y si ellos nos permiten desarrollarnos como personas y lograr nuestra dignidad, la sexualidad entonces tiene que estar presente».
Cuando se habla del matrimonio entre personas, o de la posibilidad de adopción para grupos preteridos, se dice que «la sociedad no está preparada», continuó.
«La sociedad hay que prepararla, pero ese no puede ser el argumento ni el obstáculo para refrendar derechos. El proceso de deconstrucción para construir nuevas cuestiones no puede pautar la velocidad del reconocimiento de los derechos de otras personas, porque sería injusto», argumentó.
Propuso que estas cuestiones deben ser incluidas en los currículos escolares, pero no transversalizada como expresa la resolución 139/2011 del Ministerio de Educación, relacionada con la educación sexual con enfoque de género y derechos humanos.
«La transversalización es buena, pero por sí misma no asegura nada, porque un profesor o profesora que no tenga idea de qué es género, orientación sexual, identidad de género, que sea homofóbico o transfóbico, ¿cómo va a dialogar de esos temas en la clase, hablar de tipos de familia y no de un modelo hegemónico?, cuestionó.
En opinión de la profesora Ada Alfonso, «se debe propiciar una educación escolar y social que no naturalice la discriminación ni la violencia hacia lo diferente, que los currículos respondan a cambios en conceptos modernos respecto a la sexualidad, orientación sexual e identidad de género».
Al ser preguntados sobre qué acciones deben priorizarse, varios alumnos se refirieron a la formación profesional sistemática sobre sexualidades y géneros no heteronormativos en distintos ámbitos sociales, empoderar a grupos vulnerables como las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales y la formulación de normas jurídicas garantes del respeto a los derechos humanos de este grupo.
Fuente: http://www.ipscuba.net/genero/juristas-de-cuba-revisan-leyes-vigentes-en-favor-de-derechos-sexuales/